AUDOMARO NO VA A SEDENA

OJO VISOR

Jacinto López Cruz

Jaclop62@hotmail.com

Luego de que él mismo dejara correr la versión de que tenía contemplado al general en retiro, Audomaro Martínez Zapata como el posible titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ayer el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador confirmó que siempre no va, ya que para ese cargo se buscará a un militar en activo, pues es lo más conveniente.

Luego de que llovieran las críticas por la versión de la posible incorporación del ex-secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Audomaro Martínez como titular de la Sedena, quien en 2006 y 2012 fuera su jefe de seguridad en su campaña presidencial, AMLO precisó que: “él –Audomaro-no puede, porque tiene que ser un general en activo el próximo secretario de la Defensa Nacional, como  va a ser un almirante el secretario de Marina”.

A su arribo al aeropuerto internacional de la ciudad de Villahermosa para viajar a la ciudad de México, después de cuatro días de descanso en su rancho “La Chingada” de Palenque Chiapas, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador fue interrogado por los medios de comunicación sobre la posibilidad de que Audomaro fuera el titular  y cuando sería la fecha en la que  daría a conocer el nombre del Secretario de la Defensa Nacional -¿cuándo se dará a conocer el nombre? –“más adelante porque vamos a hacer una buena elección para que en estas dos instituciones que son fundamentales se tengan buenos mandos", respondió AMLO.

De igual manera, reiteró que de manera personal no va a recurrir al Estado Mayor Presidencial para su seguridad y por el contrario recurrirá a una "ayudantía" con civiles para coordinar la logística de sus eventos y viajes oficiales.

Esta rectificación de que siempre no será Audomaro Martínez Zapata el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que será un general de división en actico, demuestra que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador no es reacio a las críticas cuando se hacen para bien, y que está presto a rectificar en cuanto a los posibles nombramientos de sus colaboradores que tendrá que realizar antes de que asuma el mando del país, lo cual muestra su faceta de político conciliador, de que sabe escuchar, luego de las versiones que se publicaron en contra del ex-secretario de Seguridad Pública que dejó un mal sabor de boca entre la población tabasqueña, pues su desempeño dejó mucho que desear cuando se esperaba que a su paso por la dependencia de seguridad demostrara su conocimiento y eficiencia para el combate y la prevención de la delincuencia que lejos de disminuir se incrementó, al grado que durante las campañas políticas al gobierno del estado, dos de los temas recurrentes que los propios candidatos al gobierno escucharon de la población fue precisamente el de combatir la inseguridad en todos sus rubros que ahuyentan las inversiones y la reactivación del  empleo que se desplomó brutalmente ante la caída del precio del petróleo que originó que empresas que prestaban sus servicios a Petróleos Mexicanos se vieran obligados a despedir a miles de trabajadores y abandonaran tierras tabasqueñas.

En cuanto a la multa de 197 millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral le aplicó a Morena por el mal uso del Fideicomiso que se creó para el apoyo de damnificados del terremoto del 19 de septiembre de 2017, pero que fue utilizado para financiar a sus candidatos,  el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó la actitud del INE y dijo que se trató de un acto de vénganse, sobre todo del consejero electoral Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, pero que impugnarán dicha multa ante los tribunales electorales, ya que a juicio de AMLO no se cometió ninguna irregularidad, pero el consejero electoral aludido no piensa lo mismo, sino que en su columna de ayer en el diario nacional Milenio, hace un detallado recuento de la violación a la ley que realizó el Partido Movimiento de Regeneración Nacional justo cuando Andrés Manuel era su dirigente, Fideicomiso que fue constituido el 25 de septiembre en Banca Afirme con número 73803.

Textualmente, el consejero electoral del INE, Ciro Murayama explicó lo siguiente: “En lo que toca a la operación del fideicomiso, entre el 26 de septiembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018 ingresaron 78.8 millones de pesos, de los cuales 44.4 millones, 56 por ciento de los recursos, fueron atípicos depósitos en efectivo, lo cual estaba incluso prohibido desde la celebración del contrato del fideicomiso, por lo que esos recursos debían haber sido rechazados. En vez de ello, el Comité Técnico asignó esas cifras entre los fideicomitentes, es decir, hicieron suyo ese dinero de origen desconocido y dispusieron de él.

Ningún partido puede manejar dinero opaco, cuya fuente no sea conocida y solo es válido el dinero privado que aportan, con plena identificación, personas físicas. Pero aquí ocurrió lo contrario, pues se documenta con fichas de depósito bancarias, con pruebas plenas, un modus operandi irregular para llevar dinero de origen desconocido al fideicomiso. Se realizan operaciones con diferencia mínima de segundos, casi siempre por 50 mil pesos, en las que se ingresan en siete días 44 por ciento de estos recursos en unas cuantas sucursales. Incluso acudimos a los videos de las cajas bancarias donde se aprecia un pequeño grupo de personas que se forman una y otra vez ingresando dinero en efectivo al fideicomiso. Fue una acción concatenada, orquestada, coordinada. Lo que esta autoridad no puede conocer es quién está detrás de esa suma de 44 millones de pesos en efectivo que recibió el fideicomiso. Damos vista a la Fepade para que investigue.

