LA GALOPANTE CORRUPCION EN SETAB

 

El pasado jueves diez de marzo en este espacio denunciamos que a pesar de que existen demandas penales sobre el tráfico y venta de plazas en la Secretaría de Educación de Tabasco (SETAB), funcionarios de la dependencia no han parado en este ilícito negocio, entregando plazas en los niveles educativos a quienes no presentaron el examen o no resultaron idóneos, resultando escandalosa la corrupción, pese a que el gobierno de la Cuarta Transformación pregona que ese cáncer se ha acabado.

También advertimos que como parte de esa corrupción, las plazas de Telesecundarias, secundarias generales y técnicas que supuestamente no existían, resulta que siempre si existen, y que desde la dirección de Administración a cargo de María del Carmen Sandoval  Estrada se estaba maniobrando para entregarlas sin realizar el protocolo de idoneidad como es el realizar los exámenes a quienes resulten idóneos para entregarlas, lo que representa un acto de corrupción y que en el caso de Telesecundaria se pretendía otorgar de manera inmediata, 42 plazas de maestros, seis plazas de directores, y uno de supervisor, sin pasar por la Unidad del Sistema Para la Carrera de las Maestras y Maestros  (USICAMM) encargada de regular la admisión, previa convocatoria, de nuevos de nuevos docentes al sistema educativo de nivel básico y media superior, así como de los procesos de promoción y permanencia de los maestros que ya se encuentran dentro del sistema, pero nos quedamos cortos en esa publicación,  porque resulta que en total son  75 plazas que se pretendía entregar en lo oscurito, lo que hace suponer que se había negociado al mejor postor.

Copias de documentos oficiales fechado en el mes de marzo que manos anónimas hicieron llegar al Ojo Visor, que en todo está, demuestra la maniobra sucia que desde la dirección de Administración se realizó para adjudicar esas plaza fuera de tiempo, ya que el mes anterior-febrero- el USICAMM había asignado doce plazas de Telesecundaria a maestros que supuestamente habían resultados idóneos y por lo tanto, lo que se pretendía realizar o se realizó era una acción ilegal por parte de funcionarios de la SETAB responsables de combatir y no de fomentar la corrupción interna.

Con fecha siete de marzo del presente año, con el número de oficio SE/DGA/0879/2022, asunto: se solicitan centros de trabajo, la directora general de Administración, María del Carmen Sandoval Estrada, se dirigió a Clara Luz Lamoyi Bocanegra, subsecretaria de Planeación para solicitarle lo siguiente: “con fundamento en los artículos 22 y 29 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco y derivado de los trabajos que se realizan de manera coordinada, relativos a la nómina subsidiada, entre el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y la Dirección General de Administración de la Nómina Educativa Federalizada (DGSANEF), por este medio envío a usted  las plazas y horas vacantes, solicitando su valioso apoyo para de acuerdo a sus facultades nos indique los centros de trabajo donde exista necesidad de plazas u hora, con el propósito de enviar un archivo en el que se les asigne un centro de trabajo”.     

Clave E-01_03 inspector Telesecundaria, fortalecimiento cocurricular (F.C.), una plaza; clave E-08-01 Mtro. Telesecundaria titulado, 42 plazas; clave E-08-03 Mtro.  Telesecundaria titulado. Fortalecimiento cocurricular (TIT. F.C.), 4 plazas; clave F-01-02 director, una plaza; clave F-01-11 subdirector, una plaza;

clave F-01-03 auxiliar admvo., 6 plazas; clave F-01-04 intendente, una plaza; clave E-10-05Mtra. Normalista urbanotitulado de jardín de niños (N.U.T.J.N.), 9 PLAZAS; clave F-01-09 contralor, una plaza; clave E-11-04 Mtro. de grupo normalista urbano titulado (G.P. NUT), una plaza; clave F-01-06 Trab. Social, una plaza; clave E-02-03 director Telesecundaria, 6 plazas; y clave D-15-HF  H. S. M. subsidio federal, 164 horas. En total son 75 plazas a entregar.

“Lo anterior con la finalidad de estar en condiciones de integrar la información solicitada por la Autoridad Educativa Federal, misma que deberá ser entregada el día de hoy a las tardar a las 11:00 a.m.”, hasta ahí lo que cita el oficio.

Por transparencia se solicitó la entrega de la copia del oficio SE/DGA/0879/2022 de fecha siete de marzo; con lo cual se comprobó que el documento si existe con el mismo número, la misma fecha de elaboración, el mismo texto de petición dirigido a la subsecretaria de Planeación, las mismas firmas de los funcionarios involucrados y el sello de la dependencia, pero fue cambiada el total de plazas, ya no aparecieron las 75 plazas, sino solamente 13, quedando de la siguiente manera: clave E-08-03 Mtro. Tele. Sec. TIT. F.C., 3 plazas; clave F-01-02 director, una plaza; clave F-01-11subdirector, 2 plazas;  

clave E-08-01 Mtro. Telesecundaria titulado, una plaza; clave E- 10-05 Mtra. N.U.T.J.N., 6 plazas; y clave D-15-HF H. S. M. subsidio federal 164 horas.

Hay dos hipótesis, entre el primer oficio y el segundo entregado a transparencia, casi todo concuerda, el número de oficio, la misma fecha, las mismas firmas, el  mismo sello, la misma petición a la subsecretaria de Planeación y solamente cambia el número de plazas; la primera hipótesis es que desde la Secretaría de Educación se falseo los datos y se le mintió a transparencia en la entrega del documento, y la segunda es que al darse cuenta que se estaban haciendo el Hara Kiri con las 75 plazas, ya que si caía en otras manos la copia del primer documento se demostraría que si existen las plazas de Telesecundaria que tanto negaron que existiera, tanto la titular de SETAB, Egla Cornelio, como sus funcionarios y que no se entregaron al grupo de Leonel Bocanegra porque supuestamente no existía, no habían presupuesto para crearlas, pero con ese documento se demuestra la falsedad, pero además, se demostraría que si existe corrupción, porque sin protocolo de por medio, se entregarían dichas plazas a personas no idóneas y que ni siquiera presentaron el examen, lo que demuestra que se siguen vendiendo las plazas al mejor postor, lo que también demuestra la brutal corrupción que impera en la SETAB.

La prueba más fehaciente de las irregularidades o de los actos de corrupción que se ha prohijado en la SETAB, es el hecho de que existe otro oficio con número SE/DGA/0803/2022 de fecha 28 de febrero, “asunto: horas de nivel secundaria”, que María del Carmen Sandoval Estrada envió a la subsecretaria de Planeación, Clara Luz Lamoyi,  para la asignación de horas en secundarias generales y técnicas, que al solicitar la copia vía transparencia, esta sí fue entrega tal cual como fue redactado, con las mismas horas de secundarias generales y técnicas, las mismas firmas y los mismos sellos.

Con fundamento en los artículos 22 y 29 del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación, por medio del presente, derivado de la necesidad que se tiene en el Nivel de Secundarias para cubrir el déficit en Tecnologías, Arte y Educación Física; me permito informar a Usted que se realizó una revisión en el analítico, tanto Estatal y Federal, encontrándose 467 horas Federales, de acuerdo a las siguientes categorías que se muestran en el cuadro que se muestra a continuación: 

Secundarias Técnicas, horas de profesor de enseñanza artística para postprimarias, foráneo (E1067) 20 horas, para secundarias generales 24 horas; horas de profesor de enseñanza secundaria técnica, foráneo (E-463) 200 horas; horas de profesor de adiestramiento de secundaria técnica, foráneo, titulado (E-0465) 166 horas; y horas de profesor de adiestramiento, de secundaria, foráneo (E-0365) secundarias generales 57 horas, en total 386 horas para técnicas y 81 horas para generales.

El documento es más amplio, pero es la parte medular, del cual también se solicitó copia por transparencia, y la copia de dicho oficio fue enviado tal cual  se redactó y en los mismos términos, con las mismas horas que hay disponibles para contratación, solamente en el caso de Telesecundarias, donde se ha denunciado el tráfico de plazas se cambió el número total de horas, pero eso no quiere decir que no exista el primer documento que con el mismo número de oficio fue enviado vía transparencia, pero cambiado, donde se evidenciaba las irregularidades y actos de corrupción en esa dependencia, pero sobre todo dejaba al descubierto el falso argumento de que no existían plazas y por lo tanto la Secretaría de Educación de Tabasco  no podía contratar a los que participaron en el proceso de admisión 2019-2020 y que resultaron idóneos, demostrándose 

Que por un capricho de Egla Cornelio las plazas fueron escondidas con la readecuación o reasignación de grupos en los diferentes planteles del sistema Telesecundaria, pero resulta que siempre ha existido, y que tienen un presupuesto asignado para contratar a los que resultaron idóneos.

                                             OJITOS 

Vaya que en diferentes dependencias de gobierno se sigue con el viejo esquema del contubernio, del cochupo, de los acuerdos bajo la mesa, y todas esas prácticas irregularidades que puede beneficiar a los involucrados.

En la Junta Local  de Conciliación y Arbitraje existe un conflicto de intereses en la cual se debe de poner atención, porque huele a corrupción.

La presidenta de la Junta Especial Número tres, cree que nadie se da cuenta de lo que hace, pero siempre hay ojos para todos, de tal manera que Ruth del Carmen Gerónimo Bautista para beneficiarse familiarmente, decidió darle una ayudadita a su esposo con algunos expedientes laborales.

Jorge Guillén Jiménez tiene su despacho en la calle Miguel Hidalgo del Centro de la ciudad y es esposo la presidenta de la Junta Especial Número tres, Ruth del Carmen Gerónimo, y ésta aprovechando su posición decidió ayudarlo y ayudarse enviándole algunos expedientes para que los resuelva y así ambos felices y contentos, porque ganan por partida doble, pero es indudable que existe un tráfico de intereses, y esto, desde luego coloca en desventaja a otros abogados que litigan sus asuntos en ese órgano laboral, donde es favorecido Guillén Jiménez.

Ya aportaremos pruebas al respecto, con algunos expedientes que han ido a parar al despacho de este abogado, desde luego, para que los gane con la ayuda de su esposa. Ahí lo dejamos por el momento. 

                                          VISORCITO

De última hora, un pajarito en el alambre nos informó que ahora si la cuenta regresiva para que doña Egla Cornelio deje el cargo ha iniciado, ya que desde el pasado lunes la Federación inició una auditoria a fondo sobre los recursos económicos que se ha ejercido en esa dependencia, donde nos aseguran están haciendo malabares para cubrir ciertos huecos económicos que será difícil de ocultar.

Resulta que para tapar esos huecos, han sacado recursos económicos de las cuentas concentradoras, o sea están haciendo malabares, pero ahora con esta auditoria las funcionarias de SETAB están obligadas a reintegrar los recursos económicos utilizados para tapar los huecos financieros, tienen que devolver ese dinero a las cuentas de origen, y ahí es donde se pone sabroso el asunto, porque no tienen de donde tomar más dinero para regresarlas a las cuentas concentradoras. Si los auditores se meten a fondo, van a encontrar el terrible hueco financiero propiciado por la ineficiencia de María del Carmen Sandoval, que es solapada por Egla Cornelio, por lo qué a la hora de la verdad, ya veremos quien traiciona a quien, porque no podrán justificar el cuantioso faltante económico, y es que por el dinero hasta Judas entregó a Cristo.

JUSTICIA Y LIBERTAD PARA YURIDIA

 

Este es un caso de la vida real, de una tabasqueña, originaria del municipio de Cárdenas, recluida desde hace siete meses en el penal de Barrientos de Tlalnepantla, estado de México, por defender su vida y asesinar a su agresor, su pareja sentimental que quiso asesinarla, por lo que eleva su petición a las altas autoridades de nuestro país para que se tomen la molestia de ordenar una revisión minuciosa a su caso, dado de que hay una serie de inconsistencias, mala fe, y corrupción en todo el proceso que le se le ha seguido propiciado por el fiscal del Ministerio público, lo que ha impedido que obtenga su libertad.

