ALCALDE REPRIME A REGIDORES

Bajo el argumento de que no paga un laudo laboral de ocho millones de pesos porque entonces no habría dinero para obras en las comunidades, el alcalde de Nacajuca, Francisco López sigue el mismo camino de su antecesor, el ex-presidente municipal, Pedro Landero López de propiciar un desacato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dictaminó el pago de dicho laudo a las personas demandantes, por lo que no hay vuelta de hoja o pagan o van a la cárcel. Para no entrar en desacato a un ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que en caso de desobedecer daría la pauta para que el máximo organismo en impartición de justicia exigiera el desafuero de todo el cabildo y su correspondiente orden de aprehensión par que vayan a la cárcel, tal a como ya existe el antecedente con el ex-alcalde Pedro Landero que ahora vive a “salto de mata”, la mayoría de los regidores integrantes del cabildo municipal de Nacajuca, determinaron aprobar un pago emergente, para cumplir con dicho ordenamiento, pero el obcecado alcalde “Pancho Brochas” que no entiende de procedimientos jurídicos y maneja la Hacienda municipal como si fuera de su propiedad, montó en cólera al grado que durante la pasada sesión de cabildo ordenó a la policía municipal, que le debe respeto a los regidores porque son integrantes de un órgano colegiado como el cabildo y son los jefes de los uniformados, que detuvieran, esposaran y encarcelaran al décimo primer regidor Walter de la Cruz Esteban, en un acto de arbitrariedad y cobardía de Francisco López, que así, hizo brotar el cobre de la intolerancia y cerrazón de la cual lo acusan sus detractores políticos, ya que aseguran que gobierna en forma irracional y es proclive a los actos de venganza para cumplir con la máxima de que “quien se la hace, se la paga”. Ocho regidores que suma la mayoría del cabildo de Nacajuca, preocupados la actitud veleidosa e ignorante del alcalde Francisco López, ante los alcances del dictamen de la SCJN que determinó el pago inmediato de un laudo, decidieron sesionar para aprobar el pago emergente del laudo laboral por la cantidad de 8 millones 244 mil 501 pesos con 82 centavos, de acuerdo al expediente 123/2008, que data del gobierno municipal (trienio 2007-2010) que encabezó Abenamar Leyva Gómez, y quien en su calidad de presidente municipal ordenó el despido de 23 personas, quienes demandaron por la vía laboral su reinstalación en el ayuntamiento con sus respectivos salarios caídos, y todas las prestaciones de rigor. En el 2008, Jesús Reyes Torres como trabajador despedido del ayuntamiento de Nacajuca, junto con otras personas, 23 en total, decidieron demandar a la comuna por ese despido injustificado, pero resulta que ocho años después, Jesús Reyes, es invitado precisamente por Francisco López para que integrara su cabildo municipal que competiría bajo las siglas del Partido Acción Nacional, de tal manera que se convirtió en el quinto regidor del ayuntamiento, pero como ahora está enfrentado a Pancho Brochas, porque éste ha manejado las finanzas del ayuntamiento a su antojo sin rendirle cuentas nadie y ahora le están exigiendo que aclare cómo ha utilizado los recursos públicos, por esta razón, en una burda actitud, pretende confundir las cosas, al alegar que no puede autorizar el pago de ocho millones de pesos, porque eso beneficiaría al regidor Jesús que se llevaría a la bolsa un millón 700 mil pesos, pero es un razonamiento estúpido, ya que el dictamen de la SCJN se tiene que cumplir a cabalidad, so pena que el máximo organismo impartidor de justicia al ver el desacato, no pedirá, sino que ordenará al Congreso del Estado el desafuero de todos los regidores para que puedan ser procesados penalmente porque esa decisión, se cumple o se cumple, o se sufre las consecuencias de no respetar la ley. Luego de conocer el dictamen de la Suprema Corte, el alcalde Francisco López, le propuso a los regidores realizar un empréstito bancario para saldar los 8 millones 244 mil 501 pesos con 82 centavos, pero ante la inviabilidad de su petición, propuso un pago quincenal de cinco mil pesos para cada uno de los 23 demandantes, pero ante la negativa de los ex-trabajadores porque la orden es liquidar el total de lo demandado, montó en cólera y hasta llegó a vociferar que “le vale madre” la determinación de La Corte y fue cuando ideó mezclar a los delegados de varias comunidades en un problema netamente legal, a quienes les lavó el cerebro de que si pagaba el laudo por esa cantidad no tendrían obras, y bajo ese falso argumento, ahora varios delegados municipales envalentonados están dispuestos a enfrentarse a los regidores en la sesión de hoy martes, que se suspendió ayer lunes, y que de acuerdo al propio Francisco López será publica con la finalidad de que los delegados se enfrenten a los regidores, que conociendo la dimensión del mandato de La Corte, saben que serán sometidos a proceso penal por ese desacato, aunque como Pancho Brochas argumenta que le vale madres esa decisión del máximo órgano impartidor de justicia, hay que ver de qué cuero salen más correas, y que después no ande implorando compasión para que lo protejan para no ser detenido y encarcelado a como ahora lo hace Pedro Landero, quien durante su gobierno municipal fue un hombre soberbio y arrogante que ahora busca pasar desapercibido ante la orden de aprehensión por desacato que hay en su contra. La actitud déspota y arbitraria de Pancho Brochas, ha propiciado un clima de enfrentamiento en el ayuntamiento de Nacajuca, de tal manera que si es capaz de reprimir a los regidores integrantes del cabildo con la propia policía