Del dinero en que sí se conoce al aportante, cabe señalar que 12.5 millones de pesos corresponden a 56 personas directamente relacionadas con Morena, o bien son legisladores de las bancadas del partido o fueron sus candidatos en este proceso electoral 2017-2018.

Por último, en lo que toca a los ingresos, en la investigación del INE se identifican recursos por 3.2 millones de pesos provenientes de empresas, entes impedidos por la ley para aportar recursos a los partidos.

En los egresos del fideicomiso, al 31 de mayo de 2018 habían salido 64.5 millones de pesos a través de cheques de caja que, al ser cambiados a efectivo, impidieron seguir el rastro del dinero. Aquí nos enfrentamos a algo similar al caso Pemexgate, cuando se cobró dinero en efectivo: no sabemos en qué se usó ni por quién. Y por ello no es posible determinar gasto de campaña. Eso sí, es preciso señalar que documentamos que por instrucción del Comité Técnico del Fideicomiso, las personas físicas que cobraron los cheques en su enorme mayoría, 80 por ciento tiene relación directa con Morena: son miembros de órganos directivos, están en su nómina o son militantes o candidatos. Lo anterior permite concluir que se trató de un grupo de personas organizadas y relacionadas entre sí alrededor del mismo partido político.

Como se puede ver no se trata de una conducta irregular aislada, sino de toda una trama de financiamiento paralela: se constituye una figura permitida, un fideicomiso, pero se incumple la obligación de informar a

la autoridad; el fin de este fideicomiso, dar dinero a la población, es ilegal para un partido, después, se nutre de recursos en su mayoría de procedencia prohibida, como los de origen desconocido y los de empresas, luego se saca el dinero en efectivo sin dejar huella, lo que es contrario al manejo lícito de las finanzas partidistas. Estamos ante una conducta que tiene nombre: fraude a la ley, y el fraude siempre implica dolo. Por ello, se propone sancionar al partido con 197 millones de pesos que representa 250 por ciento de los ingresos recibidos en esta operación al margen de la ley.

Tolerar esta conducta implicaría fracturar las reglas del juego limpio con el dinero de los partidos, permitir la opacidad y el uso de cantidades millonarias de dinero de origen desconocido, lo que pondría en riesgo las condiciones de la competencia democrática.

Sin importar quién es el actor que comete estas conductas, el INE las detecta y sanciona. Ratificamos así nuestro compromiso con la legalidad en el uso de dinero que va a la política, y confirmamos la indeclinable autonomía de esta autoridad del Estado mexicano ante todos y cada uno de los actores políticos”. Esto es lo que ayer dijo Andrés Manuel que se trata de una venganza, cuando está bien explicado el porqué de la fuerte multa, que en otros países pudiera dar pie para la anulación de su triunfo presidencial.

                                          OJITOS

La dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Fanny Kristell Vargas Vázquez, anunció que este instituto político cambiará de oficinas ante la pérdidas de prerrogativas local por lo que no será posible  sostener el costo de la renta del inmueble, que se localiza en la avenida de México, en la colonia Del Bosque.

Reconociendo además, que debido a la pérdida de los recursos económicos-prerrogativas de ley-por no lograr el tres por ciento de la votación general, el pasado primero de julio, tendrán que hacer un sinfín de ajustes a sus respectivos gastos, iniciando por un cambio de oficinas, debido a que no tendrán para sostener la renta de 30 mil pesos mensuales de las sede estatal.

Aseguró que no desaparecen en Tabasco como partido político de izquierda, porque seguirán operando con apoyo del financiamiento de la dirigencia nacional y el pago de cuotas de militantes, descartando que vaya a  renunciar a la dirigencia estatal tras los nulos resultados electorales debido a que su periodo aún no culmina y no dejará el “barco cuando hay crisis”.

El Partido Movimiento Ciudadano, que en la 62 legislatura cuenta con un diputado en el Congreso local, perdió su registro a nivel estatal y con ello la representación ante el Instituto Electoral, además de que no tendrán un solo legislador en la 63 legislatura al no lograr el tres por ciento de la votación como está establecido en la ley.

                                    VISORCITO

Por el  cúmulo de irregularidades detectadas durante el proceso electoral, el ex-candidato a la alcaldía de Tacotalpa por la Coalición “Por Tabasco al Frente”, Ricky Antonio Arcos Pérez, confirmó que de manera conjunta con el Partido Nueva Alianza (Panal), el Verde Ecologista de México (PVEM), además del abanderado independiente, Juan Carlos Meza Fuentes, impugnaron la elección para alcalde de esa comuna, con lo que se busca restablecer la legalidad electoral en ese municipio.

Señaló que aún evidencias del desaseo electoral y situaciones anómalas por parte del consejo municipal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, “por eso espero que los magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco anulen la elección del primero de julio pasado de este municipio, y le retiren la constancia a Tomiris Domínguez Pérez, abanderada de Morena”, precisó.

Adelantó que en caso de que no queden conformes con el resolutivo que emita el Tribunal Electoral de Tabasco, acudirán antes del 15 de agosto a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), “porque vamos con todo, vamos a devolverle la legalidad electoral a Tacotalpa. El pasado primero de julio fue un verdadero cochinero electoral, no ganó la voluntad de los tacotalpense, sino el fraude”.