Periodista, Columnista y Analista Político, Premio Nacional de Periodismo Genero Columnas, Tabasqueño con 45 años en el ejercicio informativo. contactame en: jaclop62@hotmail.com o ojovisor.jlc@gmail.com
miércoles, 29 de marzo de 2017
ALCALDESA COLUDIDA
Como si su cargo no formara parte del partido que gobierna en el estado, actuando como una adversaria que lejos de utilizar los conductos institucionales para ser escuchada decidió actuar de manera frontal, la alcaldesa de papel del ayuntamiento de Jonuta, Ana Lilia Díaz, porque el verdadero edil es Tito Filigrana, se lanzó en contra de la Fiscalía General del estado, con acusaciones burdas, quizás porque desconoce que sus policías ni siquiera saben hacer el informe policía Homologado.
Utilizando a los medios de comunicación, la envalentonada alcaldesa de Jonuta acusó y tiró lodo a la fiscalía como si su policía municipal estuviera súper preparada con más del 50 por ciento que apenas terminaron la secundaria y un 30 por ciento de analfabetas, “en los últimos días se han presentado algunos casos delictivos que al igual que ustedes me indignan como ciudadana, pero también me indigna como presidenta municipal que nuestro gobierno este haciendo todo lo posible para mantener la seguridad, detener a los "presuntos" delincuentes que más tardan en poner un pie en la fiscalía que en soltarlos, bajo el argumento de que ahora así opera el nuevo sistema de justicia penal.
De que carajos se trata, y disculpen la expresión, pero estoy muy molesta y hasta me siento impotente por lo que ha ocurrido, hemos detenido a "presuntos" ladrones de casa habitación, "presuntos" extorsionadores, en plena flagrancia o sea, cometiendo el delito, "presuntos" secuestradores con armas, "presuntos" roba coches, y un sin número de detenciones más que hemos hecho y en la mayoría de los casos pasa lo mismo los dejan en libertad.
Entonces me pregunto, ¿A quien protege el famoso nuevo sistema de justicia penal?, porque a los ciudadanos tal parece que no. Los esfuerzos de nuestro gobierno municipal por contratar más elementos, cámaras de seguridad, instalar retenes, equipo nuevo, entre otras cosas, se ven limitados ante esta situación”.
La alcaldesa Ana Lilia Díaz tiró lodo para todos lados, sin querer entender, quizás lo entienda, pero prefirió lanzar una cortina de humo echándole la culpa a otra institución de su ineficiente administración municipal, que para entenderle al Nuevo Sistema Procesal Acusatorio no bastaba con improvisar un curso de una semana que le dieron a los policías municipales de Jonuta a su arribo como presidenta municipal, cuando lo mínimo para que los uniformados entendieran y aprendieran el procedimiento de toda la Cadena de Custodia en donde el policía que llega al lugar del problema, como primer respondiente debe saber realizar el Informe Policial Homologado; si a abogados especialistas les llevó meses y hasta años aprender todo el procedimiento del llamado juicio oral, como quiere Ana Lilia que sus policías, una parte analfabeta, sin escolaridad y mas de la mitad que apenas terminaron la secundaria puedan realizar bien el Informe Policial Homologado con dicho curso de una semana que fue cobrado a precio de oro.
Si aunado a la falta de conocimiento de como realizar el Informe Policial Homologado se descubre que su policía está permeada por la delincuencia, pues desde su director, subdirector y mandos medios se han dedicado a proteger a los traficantes de indocumentados que es lo que realmente la alcaldesa quiere ocultar, ahora que la PGR y el Instituto Nacional de Migración tienen informes de como esa administración municipal está metido en esa ilegalidad, pretenden tapar el sol con un dedo
¿Cómo es posible que se contraten civiles y los uniformen como policías y hasta posean armas, cuando no han pasado los exámenes de rigor?, como es el examen de control de confianza, los cursos básicos policiales, cuando está prohibido por la ley de la materia que cualquier alcalde del país contrate nuevos policías si antes no pasaron y no por todos los procedimientos de rigor que se debe seguir; eso solamente se ve en Jonuita, en donde Ana Lilia, la señora alcaldesa que desconoce la ley contrató más de una docena de nuevos policías sin pasar los filtros que se requieren, y que hasta desconocen todo el procedimiento de Nuevo Sistema Penal Acusatorio y por eso el fiscal del Ministerio Público le da de palos porque así no lo puede pasar al Juez de Control.
La señora alcaldesa sin el menor recato, y sin guardas las formas políticas porque ella proviene del PRD que la llevó a la silla municipal y este gobierno estatal también forma parte del mismo instituto, primero acusó públicamente y en el colmo de su ignorancia asegura que le pedirá al gobernador Arturo Núñez que revise la actuación de la Fiscalía General del Estado, cuando ésta instancia ya es autónoma por disposición del Congreso del estado y sus actuaciones ya no dependen del Ejecutivo, ¿así de ignorante es la señora alcaldesa? Cuyo mayor pecado es ser utilizada como títere por su esposo Tito Filigrana que es el verdadero presidente municipal, y quien sin duda la mandó a tirar una cortina de humo para evitar que se conozca como la actual autoridad municipal a como lo estuvo la pasada administración están embarrados en el tráfico de indocumentados.
