No obstante de que mantienen en completa opacidad el cobro de la compensación final o bono de actuación que se adjudicaron en forma alevosa, los consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco aprobaron un presupuesto leonino para ejercer el próximo año (2016), lo que debe ser frenado por el Congreso local para dejarlos con un presupuesto similar al ejercido durante 2014.
Carentes de sentido común, que es el más común de los sentidos, estos consejeros rapaces pretenden exprimir lo más que se pueda a la gallinita de los huevos de oro que representa el instituto, al aprobarse un presupuesto que pretenden ejercer en 2016 (que no es año electoral) por la cantidad de 182 millones 615 mil 286 pesos, cuando en el año 2014 tuvieron un presupuesto en números redondos de 112 millones de pesos, es decir que en un año no electoral le están incrementando más de 70 millones de pesos en forma irracional, cuando están viendo que a nivel nacional hay una enorme recesión económica mismo que impactará en el presupuesto público que ejercerá el gobierno estatal en 2015 que será reducido, de acuerdo a los conocedores, en cinco mil millones de pesos.
Sin una justificación real de por medio que justifique el irracional incremento de más de 70 millones de pesos en un año no electoral, porque no es válido el endeble argumento de que esos millones de pesos que pretenden es para un programa de educación cívica, cuando ya la sociedad sabe de sus derechos y obligaciones a la hora de votar, los estos rapaces consejeros que no deberían de cobrar en 2016 porque sus trabajos casi se reducen a cero, siguen actuando en forma indolente, carentes de toda sensibilidad social porque lo que quieren es dinero y más dinero, dinero fácil y rápido así sea del erario público para ir consolidando su patrimonio económico familiar con el súper sueldo y los bonos o compensaciones que se adjudican, porque si miramos al pasado y checamos donde laboraban estos señoras y señores antes de ser consejeros, veremos que varios de ellos estaban desempleados y otra ganaba un raquítico salario como “asesora” y hoy que están donde se maneja un presupuesto quieren ir resolviendo sus problemas económicos pero no se vale que lo hagan a costillas de los tabasqueños.
Es tanta la actitud indolente, valemadrista y arbitraria de estos consejeros violadores de la ley electoral, que pese a haber realizado un pésimo trabajo electoral, porque el consejo estatal es coparticipe de la suciedad que se dio en la Junta Municipal de Centro, ahora en forma descarada pretendan su súper presupuesto en un año electoral como es 2016, por lo que no se les debe permitir más abusos, y en manos del Congreso de Tabasco está la reducción paras que ejerzan un presupuesto similar a la de 2014 que fue de 112 millones de pesos para sus actividades.
Estos consejeros rapaces por el pésimo trabajo electoral que realizaron durante las pasadas elecciones, deberían de ser renunciados, no se les debe de permitir que sigan haciendo de las suyas, porque desde un inicio advertimos que harían de la elección 2015 un cochinero y no nos equivocamos, y pese a todo el desaseo ahora en forma indolente como premio a la suciedad de la que hicieron gala pretenden un súper presupuesto para 2016, pero no se les debe de permitir dicho incremento porque las condiciones económicas del estado no están como para complacerles sus caprichos.
Los consejeros rapaces no pueden exigir un presupuesto de más de 182 millones en un año no electoral, cuando mantienen en una completa opacidad la adjudicación del llamado bono de actuación o compensación, por el “sesudo” trabajo electoral que realizaron durante la pasada jornada de junio, cuando todos se hacen tontos, Maday Merino dice que ya lo cobraron y luego da reculativa, el secretario Ejecutivo dice que no se ha pagado, otros consejeros en lo oscurito sostienen que ya fue cobrado, de tal manera, que estos funcionarios electorales que están obligados a transparentar el manejo de los recursos públicos y en que se gasta, hasta en eso son indolentes y arbitrarios, pues sienten que no tienen ninguna obligación con la sociedad tabasqueña de transparentar los recursos públicos del instituto, porque están muy equivocados.
Los representantes de los partidos políticos que están conscientes del cochinero electoral en que incurrieron los siete consejeros, deben comenzar a exigir al Instituto Federal Electoral la remoción de todos, porque no es posible que siendo los directamente señalados en enturbiar el proceso electoral del municipio de Centro, hasta la presente fecha no han recibido el castigo correspondiente porque tanto la Junta Municipal de Centro como el consejo estatal del IEyPCT, incurrieron en graves irregularidades que ameritan la separación del cargo y la aplicación de sanciones administrativas y hasta penales.
En el caso de la anulación de la elección de la alcaldía de Centro, habría que remitirse al dictamen del Tribunal Electoral de Tabasco para darse cuenta que es la junta Municipal y por supuesto el consejo general del Instituto los responsables del cochinero electoral que a la postre le quito el triunfo a Gerardo Gaudiano, pero en forma inconcebible pese a las reiteradas violaciones a la ley electoral, ni los integrantes de la Junta Municipal, ni los consejeros electorales del Instituto Electoral, ni el secretario Ejecutivo han sido sancionados con rigor.
