FGE EN ENTREDICHO

 

La denuncia sobre un presunto abigeato que el año pasado llevó a la incautación de más de doscientas cincuenta reses por parte de la Fiscalía General del Estado, que originó que la publicitara como el mayor decomiso propiciado a los abigeos, ha puesto en entredicho a la propia dependencia responsable de impartir justicia al negarse a regresarle a su dueño los semovientes que ya demostró que son de su propiedad, ya que  a más de un año de distancia corre la sospecha de que ya negociado o vendido y los responsables de impartir  justicia, como viles delincuentes se repartieron el producto del botín.

El dos de abril de 2021 hombres armados ingresaron por la madrugada al rancho San Gerónimo en el municipio de Jonuta de donde sustrajeron 267 bovinos de diferentes tamaños propiedad de la familia Lezama Zubieta, quienes creyeron que habían sufrido un gran robo, que habían sido víctimas de una banda de abigeos por la forma en que entraron al inmueble, pero pocos días después la Fiscalía General del Estado publicitó como uno de sus mayores éxitos, como uno de los  mayores decomisos de ganado que ha realizado la dependencia en contra de quienes se dedican al robo de ganado, pero resulta que no eran bovinos  robados, sino que tiene propietario que es el ingeniero Julio Cesar Lezama Zubieta, quien vive en Estados Unidos y tiene la doble nacionalidad, mismo que ha venido luchando para que le devuelvan sus reses sustraídas de manera ilegal de su rancho por la dependencia que se supone se dedica a impartir justicia,  y pese a que existe una orden judicial para que se lo regresen le dan vueltas y vueltas al asunto para no entregarlo, lo que hace suponer a la familia afectada que la dependencia impartidora de justicia, que debe hacer prevalecer el Estado de derecho en la entidad, ya vendió el ganado y el dinero producto de esa venta ya se lo repartieron entre los implicados, lo que de ser así, significa uno de los más grandes robos que haya cometido la propia Fiscalía General de Justicia que forma parte del gobierno de la Cuarta Transformación, por lo que se debe proceder a sancionar a los implicados, incluso, al mismo Fiscal General, Nicolás Bautista Ovando, quien pudiera estar deteniendo todo el procedimiento judicial, porque en caso contrario, debía ser el  primero en exigirle a quienes están bajo su mando entreguen los semovientes con todas las crías que han procreado durante este año y medio que lleva la incautación por elementos de la misma fiscalía.

Fue la abogada Marianela Lezama Zubieta la que detonó el problema en redes sociales en donde escribió un mensaje con relación a este caso que ya ha sido retomado por algunos medios de circulación nacional: “Agradezco mucho los mensajes expresando empatía hacia mi hermano, el Ing. Julio César Lezama Zubieta, quien el 2 de abril de 2021 fue víctima del crimen de Abigeato de mayor gravedad cometido en la historia de Tabasco y del cual se tenga noticia. 

Actualmente la Fiscalía General precisamente del Estado de Tabasco reporta el ganado que nos fue robado como “asegurado”, “bajo resguardo de un custodio ministerial” y “listo para ser devuelto”, pero lleva más de un año diciendo que ya lo van a regresar y esto aún no ocurre, siendo que el 15 de Diciembre de 2021 el Juez Primero de Distrito con sede en Villahermosa, dictó sentencia irrevocable a favor de Julio y ordenó al Fiscal de Abigeato que estos semovientes le fueran devueltos a mi hermano y entregados precisamente en el mismo lugar de dónde ilícitamente los sustrajeron, es decir, los predios de nuestro Rancho San Gerónimo, ubicado en la municipalidad de JONUTA.  

Para tal efecto el Juez Federal otorgó a la Fiscalía del Estado el plazo de tres días, pero hasta hoy, MÁS DE UN AÑO Y DOS MESES DESPUÉS, seguimos en espera de que nos regresen los animales robados, lo que nos hace temer que dicha autoridad ilegítimamente haya dispuesto de ellos, es decir, que estas reses ya ni siquiera existan, y que éste precisamente sea el motivo por el cual la Fiscalía General del Estado de Tabasco continúe dándonos largas para su devolución faltando con ello al cumplimiento del mandato judicial emitido a nuestro favor por un Juez Federal. 

Como saben quienes me leen, no soy afecta a llevar ningún tipo de conflicto a las redes sociales, pero en este asunto se está jugando nuestro patrimonio, que es el producto del trabajo de la vida entera de mi padre y de mi hermano, y es por ello que como abogada de Julio César y miembro de la Familia Lezama Zubieta me permito hacer público el escrito cuya imágen anexo, por si alguien gusta compartirlo.

 Por su apoyo, muchas gracias!”. Hasta ahí lo escrito en redes sociales.

¿Dónde quedó la bolita?, ¿porque el fiscal para los casos de abigeato pese a que existe un mandamiento judicial se niega a entregarlo?, ¿porque la apatía del propio fiscal general para entregar las reses decomisadas ilegalmente?,  ¿quién o quienes ordenaron el operativo de decomiso de las reses que se supone era robado pero que si tenía propietario?, ¿dónde queda la investigación científica que tanto presume la fiscalía?, ¿fallaron sus servicios de inteligencia que también presume?, ¿dónde tienen las reses con las crías que procrearon?, ¿las vendieron?, ¿las negociaron?,¿quiénes se repartieron el producto de lo robado?, estas y muchas más,  son las interrogantes que pueden ir surgiendo en relación a este problema que está viviendo la familia Lezama Zubieta, pero la única que está obligada de responder a estar interrogantes es la propia Fiscalía General del Estado que reconoció el decomiso de las redes en el rancho del afectado, a donde entraron como desconocidos, sin identificarse como autoridad, sin llevar una orden de cateo, violando todas las normas establecidas en un trabajo de investigación, de allí que la propia dependencia responsable de procurar justicia a la ciudadanía tabasqueña está obligada a devolver las reses y dar una explicación pública a la ciudadanía porque cometieron un error garrafal que los está haciendo ver como verdaderos ladrones, y están obligados a darlo, porque no pueden decir que realizaron un gran decomiso de ganado robado, cuando luego aparece el dueño que además logra un mandato judicial para que se lo entreguen y pese a ello, sabiendo el titular general de la fiscalía que están en desacato que le puede hasta costar el cargo, o ordena la devolución que los hace ver como ladrones y que además está afectando económicamente a una familia que está dispuesta a llegar hasta sus últimas consecuencias para que les devuelvan las reses que es producto de un intenso trabajo. 