Como es posible que la señora presidenta eche culpas ajenas, cuando es evidente la incapacidad y complicidad de los mandos policiacos a su cargo que brindan impunidad a las bandas que operan en toda la región de los ríos el tráfico de ilegales, encabezados por el famoso “Mojarras” que es funcionario municipal en Jonuta. Como es posible que la señora presidenta no eche culpas ajenas cuando el año pasado, a los tres meses de haber llegado al cargo de director de Seguridad Pública el licenciado Antonio Hernández Arias, allá por la comunidad de Monte Grande fue asaltado cuando iba a bordo de una patrulla, le llevaron toda su quincena y su armas de cargo, con lo que se demuestra que su policía es la que no sirve para cuidar a los jonutecos, y eso que el director es egresado del Colegio de Policía y Tránsito y egresado de la primera generación en la licenciatura policiaca, ¿sí así está éste, como estarán los demás policías?.
Un mes antes de ser nombrado director de Seguridad Pública en Jonuta, en diciembre de 2015, Antonio Hernández que estaba buscando asesoría de como iba a actuar como director de esa área, se entrevistó con el entonces delegado de la Procuraduría General de la República y con el delegado del Instituto Nacional de Migración, ambos le recomendaron que se fuera con pies de plomo, que tuviera cuidado, porque la corporación estaba permeada por la delincuencia, sobre todo por los que se dedican al tráfico de ilegales y que no fuera cometer el error de ser cohechado porque pagaría las consecuencias, por lo que dijo que jamás aceptaría, que llegaría a combatirlos, cuatro meses después se transformó fue cooptado por los traficantes que tienen su propia red dentro del ayuntamiento y ahí se quedó atrapado entre el ser y el deber ser.
En Jonuta solamente existen cuatro cámaras de seguridad que se maneja vía internet y no por cable, cuando la señal es súper deficiente y eso lo saben los jonutecos.
De acuerdo a una fuente que conoce los entretelones de lo que pasa en ese municipio, las cámaras de seguridad no fueron colocadas para proteger a la ciudadanía, mas bien es para vigilar a los polleros, de tal manera que una se encuentra en la entrada a la ciudad, por la carretera que comunica a Frontera, Centla; la segunda se encuentra a la salida hacia Palizada, Campeche; la tercera se ubica sobre el malecón, en la calle La Marina y Manuel Evía, pero viendo hacia el rio para monitoear a quienes llegan en lanchas y cayucos y la cuarta está en la caseta de Río Chico, precisamente en la zona por donde más pasan los polleros con su “preciosa” carga.
La denuncia de la alcaldesa Ana Lilia Díaz es una verdadera cortina de humo para que las autoridades que procuran justicia tanto en el estado, como en la federación, ya no sigan entrometiéndose en ese feudo y lleguen a descubrir todos los ilícitos, que una parte de la corporación policiaca se encuentra metido en el tráfico de indocumentados, de lo cual conoce muy bien el Síndico de Hacienda, y por esa razón, están golpeando a la Fiscalía para mermarla, pero las autoridades deben entrar con todo a ese municipio para conocer la triste realidad.
La señora alcaldesa peca de “ingenua” cuando le pide a la población de Jonuta
“también les pido me ayuden reportandome, objetivamente, si algún elemento de seguridad pública no está actuando conforme a la ley, para mi es muy importante que siempre se preste un buen servicio a la ciudadanía”, cuando en ese pueblo que es chico, pero que es un infierno, se sabe, es un secreto a voces que policías están dedicados a brindar protección y cuales participan abiertamente en el tráfico de indocumentados, lo cierto es que todos se tapan con la misma sabana.
Pronto a la señora alcaldesa le publicaremos las placas de vehículos del estado de Campeche y de Tabasco que son utilizados para traficar con indocumentados y ya veremos si en realidad es capaz de actuar.
OJITOS .
El legislador por el municipio de Huimanguillo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Charles Méndez Sánchez, presentó una iniciativa para derogar el Capítulo VI Bis del Código Civil para el Estado de Tabasco, denominado “De la Gestación Asistida y Subrogada”, para prohibir que en Tabasco se siga permitiendo el alquiler de vientres para procrear.
Dijo que la renta de vientres para tener hijos se permite en Tabasco desde 1997, y durante alrededor de 18 años lo pudieron hacer mexicanos y extranjeros.
Pero, recordó que desde 2015, debido a una reforma al código civil, esa práctica quedó prohibida a extranjeros, que eran principalmente quienes recurrían a ella.
Méndez Sánchez dijo que su iniciativa para derogar leyes que permiten la maternidad subrogada es para proteger a las mujeres y a los menores.
Refirió que el Congreso del Estado ha venido aprobando leyes para garantizar los derechos de las mujeres, y sancionar la violencia política contra ellas.
Con esta iniciativa se busca sobre todo “proteger los derechos de los niños y las niñas”, expresó Méndez Sánchez.
Indicó que en un principio la ley sobre Gestación Asistida y Subrogada se hizo “con la mejor intención” de ayudar a las parejas que no podían tener hijos, “pero en estos momentos ya no, ya todo se desvirtuó, se perdió, está fuera de control”.
Pidió a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a donde fue turnada su iniciativa, que dictamine a la mayor brevedad posible.
Esto, a pesar de que en la Cámara de Diputados federal se discute una minuta de reformas a la Ley General de Salud aprobadas por el Senado, donde la maternidad subrogada se prohíbe a extranjeros, pero se seguirá permitiendo con fines altruistas para apoyar a parejas que no pueden tener hijos.
Este es otro grave problema que se ha estado presentando en el estado, donde bandas delictivas se han dedicado durante años a traficar con infantes que son llevados a otros países, sin los protocolos correspondientes. Esas bandas se han hecho millonarios contando con la complicidad de abogados tabasqueños que se han dedicado a realizar los diversos trámites.
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