miércoles, 6 de noviembre de 2019

REPRUEBAN CUENTAS PUBLICAS

OJO VISOR
Jacinto López Cruz
Jacloip62@hotmail.com


Con la reprobación de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018 del Poder Ejecutivo y Judicial, como de doce ayuntamientos por parte de la 63 legislatura local, se espera que no quede en el limbo como ha pasado en otros sexenios, sino que se aplique la ley a los infractores, pero sobre todo, que se recupere la mayor parte de los recursos públicos que fueron desviados y no utilizados en las obras de interés social.
A diferencia del año pasado cuando la fracción mayoritaria de Moren aprobó la cuenta pública 2017 de Arturo Núñez que les ocasionó el repudió de la ciudadanía, en esta ocasión la cuenta pública 2018 que adolece de serias irregularidades pues no se comprobaron con documentación fehaciente más de cuatro mil millones de pesos fue reprobada por mayoría de votos, los morenistas no cometieron dos veces el mismo error. En tres de las dependencias de gobierno, seguridad, educación y salud fue  donde se encontraron la mayoría de las irregularidades-desviaciones- al presupuesto público que se les asignó en donde es indudable que la mayor responsabilidad recae en los respectivos ex-secretarios, por lo que se espera que el Organo Superior de Fiscalización ahora que ya está reprobada dicha cuenta proceda a presentar las demandas penales y administrativas en contra de los responsables para buscar el resarcimiento de los recursos públicos desviados, en lo que se espera que también sea implicado el ex-gobernador Núñez como responsable directo del gobierno estatal, aunque sigue persistiendo la duda de que sea enjuiciado, por lo que hay que esperar el desarrollo de todo el procedimiento para conocer el rumbo que tomen las demandas.
Pero no solamente fue reprobada la cuenta pública del Ejecutivo, también fue reprobada la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 del Poder Judicial que estuvo a cargo de Jorge Priego Solís (a) Joloche en su calidad de magistrado presidente, quien no pudo comprobar la cantidad de 104 millones de pesos, por lo que como decimos en nuestro argot “esta adentro” ya que difícilmente podrpa devolverlo, por lo que seguramente también será demandado penalmente por el Organo Superior de Fiscalización  junto con otros ex-funcionarios del Poder Judicial que están implicados en la desviación de recursos públicos para que devuelvan los recursos públicos que fueron desviados para otros fines y no para procurar justicia a la población.
Ya encarrerados, el pleno del Congreso local también reprobó las cuentas publicas de los ayuntamientos de Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Huimanguillo, Jalapa, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique; mientras que la cuenta pública del municipio de Jonuta fue regresado a la Comisión dictaminadora. En tanto que fueron aprobadas las cuentas publicas de los ayuntamientos de Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata y Jalpa de Méndez.
También fueron aprobadas las cuentas públicas del Poder Legislativo, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), de la Fiscalía General del Estado (FGE), del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), del Tribunal Electoral de Tabasco (TET), del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), y del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
En la historia política del estado, es la primera vez que una legislatura, ahora integrado en su mayoría por legisladores morenistas reprueba la cuenta pública del Ejecutivo y del Judicial, así como doce cuentas públicas de igual número de ayuntamientos, son muchas cuentas que equivale a muchas irregularidades detectadas, por lo que al parecer las cosas van en serio ya que se pretende combatir la corrupción, pero no hay que echar las campas al vuelo porque en realidad habrá de observarse quienes verdaderamente serán castigados con el encarcelamiento o serán obligados a resarcir el daño a la Hacienda Pública, porque no vaya a suceder que con el pasado de las semanas y los meses las cosas vayan quedando en el olvido, y ninguno de los infractores sea castigado de acuerdo a las disposiciones legales, porque si eso sucede generaría un enorme desencanto entre la población que está exigiendo cárcel para los defraudadores del erario publico, pero además, el gobierno morenista caro pagaría el no aplicar la ley a los ex-funcionarios públicos, porque la misma ciudadanía de Tabasco que está muy politizada se los cobraría en las elecciones intermedias de 2012.
Hay que recordar que en sexenios anteriores, varias cuentas publicas de los ayuntamientos fueron reprobados y se echaron las campanas al vuelo de que los ex-presidentes municipales y sus principales colaboradores serían encarcelados y obligados a devolver lo defraudado, pero con el paso de los meses, todo fue cayendo en el olvido, por lo que nadie fue castigado, ni muchos menos devolvieron los recursos públicos que se embolsaron, por lo que la ciudadanía espera que en este sexenio las cosas se hagan de manera diferente, que realmente se castigue a los responsables, pero sobre todo que reintegren los recursos públicos defraudados ahora que se necesitan recursos económicos para invertirlos en el desarrollo social y en las obras prioritarias que requiere las diferentes comunidades de todo el estado. El dinero que se recupere bien podría servir para rehabilitar las diferentes carreteras de la entidad que en su mayoría están despezados porque no se les dio el mantenimiento que requerían y ahora prácticamente se tienen que rehabilitar en su totalidad, porque de plano hay tramos completamente inservibles. 
