OJO VISOR
Jacinto López Cruz
Luego de que en
marzo de 2019 en forma arbitraria, violando sus derechos humanos y laborales,
justo cuando estaba embarazada fuera despojada de su plaza de confianza (de
base) en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y después de 28
meses de firmar contratos, Ana Karina Paz Tárano fue despedida otra vez en
forma arbitraria del cargo de tesorera, por funcionarios del órgano electoral
que cometieron violencia de género, sin que sean castigados dada la complicidad
de la ex-presidenta, Maday Merino y del Secretario Ejecutivo, Armando Antonio
Rodríguez, que encubrieron este hecho.
Mientras que hacia
afuera estos soberbios funcionarios del Instituto Electoral se jactan de
aplicar la ley de violencia política en razón de género a políticos y periodistas
porque se dicen respetuosos de la ley, hacia adentro han mantenido un cochinero
violando los derechos laborales y humanos de las trabajadoras a quienes por
medio de la coacción y la violencia verbal las han obligado a renunciar a sus
plazas, y aunque después de ser demandados han tenido que pagar las
liquidaciones sin interesarles dañar el patrimonio y presupuesto del instituto,
queda demostrado que los principales violadores de la ley de violencia política
en razón de género nadie les gana.
Ana Karina Paz
Tárano, después de haber sufrido vejaciones, amenazas verbales, malos tratos y
discriminación, después de haber ejercido el cargo de tesorera, que es la
responsable del manejo de los recursos públicos del órgano electoral decidió
denunciarlos públicamente a la vez que presentó su demanda laboral, por lo que
ya se celebró una audiencia a la cual no asistieron los representantes
jurídicos del Instituto con lo que demuestran, que son intocables y que pueden
violar las leyes a conveniencia, eso sí hacia afuera se muestran muy rectos,
aunque la suciedad les carcoma las entrañas.
Desde que en marzo
de 2019 en forma ilegal le fue quitada su plaza de base, y a pesar de sufrir
violencia de género al interior del instituto, trató por las buenas de que le regresaran
su base, por lo que después de 28 meses de firmar contratos que les lo que le
ofrecieron para apaciguarla, ahora que fue despedida decidió no quedarse
callada y denunciar la evidente arbitrariedad y complicidad de la cual no se
salvan algunos consejeros.
El 17 de diciembre
de 2020 Ana Karina Paz Tárano envió un escrito al Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral, Armando Antonio Rodríguez Córdova para resolver su
situación laboral y como respuesta solo encontró el silencio cómplice de la
violencia que ejercieron en su contra: “Por este medio, quien suscribe, la C.
Ana Karina Paz Tárano, solicito a Usted su respaldo para llevar a cabo las
gestiones que corresponden para que de conforme al Oficio No. CG/572/2018 de
fecha 31 de julio de 2018, signado por el Mtro. Miguel Armando Vélez Tellez,
Contralor General en ese tiempo, se me reconozca la asignación de la categoría
Auxiliar de Area con carácter de permanente, a partir del 1 de agosto siguiente
de 2018. Plaza que antes ocupó la C. Lic. Azalea Galera Izquierdo, igual con
adscripción a la Contraloría General.
Mi formal
incorporación al personal de base en el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco consta además en el documento original de nombramiento de
personal alta con folio 328, de fecha 2 de agosto de 2018, así como en la
Coordinación de Recursos Humanos que en sus archivos debe conservar los recibos
de nómina originales expedidos por mis percepciones salariales; en la Póliza
No. 23301-931561781, Certificado Individual de Seguro de Grupo
Vida-Auto-Administrativo de fecha 09 de octubre de 2018; y en la hoja de
afiliación al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco con cuenta 174884
(plaza de confianza) de fecha 20 de
septiembre de 2018.
Documentos en
mención de los que poseo copia original que me amparan, de los cuales anexo a
este presente escrito las copias fotostáticas, como evidencia de mi
adscripción.
Sin embargo,
violando mis derechos humanos y laborales como funcionaria del Instituto, con 6
meses de un embarazo de alto riesgo, se me despojó de mi plaza mediante una
hoja de movimientos de personal bajas con folio 323, sin que se me hubiese
notificado de manera escrita, por parte de la Dirección Ejecutiva de
Administración, ni de la Coordinación de Recursos Humanos.