Si el fiscal de abigeato de la zona de los ríos que se encuentra en el municipio de Balancán, realizó un mal trabajo de investigación que llevó a decomisar ganado que no era robado sino que tiene dueño y que pudo comprobar con documentos que es de su propiedad, y si hay un mandato judicial que obliga a entregar las reses y no lo entrega, es porque algo paso, es porque algo hizo que lo coloca como sospechoso, entonces porque el Fiscal General Nicolás Bautista no procede a realizar lo conducente para evitar que la propia Fiscalía General de Justicia se ponga en entredicho porque en vez de aplicar la justicia, han cometido una injusticia que se niega a reparar.

En gobiernos anteriores, pese a que el gobierno de la Cuarta los ha calificado de ladrones, corruptos y saqueadores, cuando sucedía un escándalo de esta naturaleza, como lo denunciado por la familia Lezama Zubieta, donde se pone en entredicho al organismo que debe impartir justicia, como el principal violador de la justicia, se actuaba de inmediato y rodaban las cabezas de los implicados como una forma de frenar el escándalo, pero en este gobierno tal parece que la corrupción se ha institucionalizado que los convierte en cómplices que en vez de destituir a los funcionarios implicados en irregularidades, hasta los defienden para que sigan en sus cargos.

En el mandamiento judicial expedido por el juez federal se le ordena al fiscal de combate al abigeato de la zona de los ríos que entregue,  267 vacas parenderas, 106 becerros, 9 toros de alto registro y la producción correspondiente a dos años gestación que hace un total de 700 reses cuyo costo en general supera los once millones de pesos, mismo que deben ser devueltos al rancho de donde lo sustrajeron, pero hasta ahora la Fiscalía General de Justicia a cargo de Nicolás Bautista, que debió ordenar a su subalterno que cumpla con el mandato judicial, se niega bajo diversos argumentos a entregar los semovientes, lo que hace suponer a la familia Lezama Zubieta que ya fueron vendidos y el producto de la venta repartidos, lo que constituye el flagrante delito de robo de ganado por parte de quienes se dedican al combate de este ilícito, por lo que la Fiscalía está metido en un serio lío, de la cual saldrá, entregando los animales, ya que si creen que con darles largas al asunto van a evadir su responsabilidad la parte afectada no está dispuesta a perder el producto de tanto años de trabajos y esfuerzo de varias generaciones que se dedican a la ganadería, y seguirán exigiendo que les reparen el daño hasta llegar a las últimas consecuencias.

Si se creía que los actos de corrupción dentro de la Fiscalía General de Justicia ya se había acabado, con el simple hecho de que el presidente de la República dice en sus mañaneras que no hay corrupción, que ya se acabó porque se barrió de arriba hacia abajo como en una casa, pues resulta que no es así, porque la sustracción de semovientes del rancho del ingeniero Julio César Lezama, sin que se haya hecho una investigación exhaustiva, debidamente documentado de que era ganado robado y por eso la autoridad lo tuvo que incautar, resulta que cometieron un grave error y en el pecado están llevando la penitencia, pues les guste o no, tendrán que cumplir con el mandato judicial, resarciendo el daño patrimonial cometido con la devolución de las reses.

¿Qué hará la Fiscalía General del Estado si las reses incautadas y que debieron poner a buen resguardo hasta que se resolviera el litigio y se comprobara fehacientemente que era robado, ya la negociaron, ya la vendieron?, sin duda está en un grave predicamento, porque ahora son señalados de ladrones, y no puede ser posible que esa dependencia encargada de la impartición de justicia en Tabasco, esté en entredicho.

                                            OJITOS            

El pasado miércoles en el estacionamiento subterráneo de la Cámara de Diputados en la ciudad de México, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández fue increpado por un grupo de personas que a boca de jarro lo señalaron de que cuando fue gobernador de Tabasco, pactó con la delincuencia organizada-el narco-, por lo que al momento no supo que responder.

Atónito, sorprendido, el secretario de Gobernación no alcanzaba a responder a las personas que tenía enfrente y que llegaron de los estados de Zacatecas y de  Tabasco para demostrar que no están “a gusto” con el gobierno, por lo que después de escuchar la acusación: “como gobernador hiciste convenio con el narco”, al tiempo que otros exigían la desaparición der poderes en Zacatecas por el probable vinculo del gobernador Monreal con la delincuencia organizada, un poco repuesto de la acusación que no esperaba que le hicieran en su cara, se acercó a una de las personas que lo increpaban al que tomó por los nombres y le pidió que acudiera a su oficina para dialogar, recibiendo como respuesta: “y para que, solamente para perder el tiempo, si usted está distorsionando a la autoridad….. nooo, si para usted, la ley no es la ley”. Así de tensa la situación que viven muchas personas en el país que se atrevieron a increpar en su propia cara a un funcionario público de la talla del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que una vez repuesto se subió a su camioneta para marcharse del lugar, al igual que lo hicieron las personas que se atrevieron a encararlo.