De acuerdo a los informes técnicos que el Organo Superior de Fiscalización (OSFE) entregó al Congreso del estado, hay cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018 cuyo montó hacen insostenible su devolución por lo que es mas probable que haya cárcel como en el caso del ex-alcalde de Macuspana,  José Eduardo Rovirosa Ramírez, mejor conocido como Cuco Rovirosa cuya desviación presupuestal de los tres años de su administración porque no los pudo solventar alcanzan la nada despreciable suma de 355 millones 654 mil pesos, que corresponde a casi un año del presupuesto del ayuntamiento de Macuspana, Cuco quien fuera alcalde durante el gobierno de Manuel Andrade, también le reprobaron una cuenta pública por desviación de recursos por lo que se creía que en aquella ocasión iría a la cárcel pero la libró, ahora con el gobierno de la Cuarta Transformación cuya premisa es combatir a fondo la corrupción es probable que no corra con la misma suerte y ahora si sea encarcelado para sentar un precedente de que el dinero público debe de utilizarse para lo que está destinado y no para embolsárselo.
El ayuntamiento de Balancán que encabezó,  Mario Bocanegra y que prosiguió el morenista Saúl Plancarte no solventaron en total 31 millones, 151 mil pesos;
la ex-alcaldesa priísta Gabriela López Sanlucar y la actual Guadalupe Cruz Izquierdo (Morena) tienen pendientes de solventar 8 millones 27 mil pesos; el ayuntamiento de Teapa del ex-edil  del PVEM, Jorge Armando Cano Gómez, y la actual edil Tey Mollinedo (Morena) tienen pendientes de aclarar 24 millones 91 mil pesos; Tacotalpa, del ex-presidente municipal priista,  Efraín Narváez y Tomiris Domínguez no comprobaron 20 millones 261 mil pesos, mientras que la ex-edil perredista de Jalapa,  Esperanza Méndez, y la Morenista, María Asunción Silván, no solventaron 20 millones 393 mil pesos.
Como para que la acuña apriete tiene que ser del mismo palo, el Congreso del Estado reprobó las cuentas públicas 2018 por parejo, a los ex-alcaldes en su mayoría perredistas, junto con los actuales alcaldes de Morena que tampoco solventaron recursos económicos, ya que hay que recordar que los actuales alcaldes entraron al cargo público en octubre de 2018 y por lo tanto les correspondieron tres meses del ejercicio fiscal 2018 que ejercieron pero que en varios casos no pudieron solventar la utilización de recursos públicos.
                                  OJITOS
En relación a la reprobación de las cuentas públicas 2018 que fueron reprobadas ayer por el pleno del Congreso local, el ayuntamiento de Centro a cargo de Evaristo Hernández Cruz, a quien se le observó cerca de 40 millones de pesos ayer mismo fijo una postura en la que el mismo alcalde estableció que su administración que inició funciones a partir del 5 de octubre de 2018, no enfrenta problema alguno de desvío de recursos públicos, sino cuestiones técnicas que ya fueron solventadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco.
Al paso de información distorsionada y fuera de objetividad, el alcalde Evaristo Hernández Cruz, aclaró que todo el asunto es la máquina recicladora de asfalto, popularmente conocida como “El Dragón”, por lo que esta administración municipal respondió en tiempo y forma todas las observaciones realizadas por el OSFE, órgano técnico desconcentrado que apoya al Congreso del Estado en el desempeño de sus atribuciones de fiscalización.
Evaristo Hernández rememoró que desde que empezaron a cuestionar el paradero de “El Dragón”, se informó vía oficio pormenorizando todo lo relacionado a esta asfaltadora que se encontraba rehabilitándose en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la cual desde hace dos meses ya se encuentra aquí en Villahermosa.
“Ya se les mandó la carta donde se les dice que aquí está ‘El Dragón’, que cuando quieran ir a supervisarlo lo hagan, ya fue incluso la comisión encargada de Obras Públicas del Congreso del Estado, ellos dieron cuenta que ahí está, fue gente del Órgano Superior de Fiscalización, sin embargo no nos han dado la resolución de la misma, ese es el único problema”, explicó el mandatario municipal.
Agregó que es una cuestión técnica nada más, pero además, la máquina recicladora costó en aquel tiempo 43 millones (periodo 2007-2009) y se mandó a arreglar por 16 millones; y nos hacen la aclaración por 43 millones, “eso se ve de mala fe”, señaló.
Hernández Cruz insistió en que “El Dragón” ya está aquí y siguen insistiendo, ellos, por su lado, “no han querido darnos el resolutivo de la observación, cuando ya tenemos todo solventado”, puntualizó.
                                       VISORCITO
El grupo parlamentario del PRI, en el Congreso local, exigió al Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) que interponga denuncias bien sustentadas ante las autoridades correspondientes para que se sancione a los ex-funcionarios estatales responsables de irregularidades en el manejo de recursos públicos en el 2018.
Nicolás Bellizia Aboaf, dijo a los ciudadanos que "no se confíen", pues la reprobación de la cuenta pública 2018 del gobierno de Arturo Núñez no significa que en lo inmediato vaya a encarcelarse al ex-mandatario o que a la brevedad vayan a recuperarse los recursos públicos desviados.
Manifestó que eso dependerá de que el OSFE integre bien los expedientes y presente denuncias sólidas, y no vaya a salir después que todo fue solventado.
"Falta un largo y tortuoso camino aún por recorrer y sucederá  siempre y cuando el Órgano Superior de Fiscalización, a quien se le está delegando la facultad, integre bien los expedientes", dijo Bellizia Aboaf, quien precisó que  si la instancia fiscalizadora no hace bien su trabajo, se corre el riesgo de que el ex- gobernador Núñez y sus ex funcionarios tengan impunidad y disfruten de sus riquezas mal habidas.

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