OJO VISOR
Jacinto López Cruz
En el mar de
corrupción, dispendio, opacidad, tráfico de influencias, y violencia laboral,
en el que nadó la ex-consejera presidente del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Tabasco, Maday Merino Damián, junto con el
ex-director Ejecutivo de Administración, Juan Manuel Segura Guzmán, el
ex-coordinador de Recursos Financieros, David Roberto Marín Isidro, y el
Secretario Ejecutivo, Armando Antonio Rodríguez Córdova, no dudaron en servirse
con la cuchara grande para llenarse las bolsas de dinero, embarrando hasta a un
funcionario del INE al hacer proveedor a uno de sus familiares directos.
Es evidente que
todo el cochinero que se realizaba dentro del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana lo sabía Maday, pues nada se autorizaba sim su visto
bueno, de tal manera que mientras Juan Manuel Segura Guzmán, jura y perjura que
jamás metió a un familiar a trabajar a esa dependencia, los hechos lo
desmienten, pues llevó a laborar con él, a su amasia o segundo frente de nombre
Blanca Iris Arellano Ramos, colocándolo en el área de Planeación con un fabuloso
sueldo de veinte mil pesos sin hacer nada, porque como se vio, hasta el
presupuesto estuvo mal planificado, de tal manera que quedó un subejercicio de
40 millones de pesos, que no es ahorro, sino un subejercicio, como producto del
mal presupuesto financiero que realizaron no el área responsable sino Roberto
David Marín Isidro, Pedro Isidro su hermano, y
el director de Administración Víctor Acosta.
Es claro que bajo
la complacencia de Maday Merino, la jefa, a como le gustaba que le dijeran, a
quien le entregaban parte de los “moches” que cobraba David Roberto Marín
Isidro a los proveedores, a los que les
acumulaba su pago hasta que le depositaran en su cuenta lo convenido, procedía
a pagarles sus cheques, por esa complicidad se le permitió a David Roberto a
meter a varios de sus familiares a la nómina del instituto, y a convertir en
proveedora de comida a su cuñada, o sea la hermana de su mujer, bajo la razón
social Deyanira Ruiz Herrera con Registro Federal de Causantes RUHD690317SU7,
sin tener una empresa constituida como tal, pero el caso es que se llevara
parte de los recursos públicos del instituto.
Pero lo más grave,
lo más delicado, es que Juan Manuel Segura y David Roberto Marín, con la
anuencia de Maday Merino, embarraron al vocal del Registro Nacional de
Electores del Instituto Nacional Electoral, Jorge Alberto Zavala Frías,
haciendo proveedora de comida a su esposa.
Martha Payró
esposa de Jorge Alberto Zavala, aun sabiendo que estaba contraviniendo las
disposiciones legales al ser su esposo funcionario de un órgano electoral como
el INE, se convirtió en proveedora de comida durante el pasado proceso
electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.
Martha Payró,
quien en el gobierno de Núñez fue funcionaria de la Secretaría de Educación y tiene
iniciado un procedimiento administrativo ante la Función Pública con la complicidad de Juan Manuel Segura y
Roberto David Marín a través de la empresa Olokum del Sureste S. A. de C. V.
con Registro Federal de Causantes OSU180921P69, que está constituido para otros
fines, pero no para vender comida, se volvió la proveedora número uno del
Instituto, y Deyanira Ruiz la proveedora de comida número dos, pero para que
estas dos personas surtieran la comida al órgano electoral había que deshacerse
de la empresa que ya había ganado el contrato para lo cual le rescindieron el
contrato, desde luego que la propietaria de la empresa que había ganado la
licitación para proveer de comida al Instituto Electoral demandó a la
institución, por lo que al ganar el litigio le tuvieron que pagar todos sud
gastos, lo que constituyó un daño al patrimonio del propio organismo electoral
que nadie sancionó porque los responsables, eran precisamente los altos
mandos.
Suponemos que la
decisión de convertir en proveedoras de comida a Martha Payró, esposa del Jorge
Alberto Zavala, vocal del Registro Nacional de Electores del INE y de Deyanira
Ruiz cuñada del ex-director de Recursos Financieros, David Roberto Marín, se
tomó después que se había licitado la compra de comida lo que originó que fuera
cancelado o rescindido de manera ilegal el contrato, lo que finalmente causó un
daño patrimonial al erario del instituto, pues con recursos públicos se le pago
a la proveedora de comida que los demandó.
Que hará el INE
con su vocal Ejecutivo, al saber que su esposa contravino las disposiciones
legales al convertirse en proveedora de comida del Instituto Electoral, así
como este, hay otros espinosos casos que ya iremos dando a conocer para que la
opinión pública conozca toda la podredumbre que fomentó Maday Merino y sus
secuaces dentro del órgano electoral, por eso ahora se dice que para proseguir
con el legado de esta dama -Maday-, tal vez su legado de corrupción, los dos “asesores”
del Consejero Federal del INE, Uuc-Kib Espadas Ancona, Claudia Jiménez López y Oscar
Guzmán, (por cierto este fue corrido del Cuarto Distrito del antiguo Instituto
Federal Electoral por actos de corrupción y acoso sexual), están “cabildeando”
con el Consejero Federal para que éste promueva a Juana María Acosta Rodríguez
y a Elizabeth Nava Gutiérrez para que cualquiera de las dos sea postulada como
consejera presidente del Instituto Electoral de Tabasco por parte de los consejeros
del INE, toda vez que las dos han trabajado en la administración que presidió
Maday Merino; de esta forma, estas dos aspirantes a consejeras presidentas ya
están marcadas como parte de la continuidad al “trabajo” de Maday, por lo que
los consejeros electorales federales que están obligados a desterrar cualquier
acto de corrupción de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) deben investigar muy bien
a cada una de las seis participantes para que no se repetida el esquema de
corrupción, opacidad, nula transparencia, daño patrimonial, y violencia laboral que dejó Maday en el
Instituto Electoral.
