Tal como lo había venido haciendo bajo la tutela del ex-candidato perdedor de la gubernatura, Jesús Alí de la Torre, pero ahora cobijado por la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el ex-secretario de Organización de ese partido, Mario Llergo Latournieri, cuestionó y descalificó uno de los programas de gobierno, “Corazón Amigo” que sustentado en la ley fue creado para ayudar a las personas con capacidades diferentes que están en pobreza.. El programa “Corazón Amigo” fue concebido por la administración estatal que encabeza Arturo Núñez como una forma de ayudar a las personas de escasos recursos económicos con capacidades diferentes y que por su propia naturaleza no se pueden valer por sí mismo para llevar el sustento diario a sus hogares, pero para evitar su politización y utilización con fines electorales y para que no fuera llamarada de petate de un sexenio, se creó una ley donde se contempla un presupuesto y la forma en que será utilizado para beneficiar a cientos de personas. Este programa ha sido visto con simpatía por muchas personas y varios de los beneficiados que se inscribieron y ya están recibiendo su apoyo económico han dado su testimonio y su agradecimiento a la administración nuñista, porque independientemente de que está cumpliendo con uno de sus compromisos de campaña, están actuando de manera humanista, ayudando con recursos económicos a las personas de capacidades diferentes que están en pobreza, porque a ellos va dirigido más que nada la ayuda gubernamental. Paradójicamente a como lo ha venido haciendo desde el año pasado cuando comenzó cuestionando el Impuesto Estatal Vehicular, y posteriormente señaló presunto actos de corrupción en el DIF-Tabasco que terminaron con una amonestación para uno de los servidores públicos, Mario Llergo Latorunieri, uno de los hombres de confianza del malogrado candidato a la gubernatura, Jesús Alí, apuntó sus baterías en contra del propio gobernador y su esposa, a quienes denostó y tacho de corruptos, lo que originó que desde el Congreso se exigiera la revisión del empréstito otorgado al ayuntamiento de Centro justamente cuando Alí fue alcalde, y ahora de nueva cuenta ha vuelto a la cargada, pero bajo el apoyo del dirigente estatal del PRI, Erubiel Lorenzo Alonso, quien le organizó una rueda de prensa e hizo que estuviera presente la secretaría general, Gloria Herrera para avalar la denuncia de Mario, que aunque ahora lo trata de dibujar de otra manera, de que no se trata de un ataque frontal, que no se está descalificando a nadie, ni pretendiendo desestabilizar al gobierno, cuando en el fondo la denuncia pública claro que lleva esos tintes de exhibir una presunta irresponsabilidad o ignorancia de quienes desde la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno estatal operan el programa “Corazón Amigo”, que no es un programa selectivo, que no es un programa que solo vaya dedicado a ayudar a las personas con capacidades diferentes afines al ala de la izquierda, sino que se trata de un programa amplió, dirigida a toda la población que tenga una discapacidad y que esté en pobreza, pero es claro que tiene que reunir ciertos requisitos que se exigen en la reglamentación para se puedan hacer acreedores a recibir este beneficio. Mientras que la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que en conjunto con su dirigencia nacional analizan la posibilidad de regresar a los trabajos del Pacto Político por Tabasco, el cual abandonaron por la reforma electoral que se realizó en el Congreso del Estado donde se aprobaron las candidaturas comunes, en un doble lenguaje, la misma dirigencia estatal arropa a Mario Llergo para que prosiga denostando al gobierno estatal, aunque ahora lo hizo en forma más moderada, quizás porque ya comenzó a caminar uno de los distritos electorales del municipio de Centro, donde ya reparte trípticos anunciando que pretende buscar la candidatura a diputado local. Como en todo programa gubernamental que se rige por el marco legal, “Corazón Amigo” tiene reglas de operación que se tienen que cumplir precisamente para beneficiar a las personas con discapacidades que realmente lo merezcan, porque no vaya a suceder como en el pasado, que se otorgaron apoyos de manera indiscriminada a madres que se hacían pasar por solteras pero que tenían parejas, como a personas de la tercera edad que cobraban pero no tenían necesidad del programa gubernamental pues estaban jubilados o vivían holgadamente; quizás sea esto lo que añore Mario Llergo cuando se refiere a que las las reglas de operación se haya restringido y limitado el acceso a más personas al programa, y vaticinó que de seguir así con esas limitantes no se tendrán los resultados deseados.
