CAEN LOS PRIMEROS INTOCABLES

OJO VISOR

Jacinto López Cruz

Jaclop62@hotmail.com

Cuando se avizoraba que la impunidad seguiría prevaleciendo por encima de las leyes mexicanas, ayer martes un juez federal giró  una orden de aprehensión en contra de quien hasta el sexenio pasado fuera intocable, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras que en Mallorca, España, era detenido Alonso Encira Elizondo, director General de Altos Hornos de México cuya sede está en Coahuila, a ambos se le acusa de defraudar a Pemex.

Previo a la orden de aprehensión por lo que se presume que ambos personas tuvieron tiempo para escapar de México, aunque uno ya fue capturado en España, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas bancarias de Emilio Lozoya; de su hermana, Susana Gilda; así como de la empresa Altos Hornos de México- propiedad de Alonso Encira-, que ante este hecho lanzó un comunicado acusando a las autoridades hacendarias de actuar de manera arbitraria afectando a más de veinte mil trabajadores, a miles de proveedores, y terceros que integran la larga cadena industrial con los que la compañía tiene relaciones de negocios.  

Emilio Lozoya recibió el primer avisó de lo que se le venía encima, el 22 de mayo cuando la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por un periodo de diez años para ostentar un cargo público, debido a que proporcionó información falsa en su declaración patrimonial, mientras que el segundo aviso le llegó este lunes cuando se dio a conocer que sus cuentas bancarias del país se habían congelado y se buscaba que las que tiene en el extranjero también se congelaran.

De acuerdo a la información que ha fluido del mismo gobierno, las acciones encaminadas a detener a Lozoya y Ancira se derivan de la compra que realizó en 2014  Petróleos Mexicanos a la empresa Altos Hornos de México que consistió en una planta de fertilizantes por una cantidad cercana a los 620 millones de dólares que era pura chatarra, misma que estaba valuada en tan solo  50 millones de dólares, por lo que se deduce que se confabularon para defraudar a la empresa productiva del Estado, dilapidando los recursos públicos para beneficiar a particulares, de allí que se decidiera a actuar con toda energía en contra de estas dos personas, acusadas de defraudación en contra del erario público.

De igual manera, Lozoya Austin ha sido señalado de haber recibido cerca de 3.5 millones de dólares en sobornos por parte de la empresa petrolera Odebrecht, que presuntamente había servido para financiar la campaña electoral del expresidente de la República, Enrique Peña Nieto en 2012, mismo que confesaron integrantes de esta empresa detenidos en Brasil luego de que se desató el escándalo internacional de sobornos que Odebrecht entregó en varios países para ser favorecidos con contratos petroleros.

Por su parte en el caso de Alonso Ancira Elizondo, la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, detectaron transferencias irregulares desde las cuentas de Altos Hornos de México (AHMSA) a empresas Outsourcing  que están ligadas a la empresa brasileña Odebrecht y al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, mismas que sirvieron para los sobornos a funcionarios públicos. 

A partir de la detención de Alonso Encira, y de que se espera que también pronto caiga en poder de la Fiscalía General de la República, Emilio Lozoya Austin, toda la podredumbre, la corrupción saldrá a relucir, donde seguramente hay otras personas vinculadas al ilícito negocio de defraudar las finanzas públicas de Petróleos Mexicanos, que también salpicará al expresidente de la República, Enrique Peña Nieto pues Lozoya era uno de sus hombres de confianza por eso lo puso en la dirección General de Petróleos Mexicanos, donde diversas publicaciones lo acusaban de estar cometiendo actos de corrupción, incluso, el ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, siendo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales,  adscrita a la entonces Procuraduría General de la República perdió su cargo, porque precisamente estaba investigando a Emilio Lozoya en relación a los sobornos recibidos por Odebrecht que presuntamente sirvieron para financiar la campaña en 2012 de Enrique Peña Nieto.

Santiago Nieto, a quien le quedó clavada la espina de su ilegal destitución ordenado por el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, porque seguramente afectaría sus intereses, perdió su cargo, pero no desistió de su propósito de seguir de cerca esta investigación, de allí, que al llegar a la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera con todos los actos que tenía  en su poder fue armando el rompecabezas de la corrupción que encabezó el exdirector de Petróleos Mexicanos por lo que ahora desde Hacienda se pudo tener todos los hilos conductores que finalmente ha llevado a un juez de distrito a liberar la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, que donde quiera que se esconda lo van a encontrar para regresarlo a México, porque seguramente ya está en otro país, así como Ancira ya se encontraba en Mallorca, España,

La detención y la orden de aprehensión de quienes en el sexenio del expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, eran intocables, sin duda elevarán los bonos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien dio su venia o visto bueno para que se realizaran las investigaciones a fondo porque  no debe haber intocables en el país, y porque precisamente uno de sus compromisos de campaña fue el combate a la corrupción por el que estaba recibiendo serios reclamos pues no se veía que su gobierno fuera a actuar, pero con esta acción ya puso a temblar a decenas de exfuncionarios públicos que le metieron las uñas al presupuesto público en los cargos que ocuparon, porque después de esto, quienes en el sexenio pasado defraudaron al erario público ya no se sentirán seguros en el país, porque también se les puede abrir un proceso penal. 