El mal ejercicio
del presupuesto público asfixia y desaparece a las instituciones, la ambición e
intereses propios prevalece y corrompe a los servidores públicos, encargados de
servir y hacer cumplir los objetivos institucionales, en este caso se encuentra
el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, ya que
por años ha imperado la corrupción e impunidad, aunado a esto, excesos y abusos directos al erario, acuñando
que es un “organismo autónomo”, donde nadie debe meterse, pero la “democracia
no tiene qué ser cara”, si se hacen valer los principios rectores del servicio
público en su Capítulo II del Código de Ética y Conducta como la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, economía, disciplina,
profesionalismo, objetividad, transparencia, rendición de cuentas, competencia
por mérito, eficacia, integridad y equidad de esta noble institución.
Durante los
procesos electorales la asignación del presupuesto es mayor debido al
financiamiento de gastos de campaña a los partidos políticos y candidatos
independientes, máxima publicidad de promoción del voto en la ciudadanía,
contratación de personal eventual, renta de inmuebles y habilitación de los
mismos para apertura de las Juntas Electorales Distritales de manera temporal.
El presupuesto del Instituto de acuerdo al periódico oficial publicado el 18 de
diciembre de 2020, para el ejercicio fiscal 2021 es de 399 millones,137 mil
417.00 pesos, de los cuales 206 millones 006 mil 259.28 pesos (Doscientos seis
millones, seis mil doscientos cincuenta y nueve pesos 28/100 M.N.), fueron
asignados a servicios personales, equivalente al 52 por ciento del
presupuesto total del Instituto, de los $206,006,259.28 (Doscientos seis
millones seis mil doscientos cincuenta y nueve pesos 28/100 M.N.).
De los
$206,006,259.28 (Doscientos seis millones seis mil doscientos cincuenta y nueve
pesos 28/100 M.N.), se asignaron $23,075,961.51 (Veintitrés millones setenta y
cinco mil novecientos sesenta y un pesos 51/100 M.N.) en dietas para consejeros
(siete en total), equivalente al 11 por ciento de servicios personales, sin
embargo, hay 16 millones,911 mil, 273.31 pesos destinados al gasto operativo de
la Presidencia, que incluye asesores, secretarios técnicos, secretarias,
choferes, combustible, alimentos, viáticos, boletos de avión y demás gastos
superfluos.
Es decir, en este año electoral la presidenta y demás consejeros electorales
del IEPCT, le costaron al estado y a los contribuyentes la suma de
$39,987,234.82 (Treinta y nueve millones novecientos ochenta y siete pesos
doscientos treinta y cuatro pesos 82/100 M.N.), equivalente al 10 por ciento
del presupuesto total.
En periodo ordinario de operaciones del Instituto, la presidenta y los
consejeros electorales del IEPCT, nos cuestan a los contribuyentes la cantidad
de 25,000,000.00 (Veinticinco Millones
de Pesos 00/100 M.N.), el cual aumenta cada año.
Con todas estas
cifras onerosa, del porque ahora se entiende que hay personas que pelean por
ser consejeros electorales, la nueva legislatura en su mayoría integrada por la
fracción morenista, debería hacer una reforma electoral y en consecuencia una
reducción al presupuesto del IEPCT, para que se reduzca el número de consejeros
electorales (ya se redujeron diputaciones y regidurías) y los excesivos gastos que los rodean, que les
ha permitido enriquecerse con los impuestos que pagan todos los contribuyentes, percibiendo
un sueldo mensual de $97,000.00 (Noventa y siete mil pesos mensuales 00/100
M.N.), cada consejero electoral por un periodo de 7 años y laboran únicamente
cada 3 años en elecciones y el resto del tiempo lo dedican a hacer turismo
electoral y profesionalizarse, estudiando maestrías y doctorados, mientras que
los legisladores ganan $ 50,000.00 pesos mensuales.
Hay siete consejeros
pero solo toma decisiones financieras y administrativas, uno de ellos, el
presidente con los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva conformada por el
Secretario Ejecutivo y el Director de Administración, por eso hay tanta
opacidad en el ejercicio de los recursos del IEPCT, por lo que el Congreso local
también debería darle facultad en la toma de decisiones al Consejo Estatal
integrado por los 7 consejeros electorales, además del Secretario Ejecutivo,
Director de Administración y representantes de los partidos políticos, pero
esto solo se puede lograr con una reforma a la Ley Electoral, lo que puede
evitar que haya tanta corrupción, opacidad, y falta de transparencia en el
órgano electoral. Ya veremos si los legisladores locales se quieren echar ese
trompo a la uña, para reducir la corrupción en este órgano electoral que no
debe seguir nadando en el descredito.
OJITOS
Luis Felipe Graham
Zapata, ex-titular de Salud durante el gobierno de Andrés Granier, quien
durante veinticinco años fue militante del Partido Revolucionario
Institucional, presentó ayer lunes su renuncia como militante, y es muy
probable que se enliste en las filas del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM).
Al respecto, la regidora
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio de Centro,
Tila del Rosario Hernández Javier, lamentó la renuncia definitiva de Luis
Felipe Graham Zapata a la militancia priista, pero que cada persona es
responsable de sus actos y se va quien se tenga que ir, y se queda quien se
quiera quedar.
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