SIGUE EL DESCREDITO DEL IEPCT

 

En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) la Junta Ejecutiva a cargo de la presidenta Elizabeth Nava Gutiérrez, y los consejeros en vez de observar y hacer valer los principios rectores de la función electoral como es la certeza, la legalidad e independencia, están dedicados a socavarla, echando por la borda la poca credibilidad que les tiene los partidos opositores y la propia ciudadanía para realizar sin sobresaltos el proceso electoral que ya está en marcha.

Independientemente de que quienes integran el Consejo Estatal Electoral han sido denunciados públicamente no solamente de no reducirse sus salarios mensual, sino de habérselos incrementado junto con sus bonos y de que algunos consejeros se han aprovechado de sus viáticos a comprobar para comprar alimentos para niños (Gerber) papitas y hasta alcohol, sin recibir una sanción y solamente se han  conformado con el supuesto reintegro, hay cosas más delicadas que merecen atención, lo que deja al órgano electoral sin credibilidad y con visos de que hay manos extrañas metidas en esa institución con fines aviesos que no es precisamente el de la legalidad, la independencia  y la certeza electoral.

Durante la sesión del pasado 28 de diciembre de 2023, ya en pleno jolgorio por ser el fin de año, casi pasó desapercibido para los medios de comunicación y para la ciudadanía en general, las denuncias que dos consejeros electorales realizaron, lo que sigue abonando para restarle la poca credibilidad que le queda a ese órgano electoral donde la corrupción llegó para quedarse, aunque intenten ocultarlo, como también de que no les interesa vulnerar la ley electoral, porque están dedicados a cuidar sus aviesos intereses ocultos.

La primera denuncia que ya en este mes de enero tuvo cierta repercusión, fue la  del consejero Vladimir Hernández Venegas, quien dio a conocer que se había facturado a nombre de la Institución Electoral la compra de Gerber, que es un alimento para niños, papitas y hasta alcohol, por lo que de inmediato para intentar frenar esta denuncia, la Contralora Interna salió a argumentar que las recursos económicos ya habían sido reintegrados a las arcas de la institución, que se trataba de un asunto de la cuenta pública 2022 que ya había sido solventada y por lo tanto se daba como resuelta,  pero a diferencia de otros casos, donde Gabriela Tello ha dado los nombres de los implicados que no observan las normas establecidas, en esta ocasión se cuidó de no hacerlo, quien sabe porque ya que siempre le gusta dar nombres porque según ella es muy derecha en su actuar, pero no hizo falta que dijera los nombres porque al interior del organismo electoral es un secreto a voces que la implicada es la “pulcra” consejera electoral, Roselvy del Carmen Domínguez, si, la misma que para casarse durante la época que fungió Maday Merino como presidenta, solicitó y recibió en forma indebida de la dirección de Administración del Instituto Electoral un préstamo económico por la cantidad de 200 mil pesos que fue un acto irregular, que además, también de manera irregular fue devolviendo en paguitos sin que se le aplicara ninguna sanción.

Pero Vladimir se quedó corto, le faltó decir, que en las comprobaciones de 2023, también repitieron la misma irregularidad, se facturaron alimentos para niños en donde están implicada, no uno, sino dos consejeras electorales que tienen niños que consumen ese alimento, y que actuaron con todo conocimiento para disponer en su beneficio personal de los recursos económicos del Instituto Electoral, pero no pasa nada, todo sigue igual, y es que la corrupción que predominó durante el mandato de Maday Merino que se creía que se iba a desterrar con la llegada de Elizabeth Nava, ha resultado más grave, se ha incrementado en forma sustancial, por lo que los propios trabajadores califican que esta administración está peor que la anterior, ya que incluso como si el presupuesto público fuera de su propiedad la consejera presidenta dispuso que se les comprara carros nuevos a su coordinadora de asesores Ashani Isabel Santiago, y al subdirector de Administración, Paul Alejandro González, quien fuera chofer de Jorge Montaño; nada de vehículos que ya tenían en uso,  sino que tenían que nuevos, en tanto que a la hermana de Montaño, quien también trabaja en la institución también la dotaron de vehículo, actuando en forma indebida, cuando los anteriores funcionarios se movían en sus propios vehículos. En el Instituto Electoral pregonan la austeridad pero no la practican, sino que al contrario, derrochan a manos llenas el presupuesto público, por eso es que tienen llenadera y han pedido incremento de presupuesto en este 2024 para la jornada electoral.

La otra denuncia del pasado 28 de diciembre de 2023, como la del consejero Vladimir  que están alojadas en el portal de You Tube del Instituto (todo es cuestión de buscar con detenimiento)que también es delicado, lo realizó el consejero electoral, Juan Correa López, es en relación al actual Vocal Secretario de la Junta Distrital 12 con sede en el municipio de Comalcalco, José Juárez de los Santos, quien debió ser inhabilitado por la actual Junta Ejecutiva para fungir como funcionario electoral por una-la mas grave- de las tantas irregularidades que cometió en el proceso electoral 2020-2021, por lo que se vio obligado a renunciar.