Yuridia Brito Mascorro, es una mujer cardenense que desde hace años emigró con parte de su familia al estado de México, donde se dedicó a trabajar, constituyendo una empresa familiar que le había permitido mantener una vida más o menos estable.

Esta es parte de su trágica historia que ahora la mantiene en la cárcel. Yuridia Brito es una mujer que como muchas otras, cayó en manos de un hombre manipulador, violento y por demás agresivo, por lo que durante más de cinco años fue víctima de maltrato físico y psicológico, y obligada a guardar silencio por temor a que su agresor, tomara represalias contra su familia ya que de manera permanente la amenazaba con matarlos; vivió y aún continúa viviendo el peor de los calvarios.

El día miércoles 13 de octubre del 2021, su pareja sentimental llegó a su casa, como ya era su costumbre, en completo estado de ebriedad y alterado por su adicción a la cocaína y otros estupefacientes que ingería y como era su costumbre, discutió con ella y la agredió física y verbalmente. Ella decide retirarse a su recámara y dejarlo en la sala, pero siendo aproximadamente las 6 de la mañana del día jueves 14 de octubre del 2021 sus vecinos la despiertan,  gritando y golpeando las ventanas ya que su casa se estaba incendiando. 

Ella trata a toda costa de hacer que su pareja se levante para salir de la casa y evitar una tragedia pero su estado era por demás inconveniente, por lo que no logró despertarlo; salió de su casa y pidió ayuda a los vecinos para apagar el incendio provocado por su pareja, deduce que fue él quien lo provocó ya que lo último que escuchó de este sujeto fue que encendería el boiler para bañarse e irse a trabajar y se dirigió a la zotehuela con un cigarro en la boca por lo que cree que debió tirar la colilla en los galones de gasolina que siempre mantenía llenos en ese lugar.

Controlado el incendio,  los vecinos se retiraron y Yuridia decidida empezó a empacar sus pertenencias con el objetivo de dejar la casa y por su puesto a su pareja sentimental que tanto daño le estaba causando, sin embargo este sujeto se despierta y aun bajo los efectos de todas las sustancias que había ingerido el día anterior,  y de nuevo comienza a discutir con ella, al verla empacar sus cosas y la amenaza diciendo que solo saldría de la casa “con los pies por delante”, y de los dichos pasó a pos hechos, la toma del cuello y le pone una pistola en la sien, Yuridia cansada de esta escena la cual repetía cada vez que se encontraba bajo los influjos del alcohol y las drogas, le grita que le disparara, que acabara de una vez con esa vida de infierno, que la matara ya porque de todos modos estaba muerta en vida a su lado y que esta vez nada la detendría y se iría, que lo abandonaría, por lo que el sujeto la tira al suelo, la patea y le dice de nueva cuenta que no la dejaría ir, que se esa casa saldría solamente muerta, por lo que ella responde que se iría, que saldría de esa casa “viva o muerta” pero que ya no seguiría viviendo ni un solo día más con él esa vida de infierno.

El sujeto suelta a Yuridia que se levanta del suelo y se dirige al buró junto a la cama para seguir empacando sus pertenencias para marcharse y en ese momento su agresor detona el arma que siempre traía consigo en dos ocasiones contra ella pero ninguno de los tiros la impacta en el cuerpo, situación que la llena de miedo, y en el momento en que este sujeto que estaba en estado bruto tira la pistola sobre la cama,  ella aun con el miedo que sentía toma la pistola y le dispara, ocasionándole la muerte. 

Yuridia Brito pudo haberse escapado después de asesinar a su agresor, dado que nada mas ellos dos estaban en la casa, y no había más testigos del hecho, pero aun dentro de su confusión al ver lo que había hecho, llama a la policía para decirle lo que había pasado y les proporciona su domicilio para que fueran por ella. 

La policía llega a su domicilio, y ella en su afán de cooperar, creyendo siempre en la aplicación de la ley y que se le haría justicia, le entrega a los policías las llaves de su casa, de su carro, celular y contraseña y las claves de las cámaras de seguridad de mantenía en su domicilio, con lo cual se podría constatar que ella había sido agredida, golpeada físicamente y que el sujeto le disparó en dos ocasiones y que ella para defenderse le disparó con su misma arma. 

Posteriormente Yuridia Brito es trasladada a las galeras del Ministerio Público de Tlalnepantla, mientras que los agentes ministeriales se dirigen a su domicilio para realizar el levantamiento del cadáver, y extraer el dvr de las cámaras de seguridad como prueba de lo que había pasado, y esto le consta, porque ella misma asegura que  ya estando en las galeras del Ministerio Público, ve en una de las laptops de los ministeriales las imágenes reproducidas de las grabaciones de ese dia en el dvr. Y eso le da tranquilidad porque cree que con la filmación que ahí aparece se verá que solamente se defendió de su agresor, quien pudo haberla matado y convertido su caso en un feminicidio más, pero en realidad apenas comenzaba su verdadero calvario.

Cuando su familia se entera de lo que había pasado, ya Yuridia estaba en las galeras, por lo que su hermana llegó hasta el lugar para conocer lo que realmente había pasado, y ahí fue abordada por el fiscal del Ministerio Público que conoció del caso y los ministeriales que también habían acudido al domicilio que había sido escena del crimen, y le comentan que el caso es sencillo, que dada las pruebas que hay Yuridia saldría con facilidad del problema, sería absuelta, pero para que eso pasara,  debería hacerles una aportación de un millón quinientos mil pesos, ¿por qué le pidieron esa cantidad?, porque vieron que la detenida era de buena posición económica, vivía en una buena casa,  y como parte de la corrupción que impera en los distintos órganos de justicia en del estado de México y en diferentes estados del pais, decidieron aprovecharse de esa situación, nada más que no contaron que la hermana de Yuridia se negaría entregar esa cantidad de dinero, porque era un acto de corrupción y que si se usaba correctamente la prueba, el dvr de las cámaras de seguridad Yuridia tendría que salir en libertad.

La familia de Yuridia no aceptó entregar esa cantidad de dinero al fiscal del Ministerio Público, porque considerar4on que era un acto de corrupción y ellos son personas que toda su vida han actuado con honradez, trabajando duramente, por lo que deciden llevar el proceso confiando en las leyes y la justicia mexicana, ese fue "su peor error" ya que ante la negativa de entregar dinero, el Ministerio Público que llevaba la Carpeta de Investigación maniobra para plagarla de mentiras, de inconsistencias, de datos falsos, por ejemplo, asentó que Yuridia fue detenida en un operativo de rondín, en flagrancia del delito con el arma en la mano fuera del domicilio, cuando eso no es cierto, el incidente fue dentro de la casa a puerta cerrada, sin testigos, mas que las grabaciones de las cámaras de seguridad, y ella había llamado a la policía; otro dato falso, que ella había actuado con dolo pues lo asesinó acostado en la cama cuando dormía, cuando tampoco fue así, pelearon, él la agredió con una pistola y ella se defendió accionando el arma; otra inconsistencia adrede del Ministerio 

Público fue que asentó que el fallecido no tenía restos de pólvora en la mano, ni alcohol o ninguna otra sustancia psicotrópica, cuando en realidad estaba alcoholizado y drogado en el momento que golpeo y le disparó a Yuridia; los elementos falsos aportados por el MP en la Carpeta de Investigación, sirvieron al Juez de Control para vincular a proceso por homicidio agravado a Yuridia Brito Mascorro por lo que el día 17 de octubre del 2021 la recluyen en el Centro de Readaptación y Reinserción Social de Barrientos en Tlalnepantla, estado de México.

El dolo y mala fe  con que actuó el Fiscal del Ministerio Público por la negativa de la familia de Yuridia a entregarle un millón quinientos mil pesos, lo llevó a desaparecer el dvr que es la prueba vital para demostrar la inocencia de la ahora presidiaria, que solamente se defendió ante la agresión de quien fuera su pareja. El MP que debe estar acostumbrado a realizar actos de corrupción no presentó, no aportó ante el Juez de Control, las imágenes, ni el video grabado por las cámaras de seguridad del domicilio de Yuridia que eran fundamentales para demostrar su inocencia, es decir el MP manipuló la Carpeta de Investigación porque no le entregaban el dinero que exigía, y de esta forma el Juez de Control no tiene los elementos para decretar su inocencia y por eso la vincularon a un proceso penal viciado de origen. Su celular donde también tenía grabado varios de los actos de violencia que cometió contra ella su extinta pareja, también desapareció, como parte de la corrupción de un impartidor de justicia.

Yuridia Brito pudo ser una muerta más, un caso más de feminicidio sin resolver, su agresor pudo matarla a balazos y seguramente hoy su cuerpo seguiría desaparecido, porque los feminicidas jamás se entregan a las autoridades como lo hizo ella. Porque fue ella la que se entregó, fue ella quien llamo a la policía y dio la ubicación de su casa después de haber asesinado a su pareja, y no es cierto que la hayan detenido en flagrancia.

Yuridia solamente actuó en defensa de su vida, y por un acto de corrupción del fiscal del Ministerio Público que exigió dinero a cambio de su libertad, ahora sigue en la cárcel, mientras que las pruebas que pudieron aportarse para su defensa y lograr su libertad, prácticamente la desapareció el nefasto fiscal del Ministerio Público que en estricto derecho debe ser investigado por las autoridades competentes,  

Yuridia Brito Mascorro se encuentra recluida en el penal de Barrientos desde octubre del año pasado, solo por defender su vida, y está a la espera de una sentencia por homicidio agravado, por lo que solo le queda recurrir a la opinión pública para denunciar que su proceso se realizó de manera irregular y solicitar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que también es tabasqueño, la auxilie para que se revise a fondo su caso, también de dirige al gobernador del estado de México, Alfredo del mazo  y al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de dicho estado, Ricardo Alfredo Sodi, para que se revise su caso y no se cometa una injusticia en su contra, que se revise todo su proceso que está plagado de irregularidades e inconsistencias, porque un MP que inició la Carpeta de Investigación, escondió, perdió, o no se sabe que hizo el dvr y el celular que contienen las pruebas de que el extinto ya la había agredido en otras ocasiones, que debido al alcohol y la cocaína que ingería se volvía violento y la agredía.

Este, también es un caso para los grupos femeninos, defensoras de los derechos de sus compañeras mujeres, para que  no permitan un acto de injusticia en el estado de México.  

MORENA, SU INCITACION AL ODIO

La postura de los legisladores federales de la oposición de no avalar la reforma eléctrica que el presidente de la República había enviado al Congreso de la Unión para su aprobación y que no logró el consenso, ha desatado de manera irracional el odio de la cúpula de Morena contra quienes haciendo valer su derecho a disentir decidieron votar en contra de esa reforma constitucional, al grado de que en una actitud absurda los tachan de traidores a la patria.

El Congreso de la Unión es uno de los tres poderes de nuestro país, que debe servir de contrapeso a las decisiones unilaterales que muchas veces toma el presidente de la República, y no servir de comparsa, de levanta dedo y aprobar sin chistar y sin quitarle una coma a todas las iniciativas de ley que el titular del poder Ejecutivo les envía para su análisis, discusión y posible aprobación en su caso, pero es ahí donde la oposición en su conjunto, cualquiera que sea, tiene el derecho de votar a favor o en contra de cualquier ley, y no por eso, su decisión se puede considerar como una traición a la patria, 

En México no vivimos en un régimen monárquico donde las decisiones se toman y se aplican verticalmente sin que nadie proteste, nuestro régimen es democrático, republicano, constituido en tres poderes qué de acuerdo a la Constitución, son independientes, y que en un momento determinado pueden servir de contrapeso para frenar los excesos del poder Ejecutivo, sin que por este hecho sean recriminados, sean denostados o acusados de traición a la patria como ahora desafortunadamente el partido en el poder ha iniciado una campaña mezquina, porque no se sometieron al capricho de quien envió la iniciativa para reformar la ley de energía eléctrica, supuestamente para que el gobierno en su calidad de Estado tomara el control de la energía eléctrica en el país, que de ninguna manera ha perdido, porque a pesar de que desde hace años se abrió la participación de la Iniciativa Privada internacional en la generación de energía, el gobierno sigue teniendo y ha mantenido el control de la industria. 

