URGE LIMPIA POLICIACA

Con la detención de policías estatales y municipales que participaron en varios secuestros, se puede comprobar que esas corporaciones están permeadas por la delincuencia y que urge, como primera medida, que se inicie una depuración policiaca, porque de otra forma, mientras hayan policías traidores todo el esfuerzo que se haga para brindarle seguridad a la ciudadanía y acabar con los secuestros, robos y asaltos se vendrá al suelo, porque los protegen desde adentro.

Sobre los policías detenidos y ´puesto a disposición de las autoridades correspondientes, el secretario de Seguridad Pública, Jorge Aguirre Carbajal tendrá que poner especial atención en el grupo de Policías Estatales Acreditables que estuvieron asentados hasta hace unos días en la base de Tulipán, Cunduacán, pues el elemento Vicente “N” es un mando que prestaba su servicio en dicha base que debería estar al servicio de la sociedad combatiendo todo tipo de delitos, pero se inmiscuyó en actos delictivos, en donde también están mezclados otros elementos que operaban allí y que no ha sido detectados, aunque dentro de la corporación policiaca estatal se sabe quiénes son, al igual que lograron confabularse con los dos elementos policiacos del ayuntamiento de Cunduacán, por lo que es urgente, que se inicie una depuración policiaca a fondo para detectar a esos policías que están coludidos con delincuentes y que por esa razón comete sus delitos con toda impunidad, pues los mismos elementos policiacos les libran el camino y se hacen de la vista gorda para que puedan cometer sus ilícitos, desde los asaltos a mano armada a diversos comercios, secuestros, tráfico de gasolina, robos de cajeros, robos de vehículos y extorsiones, entre otros delitos..

Inicialmente, en la base de operaciones de la policía estatal ubicado en Tulipán, Cunduacán, estuvo operando la Unidad Modelo con cien elementos, a cuyos mandos los delincuentes intentaron cohechar, por lo que dieron resultados, evitando secuestros, asaltos, robos a cajeros automáticos porque los mandos cumplían con la obligación de brindar seguridad en la zona.

Las cosas cambiaron, cuando Miguel Angel Matamoros Camacho se hizo cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y el grupo modelo fue sustituido por elementos de la Policía Estatal Acreditable, disminuyendo además, el número de elementos, pues de cien elementos de la unidad Modelo, los bajaron a 45 elementos que se encargaban de resguardar la zona, por lo que se supone que algunos de sus mandos no solamente fueron susceptibles al cohecho por ´parte de los delincuentes, sino que se inmiscuyeron y participaron directamente en ilícitos como es el caso del Soyataco que fue detenido por las corporaciones policiacas integrantes de la FRIM como también fueron detenidos los policías municipales que también estaban inmiscuidos, por lo que esto, es un síntoma de que hay elementos de las corporaciones policiacas estatales y municipales que han sido cooptados por las bandas delincuenciales y es una de las razones del porque se mueven como pez en el agua para delinquir sin que sean molestados.

Por esa razón el secretario de Seguridad Pública debe someter a investigación a los 45 integrantes de la Policía Estatal Acreditable, que estuvieron operando en la base de Tulipán, Cunduacán, porque ese elementos no actuaba solito, ni hacía las cosas a escondidas, sino que ya se le conocían otros hechos delictivos, como se sabe internamente en la corporación.

Ayer martes en rueda de prensa en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, el fiscal Fernando Valenzuela Pernas quien estuvo acompañado de los titulares de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), Patricia Bugarín Gutiérrez y de la Policía Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Vidal Díaz Leal Ochoa, se informó de la desarticulación de dos bandas de presuntos secuestradores que operaban en la entidad, dejando en claro que en Tabasco existe el compromiso de combatir los delitos de alto impacto como el secuestro, los cuales no tienen por qué quedar impunes.

En un primer caso, el Fiscal Fernando Valenzuela dio a conocer que el 24 de junio se desplegaron operativos de reacción inmediata en Centro, Cunduacán y Jalpa de Méndez logrando rescatar a una femenina, que había sido privada de su libertad horas antes y era mantenida en una casa de seguridad. A partir de estas acciones, detalló que fueron detenidas cinco personas, entre ellas un elemento activo de la Policía Estatal y un sujeto que se desempeñaba en el ramo de seguridad privada.

Posteriormente, las investigaciones permitieron conocer que dos integrantes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cunduacán habían recibido un pago de parte de los imputados para facilitarles el escape, por lo que también se les cumplieron órdenes de aprehensión.

“Es importante mencionar que a esta organización también se les vincula con el secuestro de un comerciante de 24 años, ocurrido el pasado 16 de mayo de 2017 en el municipio de Centla”, añadió Valenzuela Pernas.

En un segundo caso, Valenzuela Pernas dio cuenta de la desarticulación de una banda presuntamente dedicada a diversos ilícitos en la zona de Macuspana y Jalapa, y a la que se le relaciona con por lo menos nueve eventos de secuestro ocurridos entre septiembre de 2016 y junio de este año.

