Luego de unos días de descanso por las fiestas decembrinas, ya estamos de regreso para seguir escribiendo la historia de cada día, deseándoles a todos ustedes mis lectores, que este año nuevo 2025, sea de mayor prosperidad, de bienestar, de beneficios para ustedes y sus familias, siempre bajo la protección del Gran Arquitecto del Universo.
Los últimos acontecimientos sangrientos perpetrados el pasado sábado en el bar “La Casita Azul” de la colonia Tamulté de las Barrancas, sigue mostrando las cosas podridas que dejó la administración estatal que encabezó inicialmente Adán Augusto López Hernández, y que al irse a la secretaría de Gobernación dejó en su lugar a Carlos Manuel Merino Campos, quien solamente se dedicó a vegetar, sin quitar a un solo funcionario que le fue heredado a pesar de que estaban haciendo mal su trabajo, no en balde se le bautizó con el mote de gobernador “florero”.
En Tamulté, los mismos ciudadanos saben que el famoso bar “La Casita Azul”, llevaba varios años laborando a puertas abiertas, en el lugar de siempre, a donde llegaban decenas de parroquianos, precisamente es desde la pasada administración estatal cuando se comenzó a tolerar a diversos centros de vicio que operan en forma ilícita y a pesar de que expendían bebidas embriagantes en forma irregular, ni la misma dirección de alcoholes de la Secretaría de Planeación y Finanzas, que de acuerdo a la Ley de Alcoholes está facultada para supervisar, aplicar multas o clausurar este tipo de negocios cuando están fuera de la legalidad, ni la Coordinación de Fiscalización y Normatividad del ayuntamiento de Centro que está presto para desmantelar cualquier negocio ilícito o clandestino, y que se ha visto ha actuado arbitrariamente en contra de los vendedores ambulantes, se dieron cuenta o repararon que este negocio de ventas de alcohol, en donde también se dice que vendían drogas, no tenía licencia para operar como bar para vender alcohol abiertamente al público, por lo que cualquier persona podía entrar libremente al negocio que se localiza en el corredor del vicio de la misma colonia, por lo que no era tan clandestino, sino que por alguna “razón poderosa” suponemos que de dinero, era tolerado por las propias autoridades estatales y municipales, quienes no se percataron o no se quisieron dar cuenta que en el corredor del vicio de la populosa colonia Tamulté que pertenece a la capital del estado, se expendían bebidas embriagantes, hasta que llegó la muerte, hasta que un grupo delincuencial que no se ha adjudicado el grotesco hecho, con armas de grueso poder, roció de plomo a un grupo de parroquianos, muriendo en forma inmediata en el lugar cinco personas, y posteriormente en el hospital fallecieron dos, para sumar un total de siete muertos y cinco heridos, algunos en estado de gravedad.
La incursión de los grupos delincuenciales en el estado, que tanto dolor de cabeza está causando a las actuales autoridades estatales, a pesar de todos los esfuerzos que en materia de seguridad están realizando para intentar detenerlos y con ello erradicar la violencia, sin duda, es herencia de la anterior administración estatal, pues como se ha venido aclarando, es en el sexenio de Adán Augusto cuando se incubó, se formó, y se dejó crecer al grupo delincuencia de La Barredora, conformado por policías y delincuentes, una mezcla híbrida para que funcionara, y que fue tolerado o permitido por su sucesor, Carlos Manuel Merino, para que siguiera avanzando, y que ahora escindido o fragmentado en dos partes, a consecuencia del primer enfrentamiento que se realizó en diciembre de 2023 entre sus creadores, ha traído una secuela de actos vandálicos, violentos, en su disputa por la plaza, lo que ha cobrado decenas de vidas, no solamente de delincuentes, sino de personas que sin deberlas, ni temerlas, solamente estuvieron en el lugar y la hora equivocada en donde las ráfagas de armas de grueso poder les provocaron sus muertes.
