CARNE DE PRESIDIO

Pese a la insistencia de algunos representantes de partidos políticos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, entre estos,  el del Revolucionario Institucional, de que algunos de los actuales consejeros electorales deben permanecer en el cargo cuando el Instituto Nacional Electoral se haga cargo del control estatal, en realidad todos deben de ser barridos, porque están seriamente cuestionados por los actos de corrupción en que incurrieron. Independientemente de que la Procuraduría General de Justicia del estado, solamente haya llamado a declarar  a tres de los siete consejeros, Gustavo Rodríguez Castro, Héctor Aguilar y Jorge Ventura Montaño, como presuntos implicados en el más vil y descarado robo que le hicieron a las arcas del propio instituto Electoral, ninguno de ellos se salva de la quema, puesto que  para comprar el viejo y arrumbado edificio que se localiza en el periférico que sirvió para cometer el “hurto institucional”, todos firmaron la minuta de compra-venta, de tal manera, que de manera directa o por omisión, ninguno de los actuales consejeros son digno de confianza, desde su actual presidente, Rosendo Gómez Piedra, todos, pero todos, deben irse de esa institución porque además carecen de credibilidad y no son garantes de transparencia, equidad e igualdad en el desarrollo del próximo proceso electoral de 2015, que prácticamente ya está en puerta. Desde que citaron a declarar a los consejeros electorales, Gustavo Rodríguez Castro, Héctor Aguilar Alvarado y Jorge Ventura Montaño a la Procuraduría de Justicia, existen todas las probabilidades de que los tres, que fueron los responsables directos de localizar los inmuebles que el Instituto Electoral podría comprar como su sede, sean encarcelados, pues las evidencias apuntan que los tres son corresponsables de todo lo que pasó y que incluye el robo más vil y descarado que se haya cometido en contra de la misma institución, es decir que pueden haber delitos agravados, porque se maquinó, se planeó, se buscó la estrategia y se ejecutó la compra de ese viejo inmueble por el que pagaron en total 32 millones 600 mil pesos, cuando todos los avalúos que posteriormente se realizaron para determinar el valor real, no pasaron de los 18 millones de pesos, por lo que quedaron volando en el aire 14 millones de pesos y es ahí donde todos están embarrados de la mano, incluyendo al ex-director de Administración Carlos Iñiguez, y hasta el expresidente de ese instituto, Alfonso Castillo y el secretario ejecutivo, Armando Xavier Maldonado, salen implicados en este hecho de corrupción, que ya está siendo investigado por las autoridades estatales, y hasta donde se sabe, no habrá perdón, ni olvidó, pues se llegará hasta las últimas consecuencias para que quienes resulten responsables, se le finquen responsabilidades penales. Así que,  hay que irle alistando sus cigarros a cuando menos tres consejeros electorales, al ex-director administrativo y al ex-presidente de ese organismo  porque van a ir a prisión y no hay nada que pueda salvarlos, salvó que al procurador le tiemblen las corvas para aplicar la ley, porque sabiendo que terreno está pisando tiene que actuar en consecuencia, aunque toque intereses que quizás no deba tocar, pero la ley a secas se tiene que aplicar a la brevedad, porque este asunto se parece a los frijoles cuando se pone a cocer en una olla y tarda horas para que se ponga medio blandito, por lo que se dice que se está pasmando. Ninguno de los actuales consejeros electorales del Instituto Electoral, dado que ya han caído en el descrédito y ya no son dignos de confianza, deben permanecer en el cargo, ni ser promovidos para que el Instituto Nacional Electoral los tome en cuenta para ver si prosiguen en el cargo, ya que independientemente de que pudieran estar adentrados en las cuestiones electorales, el hecho de que se hayan prestado, unos, y otros, hayan participado directamente en la compra del ese viejo edificio inservible, que hasta ahora no ha podido utilizarse, los convierte en presuntos delincuentes que se confabularon  para robarle a la propia institución cerca de 14 millones de pesos, lo que es un poderoso motivo para que todos se vayan, pero no nada más así, como borrón y cuenta nueva, no, la ley no se debe de negociar, la ley se tiene que aplicar, porque no es justo que quienes tenían la alta responsabilidad de cuidar los intereses tanto materiales como económicos del Instituto Electoral lo hayan asaltado vilmente, como verdaderos cuatreros y eso quede en el olvido, se tiene que castigar el robo descarado y maquinado de los propios dineros que debieron de cuidar y que se repartieron entre ellos. Para adquirir  este viejo inmueble, aun sabiendo que estaba inservible, todos los consejeros electorales, se reunieron en una junta de trabajo y llegaron al acuerdo de comprar ese edificio para que fuera la sede oficial, firmándose una minuta en la que los siete consejeros, incluyendo a Rosendo Gómez, estamparon su firma, minuta que hasta donde se sabe han escondido o han hecho como que se perdió, pero hay copias de la misma, que es la prueba de que todos dieron el visto bueno,  nadie se salva, ya que hay algunos consejeros electorales que aducen no tener conocimiento de cómo se compró se edificio inservible, pero al estampar su firma en la minuta se convirtieron en responsables de lo que otros consejeros hicieron, y aunque pequen de omisos, se les recuerda que la omisión no los exime de responsabilidades legales. Los partidos políticos en conjunto, salvo que  alguno tenga otros intereses, deben de promover que ningún consejero electoral pase a formar parte del INE, porque eso sería tanto como contribuir al descrédito, lo mejor es que sean consejeros electorales nuevos los que lleguen a hacerse cargo de todo el proceso electoral de 2015, y aunque haya representantes de algún partido ante el órgano electoral, que induzca que algunos se deben de quedar porque ya tiene experiencia electoral y con los nuevos se puede atrasar todo el proceso, en los hechos, ya es insostenible que se queden, porque estos consejeros ya están completamente desacreditados porque directamente o por omisión se robaron parte de los ahorros del propio Instituto Electoral, en una acción maquinada, concertada, estudiada, que debe de ser castigado con todo el rigor de la ley. Si el Procurador de Justicia, Fernando Valenzuela Pernas, actúa en forma diligente y no tambalea, pronto veremos a cuando menos tres consejeros electorales en la cárcel, para que sirva de ejemplo para otros funcionarios públicos que todavía persisten en esas prácticas arcaicas repudiadas por la población de robarse parte del presupuesto público.                                           