OJITOS
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión promulgada el pasado lunes por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es un engaño entre renglones ya que solamente fortalece el “duopolio” entre Televisa y Televisión Azteca y otorga supuestos derechos a usuarios que son negados en sus leyes secundarias, denunció la legisladora federal por el primer distrito de Tabasco, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier La legisladora precisó:“No podemos estar a favor de las reforma de Peña Nieto, que son privatizadoras; lamentablemente el PRI, el PAN y el Verde Ecologista , a excepción de algunos legisladores de Acción Nacional, votaron a favor de la propuesta de ley de Enrique Peña Nieto y en contra del pueblo mexicano. No es posible que nos quieran engañar diciéndonos que ya no vamos a pagar las largas distancias, pero hay otras cosas que se quitan; nos dan unos derechos como usuarios pero en unas cláusulas más abajo esos derechos se nos niegan, entonces es una serie de engaños, que se están emitiendo a través de las leyes secundarias de telecomunicaciones”. Subrayó que queda muy claro que los grandes beneficiados son los dueños de Televisa y Televisión Azteca, mismos que financiaron la campaña presidencial de Peña Nieto, lo cual fomenta el “duopolio” entre ambas empresas y las riquezas de nuestro país son repartidas en estas dos familias, mientras que los mexicanos empobrecen más. Bojórquez Javier argumentó que La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión , quita derechos a usuarios, niega el servicio gratuito de internet, a personas con discapacidades, y lo que es peor, con las reformas a las leyes secundarias cualquiera puede espiar, pues permiten invadir la privacidad de las conversaciones y diálogos escritos. “Pasamos de ser un ente privado a un ente exhibido por cualquiera que no le convenga lo que hablamos, lo que manifestamos y lo que pensamos, hoy cualquiera puede ser grabado en sus conversaciones sin que exista algún tipo de penalización”, por lo que la legisladora tenosiquense lamentó que esta ley no deje beneficios a los mexicanos, y sí haga a los mexicanos más vulnerables en cuanto a su privacidad, por lo que nuevamente, entre lo bueno y lo malo que pudiera pasar en materia de telecomunicaciones, prevalece lo malo.
VISORCITO
Si los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, están creyendo que es cosa de juego las sanciones administrativas o penales que se aplicarán en su contra, pronto verán que no es así, ya que ayer el director Jurídico del Organo Superior de Fiscalización, Edgar Iván Oropeza Díuaz entregó al oficial mayor del Congreso, Gilberto Mendoza Rodríguez la documentación soporte que el OSFE entrega a la legislatura, seguramente en donde se contiene cuáles son las sanciones a la que se harán acreedores los consejeros electorales. Como se recordará la cuenta pública 2011 del Instituto Electoral fue reprobada por el Congreso local, debido a una serie de irregularidades en la compra de un viejo edificio que costó 32 millones 600 mil pesos, pero que al realizar el avalúo se demostró que costaba 14 millones de pesos menos, dinero que indebidamente y bajo complacencia de los propios consejeros electoral alguien o algunos se adjudicaron a la mala en detrimento de las propias finanzas de ese instituto electoral. A partir de allí se han venido realizando una serie de diligencias, incluso ante el Ministerio Público en donde fueron citados a declarar varios de los consejeros electorales en funciones y hasta el ex-presidente de ese organismo Alfonso Castillo Suárez, bajo cuyo mandato se compró el viejo edificio de periférico que se encuentra inservible y no apto para ser ocupado, donde se supone estarían las oficinas del Instituto Electoral que hasta la fecha sigue rentando en la calle de Sarlat, haciendo un doble gasto, ya que si se compró un edificio era para ahorrarse la renta, pero todo resultó al revés, ya que es indudable que los propios consejeros, participaron, permitieron u observaron y guardaron silencio ante el robo descarado del dinero de la propia institución electoral. Hay consejeros que ya se inscribieron paras participar en la elección que realizara el Instituto Nacional Electoral que designará a los nuevos consejeros electorales de Tabasco, creyendo que podrían ser aprobados para repetir en el cargo, pero con lo que no contaban es que pronto serán sancionados y su expediente será enviado al INE para que sean desechados en su participación, ya que no tienen la mínima calidad moral para volver a repetir en el cargo de consejero cuando participaron, permitieron o fueron omisos en el robo vil y descarado que sufrió en sus finanzas el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Todos los consejeros electorales, al igual que el ex-consejero Alfonso Castillo, como el ex-director de Administración, Carlos Iñiguez, deben de ser sancionado con todo rigor, deben ser inhabilitados para no ocupar cargos públicos porque todos firmaron la minuta donde estaban de acuerdo en la compra-venta, pero además se debe sancionar penalmente a los directamente involucrados y es ahí donde aparecen los nombres de los consejeros Gustavo Rodríguez Castro y Jorge Montaño Ventura, como los responsables de haber cerrado el trato para la compra-venta, por lo que las autoridades competentes deberán deslindar responsabilidades. Pronto se sabrá cuáles serán las sanciones que se le apliquen a cada uno de los consejeros electorales, porque no debe, ni puede quedar en la impunidad que hayan defraudado 14 millones de pesos en la compra-venta de un viejo inmueble que hasta ahora no sirve para ser habitado. El IEyPCT compró un inmueble chatarra, pero además a precio estratósferico.
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