México no puede ser una isla, no se puede volver al estatismo que predominó hace más de treinta años donde el gobierno era el principal rector de los bancos, de las aseguradoras, de canales de televisión, de empresas pesqueras, agrícolas, citrícolas, entre muchas más, sino que se tiene que abrir a la participación de empresas de la Iniciativa Privada de otros países, desde luego todo regulado, porque está visto que el gobierno es mal administrador, que todas las empresas las ha quebrado por corrupción, generando un quebranto económico que siempre le pega a la población, a la que dicen defender, mientras que los inversionistas privados han tenido éxito, de tal manera que el Estado mexicano como regulador, puede obtener mejores ganancias vía impuestos y dedicarse más tiempo a gobernar, a solucionar problemas añejos de infraestructura, de obra social,  atendiendo la prioridad que en este momento se requiere, la  seguridad, para bajar los índices delictivos, la falta de empleos que propicia más empobrecimiento, y el crecimiento de la economía, intentar que predomine el régimen estatista donde se tiene el control de todo, es un salto al vacío, un severo retroceso, que en el pasado representó un rotundo fracaso, de allí que se tiene que aprender de los errores del pasado, porque creer que con esas recetas caducas al gobierno y al pueblo de México le irá mejor, es un garrafal error.

Que tanto le ha dolido al gobierno de Morena, y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que está acostumbrado que todas sus iniciativas o reformas de ley fueran aprobados por los legisladores federales alza dedo de su partido,  que lo aprobaban sin chistar, que ahora que los legisladores federales de cuatro partidos, que formaron un bloque opositor, y frenaron una de sus principales reformas como es la de energía eléctrica, provocó que se desataran los demonios incitando al odio, la violencia, la venganza, a la exhibición de quienes en el uso de su derecho parlamentario votaron en contra de la cacareada reforma como parte de su libertad de opinión.

Conociendo al presidente de la República, que es un hombre impositivo, obcecado y terco, es claro que su ego se vio dañado en mucho por los legisladores federales que le dijeron no a su reforma, porque era dar un salto al pasado con la utilización de energías sucias en vez de energías limpias. El rechazo a su reforma le pegó de lleno que el mismo ha iniciado la campaña de odio en contra de los legisladores federales de la oposición al acusarlos de traición a la patria cuando ni siquiera se constituyó ese delito, pero como él mismo dice lo que no mancha, tizna.

Porque creer que con esta reforma se iba a bajar la tarifa de luz en todo el país cuando en campaña López Obrador prometió que desde el primer día de su gobierno bajaría de precio el litro de gasolina, y no cumplió aduciendo que le faltaba una refinería y que ahora con la que se está construyendo en Paraíso, se lograra ese objetivo. Como creerle que la aprobación de su reforma de energía eléctrica, lograría bajar la tarifa de luz en millones de hogares, cuando en campaña prometió que metería a sus cuarteles al Ejército que patrullaba en diferentes estados del país porque la seguridad pública estaría a cargo de cuerpos policiacos dirigidos por civiles, e hizo todo al revés dándole más poder y dinero al Ejercito, que el sí metería en cintura a Trump que era presidente de Estados Unidos porque le había faltado el respeto a nuestro país, e hizo todo lo contrario, se entregó al gringo Trump, quien por cierto se acaba de mofar de como dobló al presidente de todos los mexicanos para que le sirviera sirviendo de contención para los inmigrantes de otros países.

Lo doloroso para el presidente de la República y todos sus aduladores, es que por primera vez una de sus iniciativas, la reforma a la ley eléctrica, no pudo pasar, no fue aprobado, porque por primera vez también los legisladores de la oposición hicieron un frente común, cerraron filas, para votar en contra de esa iniciativa presidencial que fue desechada porque no alcanzó la votación requerida, la cual consideraban lesiva para los intereses del país, de tal manera que eso ha desatado la furia, el odio, la violencia verbal desde el púlpito mañanero, donde el mandatario de la nación da rienda suelta a sus bajas pasiones y acusa a los legisladores de traición a la patria, solo porque no se plegaron a su capricho de aprobar su reforma, que hubiera generado decenas de demandas civiles de las empresas asentadas en el país que se dedican a la generación de energía eléctrica.

Es delicado lo que está haciendo el presidente de la República, el dirigente nacional de Morena y sus corifeos al incitar al odio y la violencia verbal en contra de los legisladores de oposición que han acusado de que sus oficinas en varios estados ha sido vandalizada por seguidores de Morena, que creyéndose más papistas que el papa, para congraciarse con el jefe del poder Ejecutivo actúan como hordas, generando violencia en contra de los legisladores que votaron contra la reforma constitucional.

Si la política es el arte de conciliar, de buscar puntos de concordancia para lograr un mismo fin, en el partido en el gobierno (Morena) se hace todo lo contrario, se practica la antipolítica, que es sinónimo de odio, de violencia verbal y deseos de venganza, contra quienes piensan diferente, contra quienes echaron abajo la reforma eléctrica, que propició que el presidente, quien de por sí mantiene polarizada a la población, iniciara una campaña de odio y descrédito en contra de los legisladores opositores a su gobierno. 

                                               OJITOS 

Un grupo de maestros disidentes del grupo de Telesecundaria que encabeza Leonel Bocanegra y que siguen exigiendo a la titular de la Secretaría de Educación de Tabasco, Egla Cornelio, les entreguen sus plazas que se ganaron a pulso al presentar sus exámenes, viajará próximamente a la ciudad de México, concretamente a la subsecretaría de Educación Básica en donde presentaran un nuevo examen para que les sea entregadas sus plazas de Telesecundaria.

Mientras el grupo de Leonel Bocanegra, que son cerca de 90 maestros tienen demandadas las plazas ante las instancias legales, y han buscado otros canales gubernamentales para que presionen a Egla Cornelio para que entregue las plazas que si existen y la han estado dando a cuenta gotas a otras personas, el grupo disidente, en total son doce, tocó puertas en la ciudad de México, y es precisamente en la subsecretaria de Educación Básica donde fueron escuchados y atendidos en su petición, por lo que se supone que pronto obtendrán sus plazas.

Desde México han estado presionando a la titular de Educación para que deje de evadir su responsabilidad y entregue diez plazas de Telesecundaria al grupo disidente-dos fueron entregados en meses pasados-que desde hace tiempo debieron haber sido asignados, pero que mañosamente escondieron.

Si estos maestros disidentes logran firmar sus plazas, es claro que el grupo de Bocanegra exigirá con más fuerza que les asignen las plazas que por capricho de Egla se negó a entregarles.

También se comenta que desde la Secretaría de Educación Pública se descubrió acciones irregulares de la titular de Setab que la tienen al borde de la renuncia, con la cual la están amagando para que entregue las diez plazas y se cierre el asunto y pueda seguir tranquila en su cargo. Hay mucha tela de donde cortar, hay oficios sobre las plazas que mantuvo oculto la secretaria de Educación y que ahora quiere asignar en forma directa. Pronto aportaremos las pruebas para demostrar la actitud negligente y se puede decir hasta corrupta de Egla Cornelio. 

Ahora la pregunta es, ¿si estos maestros disidentes logran firmar sus plazas corren el peligro de ser demandados por sus compañeros que también están a la espera de sus plazas?, se pone más interesante este asunto. 

                              VISORCITO        

Mexicanos Contra la Corrupción dio a conocer que lejos de disminuir el número de pobres en el gobierno de López Obrador, por aquello de que “por el bien de todos, primeros los pobres”, se ha incrementado de manera sustancial. La pobreza ha empeorado, la desigualdad también, y los recursos dedicados al gasto social en los primeros tres años de esta administración, contra lo que se dice, son menores a los que dedicó Peña Nieto en el mismo periodo.

El discurso prometió un antes y un después que no se dio: “Haremos a un lado la hipocresía neoliberal. El Estado se ocupará de disminuir las desigualdades sociales, no se seguirá desplazando a la justicia social de la agenda del gobierno. No se condenará a quienes nacen pobres a morir pobres”.

“Las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) desmienten estas palabras. Señalan que hoy 43.9 % de la población, 55.7 millones de mexicanos, se encuentra en situación de pobreza. Esto equivale a un incremento de 3.8 millones de pobres más que 2018 y representa una ruptura de la tendencia a la baja que se mantenía desde 2014. De los seis indicadores de carencias sociales que mide el Coneval (servicios de salud, seguridad social, calidad de la vivienda, servicios básicos y alimentación), la mitad empeoraron: la población en pobreza alimentaria pasó de 27.5 a 29.6 millones; el rezago educativo aumentó de 23.5 a 24.4 millones y la población que no tuvo acceso a los servicios de salud pasó de 20.1 a 35.7 millones. El presidente dice que 7 de cada 10 hogares reciben recursos de al menos un programa social. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020 del Inegi lo desmiente: sólo 29.7 % de los hogares reporta recibirlos. La población en pobreza general pasó de 49.9 % en 2018 a 52.8 % en 2020 y la de pobreza extrema, de 14 % a 17.2 %. En 2016, el 67 % de los hogares en pobreza extrema declaraba recibir al menos un programa social. En 2020 ese porcentaje bajó a 43 %”. Tras cada una de estas cifras hay una o varias políticas sociales fallidas del gobierno. 

ERICK GARRIDO, VIOLENTADOR DE GENERO

El pasado 29 de marzo, el Tribunal Electoral de Tabasco (TET), torciendo una vez más la ley para favorecer a un funcionario del gobierno morenista, en este caso al alcalde Erick Garrido Argaéz, pretendió darle carpetazo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que había promovido el dos de febrero, la Sindico de Hacienda del ayuntamiento de Jonuta,  María Soledad Villamayor Notario, ante la violación a sus derechos y la violencia política por razón de género ejercida por el propio presidente  municipal.

Ante la torpe y mezquina forma de darle vuelta a la ley para anular el juicio por parte del Tribunal Electoral de Tabasco (expediente TET-JDC-04/2022-III), que declaró infundado los agravios expuestos por la quejosa, entre estos,  que no existía violencia política por razón de género, el cuatro de abril, María Soledad Villamayor recurrió a la siguiente instancia que es la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que abrió el expediente SX-JDC-5100/2022, por lo que el pasado 21 de abril modificó la sentencia impugnada “debido a que el tribunal responsable fue omiso en juzgar y valorar con perspectiva de género las pruebas allegadas al expediente, puesto que las conductas denunciadas, en particular la usurpación del presidente municipal en la función de la actora como representante jurídica del Ayuntamiento y del municipio en asuntos litigiosos y de la Hacienda municipal, así como el pago tardío de las dietas correspondientes al mes de enero del año dos mil veintidós; constituyen actos que obstruyeron el cargo de la actora y, por tanto, actualizan la violencia política en razón de género (VPG) denunciada”.