OJITOS

 Sobre la actuación de los consejeros electorales el presidente de la Comisión de Justicia y Gran Jurado, Rafael Acosta León, aseguró que en el caso de la salida de los consejeros del IEPCT, no se debe de negociar la ley. “La ley no se negocia, las sanciones a consejeros deberá salir antes de que estos renuncien, y eso podría ser en un periodo extraordinario de sesiones”. El legislador  por el municipio de Cárdenas, calificó como incongruente el pago de “bono de retiro”, que  pretenden adjudicarse Rosendo Gómez Piedra, Elidé Moreno Calix, Héctor Aguilar, Jorge Montaño y Antonio Ponce, ya que “por un lado ellos mismos dicen que el instituto está en quiebra, y por el otro buscan este bono de salida. Voy a pedir cuenta al representante electoral de mi partido, porque deben de ética moral estas personas”, afirmó. Sostuvo que la Comisión de Justicia y Gran Jurado, ya cuanta con el dictamen respectivo sobre las irregularidades en la compra del nuevo edificio, lo que faltaría es tenerlo bien consensuado, y poder dictaminar en el pleno.  “Queremos un dictamen firme, y este puede ser en un periodo extraordinario”.                                             

VISORCITO 

Este miércoles 28 de mayo a las diez horas,  la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos suscribirán un convenio de colaboración con la dirección general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECyTE Tabasco), mismo que se realizará  en el auditorio de dicha dirección  localizado en la calle río Mezcalapa número 106-C, de la colonia Casa Blanca. Al término de la firma del convenio, la maestra Gilda Cuevas Rodríguez, representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, impartirá la conferencia "La importancia de los Derechos Humanos en la Educación", donde también estará presente  Jesús Manuel Argaez de los Santos, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.                                      

OJITOS DOBLE 

Conflictos religiosos de antaño hacen que en el llamado Oriente Medio priven violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, como suponer que la mujer es inferior que el hombre u ofrecer el cielo a quien mate a un infiel al Islam, sostuvo el doctor Pedro Javier Cobo Pulido, profesor investigador del ITAM, durante un encuentro con universitarios auspiciado por el ombudsman tabasqueño. Al ofrecer la conferencia “Derechos Humanos en Oriente Medio. Palestina, Israel y Siria”, el especialista señaló que en esa región el tema “es un desastre”, pues al converso se le mata, en tanto se le ofrecen “grandes daños en este mundo y más graves en el otro”. Luego de un amplio contexto histórico y religioso, el profesor Cobo Pulido señaló que en esa región del mundo siempre se ha rechazado la paz, existe una incitación permanente a la violencia, en la disputa de territorios hay condiciones de hacinamiento y restricción de servicios básicos, se lapida a las mujeres y hay sujeción a un solo credo religioso. Durante la conferencia, en la que la maestra Martha Lilia López Aguilera fue representada por la licenciada Diana Lisbeth Zúñiga Palomera, ejecutiva del DIF Tabasco, el ombudsman Jesús Manuel Argáez de los Santos refirió que poca duda puede haber de que tanto las fuerzas del orden israelí, las distintas organizaciones palestinas, el gobierno de Hafez Al Assad, la mayoría de las fuerzas que se oponen a este último y las distintas fuerzas policiales y militares mexicanas han violado sistemáticamente los Derechos Humanos de una parte de quienes se supone que deben proteger. Añadió que “si permitimos o por lo menos no denunciamos la violación de los Derechos Humanos en Medio Oriente, poca solidez tendríamos para pedir a gente de otros países, a ONG internacionales y a otros Estados que luchen por la defensa de los Derechos Humanos en nuestro país”. Asistieron a la conferencia el embajador en retiro Luis Ortiz Monasterio, jefe de la oficina de la CNDH en Villahermosa; el licenciado José Luis González Martínez, presidente de la Barra Tabasqueña de Abogados; la diputada Casilda Ruiz Agustín, y el doctor Rodrigo Salvador Landero Cruz, abogado general de la Universidad Olmeca.