LA IMPUNIDAD EN EL IEPCTABASCO

 

En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, los consejeros y funcionarios pueden violar la ley impunemente, pero no pasa nada, porque todos se encubren, o se tapan con la misma sábana, mientras hacia afuera están convertidos en personas de horca y cuchillo para enjuiciar a otras personas, sobre todo por presunta violencia política de género, para aparentar que son rectos y honorables en la aplicación de las normas jurídicas las que constantemente ellos mismos la violentan.

Con el nombramiento de la nueva consejera presidenta del IEPCT, Elizabeth Nava Gutiérrez, se creía que las cosas iba a cambiar, pero resulta que a dos meses de haber llegado al cargo los consejeros electorales la tienen arrinconada, no le dan margen de maniobra, pues ni siquiera en base a las facultades que tiene como presidenta del consejo, ha podido o ¿no ha querido? despedir a los funcionarios electorales acusados penalmente ante la Fiscalía Anticorrupción por la Contralora Interna de haber propiciado un quebranto financiero a la propia institución, mucho mayor al daño causado por la reimpresión de boletas electorales en el pasado proceso electoral cuyo costo rebasó el millón de pesos y los responsables gozan de impunidad, por lo que estos funcionarios acusados ante la fiscalía se sienten intocables y se ríen en la propia cara de la consejera presidenta.

Hay violaciones sistemáticas a los ordenamientos legales que rigen al Instituto,  por parte de algunos consejeros al igual que de  funcionarios electorales, que no se debe pasar por alto, porque ellos que se creen “moralistas” si se pueden dar el lujo de cometer irregularidades sin que nadie los sancione porque se sienten intocables y es por eso que hay que exponerlo a la opinión pública para que sea ésta la que los juzgue, aunque ante esa misma opinión pública y ante algunos partidos políticos  ese órgano electoral está desacreditado desde hace tiempo. Veamos porqué.

Con fecha primero de marzo de este año, la presidenta provisional del Instituto Electoral, Rosselvy Domínguez, aun sabiendo que el Instituto Nacional Electoral (INE), nombraría a la nueva consejera electoral presidente, en forma indebida le otorgó un cambio de categoría a Manuel Correa Madrigal, quien de técnico pasó a coordinador, elevándose así sus percepciones salariales en cuatro mil pesos más, es decir, de veinte mil pesos mensuales que cobraba pasó a 24 mil, en detrimento del presupuesto de ese organismo electoral pues el cambio de categoría obedeció a que cuatro meses después, en junio de este mismo año, este trabajador se retiraría del organismo electoral y se jubilaría por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco,  por lo que la presidenta provisional actuó con dolo y mala fe en perjuicio del IEPCT y del ISSET pues sabiendo que el trabajador se retiraría, no dudó en elevarle su salario para que en la misma medida se incrementara el cobro de su retiro como su pensión  por lo que Rosselvy en vez de cuidar el patrimonio económico de la institución que representa, se confabuló o coludió con un trabajador que era su incondicional para beneficiarlo económicamente, al igual que fue incondicional de la ex-presidenta Maday Merino Damián, por lo que al pertenecer al mismo grupo se maniobró para beneficiarlo.

En junio de este año, Manuel Correa Madrigal, quien fungía como “oreja” de las presidentes en turno del organismo electoral, fue retirado de la institución electoral, donde de acuerdo a su procedimiento interno no se jubila al personal  sino que se liquida por los años de servicio prestado, pero por el ISSET si procede su jubilación, cobrando cuatro meses como coordinación, previo a su salida, por lo que el mayor beneficio ayudado indebidamente por Rosselvy Domínguez será mayor por dos lados, pues será mayor la liquidación que hará el Instituto Electoral por sus años de servicio y su jubilación por parte del ISSET aumentará sustancialmente, de las dos maneras se propició un atentado en contra de las finanzas de las dos instituciones, a la que estaba obligada a cuidar Rosselvy Domínguez porque era la presidenta provisional en funciones.