En el estudio de fondo. A. Pretensión y síntesis de agravios que realizó la Sala Xalapa se establece lo siguiente: “36. La pretensión última de la actora es que esta Sala Regional revoque o modifique la resolución impugnada y se declare que las conductas y omisiones denunciadas en la instancia previa constituyeron violencia política por razón de género atribuida, principalmente, al presidente municipal de Jonuta, Tabasco. 37. Para alcanzar dicha pretensión señala que le causa agravio que el tribunal responsable haya determinado la inexistencia de violencia política por razón de género al tener por ciertas las afirmaciones del municipio responsable, consistente en que se negó a recibir la convocatoria a las sesiones 8 y 9 celebradas el cuatro y siete de enero del presente año; puesto que no hay convicción cierta de que haya sido convocada por el municipio responsable. 38. Refiere que la autoridad responsable debió considerar que los actos y omisiones de los que se dolió se desarrollaron en un contexto de violencia política en razón de género, ya que se encontraban dirigidas a invisibilizarla y suprimir sus funciones como síndica. 39. Ello, porque no la convocaron a las sesiones señaladas en el informe circunstanciado presentado por el municipio responsable, con lo que se generó la situación de otorgarle la representación jurídica del Ayuntamiento al presidente municipal. 40. Refiere que la generación de obstáculos para que acceda de forma oportuna y completa a la información que requiere para el ejercicio pleno y eficaz de su encargo la deja en una situación de vulnerabilidad y desigualdad, pues genera la impresión de que no realiza sus labores de manera adecuada, lo que refuerza el estereotipo de género relativo a que las mujeres no desempeñan cargos públicos de manera diligente y, por tanto, resulta un impacto diferenciado que tiene como base el género de la actora. 41. Además, la promovente precisa que el hecho de otorgarle al presidente municipal la representación jurídica del Ayuntamiento en asuntos litigiosos y de la Hacienda municipal implica una restricción al acceso y desempeño de su cargo. 42. Lo anterior, porque la sesión de cabildo en la que se acordó otorgarle sus facultes al presidente municipal se llevó a cabo sin mediar algún procedimiento por el supuesto abandono de sus funciones y en el que se respetara su derecho de audiencia. 43. Aduce que el tribunal responsable se limitó a tener por justificado el acuerdo de cabildo de la sesión referida sin Representación impresa de un documento firmado electrónicamente. Analizar si se aportaron o analizaron pruebas de las acciones que se le imputaron (como el abandono de sus funciones). 44. Argumenta que el hecho de no proporcionarle facilidades para llevar a cabo sus funciones ocasiona una afectación desproporcionada. 45. Manifiesta que cuando el juzgador se encuentra en un caso en el que la mujer afirma ser víctima de una situación de violencia, se debe aplicar la herramienta de perspectiva de género para determinar la realidad sociocultural en que se desenvuelve dicha mujer, si se coloca en una situación de desventaja o en un momento en que requiere mayor protección del Estado, con el propósito de lograr una garantía real y efectiva de sus derechos. 46. Precisa que el tribunal electoral local fue omiso en juzgar con perspectiva de género, ya que sin valorar debidamente las pruebas aplicó de manera inexacta el test previsto por el protocolo para la atención de la violencia política por razón de género y, por tanto, concluyó su inexistencia”.

Luego de realizar una serie de valoraciones respecto a la actuación del TET en las consideraciones del órgano jurisdiccional (Sala Xalapa) establece entre otros puntos que: “110. Son sustancialmente fundados los argumentos expuestos por la promovente y suficientes para alcanzar su pretensión última. 111. En efecto, el tribunal responsable fue omiso en juzgar y valorar con perspectiva de género las pruebas allegadas al expediente, puesto que las conductas denunciadas, en particular la usurpación del presidente municipal en la función de la actora como representante jurídica del Ayuntamiento y del municipio en asuntos litigiosos y de la Hacienda municipal, así como el pago tardío de las dietas correspondientes al año dos mil veintidós; constituyen actos que obstruyeron el cargo de la actora y, por tanto, actualizan la VPG denunciada. 112. Al respecto, como lo precisó la autoridad responsable al emitir la sentencia controvertida, la actora denunció, entre otras conductas, la usurpación del presidente municipal en su función de representar al ayuntamiento y al municipio en asuntos litigiosos y de la Hacienda municipal, así como el pago tardío de las dietas correspondientes al mes de enero de dos mil veintidós; las cuales consideró que actualizaban la obstrucción de su cargo como síndica de Hacienda del Ayuntamiento y, por tanto, constituían VPG en su contra.  113. En ese orden, como lo refirió el tribunal electoral local, la primera de las conductas se tuvo por acreditada, ya que en el acta de sesión número 8 celebrada por el cabildo de Jonuta, Tabasco el cuatro de enero se aprobó la propuesta del presidente municipal de otorgarle la representación jurídica señalada. 117. De lo anterior transcrito se advierte que la propuesta efectuada por el presidente municipal (consistente en asumir la representación jurídica del ayuntamiento y municipio en asuntos litigiosos y de la Hacienda municipal) se basó en el contenido del artículo 29, fracción XXXIII, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y, principalmente, en la afirmación de que la actora no ejercía sus funciones como síndica de Hacienda. 118. Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad de votos, tal como se observa de la página 8 del acta referida. 119. En ese orden, conviene precisar el contenido del referido artículo 29, fracción XXXIII de la LOMET: Artículo 29. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos: (…) XXXIII. Otorgar la representación jurídica del Ayuntamiento cuando el presidente municipal lo solicite y en los asuntos litigiosos y de la Hacienda Municipal, cuando el síndico de hacienda se encuentre impedido para su desempeño o se abstenga de ejercerla.  120. De dicho artículo se observa que el ayuntamiento tiene la facultad de otorgar su representación jurídica en los asuntos litigiosos y de la Hacienda municipal cuando el presidente lo solicite y cuando el síndico de Hacienda se encuentre impedido para su desempeño o se abstenga de ejercerla. 121. Esto es, si bien dicho artículo refiere la facultad del ayuntamiento de otorgar la mencionada representación jurídica al presidente municipal; lo cierto es que condiciona dicha situación. 122. Así, para que proceda la sustitución de la función referida se tiene que acreditar de manera fehaciente que la síndica de Hacienda se encuentre impedida para su desempeño o se abstenga de ejercerlo, ya que –como lo precisó el tribunal responsable– es una función que se encuentra señalada en el artículo 36, fracción II, de la LOMET;23 lo que en el caso no aconteció. 123. Ello, porque si bien en la propuesta presentada por el presidente municipal se precisó que la actora se abstenía de ejercer su función como tal, lo cierto es que no existe prueba que sostenga dicha afirmación. 124. Al contrario, de las pruebas que obran en el cuaderno accesorio único del expediente en que se actúa se observan las actas de sesión de cabildo celebradas el cinco de octubre”.

La sentencia de la Sala Xalapa del TEPJF fue la siguiente: “Se declara la existencia de violencia política contra la mujer por razón de género, cometida por Eric Robert Garrido Argáez, en su carácter de presidente municipal de Jonuta, Tabasco, en contra de María Soledad Villamayor Notario, regidora y síndica de Hacienda de dicho Ayuntamiento. 

- Se ordena a Eric Robert Garrido Argáez abstenerse de realizar acciones u omisiones que de manera directa o indirecta tengan por objeto o resultado restringir o menoscabar el ejercicio del cargo de la María Soledad Villamayor Notario como síndica de Hacienda. 

- Se revoca el acta de sesión número 8 celebrada el cuatro de enero por el cabildo del Ayuntamiento, en la que, entre otras cuestiones, se le otorgó al presidente municipal la representación jurídica del Ayuntamiento y del municipio en asuntos litigiosos y de la Hacienda municipal. En ese orden, se revoca el acta de sesión número 9 celebrada el siete de enero por el mismo cabildo, sólo respecto a la parte en que se aprobó el acta de la sesión anterior (esto es, la efectuada el cuatro de enero). Lo antepuesto no prejuzga respecto de la validez de los actos administrativos que durante ese lapso a la fecha fueron realizados con esa representación jurídica frente a otras autoridades, instituciones, personas, etc., pues en este caso se limita al tema electoral.

- Se conmina al ayuntamiento de Jonuta, Tabasco, para que por conducto de la unidad o dependencia correspondiente efectúe el pago de las dietas a la que la actora tiene derecho por ocupar el cargo de regidora y síndica de Hacienda de ese Ayuntamiento de manera oportuna. - Se da vista al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para que registre a Eric Robert Garrido Argáez en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género de Tabasco y realice la comunicación respectiva al Instituto Nacional Electoral para su inscripción en el Registro Nacional. 140. Para tal efecto, se califica la falta como leve, por lo que la permanencia del ciudadano en el citado Registro será de 1 año cuatro meses, ello al considerar que la conducta fue desplegada por un servidor público”.

Eh ahí las consecuencias de actuar en forma soberbia y arrogancia por parte de Erick Garrido, quien como alcalde de Jonuta se siente dueño y señor del municipio y cree que puede pisotear el derecho de los funcionarios y trabajadores del ayuntamiento sin que le traiga consecuencias, pero en su oprobioso camino ya encontró la horma de su zapato, más bien encontró una piedra en su zapato representada por la síndico de Hacienda, María Soledad Villamayor Notario, quien ya lo exhibió como violentador de género, y lo traerá cortó en cuanto al manejo de los recursos públicos del ayuntamiento. Ojalá la sindico encuentre la lista de “aviadores que cobran  sin trabajar en el ayuntamiento de Jonuta.  

   

 

AMLO SE DESPLOMA EN VOTANTES

 

Viciado de origen, la revocación de mandato que fue una farsa montada por el presidente de la República, solo sirvió para demostrar el por qué los funcionarios del gobierno federal de Morena y de los estados, estaban tan desesperados que se metieron a promocionarla para que la gente saliera a votar, y cínicamente no les interesó violar la Constitución, ni las leyes electorales, pero los resultados de ayer domingo no fueron los que esperaban, porque que esta revocación no será vinculatoria ya que no alcanzó el porcentaje de votación que se requería para tal fin.

Los morenos junto con su presidente de la República, podrán decir que la revocación de mandato de ayer es histórica, que triunfaron, que ganaron, que se impuso la democracia porque así lo quiere el pueblo, pero con revocación o sin revocación, López Obrador que fue electo para gobernar por seis años y que hay que reconocerle tiene millones de seguidores, no dejaría de ninguna manera el cargo de presidente, por lo que en realidad fue un gasto oneroso de millones de pesos lo que se realizó en la farsa de ayer para complacer el ego del mandatario del país, donde el acarreo, y el relleno de urnas fueron tan evidentes, que mostró la desesperación de los promoventes de la revocación.

Ganando el sí para que se quede, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha perdido, si ha perdido, porque en tan solo en estos tres años de gobierno, ha perdido a millones de seguidores que creían ciegamente en él,   ha perdido votantes, hay millones de ciudadanos inconformes, molestos, decepcionados, aterrados, por la actuación del primer mandatario que ha hecho todo lo contrario de lo que prometió en campaña, por lo que le han dado la espalda y veamos porqué.

En las elecciones constitucionales de 2018 cuando todo era alegría, derroche de felicidad, cuando había una fe ciega hacia Andrés Manuel López Obrador, ganó la presidencia de la República por 30 millones de votos y fracción que logró obtener; ya en la elección constitucional intermedia de 2021, sufrió un tremendo bajón, pues su partido solamente obtuvo 20 millones y fracción de votos en las urnas, lo que representaría una baja en números redondos de casi diez millones de votos, diez millones de ciudadanos que ya están disgustados, inconformes con su forma de actuar, y ahora durante la revocación de mandato donde solamente participó él, sin tener candidatos opositores, siguió a la baja, siguió cayendo su popularidad pues solamente logró obtener 14 millones 700 mil votos, que si es importante, pero eso representa menos de la mitad de los electores que sufragaron en la elección constitucional de 2018, o sea que el presidente en tres años de gobierno ha perdido más de la mitad de sus fieles seguidores, de sus votantes por sus erráticas decisiones, y eso ya debe encender los focos rojos en Palacio Nacional, porque aunque el primer mandatario del país salga a festinar que se impuso la democracia participativa, que no fue tal, sino una farsa, salga a dar las gracias a los electores, ya sabe que su popularidad va en picada, va en retroceso, está cayendo, y con los números nadie juega,  y si tomamos en cuenta que de esos 14 millones 700 mil votos, ¿cuantos fueron comprados, cuantos fueron acarreados?, porque los gobiernos estatales y municipales donde gobierna Morena, se dedicaron al despilfarro económico, primero en la promoción,  y segundo, en el acarreo para que votaran por la revocación, ¿cuántos votos se le antoja a usted mi estimado lector que pudo recibir López Obrador con esta ilegal promoción?, o al revés, cuanta gente habría votado, como en el 2018, sin esa ilegal intervención de gobierno, seamos benignos, unos seis millones de votos bajo coacción, entonces sin la ayuda de la coacción, el presidente de la República en números reales solo tendría ocho millones de votos a su favor, que si son buenos, pero ese sería su capital político en este momento, que si es para alarmarse pues con ese número de seguidores o electores, suponiendo que todos le obedezcan, porque él ya no estará en las boletas, y voten por el candidato que postule Morena en 2024, no ganan la presidencia de la República, y eso si no se fracturan, mientras que una oposición con una buena coalición electoral tendría la oportunidad de echar de la presidencia de la República a Morena que se convertiría en flor de un día.

