EL TRIUNFO O LA CALLE.- 7 Marzo 2013

Jacinto López Cruz
jaclop62@hotmail.com

ojovisor.jlc@gmail.com

A dos meses y siete días de haber iniciado la actual administración estatal, y después de que se ha dicho hasta el cansancio de que la administración granierista saqueó las arcas públicas, pues hay que pasar de las palabras a los hechos, ya que la población quiere resultados concretos, quiere que pronto sean detenidos y recluidos en prisión los principales ex-secretarios acusados de haberle metido las uñas al dinero público, entre estos, José Manuel Sainz Pineda, Rosa Beatriz Luque Greene y Héctor López Peralta, entre otros.

Como resultado de lo que se ha venido denunciando públicamente de que los ex-funcionarios granieristas saquearon sin piedad las arcas públicas y que los responsables tienen que pagar con cárcel, porque no habrá “ni amnesia, ni amnistía” como tampoco “ni perdón, ni olvido”, la Contralora del Estado, Patricia Jiménez Oropeza, interpuso en días pasados varias demandas penales ante la Procuraduría General de Justicia, contra quien o quienes resulten responsables, por presuntos hechos de caracteres delictuosos, cometidos en agravio de la sociedad y de la administración estatal, por lo que se espera que pronto hayan resultados concretos, si es que el sueño de los justos no envuelve con su manto dichas Averiguaciones.

Como del dicho al hecho hay un enorme trecho, de repente, el Procurador General de Justicia, Fernando Valenzuela Pernas, que sin duda no tenía ni la más remota idea a donde se iba a meter, ya está sentado en un barril de pólvora, con el detonador listo para explotar, ya que independiente de que la delincuencia organizada y la delincuencia del fuero común lo están haciendo morder el polvo, lo que está generando mucho nerviosismo entre la población por la gran inseguridad, ahora en la parte jurídico-político está más obligado a dar resultados en el corto tiempo, pues tendrá que investigar, integrar y consignar las Averiguaciones Previas que se iniciaron a raíz de las denuncias presentadas por la Contralora del Estado, Patricia Jiménez Oropeza, porque la población que está ávida de resultados, espera que pronto, cuando menos, uno o dos de los llamados peces gordos, acusados de robarse del presupuesto público sean puesto tras las rejas en el corto tiempo, de ahí que Valenzuela Pernas está ante la grave disyuntiva de reafirmar su permanencia en la Procuraduría General de Justicia a pesar de los pesares, o terminar de patitas en la calle, dependiendo del resultado de las investigaciones que se está convirtiendo en un arma de doble filo, porque si ya se acusó públicamente de que los principales funcionarios granieristas saquearon las arcas públicas, pero en el corto tiempo no se ve que alguno de ellos caiga preso, el desencanto será generalizado y entonces se tendría que tomar medidas de apremio, porque algunos no hicieron bien su trabajo bien y deberán pagar las consecuencias de sus actos, o alguien tendrá que responder por el nulo resultado.

Más allá de los nulos resultados en la procuración de justicia, Fernando Valenzuela Perna está en un grave predicamento, o cumple o cumple hasta sus últimas consecuencias con las Averiguaciones Previas que se integraron a raíz de las denuncias de la Contralora en contra de quienes defraudaron los recursos públicos, porque hay una alta expectativa por parte de la población en torno a este grave asunto, por lo que tiene que haber resultados en un corto plazo, no se puede llevar todo el año intentando investigar, integrar y consignar los expedientes, porque la ciudadanía que está siguiendo los pasos de los funcionarios Nuñistas tienen puesta la vista en el Procurador que con esa papa caliente, tiene que dar resultados concretos, porque sería una burla para el pueblo que después de que se acusó y señaló quienes son los presuntos involucrados en el desfalco de los dineros públicos, nadie vaya a la cárcel, eso sería el peor revés para la actual administración estatal.

Independientemente de las investigaciones que pudiera estar realizando la Procuraduría General de la República a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en torno a los 2 mil millones de pesos de los recursos federales que llegaron a la secretaría de Finanzas en el gobierno granierista pero que nadie sabe su destino, el Procurador de Justicia, Fernando Valenzuela Pernas está obligado a hacer lo propio en el corto tiempo, está obligado a dar resultados concretos en torno a los presuntos saqueadores del presupuesto público, porque en caso de no hacerlo, en caso de que pretenda llevarse todo el año en las investigaciones alegando que es un asunto delicado, prácticamente estaría cavando su tumba política por su ineficiencia e ineficacia; el pueblo ya está exigiendo resultados concretos, ya quiere que caigan los primeros funcionarios granieristas en la cárcel, pero si esto no sucede en el corto plazo, podrían ser acusados de complicidad, pero es claro y contundente las declaraciones del gobernador Arturo Núñez Jiménez de que no habrá cacería de brujas, sino que simple y sencillamente se aplicara la ley en contra de los defraudadores del erario público.

