RECTOR MARRULLERO

No obstante de haber convalidado el nombramiento ilegal de Elidé Moreno Cálix como secretaria Académica de la Universidad Popular de la Chontalpa, en contra de destacados miembros de la Junta Directiva que se opusieron porque está indiciada en la Fiscalía General del Estado como ex-Consejera Electoral, el rector Querubín Fernández se pasó por el arco del triunfo una sentencia definitiva dictada por la magistrada de la tercera sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, Juana Inés Castillo Torres,   en donde se les obligaba a fijarle fecha a una alumna para presentar su examen profesional y a quien ilegalmente le negaron esa posibilidad.
Bajo las redes del  clan que encabeza Benjamín Alberto Cocóm Cantú y el ex-rector José Luis Hernández Lazo, quien tiene adeudos millonarios con la Universidad,  el rector Querubín Fernández vegeta y como una marioneta se deja manejar mientras también hace de las suyas dedicándose al saqueo de las arcas públicas sin que nadie diga nada, ya que incluso la Junta Directiva fue relegado por el mismo rector y el subsecretario de Educación Media Superior y Superior Emilio de Ygartua para imponer a Elidé Moreno, al grado que uno de los integrantes de ese organismo se tuvo que dejarse con el Jefe del Ejecutivo quien ordenó la remoción de la ex-consejera electoral, pero colocaron a un incondicional de Cocóm y Lazo en la secretaría Académica, como lo es Manuel Mateo Hernández Villegas, es decir un mismo clan que ha sentado sus reales de la corrupción dentro de la UPCH siguen haciendo de las suyas.
En la Universidad Popular de la Chontalpa suelen realizarse las peores prácticas académicas, el cobro de facturas de los clanes ahí incrustados que han utilizado el poder no sólo para robar y saquear a la Universidad Popular de la Chontalpa durante los años 2013 y 2014, sino también para someter a quiénes no piensan y actúan como ellos, abusando de los cargos conferidos por la primera autoridad del estado, usando el tráfico de influencia para amedrentar aún más a profesores, alumnos y padres de familia.
El “clan” conformado por el ex-rector José Luis Hernández Lazo, Benjamín Alberto Cocom Cantú, Ulises Palma González, Manuel María Vera Rosales, Asunción Almeida Frías, Víctor Manuel Villegas Cornelio, Acacia Valdovinos Magaña, Javier Alberto Trujeque de la Cruz, Javes Moya, Abel Valenzuela, Ignacio Romero, Javier Ramos, Charito Aldana, Gloria Bolio y  Carolina Leue, conspiraron contra alumnos y maestros y los acusaron sin motivo y fundamento alguno, por el simple hecho de que estos los señalaron de ser los depredadores de la UPCH, de ser los responsables de haber hundido en el estiércol a la Institución de Educación Superior y del saqueo financiero a la Universidad en el 2013 y parte del 2014.
Este “clan” que solo ha servido para envilecer a la educación y a la misma institución se ensañaron en contra de la alumna Shadia Fernanda Gorra Cabrera y de los profesores Olvia Maygualida Rodríguez Angulo, José Francisco Hernández de la Cruz y Juan Carlos Falconi, al confabularse para castigar a la alumna y para destituir a los profesores que ya se veían oponiendo a sus trapacerías
El “clan” Lazo, Cocóm, Palma, Vera, Almeida, Villegas, Valdovinos, Trujeque y demás, mancharon conjuntamente el nombre del Colegio Académico y utilizaron todo su poder, como máximo órgano de la Universidad, con el apoyo del líder del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la Universidad Popular de la Chontalpa, Manuel Enrique Uc López, con la complicidad de Limbergh de la Cruz Santana, para correr injustificadamente a los profesores y sancionar por tres años a la alumna, situación que se les ha revertido con el resolutivo de la tercera sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco  que dictó sentencia definitiva el 9 de julio de este año a favor de Shadia Fernanda para que le fijen a la brevedad la fecha de su examen, pero que no ha sido acatado por el rector de la Universidad cayendo en rebeldía, pero además demostrando que se puede pasar por el arco del triunfo el mandato de dicho tribunal.
El “clan” incrustado dentro de la UPCH violó y atropelló los derechos de la alumna Fernanda Gorra y los profesores Maygualida Rodríguez, Francisco Hernández de la Cruz y Juan Carlos Falconi Carrillo, quienes eran sus sinodales, acusándolos de plagio, conspiración y de cometer faltas graves dentro de la Universidad  utilizando al  Colegio Académico, formado por integrantes de ese grupo faccioso.
 el “clan”, dictaminó que había plagio en una monografía elaborada por la alumna, sin acreditar los derechos de autor, y que por ese simple hecho  Shadia Fernanda Gorra Cabrera debía ser sancionada con tres años sin derecho a examen profesional, mientras que  los académicos que venían señalando las corruptelas de José Luis, Cocóm e integrantes de su gavilla, fueron sancionados con su destitución inmediata,  así de cochino  y sucio operó el Colegio Académico de la Universidad Popular de la Chontalpa, pese a que los maestros demostraron que ellos poseen registrados los derechos de autor desde 2012 que le fue cedida a la alumna para que pudiera realizar su tesis titulado “remediación de suelos contaminados por hidrocarburos del petróleo en el sureste mexicano”
qué fuera aprobado el 20 de mayo de 2014 y firmado por Ulises Palma González y enviado bajo el MEMO/DESICA-DAA/016/14 a Asunción Almeida Frías director de Servicios Escolares, para presentar su examen profesional.