En el pasado proceso electoral 2020-2021, José Juárez de los Santos fue nombrado por la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral, como parte de sus facultades legales, Vocal Ejecutivo del entonces distrito 13 hoy distrito 12, con sede en el municipio de Comalcalco, pero resulta que durante el resguardo de las boletas electorales todas foliadas y casi listas para su distribución, el personal de dicho distrito se dio cuenta que habían desaparecido varios fajos, el consejero electoral en su denuncia dice fueron cientos, no da cantidad, pero ahora sabemos que en total fueron mil boletas electorales, porque se desaparecieron diez fajos con cien boletas cada una, que fueron buscadas una y otra vez en la bodega, en las oficinas, y no aparecían, por lo que se notificó a la dirección de Organización y esta a su vez le informó al entonces Secretario Ejecutivo, Armando Rodríguez Córdova, quien tomó la determinación de mandar a imprimir las mil boletas, lo que desde luego produjo otra erogación de dinero de las arcas del instituto, que representó un daño, un quebranto económico a la propia institución. De este delicado asunto poco se supo, o mejor se mantuvo oculto por alguna razón, y es hasta ahora por la denuncia del pasado 28 de diciembre de 2023 que realiza en la sesión ordinaria el Consejero Electoral, Juan Correa, es que se sabe un poco mas del asunto, lo que también no ha obligado a buscar más y más datos al respecto, como el de averiguar porque el proceso legal ante la Contraloría Interna se quedó estancado.

A pesar de ser calificado como un hecho grave, el entonces Secretario  Ejecutivo, Armando Rodríguez, quien era el representante legal del órgano electoral, solamente  realizó la denuncia ante la Contraloría Interna, pero indebidamente al tratarse de un delito electoral, debió haber dado cuenta a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, omitiendo en forma deliberada por alguna causa, no presentar la denuncia penal contra el Vocal Ejecutivo del distrito 13,  José Juárez de los Santos por el delito de robo o desaparición de las boletas electorales que en la ley de la materia está estipulada cual es la sanción.

Este delito de desaparición de boletas electorales, es un más grave de la alteración de datos de las boletas electorales cometido por Talleres Gráficos de la Nación, a como ya quedó establecido, en donde se enjuició a la entonces directora de Organización y Educación Cívica, Blanca Eni Moreno, quien por esta causa “grave” de acuerdo a la Contraloría Interna Gabriela Tello fue separada de su cargo, pero en este caso solamente se conformaron con la renuncia del implicado y hasta ahí dejaron el asunto cuando también hay un daño al patrimonio del Instituto Electoral que se debe castigar de acuerdo a la legislación vigente.

Ante la desaparición de las boletas electorales del entonces distrito 13, hoy distrito 12, no solamente vino la renuncia como Vocal Ejecutivo de José Suárez de los Santos, sino que el Instituto Electoral por la premura de las elecciones ordenó que se volviera a imprimir las mil boletas electorales, y cuando ya estaban impresas, de repente aparecieron las boletas extraviadas en la bodega donde ya se había buscado varias veces, lo que levantó las sospechas que manos perversas dentro del mismo distrito pretendían causar algún daño al proceso electoral, pero como se descubrió el asunto y se imprimieron inmediatamente las mil boletas electorales, esas manos perversas que tenían acceso a la bodega, decidieron devolver los paquetes, pero el daño patrimonial al Instituto Electoral ya se había producido, ya que se había erogado otra cantidad de dinero para pagar la reimpresión y hasta la fecha no hay un responsable, no se ha emitido un resolutivo donde se obligue a devolver los recursos económicos aplicados en la reimpresión.

En la misma sesión del pasado 28 de diciembre de 2023, el Consejero Juan Correa, recrimina que aun cuando la Junta Ejecutiva a cargo de Elizabeth Nava, responsable de nombrar a las vocalías de las Juntas Electorales Distritales tenía toda la información  respecto a la mala actuación de José Juárez, por la perdida de las boletas electorales y el daño al patrimonio de la institución, que provocó su renuncia, haya decidido nombrarlo Vocal Secretario del distrito electoral número 12, con lo que tal parece que existe resistencia a cumplir con los principios rectores de la función electoral y de la ética.

El consejero electoral pidió, que de no haber inconvenientes, la consejera presidenta instruya a quien corresponda que interponga la denuncia penal pertinente contra el ex-secretario Ejecutivo, Armando Javier Rodríguez Córdova, por no haber cumplido con su responsabilidad de funcionario público, porque debió denunciar ante la Fiscalía Especial de Delitos Electorales a José Juárez de los Santos en su calidad de Vocal Ejecutivo del entonces distrito 13, en el proceso electoral 2020-2021, porque es presumiblemente responsable de delitos electorales, al estar obligado a resguardar la paquetería electoral de donde se desaparecieron cientos de boletas que inmediatamente mandó a reimprimir el Instituto Electoral, y que no solamente haya quedado en una denuncia ante la Contraloría Interna, porque se trata de un asunto delicado, que también debió atenderse penalmente, al mismo tiempo pidió dejar sin efecto el nombramiento de José Juárez de los Santos como Vocal Secretario de la Junta Electoral Distrital número 12, con sede en Comalcalco, para salvaguardar los principios de certeza, legalidad e imparcialidad que debe prevalecer en el órgano electoral.

Sin temor a equivocaciones, este nombramiento irregular que realizó la Junta Ejecutiva a favor de José Juárez, a pesar de que tiene sus antecedentes negativos, es una incitación a contribuir a empañar las elecciones para gobernador y en particular de la presidencia municipal de Comalcalco, que es clave en este asunto, ya que es la tierra del candidato de Morena al gobierno estatal, Javier May, y donde el candidato a la alcaldía por Morena se disputará palmo a palmo con el candidato del PRD al mismo cargo, cada uno de los votos, y donde un nombramiento de esa naturaleza pueda dar pie para que se cuestione el resultado de las elecciones.

En el caso de la petición del consejero Correa se quedará esperando que la Junta Ejecutiva demande penalmente al ex-secretario Ejecutivo Armando Rodríguez, porque existe un total contubernio, y en cuanto a José de la Cruz, es protegido a ultranza porque forma parte de la lista de Adancistas que tenían que ser incluidos en el órgano electoral, lista  que el consejero electoral del INE, Jorge Montaño entregó en forma personal a la presidenta del IEPCT, Elizabeth Nava, sobre quien ejerce una gran influencia, quien sabe porqué.