Ante esta
arbitrariedad sostuve un diálogo verbal con el Lic. Roberto Félix López
(q.e.p.d.) quien fungía como Secretario Ejecutivo en ese tiempo, manifestándole
mi situación en la irregular remoción de mi plaza de confianza y en estado de
gestación.
Le expuse que no
presentaría demanda legal aun cuando por ley me correspondía, principalmente
por lealtad a esta noble institución. No ha sido mi intención dañar la imagen,
aun menos porque una de sus líneas de acción ha sido el “movimiento de combatir
a la violencia política y laboral de género” de la que fue vulnerada mi
persona.
Solicité por los
motivos expuestos que no se procediera la emisión de distinto oficios de
denuncia por parte de la Contraloría General contra de la Dirección Ejecutiva
de Administración; teniendo que firmar para ello una renuncia bajo coerción de
fecha 28 de marzo de 2019, situación que me puso en una amenaza de aborto,
consignada en la nota de evolución de especialidades del Instituto de Seguridad
Social del Estado de Tabasco (anexa también al presente escrito) con fechada el
14 de mayo de 2019.
Cabe mencionar que
fueron violados mis derechos humanos y laborales al despojarme de la plaza
permanente, sin tener en cuenta el antecedente de mi historial contractual
eventual precedente, incluso de anteriores procesos electorales y la
calificación de mi desempeño en el área de adscripción.
El Instituto solo
me ofreció como un presunto resarcimiento de daño la contratación otra vez de
manera eventual, contando a partir del 1 de abril del año 2019 a la fecha, con
promesas de ser considerada para reincorporarme a mi plaza de confianza, que
han sido engaños y falsas esperanzas, cuando el trabajo que he desempeñado en
las distintas áreas del instituto ha sido de un expediente limpio, aportando
con el ejercicio profesional universitario en el grado de Licenciatura en
Administración.
Apelo a su
carácter justo en defensa de quienes como usted tenemos una trayectoria pulcra
y nos hemos comprometidos con el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco. Solo solicito lo que conforme a derecho me corresponde,
no más pero tampoco menos en la situación de incertidumbre en la que estoy en
este momento, confió en que se reivindiquen mi estatus, mi actitud como valor
humano ha sido de conciliar y aportar mis conocimientos a este organismo. Quedó
a su disposición en lo que tenga a bien requerirme para el propósito aquí
expuesto”, como respuesta obtuvo el silencio cómplice.
El seis de enero
de 2021 Ana Karina Paz Tárano envió un
escrito a la consejera electoral María Elvia Magaña, titular de la Comisión de
Género para pedirle su intervención por la violencia política y laboral de género
que había sufrido en estado de gravidez y otra vez encontró el silencio
sepulcral que evidencia la complicidad: , “por este medio, quien suscribe, la
C. Ana Karina Paz Tárano, adjunto a Usted copia de mi expediente laboral con
documentación soporte, que ampara la “violencia política y laboral de género”
que sufrí en estado de gravidez, violando mis derechos humanos y laborales, al
despojarme de mi plaza permanente y que para resarcirme el daño; me ofrecieron
contratación eventual a partir del 1 de abril del año 2019 a la fecha. Lo
anterior para su conocimiento y lo conducente, le reitero las seguridades de mi
consideración distinguida”.
El 2 de agosto presentó
una queja ante el Organo Interno de Control (Contraloría) a cargo de Gabriela
Tello Maglioni que a la letra dice: “….vengo a presentar una queja ante este
Organo Interno de Control que usted preside por las siguientes situaciones:
Primero.- Que
invocando el acuerdo de racionalidad, austeridad, y disciplina
presupuestaria número CE/2021/17 el C.
LCPyF. Juan Manuel Segura Guzmán, Director Ejecutivo de Administración del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, mediante oficio
D.E.A. 166/2021 y en un contexto poco claro del documento, sin fundamento legal
sin una sintaxis en el orden de ideas y alejado de mis responsabilidades
asignadas en el manejo de valores del Instituto, así como dela protección de
mis derechos laborales y humanos, me establece de forma violenta al final del
documento entregue los valores asignados a mi responsabilidad sin el debido
cumplimiento de los procesos de entrega recepción y con la violación a mis
derechos humanos correspondientes.
