La detención de Clisceria Rodríguez Alvarado, ex-directora de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) durante el periodo gubernamental de Andrés Rafael Granier Melo, actualmente preso en el Distrito Federal, es el comienzo de una serie de aprehensiones de ex-funcionarios granieristas de primero y segundo nivel que sin el menor pudor le hincaron los dientes al presupuesto público en detrimento de la sociedad tabasqueña, con lo que se demuestra que el gobernador Arturo Núñez no está jugando y que su compromiso asumido durante su toma de protesta como gobernador de que no habrá impunidad para los saqueadores va muy en serio. Luego de que inició el gobierno de Arturo Núñez Jiménez con el compromiso asumido de que no habría perdón, ni olvido, para los que saquearon las arcas públicas, eso sí, sin que hubiera una cacería de brujas, con el paso de los meses, arreció una serie de cuestionamientos en torno al mismo gobierno estatal de que ya estaba protegiendo al ex-gobernador del estado, Andrés Rafael Granier melo y sus principales colaboradores, luego de que la Contralora presentara varias denuncias penales en las que se tuvo que decir que no aparecía el nombre del ex-gobernador como indiciado porque hasta ese momento no se tenía pruebas de su presunta responsabilidad en el saqueo a las arcas públicas que también se había denunciado en los primeros días de enero de este año. Uno de los funcionarios blanco de los ataques perniciosos, que sin razón se vertían, de que estaba protegiendo al ex-gobernador Granier porque durante su administración había fungido como diputado local y que incluso le había aprobado sus cuentas públicas de 2010 y 2011, fue y sigue siendo el Procurador de Justicia, Fernando Valenzuela Pernas, quien aguantó la embestida a pie firme, sabiendo que venía realizando su trabajo en forma institucional, recabando todos los elementos de causa que permitiera integrar las Averiguaciones Previas contra todos los presuntos involucrados para consignarlas y obtener las respectivas ordenes de aprehensión para actuar en consecuencia en sus localizaciones. Incluso, los cuestionamientos en su contra arreciaron, luego de que se detuviera en el norte del país, al ex-secretario de Administración y Finanzas del gobierno granierista, José Manuel Saiz Pineda, cuando intentaba pasar a los Estados Unidos, siendo traído a Tabasco por las autoridades federales para ser presentado a declarar ante la Procuraduría General de Justicia que ya lo había requerido como parte de las indagatorias que ya se realizaban. A pernas se le increpó acremente de que teniendo en sus manos a Saiz Pineda lo hubiera dejado ir, y que si no hubiera sido por la Procuraduría General de la República que lo detuvo, no estuviera en prisión, señalamientos infundados o de mala fe que buscaban poner en entredicho la labor que venía realizando el procurador, cuando gracias a la colaboración de Fernando Valenzuela Pernas que se coordinó con el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, se habían logrado las aprehensiones tanto de Granier como de Saiz, ya que fue el gobierno tabasqueño quien aportó las pruebas fundamentales para que la PGR consignara los expedientes penales de los ahora presidiarios para que se les dictara las respectivas ordenes de aprehensión pese a que solamente fue por defraudación fiscal, dejando la autoridad federal que la tabasqueña prosiguiera configurando los delitos correspondientes del saqueo perpetrado a las arcas públicas que había lesionado no solamente a las instituciones públicas sino a la misma sociedad tabasqueña que en los meses de noviembre y diciembre padecieron en los hospitales del sector salud un verdadero calvario, equiparado al delito de lesa humanidad por la falta de medicamentos y utensilios de primeros auxilios que se requerían para atender a los enfermos, incluso presentándose algunas defunciones, por lo que con urgencia el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, mandó ayuda urgente por medio de la secretaria de salud federal. Todo eso lo sabe la sociedad tabasqueña. Ni la detención de Andrés Granier y Saiz Pineda, detuvieron la avalancha de descalificaciones en contra del gobierno nuñista, en especial del Procurador de Justicia, Fernando Valenzuela, aduciendo que si no fuera por el gobierno federal, ni el ex-gobernador, ni el ex-secretario de Finanzas estuvieran en la cárcel, y que hasta ahí llegaría el asunto, que solo se trataba de una faramalla, porque los principales colaboradores de Granier se paseaban en la calle y se burlaban del gobierno del cambio verdadero, pero hacia adentro del gabinete se tenía la certeza de lo que se estaba haciendo, que se tenía que actuar con meticulosidad para evitar que los presuntos señalados que ya se vio tienen dinero para contratar a los mejores bufetes jurídicos que se dicen especialistas en derecho penal, pudieran librar fácilmente la acción de la justicia. La compra de dos ex-funcionarios importantes de la Contraloría de Gobierno, por parte del bufete de Javier Olea, cuyo pagadores fueron señalados que eran