Manuel Correa con la anuencia  de Rosselvy del Carmen Domínguez y del Secretario Ejecutivo, Armando Rodríguez Córdova, que le ha aportado a esa institución un gran desprestigio, encabezó la exigencia de un grupo de trabajadores del IEPC Tabasco para tratar de obtener al momento de ser liquidado, 15 días al año-de liquidación-, ya que actualmente se les otorga 12 días, siendo la exigencia de que gradualmente se llegue a 20 días, pero de golpe y porrazo quería, como ya se iba a liquidar, que para este año se le otorgara 3 días más para llegar a 15 días; también entre los demandantes de encuentra el coordinador de Organización Electoral, Roberto Pedraza, que pertenece al Servicio Profesional Electoral y quien no está dentro de los supuestos afectados, porque la prestación que demanda Correa y compañía, ya la tiene al pertenecer al Servicio Profesional Electoral, que se rige por la norma del Instituto Nacional Electoral. 

Es precisamente en el área de Roberto Pedraza, en la coordinación de Organización Electoral donde se generó el problema de las boletas electorales que no fueron elaboradas correctamente y así se imprimió por lo que al detectarse el problema se tuvo que volver a reimprimir, generando no solo el descrédito para la institución, sino que también se le causó un daño patrimonial a sus arcas económicas ya que se volvió a erogar cerca de un millón de pesos para la nueva impresión, y hasta la presente fecha la Contralora Interna no encuentra a los responsables que fueron protegidos por la entonces consejera presidente Maday Merino,  y la consejera Rosselvy Domínguez; ha pasado más de un año y Gabriela Tello Maglioni, no encuentra a los responsables de la mala elaboración de las boletas electorales, y como hasta ahora no se fincan responsabilidades tampoco se ha resarcido el daño patrimonial causado a las arcas del órgano electoral, en el fondo la Contralora está protegiendo a Pedraza y Armando Rodríguez como responsables de ese desastre.

El aumento que requiere Manuel Correa Madrigal y por el cual presentó una demanda de violencia de derechos de personal ante el Tribunal electoral de Tabasco, cuya sesión de alegatos se realizó ante el pleno en los primeros días de julio, donde denunció que cuatro consejeros estaban violentando los derechos de los trabajadores que causen baja ante el órgano electoral por liquidación, muerte o invalidez, o por jubilación ante el ISSET, en  realidad tendió una cortina de humo para encubrirse asimismo y a la consejera presidenta provisional, por los beneficios que de manera indebida le había otorgado Rosselvy Domínguez.

Originalmente, el aumento demandado por Manuel Correa y otros trabajadores, lo había otorgado la Junta Ejecutiva que presidía Rosselvy Domínguez, con el voto en contra de la Directora de Organización, Blanca Eni Moreno Roa, pero lo dejo sin efecto el consejo del instituto porque no había presupuesto para cubrirlo, además de que el TET le dio la razón al consejo ordenando a la Junta Ejecutiva a reponer el procedimiento. Era imposible pagar lo que Manuel estaba exigiendo poniendo de parapeto a otros trabajadores, porque todo lo que estaba haciendo era para beneficiarse pues ya pretendía jubilarse por el ISSET.

Era mucho dinero de por medio que solamente se podía cubrir si el Instituto Electoral hubiese solicitado una ampliación presupuestal a la Secretaría de Finanzas, que no se sabe si lo hubiese otorgado, lo más seguro que no,  dada la política de Austeridad Republicana que hay en el gobierno, o se pudo pagar mediante la afectación de otras partidas presupuestales, que es lo más probable que se hiciera, aunque fuera ilegal, pero eso no le preocupaba a Rosselvy con tal de apoyar a su incondicional Manuel Correa, dado que en otras ocasiones ha violentado la ley y la normatividad interna del órgano electoral y no ha pasado nada, como aquel préstamo económico que le otorgo al ex-director de Administración que fue cesado,  para casarse por segundas nupcias y que regresó en pagos, como consta en documentos oficiales que tiene el propio instituto y no fue castigada.