Por eso se espera que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Xalapa, Veracruz, siente un precedente sobre la actuación dolosa y arbitraria de la Junta Municipal y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, y hayan sanciones administrativas y hasta penales donde no se salvarían varios de los consejeros y el secretario Ejecutivo que violó flagrantemente la ley, porque no es posible que quien nada tuvo que ver en el desaseo electoral, todo de manera administrativa, lo hayan despojado de su triunfo mientras que los que cometieron el cochinero están como si nada.
Los partidos políticos también están obligados a exigir que haya castigo para quienes violaron la ley en el caso del municipio de Centro, y a pronunciarse en contra del arbitrario incremento en el presupuesto que quieren los rapaces funcionarios para 2016, porque carentes de sensibilidad y ante la debacle económica que padece el país y el estado, no tienen llenaderas, quieren exprimir hasta donde se pueda a la gallinita de los huevos de oro, sabiendo que en el futuro no tendrán otra oportunidad como esta, por eso hay que frenarlos, por eso que seguirles exigiendo que transparenten públicamente los recursos públicos utilizados durante este año 2015.
OJITOS
Como parte del proceso de calificación de las Cuentas Públicas 2014, diputados de la Primera y Segunda Comisiones Inspectoras de Hacienda verificaron la aplicación de más de 63 millones de pesos en 15 proyectos realizados en los municipios de Centro, Macuspana y Jalapa.
Por un lado, diputados de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, que preside el diputado José Sabino Herrera Dagdug, supervisaron cuatro obras por poco más de 52.2 millones de pesos.
Al inicio de su recorrido constataron la reconstrucción y remodelación de diez aulas del Edificio C del Centro Educativo Integral de la ranchería Río Viejo, primera sección, del municipio de Centro, en el cual se ejerció un millón 945 mil pesos en beneficio de casi mil alumnos de ese plantel.
En el poblado Dos Montes, la comitiva integrada también por los diputados Patricio Bosh Hernández, Verónica Castillo Reyes y Yolanda Custodio Castillo revisó la construcción de un edificio de aulas para el nuevo Campus Multidisciplinario de la UJAT; en esa obra se ejercieron poco más de 20.2 millones de pesos.
Ya en el municipio de Macuspana, los legisladores supervisaron la construcción de 12 aulas didácticas, centro de cómputo, biblioteca, dos aulas de usos múltiples y una para educación especial, así como la dirección y servicios sanitarios y obra exterior en la primaria J. Narciso Rovirosa; en esas acciones se ejercieron casi 9.3 millones de pesos.
Finalmente, constataron la reconstrucción del camino Macuspana-Estación de Ferrocarril, donde se construyeron dos kilómetros con pavimento asfáltico, con inversión de casi 5 millones de pesos
Por otro lado, la Segunda Comisión Inspectora de Hacienda, que preside la diputada Casilda Ruiz Agustín, se trasladó al municipio de Jalapa para constatar la aplicación de más de 31 millones de pesos en 11 proyectos.
Inicialmente fue verificada la inversión de 12 millones 807 mil pesos en la construcción del sistema de drenaje sanitario de aguas negras en las Rancherías San Miguel Adentro 1ª sección, Aquiles Serdán 2ª Sección y Guanal 3ª sección.
Acompañadas por el edil de aquella demarcación, Ovidio Hernández Pérez, las diputadas Ruiz Agustín, María Elena Silván Arellano y Ana Karen Mollinedo Zurita también supervisaron la aplicación de seis millones 399 mil 753 pesos en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en el Poblado Astapa y Francisco J. Santamaría, así como la construcción de la cancha techada de usos múltiples en el ejido Jalapa con un valor de un millón 784 mil 442 pesos.
En la cabecera municipal se supervisó la inversión de dos millones 404 mil 290 pesos en la construcción del pavimento hidráulico del Boulevard Francisco J. Santamaría, la remodelación del camellón central con un costo de 534 mil 967 pesos, así como la construcción de la cancha techada de la Unidad Deportiva con valor de tres millones 455 mil 525 pesos.
En tanto, en la colonia Benito Juárez se destinó un millón 715 mil 609 pesos en la construcción de cancha techada de usos múltiples, y en la ranchería Tequila, primera sección, se ejercieron dos millones 488 mil 7 pesos en la construcción del Dispensario Médico de un núcleo.
Ya tendremos tiempo de analizar algunas cosas de los recorridos que realizan los diputados por las obras ejecutadas el año pasado los alcaldes, donde el personal del Organo Superior de Fiscalización del Estado, también se han vuelto rapaces y se han dedicado a proteger a algunos alcaldes bañados en corrupción para que sus irregularidades no sean detectadas.
VISORCITO
El gerente de Responsabilidades del Medio Ambiente de Pemex-Exploración y Producción, Bernardo Bosch Hernández, confió que a finales de este año se concluya con el primer paquete de compromisos de 90 obras con los habitantes de las zonas afectadas por el pozo Terra 123.
Dijo que hasta el momento hacen falta entregar 10 proyectos, "tenemos ya un paquete de los primeros compromisos que prácticamente ya están hecho, solo falta la entrega de 10 obras más. Por si fuera poco vamos a entregar 50 obras en otros municipios". Ante la advertencia de la legisladora, Verónica Pérez Rojas, de que no se han cumplido con los compromisos establecidos hace dos años para el pago a las afectaciones, Bosch Hernández, señaló que PEMEX ha estado cumpliendo su palabra.
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