Miguel Alberto Romero Pérez y Enrique Pons Franco, donde por cierto tuvo que actuar la propia Procuraduría General de Justicia para evitar la sustracción de pruebas vitales en contra de Saiz Pineda, más los señalamientos mordaces de un presunto Juez (Dorilian Moscoso) el pasado miércoles 23 de octubre en el noticiero Tabasco Hoy Radio que conduce el periodista Juan Urcola, quien fue sorprendido en su buena fe, porque cuando se hace un noticiero radiofónico en vivo se supone que todos los que llaman telefónicamente para denunciar algo, también lo hacen de buena fe, dio la pauta para analizar que estaban en puerta diversas órdenes de aprehensión contra ex-funcionarios granieristas de primer nivel, y donde de nueva, cuenta los emisarios del pasado que tienen infiltrada a la Administración Pública estatal recibieron el pitazo y en consecuencia actuaron de manera alevosa para intentar desestabilizar a las autoridades judiciales ante la opinión pública al decir públicamente que había renunciado a su cargo porque había recibido amenazas y presiones, tanto de la Procuraduría General de Justicia, incluso del Poder Judicial para liberar ordenes de aprehensión en contra de ex-funcionarios granieritas cuando no había sustento legal para hacerlo, pero la oportuna intervención del mismo procurador Pernas, de las autoridades del Poder Judicial y del mismo ex-juez Dorilian Moscoso que desde Mazatlán, Sinaloa envió una carta y llamó al mismo noticiero para desmentir esa versión, lograron echar por tierra el objetivo que perseguían los que sí fraguaron como poner entredicho y hasta parar las ordenes de aprehensión que ya estaban listas. La detención de Cilsceria Rodríguez Alvarado, no fue una cuestión fortuita, tampoco se trata de un golpe mediático previo al primer informe del gobernador Arturo Núñez, se trata de una acción de la justicia que durante casi diez meses trabajó a marchas forzadas para tener todos los elementos de causa que permitieron consignar las Averiguaciones Previas para lograr las ordednes de aprehensión, porque no se trata nada mas de Clisceria, de trata de varios ex-secretarios del gabinete granierista señalados por la misma opinión pública de haberse robado el presupuesto público cuyas órdenes de aprehensión ya están listas, se trata de varios ex-subsecretarios granieristas, de ex-directores Administrativos, varios de ellos cercanos a Fabián Granier Calles, quien también es prófugo de la justicia, y que dispusieron a sus anchas del presupuesto público, pero no nada más están involucrados ex-funcionarios también hay propietarios o representantes legales de varias empresas que se utilizaron o sirvieron para blanquear el dinero que se sustrajo de las arcas públicas, y que en los próximos días se sabrá de quienes se trata, porque fue toda una red de complicidades que se dieron en el sexenio granierista para quienes no habrá ni perdón, ni olvido, por parte de la administración nuñista ya que forma parte de una exigencia de la misma sociedad tabasqueña que viene exigiendo cárcel para los saqueadores. Es claro que con la aprehensión de Clisceria Rodríguez Alvarado al salir de una comparecencia en la Procuraduría General de Justicia, más otras aprehensiones que se darán en los próximos días de varios ex-secretarios, el gobernador Arturo Núñez llegará fuerte a su primer informe de Gobierno, porque le rendirá buenas cuentas al pueblo de Tabasco, que esperaba más, pero que no se ha podido por diversos factores, entre estos, la deficiencia de algunos funcionarios de primer nivel, pero aún más porque el daño a las arcas públicas que fue enorme y hay costos que se están pagando porque la secretaría de Hacienda se venía cobrando a lo chino con las partidas presupuestales que se supone asignaba en el papel al estado, pero en los hechos, el dinero lo retenía, y digo que llegará fuerte porque su compromiso de meter a la cárcel a los granieristas saqueadores lo está cumpliendo, y de aquí al diez de noviembre habrán otras sorpresas; igualmente quien se fortalece con esto, es el Procurador de Justicia, Fernando Valenzuela Pernas, porque está dando resultados.
OJITOS
En lo que se considera como un espaldarazo al gobernador Arturo Núñez, porque hay que decirlo existe una buena relación entre el gobierno estatal y el federal, hoy miércoles llega a la entidad el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, acompañado del secretario de Educación, Emilio Chauffet Chemor, quienes junto con el gobernador Núñez harán la entrega de laptops a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria en la Villa Parrilla, municipio de Centro, lo que sin duda es un gran impulso a la educación en Tabasco, porque todos los estudiantes de la entidad de quinto y sexto grado recibirán su computadora portátil. Y es doblemente significativa la entrega de laptops porque se hace en un municipio que es gobernado por un edil neoperredista como Humberto de los Santos Bertruy, quien en corto busca congraciarse con Andrés Manuel López Obrador. Mensajes son mensajes.
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