La indisciplina presupuestal, la mala administración, la falta de previsión y controles, aunados a la grave y generalizada corrupción de las estructuras de gobierno, son responsables en sumo grado de la altísima deuda pública que dejó la anterior administración estatal, que por la magnitud de esas irregularidades no pudieron haber sido cometidas sin el consentimiento de quien fuera el gobernador, Andrés Rafael Granier Melo, de tal manera que todos los implicados en el gran robo o fraude tiene nombres y apellidos por lo que ayer mismo la Contralora de Gobierno procedió a interponer las demandas penales correspondientes.
A 51 días de gobierno, y ante el clamor generalizado de la población de que ya era tiempo de que se fuera clarificando con nombres y apellidos, quienes fueron los que saquearon el presupuesto público de Tabasco, que de igual manera ya deberían estar en la cárcel al dejar un brutal colapso financiero, ayer en una rueda de prensa realizada en el Palacio de Gobierno, el propio jefe del Ejecutivo estatal, Arturo Núñez Jiménez, dio a conocer de manera pormenorizada el desastroso estado financiero en que dejó sumida la entidad la administración granierista: “como se ha dicho, de la revisión preliminar de las actas de entrega-recepción y de la información a la que se ha tenido acceso a partir del 1 de enero de 2013, se desprende que el monto real de los pasivos de la Administración Pública Estatal es claramente superior hasta ahora, a los 17 mil 737 millones de pesos. Es necesario recordar aquí que a noviembre del año próximo pasado se había reportado una deuda de 10 mil 135 millones 200 mil pesos. De la misma forma, el porcentaje de las participaciones fiscales de Tabasco comprometidas a 20 años por adeudos no es de 14.4 por ciento, sino de 24.47 por ciento”, lo que dimensiona la gravedad del daño cometido a las arcas estatales, y que lleva irremediablemente al actual gobierno a entablar demandas penales en contra de quien o quienes resulten responsables ya con nombres y apellidos, dado que los recursos económicos que de manera ilegal se sustrajeron tienen que ser restituidos, independientemente de las sanciones penales que se tengan que aplicar por sus ilícitas acciones.
Ayer, de entrada el gobernador Núñez enfatizó antes los medios de comunicación: “Mí primera responsabilidad como servidor público es con el Estado de Derecho y con el pueblo al cual debo mi mandato. No obstante que mucho antes de rendir formal protesta como Gobernador del Estado existían indicios cada vez más evidentes del grave desorden imperante en las finanzas y la administración estatales, no ha sido sino hasta ahora, una vez que está por concluir la primera etapa de los procedimientos de entrega-recepción de las diferentes dependencias y entidades paraestatales, que se puede dimensionar con certeza el tamaño del desfalco que sufrió la hacienda pública y la gravedad de la problemática que a causa de ello enfrentará Tabasco en los próximos años. Es por ello que he tomado la decisión de ofrecer a los tabasqueños esta primera visión general de lo que hemos encontrado a 51 días de haber tomado las riendas del gobierno e informar de las acciones que corresponde emprender en el corto y mediano plazos. Así como habré de señalar a quienes les fallaron a Tabasco, de igual manera, reconozco que hubo servidores públicos de la anterior administración que honraron, dado el contexto de su desempeño y en la medida de sus posibilidades, el cargo que les fue conferido” refirió el gobernador.
Posteriormente el gobernador Núñez fue detallando pasó a pasó los faltantes presupuestales que hasta ahora han descubierto, ante la sustracción de documentación oficial, que desde el año pasado se supo, se dio la orden de quemar mucha papelería para que no quedara huellas, como a las computadoras les sustrajeron los discos duros o sus mecanismos fueron alterados para no dejar evidencias de lo hurtado, así se tiene que: al cierre del ejercicio presupuestal de 2012 se han validado cifras que no fueron presentadas en la entrega-recepción de la entonces Secretaría de Administración y Finanzas, por concepto de faltantes en cuentas bancarias de diversos Programas Federales, hasta por la cantidad de 1 mil 918 millones 597 mil 977 pesos, lo que constituye un importante pasivo que tendrá que resolver la presente administración”, reveló el Ejecutivo y prosiguió: “este faltante corresponde a los siguientes sectores: Salud, 1 mil 226 millones de pesos; Educación, 60 millones 600 mil pesos; Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, 84 millones de pesos; y otros, 547 millones 997 mil 977 pesos. Cabe aclarar que estas cantidades fueron indebidamente retiradas de las cuentas donde el Gobierno Federal depositó esos recursos. Además de que ese dinero no se gastó en los fines previstos, tampoco se tiene comprobación alguna de a dónde fue a parar, lo que ya de por sí es constitutivo de faltas administrativas y delitos. Ahora las instancias competentes están exigiendo su reintegro a la Tesorería de la Federación, razón por la cual he instruido a la Secretaría de Contraloría del Estado presente las denuncias correspondientes ante la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República y de vista para los efectos legales procedentes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Auditoría Superior de la Federación” enfatizó.