Veamos lo que dice un experto electoral como Luis Carlos Ugalde que ya fue presidente del organismo electoral, “los votos a favor de López Obrador son alrededor de 14.8 millones, son menos de la mitad de los 30.1 que obtuvo en 2018 y 28 por ciento menos que los 20. 6 millones que ganó el oficialismo en 2021(Morena-PVEM-PT)”. “el abstencionismo fue de 82.4 por ciento, este es el gran triunfador. Ya sabemos el voto duro o la capacidad de movilización de AMLO, poco menos de 1 millones de votos. El 1 por ciento del padrón electoral. Este es el dato más relevante hacia 2024”, revela Ugalde, es decir ocho de cada diez mexicanos no votaron a favor de la ratificación del presidente, lo cual es delicado para su proyecto de dejar a su sucesora en la silla presidencial, que es Claudia Sheinbaum                      

Los morenos, chairos y seguidores del presidente de la República, ponderaran que fue aplastante su victoria, nueve a uno, que si se quede, si de todas maneras cumplirá su sexenio, porque esa es la parte que solamente ellos ven, pero la triste realidad es que la revocación fue un fracaso, no del Instituto Nacional Electoral que realizó un buen trabajo como en las jornadas electorales, sino del propio Andrés Manuel y del partido Morena, que a pesar del acarreo, de la compra de votos, de las presiones que se ejercieron a los adultos mayores, jóvenes del futuro y sembrando vida entre otros sectores que reciben ayuda del gobierno federal, la participación fue mínima, pobre, que no pudieron superar ni la votación constitucional intermedia, y eso es muy delicado para el presidente de la República y sus aliados, por en pocos días estaremos viendo rodar cabezas de los responsables de la promoción de la revocación de mandato y de quienes delinearon las estrategias para sacar a votar a cientos de los seguidores del primer mandatario. 

Y van a rodar cabezas porque no cumplieron con las expectativas, porque no sacaron el trabajo asignado, porque necesitaban sacar una alta votación para demostrar que el presidente sigue siendo fuerte en el país, pero fracasaron, porque solamente en los programas sociales de acuerdo al mismo gobierno hay más de 30 millones de beneficiarios que no se vio reflejado en las urnas, o sea que la inmensa mayoría de los beneficiarios de estos programas sociales, co,o jóvenes del futuro, sembrando vidas y adultos mayores, por solo citar los más importantes ignoraron la revocación de mandato.

En realidad ganando, nueve a uno, para que siga como presidente de la Republica, perdió, ya que desde antes de la revocación no había lugar a dudas que seguirá gobernando hasta cumplir su sexenio; AMLO perdió, si, perdió adeptos, perdió seguidores, perdió a la mayoría de los electores que sufragaron por él en 2018, y eso que compitió contra el mismo, y esto es delicado, porque con estos números no gana una elección presidencial, más cuando ya no estará en la boleta electoral, por eso a quien él ponga de acuerdo a lo que diga su dedito, no tendrá fácil la elección que se podrá agravar, si uno o dos de los aspirantes presidenciales deciden romper el cordón umbilical que los une al presidente y Morena, y deciden participar en otro partido.

Sin duda, uno de los damnificados políticos por estos malos resultados, es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues es uno de los operadores políticos del presidente que perdió su capacidad de interlocución, de diálogo y pacificación con los actores políticos opositores y líderes sociales, por lanzarse de lleno a promocionar la revocación de mandato de manera ilegal, contraviniendo las disposiciones locales que terminaron por minar el ánimo de miles de mexicanos que están cansados que los funcionarios de gobierno sigan cometiendo acciones ilegales, mientras ello sueñan en que haya justicia para todos en nuestro país, ¿lo regresará el presidente a Tabasco? o ¿le dará oxigeno artificial?, mientras espera como sacarlo del cargo sin causar un cisma al interior del gabinete; que derrapada tan terrible sufrió Adán, que sus bonos políticos en el altiplano están en el suelo, porque ahora, dado que perdió la capacidad de interlocución su ayuda al presidente está limitado.

La revocación de mandato estuvo viciado de origen, porque de acuerdo a la ley son los ciudadanos inconformes con el presidente, en este caso los opositores, quienes deben recabar las firmas para exigir al Instituto Nacional Electoral se realice la revocación para que mediante un votación la población decida si el presidente se va o se queda, pero aquí resultó al revés, desde el inicio fue el partido Morena que recabó las firmas, las entregó al INE y posteriormente se exigió que se realizara la revocación que de hecho se trató de una ratificación en donde indiscriminadamente el gobierno de Morena,  dilapidó recursos económicos en la promoción y en el acarreo de votantes, por lo cual resultó una farsa, en la que no cayeron los partidos políticos opositores.

                                             OJITOS 

Aquí en Tabasco, los partidos políticos opositores al gobierno cuestionaron la realización de la revocación, el dirigente estatal del PRD, Francisco Javier Cabrera precisó que la revocación de mandato que por primera vez se realizó en el país, fue una fiesta pagana organizada por Morena y su gobierno, que no salió como ellos querían, pese a que recurrieron a las viejas prácticas que en el pasado criticaron y que ahora las actualizaron. 

Acompañado del senador del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, diputados locales, regidores y dirigentes de varios municipios, el líder partidista, habló de las irregularidades que se registraron en el desarrollo de la votación y que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado participara en el operativo de acarreo de ciudadanos: “En Tabasco, así como en el resto del país fueron visibles los acarreos de votantes, en todos los municipios, Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco, Centro, militantes y  funcionarios de Morena, utilizando hasta unidades de Seguridad Pública y recursos públicos para acarrear votantes, fue una fiesta pagana de los de Morena en domingo de Ramos”. 

Remarcó que contrario a lo dicho por el Partido Morena y su gobierno, la jornada electoral de hoy-ayer- a estado manchada por una serie de irregularidades, que nos hizo recordar las tres décadas de lucha contra el partido hegemónico: “Es tanto, el cinismo para violar la ley electoral que se saben impunes, porque ante los dichos de su líder, moral, político y hasta religioso, “No me vengan con que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento”.

 Dijo que se lamentaba que se cumpliera su pronóstico porque desde muy tempranas horas, los beneficiarios de programas sociales como son adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro y sembrado vida, fueron obligados a votar bajo presión y amenaza: “En el estado todos los funcionarios, pasando por el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, diputados y presidentes municipales, operaron una elección de Estado, donde sin duda se utilizaron recursos públicos para la movilización, todo en el afán de demostrar su superioridad moral, compiten entre ellos para ver quién es más servil al presidente”.  

Por su parte, la dirigencia estatal del PRI dejó en claro que la revocación  resultó una farsa política y la simulación democrática más costosa de la historia, impulsada por el gobierno autoritario morenista, que fue repudiado por las y los ciudadanos que se ausentaron de las urnas en esta jornada electoral que costó el país más de mil 600 millones de pesos, por lo que el PRI como partido responsable no se prestó a este despilfarro de recursos en el que el partido oficial y sus aliados desvirtuaron de principio a fin, con el acarreo, compra de votos y el taconeo de urnas para poder cumplir con el capricho de su jefe.

 

OBLIGA LA CORTE A LEGISLAR SOBRE LEY

 

Con la aprobación de la iniciativa de Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tabasco y sus Municipios que ayer dio entrada el Congreso local y que sin duda lo aprobará, los ciudadanos de la entidad tendrán más y mejores elementos jurídicos para exigir una indemnización económica a los tres niveles de gobierno, ayuntamientos y organismos autónomos cuando sus funcionarios ocasionen un daño o perjuicio por su actividad administrativa irregular a cualquier persona.

Durante muchos años existió una férrea resistencia por parte de varias legislaturas y desde luego de los gobiernos estatales a no legislar para crear la ley reglamentaria sobre la Responsabilidad Patrimonial que aun estando establecida en la Constitución del estado, hacía difícil que cualquier ciudadano que había sido afectado en su persona o patrimonio por un servidor pública pudiera reclamar y ganar por la vía civil una indemnización económica como una especie de reparación por los daños ocasionados.

Y puede que haya sido entendible, pero no debió ser permisible que siete legislaturas hayan pasado, si contamos desde el 2002 cuando esta ley fue aprobada por el Congreso Federal, y no quisieron, ni pretendieron legislar sobre la materia a pesar de que en legislaturas diferentes varios legisladores locales presentaron sus iniciativas de ley y los hicieron a un lado, porque eso representaría una fuga importante de recursos económicos de cualquiera de los niveles de gobierno, dado que los servidores públicos son proclives a cometer ilícitos o irregularidades sin ser castigados,  y al ser demandados tendrían que indemnizar económicamente al demandante.

Y en esta LXIV legislatura tampoco se hubiese aprobado esta Ley de Responsabilidad Patrimonial a pesar de que la legisladora priista Soraya Pérez ya había presentado el año pasado una iniciativa, que sin duda quedaría en el limbo, sino fuera porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso al Congreso local contra la pared, luego de que el ciudadano Antonio Sánchez Domínguez que promovió el amparo indirecto 1110/2018-ll-11 ante el Juzgado Primero de Distrito el 11 de julio de 2018 por la omisión de los diputados para legislar y aprobar esa ley, ganó en todas las instancias y por eso esta legislatura fue conminada a cumplir con una disposición legal, que en caso de poner resistencia para no cumplir, los estaría poniendo al borde del abismo pues todos los legisladores podrían ser removidos por la Corte para llamar a sus suplentes a asumir el cargo y cumplir con dicha disposición.

También merece una atención especial el abogado Rafael Sánchez Sánchez,  quien promovió el amparo indirecto del ciudadano Antonio Sánchez Domínguez y estuvo pendiente de todo el litigio porque desde luego que hubo resistencia de la legislatura pasada que encabezó Beatriz Milland y de la actual que se defendieron y se fueron hasta la última instancia para echar abajo ese amparo que los perjudicaba, llegando el asunto hasta la Corte donde se ratificó la decisión asumida del Juez Primero de Distrito de amparar el quejo y de establecer los tiempos para el cumplimiento de legislar para aprobar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tabasco y sus Municipios que se quiere adjudicar el gobernador Carlos Manuel Merino como uno de sus logros al enviar su iniciativa al Congreso que ayer miércoles le dio entrada, porque dice que su mayor compromiso es con Tabasco y los tabasqueños a los cuales les está  procurando siempre su bienestar, cuando debió actuar con prudencia y humildad, al reconocer que le tuvieron que ganar al actual Congreso local un amparo indirecto mediante el cual están obligados a aprobar la Ley de Responsabilidad Administrativa del Estado de Tabasco y sus Municipios, que tendrán que aprobar en unos días para inmediatamente darle vista al Juez Primero de Distrito con sede en Villahermosa de que ya cumplieron con el mandato.

Se imaginan ustedes mis lectores, si en las precarias condiciones en que se encuentran las finanzas públicas estatales, con préstamos bancarios a pagar por más de tres mil millones de pesos, y las arcas de los ayuntamientos vacías cuyos alcaldes están solicitando al Congreso les permita contraer deuda pública por medio de empréstitos bancarios, si les convenía presentar y aprobar esta Ley de Responsabilidad Patrimonial, que los sangrará económicamente. 