Ojitos
El rotundo y vergonzoso fracaso del presidente de la Junta de Coordinación Política, Rafael Abner Balboa Sánchez al no lograr que el titular del Organo Superior de Fiscalización del Congreso local, Francisco Rullán Silva presentará su renuncia voluntaria a ese cargo, ya lo tiene en la picota pues hay diputados perredistas que ya están pensando en su remoción por su incompetencia.

Si se resumiera en una sola palabra el nulo y patético trabajo legislativo que ha venido realizando Rafael Abner Balboa solamente se le calificaría como un hombre inepto, que por alguna razón le entregaron la coordinación de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y por ende la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, donde no ha dado el ancho, ya que lejos de coadyuvar con el jefe del Poder Ejecutivo, no de manera sumisa, sino como dos poderes coordinados, poco a poco se va volviendo un obstáculo ya que no ha podido calmar a las tribus que pretendieron hacer una cena de negros con el titular del OSF, Paco Rullán, a quien le echaron montón, a quien le hicieron un juicio sumario y lo condenaron al destierro, corriéndolo de ese órgano fiscalizador, sin darse cuenta que la ley es la ley, y la tienen que respetar les guste o no les guste.

El brutal revés que recibió Rafael Abner y varios de los rijosos diputados perredistas, que envalentonados creyeron que era fácil correr a Rullán Silva del Organo Superior de Fiscalización, ya encendió los focos rojos en el Congreso del estado, porque no pudieron con el paquete y el fiscal no se va, ni sé irá, y será el responsable de fiscalizar el primer trimestre de las cuentas públicas de los tres poderes correspondientes al 2013, por lo que prácticamente estarán en las manos de Paco Rullán.

Se comenta que los días de Rafael Abner al frente de la Junta de Coordinación Política del Congreso están contados, que su permanencia ya representa un lastre político porque trae divididos a los diputados del mismo PRD y los partidos aliados, y porque además ya no es confiable para sacar las encomiendas que le han encargado, porque todo lo hace al revés.

Ahora habría que observar que diputados o diputadas podrían perfilarse para ocupar la Junta de Coordinación Política del Congreso, que tiene que ser un hábil operador político que destraba los problemas, no que los enrede como hace Nesho Balboa, que si van a quitar a un inepto para poner a otro peor, entonces la fracción perredista no saldría de ningún apuro, porque lo que se requiere en el Congreso, es que tenga un presidente de la Junta de Coordinación eficaz, que logre amarrar los acuerdos parlamentarios necesarios para el buen funcionamiento de la Cámara, pero para que también logre sacar los acuerdos políticos con el Ejecutivo para las reformas que se avecinan.

Visorcito
En plena crisis económica, mientras despidió al personal eventual del ayuntamiento y a las personas de escasos recursos económicos que han acudido en busca de ayuda le da largas, al decir que la comuna está en quiebra que no cuenta con recursos monetarios, el presidente municipal de Centla, Ramón Hernández Sánchez (a) El Diablo, logró que el pleno de regidores del cabildo le aprobara un millón de pesos para la compra de una camioneta último modelo, de acuerdo a su envestidura, porque la que dejó el ex-alcalde Aquiles Reyes Quiroz , ya no sirve y no está a si nivel.

Es increíble que algunos alcaldes, mientras lloran de que no tienen dinero para la obra pública, para ayudar a la población o para invertir en proyectos productivos, si tengan dinero para derrocharlo, porque en estos sagrados tiempos disponer de un millón de pesos para comprar una Suburban 2013 que en la agencia Chevrolet vale casi el millón es un insulto a la ciudadanía en este caso la de Centla que votó por un alcalde, que lo primero que hace es derrochar el presupuesto público.

Dicen que el que nunca ha tenido poder y lo llega a tener, loco se quiere volver, así está ahorita Ramón Hernández (a) El Diablo, que lo primero que hizo fue lograr que el cabildo le aprobara ese millón de pesos para comprarse una camioneta de lujo de acuerdo a su “nivel político”, por lo que alguien tiene que poner en su lugar a algunos ediles que locos de poder, creyéndose los todos poderosos en sus municipios, están violentando las leyes y despilfarrando los recursos económicos en cosas superfluas, mientras la población sigue esperando a que comiencen a bajar los apoyos sociales.