municipal, es capaz de reprimir a cualquier ciudadano de Nacajuca que le reclame su falta de congruencia política. OJITOS La Fiscalía General del Estado de Tabasco junto con la Policía Federal, asestó uno de sus mejores golpes, al detener a los integrantes de una de las bandas más peligrosa del estado (banda de Los Almeida) que se dedicaban al secuestro, robos y asesinatos. Hay que reconocer el esfuerzo de las instancias policiacas para restablecer la tranquilidad entre la población. Producto de los trabajos coordinados entre la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) y la Policía Federal (PF), se logró la detención de nueve personas, y con ello, sacar de circulación a una banda altamente peligrosa dedicada al secuestro y otras actividades delictivas en diversos municipios de la entidad y los límites con Chiapas. “La premisa es y seguirá siendo combatir todo tipo de actos que transgredan la paz social en Tabasco con el respaldo de la Ley, utilizando las herramientas tecnológicas al alcance, empleando trabajo profesional de investigación, y mediante estrategias tácticas coordinadas”, señaló el titular de la FGE, Fernando Valenzuela Pernas en conferencia de prensa en la que se presentaron estos resultados. Junto al jefe de la División de Investigación de la PF, José Antonio Vega Michaca, detalló que a dicha organización criminal que se considera funcionalmente desarticulada, se le atribuyen por lo menos once secuestros en los últimos cinco meses, incluyendo uno en el que la víctima resultó gravemente lesionada y su acompañante muerto cuando le prendieron fuego al vehículo en el que se encontraban. Explicó que, ante la recurrencia de los hechos ilícitos y la importante denuncia ciudadana, el pasado viernes se puso en marcha un operativo táctico planeado por la FGE y PF en la zona de las rancherías Corregidora del municipio de Centro. Con el apoyo de la Fuerza de Reacción Inmediata Mixta (FRIM) fue posible el rescate de dos mujeres y un menor de edad, plagiados el 11 y 12 de octubre en eventos distintos ocurridos en el municipio capitalino. “El objetivo principal de estos operativos es la salvaguarda de las víctimas”, recalcó. En estas acciones, se logró la detención de siete hombres y dos mujeres, además que, en un enfrentamiento con la autoridad, perdió la vida un décimo integrante de esta banda. Asimismo, fueron asegurados un vehículo, una motocicleta y armas de diversos calibres, así como indicios importantes que servirán en la etapa jurídica para la solicitud de las respectivas sanciones ante las autoridades judiciales. En la exposición, el Fiscal Fernando Valenzuela precisó que esta agrupación delictiva había extendido sus actividades a las rancherías Corregidora, Plátano y Cacao, González y Río Viejo de Centro; además que tenían presencia en Cunduacán, Jalpa de Méndez, Nacajuca y el municipio de Reforma, Chiapas. Los hoy detenidos a los que se les impuso formalmente la medida cautelar de prisión preventiva, también están sujetos a investigación por diversos hechos de secuestro exprés, asalto a mano armada en tramos carreteros, intento de homicidio y robo de vehículo. “Se trata de jóvenes oriundos de esas comunidades (de Centro), es una banda netamente local”, enfatizó Valenzuela Pernas al destacar la importancia de continuar trabajando para evitar un mayor desgaste del tejido social. En su intervención, el jefe de la División de Investigación de la PF, José Antonio Vega Michaca, manifestó la importancia de la cultura de la denuncia para lograr estos resultados, al tiempo en que reiteró la disposición de las autoridades federales para mantener la coordinación con el Gobierno de Tabasco VISORCITO Y ya metidos en temas de justicia, también hay que señalar, que contrario a lo que vociferaba el abogado defensor de José Manuel Saiz Pineda, ex-secretario de Finanzas del gobierno Granierista, de que su esposa Silvia Beatriz Pérez Ceballos obtendría su libertad en Estados Unidos, porque era inocente, resulta de que siempre no fue así, pues fue declarada fue declarada culpable de conspiración para cometer fraude bancario, según anunció ayer el fiscal interino Abe Martínez. Un jurado federal en Corpus Christi devolvió su veredicto el viernes pasado contra Silvia Beatriz Pérez-Ceballos, de 49 años, de Sugar Land, luego de 10 días de juicio y aproximadamente cinco horas de deliberación. En el juicio, el gobierno presentó pruebas que incluían varias transacciones extremadamente complejas de lavado de dinero que involucraban a múltiples compañías estadounidenses y mexicanas ficticias y más de 40 millones de dólares en fondos lavados. El jurado escuchó que Pérez-Ceballos hizo declaraciones falsas y presentó documentos falsificados al funcionario del JP Morgan Chase Bank en un esfuerzo por transferir 2 millones a una cuenta extraterritorial en Bermudas. Pérez Ceballos también intentó ocultar varios activos, incluida una residencia Sugar Land de alta gama bajo el nombre de Phantom Investments International. El caso involucró compras de bienes inmuebles en todas las transacciones en efectivo en Los Ángeles, California, Nueva York, Nueva York, Miami, Florida y Houston. Pérez Ceballos podría enfrentar hasta 30 años en una prisión federal y una posible multa máxima de 1 millón de dólares. La Jueza de Distrito Nelva Gonzales Ramos presidió el juicio y dictó sentencia para el 15 de diciembre de 2017. Pérez Ceballos permanecerá bajo custodia pendiente de la audiencia. También se le acusó en relación a la conspiración a su esposo, José Manuel Saiz-Pineda, de 49 años, y su socio comercial, Martín Alberto Medina-Sonda, de 44 años, de las cuales hay pruebas en firme.