Los últimos acontecimientos sangrientos, como el perpetrado en Dbar en noviembre del año pasado, y el del pasado sábado en el bar “La Casita Azul” de Tamulté, muestra y demuestra que no solamente están muriendo delincuentes es la disputa por la plaza entre dos grupos delincuenciales, sino que ya tocaron, lo que no debieron de tocar, que es a la población en general, pues en estos dos hechos violentos, ciudadanos que nada tenían que ver con actos ilícitos como el tráfico de personas, huachicoleo, tráfico de drogas, cobros de pisos o secuestros, fueron asesinados a sangre fría por estos dos grupos delincuenciales que se acusaron en redes sociales de ser los autores de esa masacre, y es en este punto de quiebre, donde ya tocaron a la sociedad civil es donde las propias autoridades estatales con las autoridades federales, tendrán que hacer un replanteamiento de la situación que se está viviendo, para tomar una determinación sobre lo que tienen que realizar, sobre las nuevas estrategias que deben implementar para erradicar la violencia de la entidad, que en este sexenio por alguna razón se ha agudizado, pues los grupos delincuenciales ya llevan cerca de diez incursiones públicas con quemas de vehículos particulares, negocios de conveniencia, asesinatos, y poncha llantas, en estos tres meses de gobierno, que se puede interpretar como un intento por ablandar a las autoridades estatales para buscar un acuerdo subterráneo que sea benéfico para ellos para seguir con sus ilícitas actividades, ya que el gobernador Javier May en diferentes eventos públicos ha dejado en claro que él en calidad de gobernador no pactará con ningún grupo delincuencial, sino que por el contrario, se les combatirá, se les detendrá y se les entregará a las autoridades competentes para que les apliquen la ley.
A pesar del trabajo operativo como un compromiso del gobernador Javier May con la sociedad para erradicar la violencia, que vienen realizando las diversas dependencias de procuración de justicia del gobierno estatal como la fiscalía y secretaría de Seguridad que en coordinación con el Ejercito, la Marina y la Guardia Nacional, implementan operativos en la entidad, que de acuerdo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Víctor Hugo Chávez, ha llevado a la incautación de bienes muebles e inmuebles, decenas de vehículos, armas largas de grueso calibre, pistolas, granadas de fragmentación y decenas y decenas de generadores de violencia detenidos, las incursiones delictivas en la capital del estado y municipios aledaños no se detienen, pues apenas el pasado 31 de diciembre de 2024, a unas horas del cambio de año, uno de los grupos delincuenciales abrió fuego sobre una caseta de policía en la colonia Pino Suárez (antes, Tierra Colorada), a lo que siguieron otros hechos delictivos como la quema de tiendas de conveniencias y vehículos en diferentes puntos de municipio de Centro, en un claro reto a las autoridades estatales, y que en esta parte no le encuentran la cuadratura al círculo, pues como parte de la prevención del delito, al contar con el equipo de alta inteligencia que poseen, deberían precisamente de prevenir, para que a la hora que los malhechores intenten quemar un comercio o un vehículo, ante la voz de alarma, inmediatamente los cuerpos policiacos les caigan y los acoten para su detención en flagrancia del delito, pero a como pasó el 31 de diciembre donde las propias autoridades han reconocido que no se detuvo a ninguno de los delincuentes, el esquema de trabajo se tiene que replantear para que haya una mejor efectividad sobre el trabajo policial que se viene realizando, pues todo indica que previamente los malhechores tienen despejado el camino por donde pasaron los cuerpos policiacos para posteriormente cometer su delito, debido a que cuentan con información fidedigna de los propios uniformados que están a su servicio, y esto es lo que se tiene que erradicar para que los cuerpos policiacos puedan dar golpes certeros y eficaces.