Producto de trabajos de inteligencia, el 2 de julio fueron cumplidas órdenes de aprehensión en contra de tres de sus integrantes por su probable responsabilidad en el plagio de una pareja ocurrido en Ciudad Pemex, Macuspana, y a quienes luego les habrían causado la muerte.

Las investigaciones arrojaron que los cuerpos de las víctimas fueron enterrados en un predio sobre la carretera Escárcega-Villahermosa. Además, que se logró en un segundo momento la detención de un cuarto probable implicado.

Valenzuela Pernas destacó que a esta banda se le relaciona con Manasés “N”, detenido el 9 de mayo pasado y a quien se le atribuye el atentado a la base de la FGE ubicada en el municipio de Cárdenas en esa misma fecha.

Finalmente, el Fiscal del Estado hizo un llamado a quienes han sido víctimas de cualquiera de los detenidos para que acudan con toda la confianza ante la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto a denunciarlos a fin de que el proceso penal que se les siga obtenga un resultado favorable para la sociedad.

“Los ha alcanzado la justicia como les alcanzará a quienes cometan ilícitos en Tabasco, por la coordinación que tenemos con las demás dependencias”, concluyó.

Por su parte, la Coordinadora Nacional Antisecuestro, Patricia Bugarín Gutiérrez, sostuvo que los resultados en el combate al secuestro solo son posibles si se cuenta con la confianza ciudadana y sus denuncias, luego de escuchar la relatoría que hizo el Fiscal de Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas sobre la desarticulación de dos bandas de presuntos secuestradores, lo que significa el esclarecimiento de por lo menos once casos documentados de este flagelo y de otros posibles hechos ilícitos, por lo que externó una felicitación al Fiscal tabasqueño porque además estas acciones demuestran el interés por dar una respuesta inmediata. “Si se dan cuenta son casos recientes resueltos, es decir que las autoridades no estamos dejando que pase el tiempo”, asentó.

Ojitos

Para cumplir de manera puntual la recomendación 24/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aceptada por el Gobierno del Estado, el Ejecutivo, mediante la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, solicitó a dependencias de la administración pública descentralizada, organismos desconcentrados y autónomos, coadyuvar en la concreción de las medidas señaladas por dicho organismo.

Este caso, asentado en el expediente CNDH/4/2014/7968/Q, refiere presuntas violaciones obstétricas y al derecho a la protección a la salud y a la vida, en los hospitales General de Macuspana y Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez, dependientes de la Secretaría de Salud, las cuales habrían cometido personal de dichos nosocomios.

Como representante legal del Poder Ejecutivo y con base en las leyes vigentes, el coordinador de Asuntos Jurídicos, Juan José Peralta Fócil, emitió el oficio número CGAJ/1109/2017 dirigido a los titulares de las Secretarías de Salud, Planeación y Finanzas, Contraloría y Administración, así como de la Dirección General de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y de la Fiscalía General del Estado.

En el documento, solicita a la Secretaría de Salud tomar medidas para reparar el daño a las víctimas, que incluyan una indemnización o compensación, otorgarles atención psicológica con oportunidad, calidad y calidez, y atención médica en las instituciones de esa dependencia. Instruye que se diseñen e impartan en ambos hospitales los cursos Capacitación en materia del derecho a protección de la salud materna, Violencia obstétrica e Infraestructura y recursos; lo anterior mediante personal especializado, con perspectiva de género y énfasis en el trato humanizado hacia las mujeres, para sensibilizar al personal y evitar casos similares. Establece que se debe dotar al Hospital de Macuspana de personal especializado en gineco-obstetricia y anestesiología, y todo aquello que garantice los estándares de disponibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios.

Además, la Coordinación de Asuntos Jurídicos pide a esa Secretaría que, en coordinación con la de Planeación y Finanzas, cree un fideicomiso para que la víctima recién nacida en ese nosocomio cuente con los recursos económicos necesarios y suficientes para cubrir sus necesidades de manutención y estudio, al menos hasta que cumpla la mayoría de edad.

Conforme al escrito, a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas le concierne inscribir a las personas afectadas en el Registro Estatal de Víctimas para que tengan acceso al fondo estatal previsto en la ley correspondiente.

En tanto a la FGE compete, con pleno respeto a su autonomía constitucional, la integración de la carpeta de investigación y colaborar en la denuncia penal por la responsabilidad profesional a que haya lugar. A su vez, se requiere a la Secretaría de la Contraloría colaborar con la CNDH en el trámite de queja administrativa, para iniciar los procedimientos contra las autoridades responsables en estos casos, mientras que a la de Administración se pide incorporar copias de esta recomendación en los expedientes laborales y personales de los trabajadores y funcionarios involucrados.

De igual forma, Asuntos Jurídicos establece que las dependencias citadas deben enviar a la CNDH las constancias que acrediten el cumplimiento de la recomendación citada, la cual fue aceptada el reciente 4 de julio por medio del oficio CGAJ/1082/2017 dirigida al ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.

Visorcito

El dirigente local del PAN, Francisco Castillo Ramírez, anunció que este partido iniciará la defensa jurídica de usuarios en contra de los abusos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para contribuir en la economía de los tabasqueños y de todos los mexicanos, que se hará en conjunto con la Diputada Solange María Soler Lanz.