La orden de aprehensión de Lozoya, golpea fuertemente al expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien hizo hasta lo imposible por proteger al exdirector de Pemex para que nunca se supiera la verdad de la defraudación que se realizó, pues la antigua Procuraduría General de la República dio carpetazo a la investigación penal que venía realizando  Santiago Nieto Castillo, pero lo que no contaban es que en este gobierno, Nieto sería colocado en un puesto clave como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, donde finalmente se detectaron las irregularidades cometidas, que todavía traerá mucha cola porque hay más involucrados, a quienes es posible que también se les vincule a proceso penal por su participación en el descarado robo de los recursos públicos de Petróleos Mexicanos.

Así como a nivel nacional se ha dado este importante paso en el combate a la corrupción, también se espera que las autoridades estatales de Tabasco, salgan del marasmo y también comiencen a aplicar la ley a los exfuncionarios públicos de la anterior administración estatal que defraudaron al erario público, porque esos recursos económicos se tienen que devolver, sobre todo, en este momento en que tanta falta le están haciendo a la entidad.

El gobernador ha dicho que hay mas de tres mil 500 millones de pesos volando en el aire, pues nadie supo, nadie sabe en que se invirtieron pues no está documentando, por lo que se tiene que actuar con la ley en la mano, de tal manera que es necesario que se comiencen a caer las primeras cabezas de exfuncionarios públicos sobre todo exsecretarios que integraron el gabinete Nuñista, que sin el menor recato o temor le metieron los dientes y las uñas al presupuesto público, por lo que también sobrevino la crisis económica que se vivió a finales de ese sexenio en  2018. 

En Tabasco tampoco debe haber intocables, ni mucho menos que se diga que hay contubernio de la anterior administración con la actual para no investigar, para no castigar con todo el rigor de la ley a quienes desviaron los recursos públicos que debieron utilizarse en beneficio de la población. Cuando caigan los primeros se verá que siempre no hubo acuerdos subterráneos para no ser castigados quienes abusaron de los recursos públicos.

                                              OJITOS 

  La Comisión permanente del Congreso local, recepcionó la iniciativa de reforma a la Ley Electoral de Tabasco y la leyes orgánica de los municipios para reducir el número de síndicos de Hacienda y regidores, enviada por el Gobernador del Estado, Adán Augusto López Hernández con lo cual se espera lograr un ahorro sustancial de las finanzas públicas. 

La coordinadora parlamentaria del PVEM, Odette Carolina Lastra García, dio lectura a la propuesta de proyecto de decreto del jefe del Ejecutivo estatal, mediante el cual, se busca reorientar el ahorro que se genere de esta nueva adecuación,  por lo que de ser aprobada implicaría la reducción de 220 a 85 regidores en Tabasco, ya que la propuesta considera que el criterio de cantidad de regidores por número de población ha sido superado, "y se requiere su reducción en aras de la austeridad". 

Actualmente los cuerpos edilicios de los 17 municipios del estado de Tabasco se conforman de un total de 220 regidores, por lo que con la aprobación de la presente iniciativa se reduciría para quedar en 85, es decir se reduciría un 61 por ciento las regidurías, esto representaría un ahorro significativo en las finanzas de los municipios. 

En el mismo documento, se señaló que con base en los tabuladores establecidos en los Presupuestos de Egresos para el   ejercicio fiscal 2019 de cada uno de los municipios,  publicados en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, se realizó una proyección del costo que supone para el erario público el actual número de regidores, para ello se consideró el monto total de sus percepciones mensuales, sin tomar en cuenta lo que corresponde al presidente municipal y al primer síndico de Hacienda, así se obtuvo que el monto mensual va de los $3'040,525.19 (tres millones cuarenta mil quinientos veinticinco pesos 19/100 M. N.) como mínimo, hasta los $13'490,382.75 (trece millones cuatrocientos noventa mil trescientos ochenta y dos 75/100 M. N.) como máximo; lo que representa un total anual mínimo de $36'486,307.36 (treinta y seis millones cuatrocientos ochenta y seis mil trescientos siete pesos 36/100 M. N.) y máximo de $171'484,592.96 (ciento setenta y un millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos noventa y dos pesos 96/100 M. N.).

La legisladora refirió que derivado de un análisis de la cifras obtenidas, se concluyó que la reducción de los regidores implicaría un ahorro significativo para los ayuntamientos, lo cual propiciaría, entre otras cosas, el redireccionamiento del gasto público a fin de poder ser destinado a áreas prioritarias en la planeación del desarrollo municipal, procurando de esta manera la rectoría del Estado, como un principio constitucional que descansa en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política México.

"El ahorro aproximado mensualmente, sería cuando menos de $2'019,033.29 (dos millones diecinueve mil treinta y tres pesos 29/100 M. N.) hasta los $11'543,193.70 (once millones quinientos cuarenta y tres mil ciento noventa y tres pesos 70/100 M. N.); y anualmente un mínimo de $24'504,400.48 (veinticuatro millones quinientos cuatro mil cuatrocientos pesos 48/100 M. N.),  hasta los $116'552,372.12 (ciento dieciséis millones quinientos cincuenta y dos mil trecientos setenta y dos pesos", reiteró.