Como no estaban dispuestos los legisladores locales a aprobar esa ley, es por lo que mostraron resistencia y buscaron la nulidad del amparo, pero no pudieron hacer más cosas, por lo que prácticamente el juzgador los conminó a presentar una iniciativa y aprobarla para que Tabasco cuente con esa nueva ley.   

Los legisladores también debían reconocer públicamente que si fuera por ello esa Ley de Responsabilidad Administrativa no sería aprobada, porque la diputada priista Soraya Pérez había presentado una iniciativa el año pasado que prácticamente tenían en la congeladora y que gracias a este amparo indirecto la población contará con otra herramienta para que cuando sean agraviados por servidores público con su conducta irregular, los demandan para exigir una indemnización económica. 

                                       OJITOS 

Después del “engallamiento” en Sonora, del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien promovió la Revocación de Mandato ahora tendrá que enfrentarse a las consecuencias de sus actos.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una denuncia por corrupción, peculado, cohecho, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias, por la utilización de recursos en actividades ajenas al interés público, en beneficio de particulares y del partido político Morena.

El dirigente nacional del partido del Sol Azteca, Jesús Zambrano, señaló que dentro de los denunciados están incluidos el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; el gobernador de Tabasco, Carlos Merino Campos; el de Sonora, Alfonso Durazo; el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, entre otros, "para que investigue a fondo, que no le tiemble la mano, así sea el presidente de la República, así sea el secretario de Gobernación, el titular gobernante de la Guardia Nacional, el gobernador de Sonora, el de Tabasco y los líderes de Morena, tanto nacional como estatales, los que son denunciados en estos hechos, la ley debe cumplirse por todos, y aquí en este caso concreto, el secretario de la Función Pública está obligado  a responder con su responsabilidad".

Igualmente, el PRD dio a conocer que se presentó ante el INE una denuncia similar, para que la Comisión de Quejas y Denuncias investigue presuntos delitos electorales.

Por su parte, el representante de ese partido ante el órgano electoral, Ángel Ávila, apuntó que el dirigente nacional de Morena usó el avión de la Guardia Nacional para realizar actividades político-electorales, "Mario Delgado utilizó un avión del gobierno para realizar actividades político-electorales. Hoy estamos viendo que en materia electoral de Revocación de Mandato, hubo una doble ilegalidad, primero, porque los funcionarios públicos no pueden promover la Revocación de Mandato, eso está en la Ley de Revocación de Mandato y está en las resoluciones, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como de resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral, entonces los funcionarios no pueden promover la Revocación de Mandato; y en segundo lugar, decir que en la utilización de recursos públicos, es al mismo tiempo, una violación penal-electoral que se tiene que investigar, es peculado, es desvío de recursos".

                                            VISORCITO 

El diputado local, Fabian Granier Calles pidió expulsión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para los legisladores que voten a favor de la reforma Eléctrica propuesta por el presidente de la República, Andrés  Manuel López Obrador.

El pasado lunes, con el voto en contra de la oposición, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobó la opinión en sentido favorable a la propuesta de Reforma Eléctrica del Ejecutivo Federal y a la iniciativa de la priista Carolina Viggiano para reconocer en la Constitución el derecho a la energía eléctrica. “No tengo datos de quién podría sumarse a la reforma eléctrica  del presidente, no tengo idea, pero de ser así, sería meritorio la expulsión” preciso Granier Calles.

UN SECRETARIO IRACUNDO

 

Iracundo, dejando de lado toda sensatez política pues al jugar con su propia agenda quiere transformar su “servilismo” por “lealtad incondicional” hacia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se ha dedicado a promocionar la revocación de mandato, sin interesarle respetar la Constitución General de la República, ni las leyes electorales, que establecen el parámetro de imparcialidad que deben observar los servidores públicos y no hacer uso de los recursos públicos para promoción política. 

Pese a que ahora que está más sereno lo niega porque supuestamente no ha visto los videos que circulan en redes sociales y quizás no se acuerda de lo que dijo, el secretario de Gobernación durante su estancia del pasado sábado en Sonora para demostrar que él sí es “leal” con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador-“más papista que el papa”-, sostuvo que no había llegado a promocionar la Reforma Eléctrica sino la Revocación de Mandato, “…la verdad es que no voy hablar de la Reforma Eléctrica. Vamos a apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor presidente en la historia moderna de México” sostuvo textualmente.

Ante los asistentes a la “Gran Marcha por la Defensa de la Transformación” invitado por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, visiblemente “engallado” López Hernández aseguró no tener miedo a posibles sanciones del Instituto Nacional Electoral (INE) refiriendo que al haberle informado al presidente de la República que iba a Sonora, este le pidió tener cuidado con las expresiones que realizara “no vaya ser que te corran los del INE” a lo que Adán le respondió  “no me pueden correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar con Durazo en la esquina de la calle Pino Suárez y Niños Héroes, a decir que es un honor que me corran por apoyar a Obrador”.

Y luego en un exceso de altanería que es producto del poder, el secretario de Gobernación remarcó: se equivocan los adversarios y se equivocan los del INE, como dijo Alfonso (Durazo), esos que ya se van, los vamos a ver pasar ahí por el frente con la cola entre las patas”, al hacer referencia a la reforma electoral que próximamente enviará al Congreso de la Unión el presidente.  

El “servilismo” que siempre ha mostrado Adán Augusto López Hernández, que algunos lo traducen en una “lealtad incondicional” hacia Andrés Manuel López Obrador le ha redituado buenos dividendos políticos, al grado que fue ungido secretario de Gobernación para ayudar al presidente de la República a resolver su agenda política nacional, pero una vez en el cargo, el  mismo marasmo del poder lo llevó a concebir la idea de establecer una ruta paralela, que fue la de crear  su propia agenda política con su grupo político que ya lo promociona por el país como un presidenciable, pues en realidad ya se creyó que es el plan “B” del que podría echar mano AMLO, en caso de que fallara la postulación de Claudia Sheinbaum, que es la candidata presidencial tapada-que ya fue destapada-, por su falta de crecimiento político en el país, que podría trastocar el proyecto de continuidad del gobierno de la Cuarta Transformación.

Adán Augusto López sabe lo que le gusta al presidente de la República, sabe que la adulación y la obediencia ciega, es el flanco débil de Andrés Manuel López Obrador, y que su servilismo que es transformado en “lealtad incondicional” por sus allegados, le ha servido para escalar posiciones políticas, como diputado local, Senador de la República, gobernador y secretario de Gobernación, y ese puede ser el factor determinante que le permita convertirse en candidato a la presidencia de la República, pero ese también puede ser su peor error, porque adentro del gabinete presidencial, los otros aspirantes ya se dieron cuenta de su doble juego, y es ahí donde vendrá lo mejor, le van a cerrar el paso para que se caiga.

Cuando protestó el cargo de gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández mostró la mano dura para gobernar, cero conciliación, reprimió a quienes se manifestaban, su gobierno fue una calca exacta de lo que se hacía en el gobierno federal, sabiendo que eso le gustaba al presidente, y por eso mismo Andrés Manuel López lo invitó para que fuera el secretario de Gobernación y lo ayudara en su agenda política, y una vez en el cargo se puso la careta de conciliador, de pacificador, para acercarse a los partidos políticos opositores, a los líderes sociales opositores,  a los detractores políticos del presidente, para tender la mano suave, pero pronto se dio cuenta que eso representaba un fracaso para sus aspiraciones políticas al recibir el primer revés del propio presidente, cuando después de su reunión con Muñoz Ledo este públicamente reveló que el secretario de Gobernación le había ofrecido ser embajador en Cuba y en una de sus mañaneras al ser cuestionado López Obrador al respecto, lo desautorizó al decir que no sabía de ese ofrecimiento, que eso lo veía la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego vendría la reunión conciliadora con el Partido Acción Nacional donde establecieron acuerdos políticos, que no se cumplieron, porque no quiso el presidente, y luego el intento de cercanía con Lorenzo Córdova titular del INE que también fracaso.

Por eso entendiendo la lógica política del presidente de mantener la rijosidad con alguno actores políticos, Adán Augusto López se quitó la carreta de conciliador y ha vuelto a mostrar su dureza, aunque se excedió el pasado fin de semana, donde también fue cuestionado por utilizar un avión de la Guardia Nacional para viajar a Sonora, por lo que es indudable que será investigado por las autoridades electorales por sus sistemática violación a las leyes electorales que se ha vuelto una norma en los funcionarios de la Cuarta Transformación.

Y para no variar, hay quienes opinan que fue un jalón de orejas el que le propinó en la mañanera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador al Secretario de Gobernación por andar promoviéndose como posible candidato presidencial, al sostener que Adán Augusto López Hernández no es precandidato a la presidencia, ya que fue llamado para ayudarlo a cumplir con su agenda pública nacional, que es promover el bienestar del pueblo, y la seguridad, entre otras cosas, y que puede ser investigado por lo que paso en Sonora.

Los excesos del poder pusieron contra la pared a un engallado secretario de Gobernación, que violó la Constitución y las leyes electorales, y que sin duda será investigado por la comisión de quejas del INE, que en su momento podrá determinar si existe o no delito electoral y el tipo de sanción que se le impondrá.

Lo que queda muy claro, es que el marasmo del poder ha llevado al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández a creer que puede ser el candidato presidencial, y por eso en sus excesos, como en el caso de Sonora,  cree ser el émulo perfecto de Andrés Manuel López Obrador, y que por eso éste lo tiene contemplado como su candidato emergente, de allí que su grupo político que está diseminando por todo el país, está vendiendo la idea, de que la continuidad del gobierno que encabeza AMLO, solamente la puede proseguir otro tabasqueño con las mismas agallas del presidente,  y que en este caso es Adán que le ha mostrado su “lealtad” y que  por eso el presidente lo considera como su hermano.    

                                          OJITOS 

Trabajadores de la Vicefiscalía de Alto Impacto nos piden publicar esta denuncia para que llegue a manos del Fiscal General, Nicolás Bautista, va textual: “Esto es un llamado al Fiscal General del Estado, y al Lic. Juan Luis Osorio, esta área ha tenido detalles laborales pero jamás había existido acoso laboral como el que actualmente se vive. 

El vicefiscal actual Juan Luis Osorio desconocemos si tiene conocimiento de ello, pero queremos que ya pongan un alto a la Lic ROSITA TOSCA COLIN , tiene plaza de Fiscal de Ministerio Público y sus actividades son secretariales/administrativas pues es particular del vicefiscal, esta mujer a menos de 3/4 años que se incorporó a impacto ya ha tenido dos aumentos de salario, y actualmente acosa al personal de impacto y trata mal ya que utiliza un lenguaje soez y denigrante con todo el personal, desde policías como demás fiscales, ha argumentado ser consentida del vicefiscal, que le hace caso en todo, tiene una gran amistad con el fiscal especial de Narcomenudeo, señalando que quien se meta con ella se la van a ver con él porque tiene poder y sostienen más que una amistad.

La señora, se la pasa tratando y poniendo mal a la gente que le cae mal, sin embargo llega tarde, pide los fines de semana para irse de fiesta, mientras los demás no podemos faltar porque nos llaman la atención o nos descuentan el día, tiene vehículo asignado de fiscalía que lo usa para irse a tomar, y a la playa, y también  para hacer sus actividades personales de ella y cuando se le solicita el apoyo para el vehículo se enoja y dice que es de su uso, que si queremos que le pidamos vehículo al jefe, pero para sus amigas allegadas si está disponible el vehículo para que ellas no gasten gasolina y realicen la compra de sus despensa entre ellas la perito Selene quien se ostenta como lo mejor de la Vicefiscalia y saca provecho de los familiares de víctimas de secuestro; muchos hemos querido pasar a hablar con el vicefiscal y niega el acceso.

También goza de beneficios de vales de gasolina los cuales vende con sus compañeros/amigos más allegados y chofer para su uso particular, para que la lleven y la traigan.