Por el favor que le otorgó la consejera Rosselvy Domínguez en su cambio de categoría cuando sabía que cuatro meses después se jubilaría y buscaría su liquidación en el instituto, Manuel Correa, junto con el Secretario Ejecutivo, Armando Rodríguez Córdova, quien actuó de manera subrepticia, fue el organizador de la rebeldía de los trabajadores que irrumpieron en una sesión ordinaria de consejo, tal como está grabado, para gritarle e insultar a los consejeros que se opusieron a ese incremento de los días por liquidar ante el retiro o jubilación por medio del ISSET, porque el IEPC Tabasco no tenía recursos económicos para cubrirlos y era indebido afectar otras partidas presupuestales, y había que actuar con responsabilidad, y la consejera presidenta provisional, Rosselvy Domínguez lejos de actuar de acuerdo a sus responsabilidades haciendo valer el reglamento interno, se quedó callada, no pidió orden en la sala, ni exigió el desalojo de los revoltosos por faltarle el respeto a los consejeros que son la máxima autoridad dentro de esa institución, es más, incurrió en otra grave irregularidad, no ordenó que les levantaran actas administrativas como se debía proceder por la actitud violenta para sentar un precedente de que ningún trabajador debe gritarle o insultar a un consejero, sin que se le aplique los castigos correspondientes, por lo que todos entendieron que la consejera provisional con su silencio era cómplice de las groserías de Manuel Correa.

Por este hecho violento contra los consejeros como por otras arbitrariedades que ha venido cometiendo la consejera electoral Rosselvy del Carmen Domínguez, el Instituto Nacional Electoral le debió haber iniciado un procedimiento de remoción pero no lo hizo, tal vez porque no enteró a sus superiores la Vocal Ejecutiva del INE en Tabasco, Elizabeth Tapia Quiñones, quien también incurrió en una irregularidad al proteger a Rosselvy, faltando a sus deberes legales, ya que por encima de la amistad pues la consejera  presume que es muy amiga de la vocal que hasta reuniones sociales han acudido juntas, está la responsabilidad legal al estar al frente de un organismo electoral que regula al IEPC Tabasco.

Se imaginan a ustedes si trabajadores del Instituto Nacional Electoral  irrumpieran en una sesión de consejo para gritarle e insultar  al presidente del consejo, Lorenzo Córdova y a los demás consejeros electorales, ¿qué pasaría¿, seguramente serían sancionados y despedidos, pero aquí en Tabasco los trabajadores del órgano electoral le gritaron e insultaron a los consejeros electorales, permitido por la consejera presidente provisional, que guardó silencio cuando en otras sesiones ordinarias, ante lo que califica como una falta le ha llamado la atención no solamente a los representantes de los partidos políticos sino a los mismos consejeros, Rosselvy les ha llamado la atención basado en el reglamento.

Hoy Rosselvy del Carmen Domínguez está en graves problemas, porque independientemente de otros desmanes o actos indebidos que ha realizado, en el caso específico de Manuel Correa, ha cometido por lo menos dos ilícitos: colusión de servidores públicos para favorecer deliberadamente a una persona y daño patrimonial a dos instituciones públicas, dado que el IEPC Tabasco tendrá que erogar más recursos económicos para liquidar a Correa por su cambio de categoría a cuatro meses de irse de esa dependencia y el ISSET erogará más recursos económicos para pagarle su jubilación. 

Esto asunto ya lo debería tener en sus manos el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova, esperemos que la vocal Elizabeth Tapia informe a sus superiores, y por otro lado, ¿qué hará la nueva consejera presidenta Elizabeth Nava?, ¿la solapará o procederá?, ¿tendrán los otros consejeros el valor de exigir que se revierta el ascenso arbitrario de Correa?, ¿ya inició la Contralora algún procedimiento o seguirá permitiendo que siga la corrupción, mientras utiliza las instalaciones del instituto para promover a su empresa?, ahí se las dejo de tarea.