Como suele suceder en estos casos de excesos y arbitrariedad, la joven al igual que los maestros recurrieron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que después de un año fallo a favor de Shadia, faltando los otros por resolver,  porque han utilizado el tráfico de influencias a través de terceros, pero de nada les sirvió porque este tribunal  no lo entró al juego sucio y perverso, y falló a favor de la alumna; el 15 de junio sentencia causa ejecutoria y el 9 de julio el acuerdo de sentencia donde se deja sin efecto las actuaciones del organismo académico teniendo la rectoría tres días de plazo para entregarle a dicho tribunal como a la alumna la fecha de su examen profesional, pero cayeron en desacato, se imagina usted lector que tipo de autoridades universitarias hay en la UPCH que violentan el mandato de una autoridad?.
Al  comprobarse el saqueo financiero a esa Institución de Educación Superior y pedirle la renuncia a José Luis Hernández Lazo, junto con el ex-rector cayeron integrantes de ese clan, pero otros se agarraron hasta con los dientes para proseguir medrando el presupuesto universitario, y utilizar sus influencias para seguir ejerciendo el poder y conspirar desde la Dirección de Posgrado y Dirección de Planeación, ahí está el caso  concreto de Benjamín Alberto Cocom Cantú y Acasia Valdovinos Magaña, quienes desde sus posiciones   han tratado de desestabilizar a la institución, controlando grupúsculos de maestros y al propio Sindicato de Docentes.
El Tribunal de lo Contencioso fue claro al señalar el abuso de autoridad de los integrantes del Colegio Académico de la UPCH y dejó sin efecto alguno la famosa “tercera reunión extraordinaria de 2014” celebrada el 25 de junio de ese mismo año que fue montada para sancionar por tres años a la alumna y para correr de la Universidad a los maestros que eran sus sinodales, bajo argumentos falsos y falaces que ya se cayeron por su propio peso, pero que el rector de marras, Querubín Fernández, que ya está metido en la depredación del presupuesto se ha negado a aceptar cayendo en desacato por lo que debe ser sancionado administrativamente a la par que deberá ser denunciado penalmente para que se le siga el proceso de ley.
Con el fallo del Tribunal se cae el MEMO/DESICA/EXTRAORDINARIO/007 de fecha 27 de junio de 2014 en donde sancionan a Shadia Fernanda y los maestros, y se exige que sean los mismos sinodales que le realicen el examen profesional y es ahí donde la “puerca torció el rabo”, porque eso representa que los maestros despedidos los tienen que restituir, porque además, dentro de poco ganarán la demanda y forzosamente el rector  se verá obligado a cumplir con las disposiciones legales lo que sentará un  precedente de que no se puede actuar alevosamente, que sin duda evidenciará a la misma UPCH ante la misma comunidad Universitaria
Pero aún hay más, todavía faltan asuntos por resolverse y en donde la Institución de Educación Superior se encuentra demandada por daño moral y denuncias penales por abuso de autoridad, así como que la mayoría de los integrantes del “clan” no cuentan con la cédula profesional que les permita firmar como Maestros en Ciencias, lo cual, si es una falta grave y un delito penal federal comprobado por los dictámenes que ya remitió la Dirección General de Profesiones a la Procuraduría Federal de la República y a la Secretaría de Educación Pública, donde da a conocer que no cuenta con cédulas de maestría pero han firmado títulos profesionales.
Alumnos y profesores se sigue preguntando porque el actual rector de la Universidad Popular de la Chontalpa, Querubín Fernández Quintana,  no procedió en contra de los Integrantes de ese  “clan” sino que al contrario ha optado por  protegerlos permitiendo que sigan despachando desde ciertas áreas estratégicas de la Universidad. Hay quienes afirman que el favor se lo pidió su sobrino político y presidente electo de Cárdenas, Rafael Acosta León, a quien ya se sabe que le financió con 3 millones de pesos para su campaña por la Presidencia Municipal de Cárdenas, no conforme con tener a la universidad llena de parientes y para muestra un botón Consuelo Sandoval Fernández misma q se pasa todo el día sin hacer nada cobrando un jugoso sueldo o al flojo de Jorge Quintana a quien quiso convirtió en jefe solo por ser su sobrino.
Por la inejecución de la sentencia por parte del recto de la UPCH la afectada recurrirá de nueva cuenta ante las autoridades competentes, porque no fue notificada sobre su fecha de examen que debió hacerse en los tres días siguientes de la notificación de la sentencia por parte del Tribunal.
                                         OJITOS
Integrantes de la organización “México Despierta”, quienes vienen solicitando una maquiladora regalada en el municipio de Macuspana, interpusieron ante la  Oficialía Mayor, del Congreso local, una demanda de juicio político en contra del titular de la Comisión Estatal Derechos Humanos, José Manuel Argaéz de los Santos, al acusarlo de no defender los derechos de las mujeres indígenas de esa demarcación.
En rueda de prensa en la sede el Poder Legislativo, las presuntas agraviadas indicaron  que el “Ombudsman” está a favor de las autoridades de Macuspana y anunciaron  que interpondrán una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado en contra de la “pareja presidencial” de esa demarcación, Víctor Manuel González Valerio y Leticia Potenciano, por intento de homicidio en perjuicio de Alicia Jiménez Hernández, pues el pasado 16 de julio que se manifestaron  frente al domicilio del edil  para presionarlo para que cumpla con las recomendaciones 145, 146, 147, 148 y 149/2014 emitidas por la CEDH del 26 de noviembre, fue intimidada y amordazada por los guaruras Luis Pacheco, y Mauro alias el “Gato”.