Dice tener contactos en toda la Fiscalía y en administrativo siempre pregona que tiene como “amigo” al contralor de la fiscalía, que lo que ella pide se lo concede.

Señor fiscal general y vicefiscal, porque le dan poder a ese tipo de gente????,

que está pasando, esto jamás había pasado en impacto?.

Tenemos fe en el vicefiscal que ha mostrado ser buen jefe, pero no sabemos si está enterado de la actitud de su secretaria y el trato que tiene hacia la gente, pues ella tiene todo a su favor, pues es amiga de la escolta del vicefiscal de nombre bitia, siempre se la pasa en el balcón sin hacer nada pero tomando foto al personal mintiéndole a sus jefes que llegan tarde, y cuando le avisan se mete y el maestro Juan Luis la encuentra en su lugar. Aparte la perito Selene a quien ya habían sacado de impacto por ser mal personal, regreso por ella y es un acoso con estas tipas.

No obstante señor fiscal, el lic. Guadalupe González, fiscal especial de secuestro, es un adorno, pues por su área no hace nada, es un pedante y grosero, cuando un asunto sale mal nos insulta cuando no tuvo la pericia de adentrarse al tema que son casos importantes, nunca nos apoya en alguna duda de integración o recepción de iph.

Fiscal General requerimos su apoyo se lo pedimos, verifique a ese personal, verifique las nóminas, no todos ganamos igual, hay gente desde policías y fiscales que ganan más y hacen menos sobre todo se van temprano.

Además, policías de secuestro a su vez, ni vienen a trabajar, el chihuahua gabriel lo impusieron como comandante de policía de secuestro, cuando solo se la pasa sin hacer nada, tiene asignada una camioneta que de igual manera solo es uso personal y no la presta a los policías que están a cargo del comandante Rogelio Nente, quienes la verdad carecen de unidades, pues todos los beneficios son para policía de secuestro quien llegan tarde y lo peor, ni llegan.

Otra personalidad es el policía Juan Carlos Rodríguez Ricárdez alias pancho rancho, otro policía con buen salario, se cree jefe y trata mal a su equipo.

donde está el trabajo en equipo, todos quieren ser jefes.

Necesitamos ponga atención en esta área, tome cartas en el asunto, a estas alturas no podemos vivir estos acosos.

UN GOBIERNO DE MENTIRAS

 

El pasado jueves el gobernador Carlos Manuel Merino envió al Congreso local la Iniciativa de Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tabasco y sus Municipios, para su “estudio y aprobación”, mediante el cual la ciudadanía podrá solicitar la reparación de daños por la actuación irregular u omisa de las autoridades del estado, jactándose de que su compromiso es con “Tabasco y los tabasqueños para procurar su bienestar”, pero todo es una falsedad, una mentira, pues la realidad, es que han sido obligados a expedir dicha ley, por un amparo indirecto que promovió una persona, el cual fue revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo confirmó y se le dio un plazo al Congreso para que legislara al respecto o se atuviera a las consecuencias.

El 11 de Julio de 2018, Antonio Sánchez Domínguez promovió el amparo indirecto 1110/2018-II-11 ante el Juzgado Primero de Distrito de Tabasco, cuyo titular es Eduardo Alberto Osorio Rosado, en contra del Congreso del estado por la omisión de los legisladores locales en la expedición o emisión de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tabasco, que en el ámbito federal se había expedido en el año 2002 y que entró en vigor dos años después, es decir en 2004, tiempo en que los estados, entes obligados por el Congreso de la Unión, tendrían tiempo para adecuar los marcos legales y presupuestales para estar acorde a la norma federal, pero en Tabasco, contrario a lo que todo legislador debería de hacer, que es velar por la seguridad y el patrimonio de los tabasqueños no le interesó adecuar el marco legal para que los tabasqueños tuvieran la forma de exigir la reparación del daño ante la actuación irregular de los servidores públicos o de las autoridades estatales y municipales por lo que prácticamente han vivido en estado de indefensión.

Antonio Sánchez Domínguez, quien en su exposición de motivos al solicitar el amparo indirecto de la justicia federal expuso que estando detenido había sido torturado por la antigua Policía Judicial Estatal y que al ser exonerado decidió buscar un medio legal para exigir una reparación de daños y se encontró con que no existía una ley porque los diputados de las legislaturas del 2002 al 2018 no les interesó, no quisieron, o no mostraron el mínimo interés en adecuar el marco jurídico estatal al ordenamiento federal a pesar de que la Cámara de Diputados Federal había expedido un ordenamiento legal de observancia general para todos los Congreso locales, por lo que esa irregularidad le estaba  causando un daño, solicitó a la justicia federal que el Congreso de Tabasco fuera obligado a expedir la respetiva ley de daño patrimonial, pero para llegar a la conclusión de todo esto, y que se obligara a la legislatura a aprobar una ley de daño patrimonial, el demandante tuvo que recorrer un camino de cuatro años, desde que el Juez Primero de Distrito le concedió el amparo, pues la anterior legislatura que presidió Beatriz Milland Pérez en su calidad de representante del Congreso por medio de la dirección de Asuntos Jurídicos presentó un recurso de revisión del amparo que perdió, se fue al Tribunal Colegiado y este lo remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde confirmaron la sentencia del Juez de Distrito con lo que quedó en firme la exigencia de aprobar una ley de daño patrimonial en un plazo perentorio, y en caso de no acatar la disposición legal, toda la legislatura corría el riesgo de ser destituidos como legisladores para dar paso a sus suplentes, tal como paso hace unos años en el municipio de Paraíso, donde el alcalde Bernardo Barradas no acató la decisión de la SCJN de pagar unos laudos, por lo que inmediatamente fue destituido, algo similar estaba por pasar en el Congreso local.

Pero vayamos por partes, en sus razonamientos jurídicos para otorgar el amparo indirecto promovido en contra del Congreso en 2018 por Antonio Sánchez Domínguez, el juzgador expuso lo siguiente: “Del examen integral de la demanda de amparo y de las constancias de autos, se obtiene que el acto reclamado es: La omisión por parte del Congreso del Estado de dictar las normas relativas sobre responsabilidad patrimonial para el Estado de Tabasco, previsto en la reforma del numeral 113 de la Carta Magna de catorce de junio de dos mil dos, en el párrafo segundo (actualmente 109 último párrafo). SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. El Director de Asuntos Jurídicos, Transparencia y Acceso a la Información Pública, en representación del Congreso del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado (foja 33).

En tal sentido, en el presente caso, se está en presencia de una omisión legislativa absoluta, pues la responsable no ha ejercido su competencia de crear leyes ni ha externado normativamente voluntad alguna para hacerlo; de ahí que, como se dijo, resulta infundada la causal de improcedencia invocada”.

Y prosiguió: “Así, en el caso, el catorce de junio de dos mil dos, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la adición de un párrafo segundo al artículo 113 constitucional, referente a la responsabilidad patrimonial del Estado, cuyo transitorio único se estableció lo siguiente: “ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero del segundo año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La Federación, las entidades federativas y los municipios contarán con el periodo comprendido entre la publicación del presente Decreto y su entrada en vigor, para expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, según sea el caso, a fin de proveer el debido cumplimiento del mismo, así como para incluir en sus respectivos presupuestos, una partida para hacer frente a su responsabilidad patrimonial. La aprobación de la reforma constitucional implicará necesariamente la adecuación a las disposiciones jurídicas secundarias, tanto en el ámbito federal como en el local, conforme a los criterios siguientes: a) El pago de la indemnización se efectuaría después de seguir los procedimientos para determinar que al particular efectivamente le corresponde dicha indemnización, y b) El pago de la indemnización estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de que se trate. Para la expedición de las leyes o la realización de las modificaciones necesarias para proveer al debido cumplimiento del decreto, se contaría con el periodo comprendido entre la publicación del decreto y su entrada en vigor. Según la fecha de aprobación del Decreto y su consiguiente publicación, el citado periodo no sería menor a un año ni mayor a dos.”

De la anterior transcripción se desprende, en lo que aquí interesa, que la citada reforma entraría en vigor el uno de enero del año siguiente a su publicación (catorce de junio de dos mil dos), es decir uno de enero de dos mil cuatro, y durante ese lapso (dos años), la Federación, las entidades federativas y los municipios, debieron expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, según sea el caso, a fin de proveer el debido cumplimiento del mismo, así como para incluir en sus respectivos presupuestos, una partida para hacer frente a su responsabilidad patrimonial. Por tanto, como se dijo, resulta infundada la alegación de la responsable, toda vez que hasta la fecha de la presentación de la demanda (once de julio de dos mil dieciocho) y la fecha en que la norma los obligó a ya haber creado la norma (uno de enero de dos mil cuatro), no se ha cumplido; y dicho incumplimiento legitima al gobernado a promover el juicio de amparo; de ahí que, en el presente caso, se considere que la parte quejosa sí tiene interés jurídico”.

Al proseguir en su análisis el juzgador estableció que: “Al respecto debe decirse que, el catorce de junio de dos mil dos, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la adición de un párrafo segundo al artículo 113 constitucional, cuya redacción se mantuvo así hasta la diversa reforma de veintisiete de mayo de dos mil quince, en los términos siguientes: “Art. 113. […] La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. “El párrafo segundo transcrito fue producto de la reflexión que el poder reformador tuvo alrededor de la responsabilidad que tiene el Estado frente a los particulares cuando deriva de una actividad irregular e ilícita”.

Y prosiguió: “Así, la reforma en cuestión entró en vigor el uno de enero de dos mil cuatro, por lo que para esa fecha las leyes federales y locales debían prever los supuestos en que el Estado incurre en responsabilidad objetiva y directa y los mecanismos para resarcir a los particulares que daña con su actuar irregular o ilícito. Esto significa que, contrario a lo que adujo el recurrente en sus agravios, el ámbito competencial de la responsabilidad patrimonial del Estado se proyectó a todos los niveles de gobierno y no sólo al federal.

Sin embargo, en el caso, las normas locales en el Estado de Tabasco no se adecuaron al nuevo modelo constitucional de responsabilidad patrimonial del Estado, pues el sistema normativo local vigente en la fecha de la presentación de la demanda (once de julio de dos mil dieciocho), nada reconoce de la responsabilidad patrimonial en que pudiera incurrir el Estado de Tabasco o alguno de sus municipios.

Bajo las premisas expuestas, este Juzgador determina que la ausencia del sistema normativo en materia de responsabilidad patrimonial del Estado de Tabasco es violatoria de derechos en dos vertientes. La primera, porque el artículo 113, párrafo segundo, de la Constitución Federal estableció un deber a cargo de todos los niveles de gobierno en la materia de responsabilidad patrimonial objetiva y directa del Estado, para lo cual, a través del artículo Único transitorio de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de catorce de junio de dos mil dos, el poder reformador impuso la obligación, por mandato constitucional, al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados, de adecuar los ordenamientos locales al precepto constitucional a más tardar al uno de enero de dos mil cuatro. Con base en esto, los congresos locales de todos los estados de la República contaban con una facultad o competencia de ejercicio obligatorio para llevar a cabo determinada conducta; esto es, para adecuar sus constituciones y leyes secundarias a fin de hacerlas compatibles con la Norma Fundamental y lograr un correcto desarrollo en las funciones correspondientes, pues el régimen de responsabilidad patrimonial objetiva y directa del Estado no tiene el carácter de optativo, sino obligatorio en todo el territorio nacional. Consecuentemente, debe indicarse que el Estado de Tabasco, a través de su Congreso (autoridad responsable) incurrió en una omisión legislativa absoluta que genera una violación constitucional”.