Para que los cuerpos policiacos de Tabasco actúen con mayor eficacia, debe haber un barrido, debe haber una depuración interna, porque entre los mismos policías saben, conocen, quienes de ellos están coludidos con la delincuencia organizada por amenazas o por dinero. Muchas personas han visto en redes sociales como policías estatales y hasta de la Guardia Nacional que han sido secuestrados por los grupos contrarios, han sido obligados, han sido torturados para que confiesen sus ligas para el grupo delincuencial que trabajan. Así hemos visto que policías estatales secuestrados por el grupo de las cuatro letras confiesan estar al servicio de La Barredora, y policías de la Guardia Nacional secuestrados por la Barredora, confiesan que han pasado información confidencial al grupo de las cuatro letras, y en esa serie de acusaciones, hay algo que cierto es cierto, han salido a relucir nombres de policías presuntamente ligados a los dos grupos delincuenciales que operan en la entidad, por lo que actúan con ventaja a la hora de cometer sus ilícitos.
Apenas este domingo por la madrugada fue secuestrado un policía municipal y a las pocas horas, ya se había subido un video a redes sociales donde el policía da nombres de sus hermanos y otros policías que están al servicio de La Barredora a la que le han servido durante varios años. Sin duda este policía, está condenado a muerte y su cuerpo aparecerá tirado en alguna carretera del municipio, pues su captura fue mas que nada para que confesará y pagara con su vida su presunto servicio a un grupo delictivo. Ya vieron que si urge la operación enjambre.
Y en este mar de acusaciones de los grupos delictivos sobre la complicidad de policías corruptos que le sirven a estos mismos grupos, pasándole información o sirviéndoles de muro para que escapen, en donde urge que la operación enjambre llegue a Tabasco para realizar una limpia para detener a los presuntos implicados en filtrar información a los grupos delincuenciales para que se muevan como pez en el agua para cometer sus actos vandálicos.
Una limpia a los cuerpos policiacos no les caería mal, porque está visto que sobre todo en los municipios de la Chontalpa es donde los delincuentes caminan como Juan por su casa, y esto solamente lo pueden hacer, porque tienen cómplices dentro de las corporaciones policiacas municipales.
OJITOS
Si bien es cierto que en el anterior sexenio, el de Adán Augusto y Carlos Manuel Merino, fueron complacientes con los giros negros, se esperaba que en este sexenio se les metiera mano dura y no se permitiera seguir operando con impunidad.
Primero fue el antro Dbar donde después que murieron seis personas y nueve fueron lesionadas a manos de un grupo delincuencial, se descubrió que operaba fuera de horario, que era tolerada porque alguna mano poderosa así lo quería, y no lo vio pasar o lo permitió el director de Alcoholes de la secretaría de Planeación y Finanzas cuyas primera actuaciones debió ser en el sentido de ordenar a su personal se encargaran de verificar que todos los giros negros en el estado estuvieran operando en sus horarios y con sus respectivas licencias, y los que no, clausurarlos de inmediato, ¿pecó de omiso o la curva del aprendizaje no le permitió que se hicieran las verificaciones?, fue la primera llamada; pero no nada más él se equivocó, también el Coordinador de Fiscalización y Normatividad del ayuntamiento de Centro a cargo de la alcaldesa, Yolanda Osuna, no vio y dejó pasar que Dbar operara fuera de horario.
Con los asesinatos cometidos por un grupo delictivo en el bar “La Casita Azul”, otra vez se descubrió que este antro era clandestino, tolerado desde la dirección de Alcoholes de Finanzas y desde el ayuntamiento de Centro, por la Coordinación de Fiscalización, que obviamente no se mandan solos, tienen jefes y a alguien obedecen. Lo cierto es que estos funcionarios con sus malas actuaciones, que han propiciado hechos de sangre, están contribuyendo a golpear al mismo gobierno para el cual trabajan. Tanta ineptitud no se debe permitir, y como parte de esa ineptitud, están obligados a renunciar, al menos que digan quien les ordenó tolerar a Bbar y “La Casita Azul” para que operaran fuera de lo que marca la ley, y que se debió de clausurar en forma inmediata.
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