Segundo.- Mediante
escrito de fecha 30 de julio de 2021dirigido al LCPyF Juan Manuel Segura
Guzmán, solicite la definición de mi situación laboral ya que el LCP David
Roberto Marín Isidro, Coordinador de Recursos Financieros del Instituto y jefe
inmediato, en constante acoso laboral y por no prestarme a sus intereses
personales, me había manifestado en reiteradas ocasiones que me iba a correr y
que pondría en mi lugar a otra persona a modo.
No omito
manifestar que el LCP David Roberto Marín Isidro, ha colocado en este Proceso
Electoral Local 2020-2021 a familiares directos de primera línea en la nómina y
les ha modificado la categoría de forma discrecional para un mayor beneficio de
forma personal las liquidaciones y finiquitos, todo esto violentando el Manual
de Normas Presupuestarias y Administración Para el Control del Ejercicio
Presupuestal y causando daño al patrimonio del Instituto Electoral.
De igual forma
manifiesto que fue evidente y por todos conocido que se contrató personal
eventual con distintas categorías, las cuales nunca asistieron a trabajar (aviadores),
al menos algunos detectables en la Coordinación de Recursos Financieros en
donde estaban adscritos, incluyendo en el último mes de julio del término del
proceso electoral a la C. Elizabeth Ruiz Martínez (adscrita a la Coordinación
de Recursos Financieros), hermana de la esposa del LCP David Roberto Marín
Isidro (cuñada) y a su hija la C. Denisse Marín Isidro (adscrita en Secretaria
Ejecutiva), todo esto en complicidad del LCPyF Juan Manuel Segura Guzmán.
Tercero.- La
presente queja va en razón de la discriminación que me han hecho, ya que esta
se configura cuando una persona no puede ser tratada o pueda disfrutar de los
Derechos Humanos o de otros derechos legales en condiciones de igualdad con
otras personas, debido a una política presupuestal injustificada, que se
establece en las condiciones laborales de e hecho no de derecho del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en donde laboralmente si tu
no perteneces a los clanes familiares de los CC. LCP. David Roberto Marín Isidro
y el LCPyF. Juan Manuel Segura Guzmán, de los integrantes de la Junta Estatal
Ejecutiva y demás funcionarios, no puedes tener derechos laborales y en
condiciones de igualdad como los familiares de los antes mencionados.
No omito
manifestar, que en este despido injustificado del cual soy objeto, me
establecen que yo soy trabajadora eventual del Proceso Electoral Local
2020-2021cuando no es así, ya que me encuentro laborando desde el 01 de agosto
del año 2018 y que tenía una plaza de confianza, la cual me fue removida en
marzo de 2019 sin causa justificada estando embarazada y desde entonces a la
fecha tengo 28 meses firmando contratos ininterrumpidos de trabajo, hechos que
constan en documentos originales bajo mi poder y en mi expediente único en la
Coordinación de Recursos Humanos, sin embargo, por segunda ocasión vuelven a
violentar mis derechos humanos y laborales.
Así mismo
manifiesto también, que han conocido de mi situación laboral desde el extinto
Maestro Roberto Félix López, hasta el actual Secretario Ejecutivo de este
instituto, de forma verbal y por escrito. Donde le he solicitado que se me
reconozcan mis derechos laborales y que se me regrese mi plaza. A lo que me han
manifestado siempre de forma imperativa: “Que yo Demande” aunque causen ellos,
los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva un daño patrimonial al Instituto
por la omisión de atender de fondo las situaciones laborales de los empleados
del Instituto, no olvidando que esta administración es quien mas Laudos
laborales ha tenido que pagar por sus imprudencias y falta de una política
correcta de atención a los RECURSOS HUMANOS Y SUS DERECHOD LABORALES.
ULTIMO.- Por todo
lo anterior, y con el debido respeto, solicito me tenga por presentada esta
queja, y sea corroborado lo aquí manifestado conforme a las nóminas,
expedientes de personal y contratos que obran en la Coordinación de Recursos
Humanos del instituto que son prueba plena de lo que manifiesto”, nuevamente el
silencio de la Contralora Gabriela Tello que evidencia su complicidad, porque
si eso hicieron con una trabajadora (tesorera) que no han hecho con otras
trabajadoras de menor categoría.
No hay comentarios:
Publicar un comentario