Y concluyó: “ Por todo lo anterior se procede CONCEDER EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. La protección constitucional se otorga para que el Congreso del Estado de Tabasco: - Cumpla con la obligación contenida en la reforma en el artículo 113 Constitucional vigente hasta la reforma de veintisiete de mayo de dos mil quince (actualmente 109 último párrafo), y único transitorio del Decreto de reformas en el Diario Oficial de la Federación de catorce de junio de dos mil dos; y proceda a emitir una ley que regule la Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tabasco……”

El primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo primera Región, conoció del amparo en revisión administrativa, pero declinó y la reenvió  a la SCJN por lo  que fue turnada a la Segunda Sala (941/2019) donde el  ministro Alberto Pérez Dayan confirmó la sentencia recurrida, protegiendo a la parte quejosa, luego entonces no es que le interese al gobernador o al Congreso proteger a la población, sino que han sido obligados a cumplir con una disposición de la Corte para la cual fueron emplazados el cuatro de marzo por última ocasión y no les quedó más remedio que cumplir.

 

CONVENIO CON OLOR A CORRUPCION

 

El viejo edificio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana localizada en la colonia Tamulté que fue adquirido en el año 2011 con un sobreprecio de 32 millones, 600 mil pesos que significó que fuera catalogado como un hurto a las arcas públicas y que llevó a la cárcel a dos ex-consejeros electorales y otros ex-funcionarios se mantuvieran escondidos, de nueva cuenta vuelve a ser objeto de polémica por la decisión que ha tomado la Presidenta Provisional del organismo electoral de remodelarlo para que el personal se traslade a ese inmueble.

Este edificio de tres niveles sobrevaluado en 32 millones, 600 mil pesos y que posteriormente la Contraloría Interna del IEPCT determinó que el precio del inmueble fue sobrevaluado en 8 millones, 308 mil pesos, más gastos previos y posteriores a la adquisición, por lo que los daños  al patrimonio ascendieron a 12 millones, 15 mil 128 pesos, que debían devolver los involucrados, propició que el gobierno de Arturo Núñez por conducto de la entonces Procuraduría General de Justicia iniciara una Averiguación Previa que en febrero del año 2015 propició que los ex-consejeros electorales Gustavo Rodríguez Castro y Héctor Aguilar Alvarado fueran detenidos y estuvieran en la cárcel por seis meses hasta que obtuvieron un amparo que los liberó, mientras ex-funcionarios como Carlos Iñiguez-Kaliche para sus amigos-quien fuera director de Administración del Instituto, y ahora es Secretario de Administración en el actual gobierno estatal, se mantuviera escondido, parece que se ha convertido en una mina de dinero o en un pozo sin fondo para funcionarios del IEPCT, pues a once años de distancia busca ser rehabilitado para ser ocupado por el personal del Instituto Electoral en base a un nuevo dictamen del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, cuando en su momento fue catalogado por especialistas en la materia que no era apta para ser utilizada como oficinas, ni para ser habitada  por las fallas estructurales que tiene, lo que provocó que ahí quedara abandonada y el Instituto Electoral siguiera rentando el inmueble ubicado en la calle Eusebio Castillo donde al año se eroga más de un millón de pesos.    

Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo, Presidenta Provisional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, quiere meter a fuerza al personal de ese Instituto en el viejo edificio de la avenida periférico número 1206 de la colonia Tamulté de las Barrancas, propiedad del IEPCT. Desde su compra este inmueble generó el escándalo antes descrito y se convirtió en el más grande agravio cometido a una institución electoral del país por el alto sobreprecio de compra, que fue valorado inadecuado para las necesidades de la institución, el riesgo de estar asentado en un terreno en el que por debajo y a un costado del mismo pasan corrientes de agua y el peligro de su construcción. 

Para tratar de meter al personal por la fuerza a ese viejo edificio, según se dice, le recomendaron buscar al presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, A.C., Alfredo Villaseñor Negrete, con quien el 1° de diciembre del año pasado firmó de manera embozada un Contrato vestido de Convenio de Colaboración, para ocultar lo que realmente en el mismo se establece como por ejemplo su duración por cinco años, con el propósito entre otras cosas, de que el Colegio de acuerdo a la Cláusula segunda, inciso g, brinde “cualquier otra asesoría en materia de obra y de procesos relacionados con la materia, que el Instituto requiera; y h) Las demás previstas en este Convenio”, que son básicamente las relacionados con el edificio de Periférico, referidas en la primera cláusula a fin de “establecer entre las partes, las bases de coordinación para la realización de acciones necesarias, así como de interés mutuo que permitan utilizar a corto plazo el bien inmueble descrito en el punto 1.6 del apartado de Declaraciones del instituto del presente Convenio, a través de los estudios técnicos necesarios, dictámenes y propuestas de modificaciones, para el adecuado uso del inmueble y seguridad de las personas que lo ocupen”. El punto 1.6 que aquí se menciona se refiere a otra cosa, por lo que en realidad debió haberse dicho que es el 1.5 donde se encuentra inscrita la dirección del inmueble; bueno, ni en eso tuvieron cuidado.

Si bien el Colegio se cubre formalmente con el manto de que no es una asociación de lucro, lo cierto es que como reza el contrato, éste presentará “precios competitivos del mercado para la elaboración de proyectos, planos, asesorías, estructuras y estudios técnicos específicos o cualquier otro similar”, así como también que el Instituto cubrirá “los gastos extraordinarios que deriven de las actividades realizadas por personal del Colegio….. al precio más competitivo del mercado”; es decir, el Colegio actúa como cualquier particular y los trabajos se los dio y dará directamente su presidente a los socios o cuates, dado que como tal y ente administrativo no tiene personal específico destinado para este tipo de labores, por lo que tiene que encomendársela a sus agremiados y con ese amañado dizque convenio, la administración del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco eludió solicitar cotizaciones para dar el trabajo al mejor postor y por ese camino viaja la remodelación que determine el propio Colegio, que a final de cuentas por conducto de su presidente le será seguramente asignado a alguien de sus amigos, aunque declare la presidenta provisional que para la remodelación se hará una licitación nacional, que ya se sabe cómo terminará,  y así felices y contentos, Rosselvy y Villaseñor por su Convenio de ayuda mutua. Intentar revivir a un muerto trae sus consecuencias.

Por eso, el dictamen de seguridad estructural del edificio de periférico que le fue entregado al IEPCT el 3 de enero de éste año, lo realizó una empresa llamada “DVARISA INGENIEROS ASOCIADOS”, con oficinas de acuerdo a su publicitación en internet, en la calle Ejido número 504 de la Colonia Tamulté de las Barrancas a cargo de los Ingenieros Álvaro Sánchez López y Miguel Gutiérrez Arias; sin embargo, esa dirección es una casa en la que por lo menos por fuera no se advierte movimiento ni tampoco algún letrero o anuncio que la identifique como sede de la empresa.

Pero es más, ese dictamen conjuntamente con el Contrato y otros documentos relacionados con el edificio de periférico, entregados de manera sorpresiva a los integrantes del Consejo Estatal durante la sesión ordinaria de Consejo del mes de enero del presente año, si bien tiene responsable de elaboración, indebidamente está censurado por supuesta reserva de datos personales que no aplica, porque es sólo el nombre y el Consejo que es la máxima autoridad debería saber quién es la persona responsable del dictamen. Por eso y muchas cosas más, la transparencia que quiere presumir Rosselvy, son sólo palabras para ocultar la realidad de la tenebrosa oscuridad en la que se mueve, como lo es también su bandera de lucha de las mujeres por la igualdad de género y la no violencia contra ellas, pues al interior del propio Instituto es un secreto a voces  la versión de que ha ejercido violencia contra mujeres del IEPCT, como en este espacio hemos denunciado puntualmente, al grado de que en una ocasión el representante del ex partido Redes Sociales Progresista, en sesión de Consejo, se lo dijo; pero no solamente eso sino que solapa la de sus incondicionales y otros más.  

¿De qué tamaño es el compromiso de Rosselvy para dejar atado al IEPCT al Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, A.C., por cinco años, a efecto de que este tenga contrato en exclusiva durante ese lapso para ver todo lo relacionado con el edificio de periférico?, ¿por qué Rosselvy quiere desenterrar un muerto, que tiene visos de provocar un escándalo?, ¿es afán de notoriedad, de supuesta pulcritud o alguien la impulsa para engendrar problemas de carambola?, ¿por qué quienes integran el Consejo, es decir, consejeros electorales y representaciones de los partidos políticos han callado ante tal hecho, que no huele nada bien?, porque todos han callado y parece que seguirán callados,  ¿por qué se oculta el nombre del responsable del dictamen de seguridad estructural?, qué caso tiene ocultarlo si ya se sabe que empresa la hizo,  ¿será que el INE no tiene conocimiento de esto?, ¿por qué no interviene el INE para poner orden en el IEPCT?,  todo parece indicar que sobre el viejo edificio de éste Instituto ubicado en periférico número 1206 ha caído una maldición que lo persigue desde su compra, envuelta en problemas y ahora con el intento de su rehabilitación vuelve a revivir esa fantasma. 

En poco tiempo conforme se vayan desenvolviendo los acontecimientos, los propios involucrados con su actuar darán respuestas claras, que ya se advierten, a estas preguntas; sabremos su desenlace y cómo terminará todo esto que asoma desencadenar problemas mayores. Mientras tanto, el INE debería analizar los proyectos que ha votado Rosselvy y cómo ha votado y votará los que presente en su condición de Presidenta Provisional.

Es tanta la transparencia para no propiciar corrupción por parte de la Presidenta Provisional del Instituto Electoral con el Colegio de Ingenieros Civiles que en el convenio que firmaron el año pasado, en el octavo punto de la cláusula  establecen la confidencialidad: “las “partes” guardarán confidencialidad respecto de las actividades materiales de este convenio……. La confidencialidad aquí referida deberá guardarse durante el periodo de duración del presente convenio-cinco años-, así como en los tres (3) años siguientes a que termine este convenio”, es decir en total serán ocho años que nadie sabrá todo lo que hicieron referente a la rehabilitación ¿Por qué?, cuando el dinero que utilicen proviene del gobierno y por lo tanto es dinero público que debe saberse como se invirtió. 

Por lo pronto, los servicios del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco ya le ocasionó gastos económicos al Instituto Electoral pues el simple dictamen de seguridad estructural se erogó veinte mil pesos, incluido el IVA, y los gastos por el servicio de levantamiento arquitectónico y elaboración de planos, mas la elaboración de catálogo de conceptos y alcances y el presupuesto de obra, alcanzaron la módica cantidad de sesenta y nueve mil seiscientos pesos, que sumados a los veinte casi llega a los 90 mil pesos que en el mes de enero tuvo que erogar el Instituto, donde se nota que les sobra el dinero, mientras que la población que siga metida en la austeridad republicana del gobierno de cuarta.  

Mientras tanto el Colegio de Ingenieros Civiles presenta una revuelta en su interior por la próxima elección de su “junta de honor” donde su dirigente, Alfredo Villaseñor quiere tener mano para tener una junta a modo. 

                                              OJITOS 

Durante la pasada visita a Villahermosa del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández para presidir una reunión encubierta de la reforma eléctrica donde en realidad se trató el asunto de la revocación de mandato, los celos políticos estuvieron a la orden del día, pues me cuentan que el diputado federal, Mario Llergo Latournieri, mejor conocido como su amigos como el perro Llergo, se puso verde del coraje cuando Adán se refirió al también legislador federal, Marco Rosendo Medina Filigran, a quien un conocido columnista bautizó con el mote de “Chendo jícara” como “mi hermano”, como compañero de la lucha política.

Desde luego que muchos se imaginaron que ese cumplido de Adán hacia Marco Rosendo, quien fuera su secretario de Gobierno en Tabasco, es porque lo quiere y lo adora, pero en el fondo se trató de un dardo envenenado que le lanzaron a  Marcos Rosendo, quien siempre ha jalado cono Pepín López, y forman parte del equipo de promoción de Javier May Rodríguez para que sea el candidato de Morena al gobierno del estado en 2024, mientras que el equipo de Adán también trabaja para el candidato a gobernador que debe salir de su grupo. Se pone interesante el ambiente político en Tabasco.