El gobernador dejó en claro que existen responsables de estos hechos, que están perfectamente identificados con nombre y apellido, de haber autorizado con su firma las transferencias de los recursos de las cuentas federales a otras cuentas de donde desaparecieron, sin haber realizado las comprobaciones o, en su caso, haber hecho los reintegros necesarios.
Igualmente dio a conocer que: “en el acta de entrega-recepción de la anterior Secretaría de Administración y Finanzas se reportaron documentos pendientes de pago por 2 mil 320 millones 452 mil 343 pesos, sin existir suficiencia presupuestaria ni financiera en caja para su liquidación en 2013. Esto simplemente significó que un enorme número de proveedores no pudieran cobrar a fin de año los pagos por la entrega de bienes o prestación de servicios al Gobierno del Estado, lo cual constituye también una seria irregularidad, ya que todos ellos debieron estar debidamente calendarizados. Este pasivo complica sobremanera el arranque y ejercicio del presupuesto 2013, con el cual se deberán cubrir dichos adeudos que evidentemente no estaban considerados.
El gobernador Núñez también dio a conocer que se robaron documentación oficial: “cuando los responsables de la recepción en la actual Secretaría de Planeación y Finanzas se enteraron de muchos de los faltantes antes mencionados, solicitaron revisar los soportes contables y evidencia física de los gastos de inversión, contratos, solicitudes de inscripción, escrituras, testimonios, memorándums, dictámenes, resúmenes y relaciones de datos del ejercicio de recursos hasta por un total de 1 mil 301 millones de pesos, todos ellos directamente relacionados con el ejercicio del Capítulo 6000 (relativo a Infraestructura para el Desarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma), se les informó que tales documentos fueron “robados” durante el año 2012, integrándose la respectiva Averiguación Previa” y de la misma forma a pretender utilizar el Sistema Informático de Gestión Presupuestaria, se encontraron con que ese instrumento, esencial para la buena gestión financiera y presupuestal, había sido manipulado y modificado para que en forma automática no fuese operativo al 31 de diciembre de 2012, lo que implicó graves dificultades para la hoy Secretaría de Planeación y Finanzas en cuanto al cierre del Ejercicio Fiscal de ese año e inicio del correspondiente al 2013, como también en la entrega recepción de las diversas dependencias se evidenció que las computadoras fueron manipuladas para no dejar ninguna información útil a los nuevos usuarios, además de que en la gran mayoría de los casos no se entregaron los soportes documentales de información tan elemental como manuales de organización y de procedimientos, además de muchísima información documental soporte de infinidad de actos administrativos, necesaria para la continuidad y buena marcha de la administración y de los servicios públicos.
El gobernador Núñez Jiménez también precisó que hay un déficit presupuestal cercano a los 5 mil millones de pesos en el Presupuesto General de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 por el pésimo diseño institucional que dejó la anterior administración, pues existen rubros de gastos que inexplicablemente los dejaron sin asignación alguna o con una cantidad insuficiente, por lo que con ayuda del Congreso del estado, se tendrá que reorientar el gasto público para balancearlo y no haya un colapso financiero.
OJITOS
Para el gobernador Arturo Núñez como para el grueso de la población les queda claro que todas las irregularidades o todos los actos de corrupción no se pudieron cometer sin el consentimiento de su antecesor en el cargo, Andrés Rafael Granier Melo, por lo que precisó: “existen evidencias que desde hace varios años se presentaron múltiples denuncias públicas en medios de comunicación social o señalamientos de representantes populares, ciudadanos y organizaciones sociales, que alertaban al gobernante de que la corrupción se extendía como un cáncer en el tejido burocrático, sin que se hiciera nada para impedirlo. No habrá perdón ni olvido; no habrá más impunidad para nadie, sea cual sea su condición o haya sido el grado de su responsabilidad. Con las herramientas legales a nuestro alcance, habremos de dar seguimiento serio y responsable a quienes deban rendirle cuentas a Tabasco”, Arturo Núñez va en serio, ahora les quedará en claro a aquellos que creían que no actuaría por medio de la ley.
VISORCITO
Mientras el gobernador Núñez daba a conocer cuál es la deuda pública que heredó de su antecesor Granier Melo, la Controlara de Gobierno, presentaba las demandas penales en la Procuraduría de Justicia, dando nombres y apellidos de los presuntos saqueadores del erario público de Tabasco. La cuenta regresiva, ha iniciado.
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