Para mejor la administración de justicia en la entidad, con mejores leyes y con inmuebles acordes a las nuevas disposiciones legales, la Comisión Permanente del Congreso del Estado, recibió iniciativas de decreto de los titulares del Poder Ejecutivo de la entidad y del Poder Judicial para reformar la Constitución local, así como otra referente a un empréstito para completar la infraestructura que requiere la implementación del nuevo sistema de justicia penal de hasta por 626 millones 329 mil 857 pesos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
En la iniciativa para el empréstito que dio lectura el secretario de la Comisión permanente de la legislatura local, Noé Herrera Torruco, se asienta que el gobierno estatal pagará los intereses mientras que el gobierno federal el monto de la deuda, como parte de los acuerdos contraídos para procurar una mejor administración de justicia, sobre todo en lo que se refiere a los llamados juicios orales. Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su respectivo análisis y su posterior aprobación.
Ante presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Neyda Beatriz García Martínez, los diputados de las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Rodrigo Marín Figueroa, de Partido de la Revolución Democrática (PRD), Casilda Ruiz Agustín y Leticia Taracena Gordillo, del coordinador del PANAL, Luis Roberto Escalante López, además del líder de la bancada del Partido del Trabajo, Andrés Cáceres, se expuso que dicha propuesta obedece a los cambios históricos en relación a la forma de concebir los derechos humanos y su protección mediante el esfuerzo conjunto de jueces federales y locales, así como de la exigencia de la población para mejorar la calidad profesional y la honestidad en la administración de justicia.
Se dijo que con estas modificaciones legales se busca fortalecer el control del poder del Estado democrático de derecho mediante la configuración de la garantía judicial de la supremacía de la Constitución local, mejorar la administración de justicia ordinaria y en general fortalecer el Poder judicial local. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En cuanto al empréstito, Herrera Torruco, leyó que el monto de 626 millones 329 mil 857 pesos, será destinado a financiar los proyectos aprobados por la Unidad de Político Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Se dejó en claro que dentro de las ventajas del crédito solicitado están que el capital no se pagará con las finanzas estatales sino será cubierto por la Federación; que la tasa de interés será fija; y que el plazo de amortización será a 20 años, lo que genera un amplio margen de maniobra a las finanzas locales.
OJITOS
Al igual que en algunos Institutos Tecnológicos Superiores de Tabasco, donde permea la corrupción y los maestros y alumnos han emprendido sus luchas para exigir el cambio de rector o director general, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, maestros y alumnos por fin lograron la caída del rector de la Universidad Intercultural de Chiapas.
Este es el texto del comunicado que nos enviaron: “San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- La administración de Oswaldo Chacón Rojas (4 de abril de 2014-30 de junio 2015), en la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), ocasionó grandes daños que dieron origen a dos paros laborales por parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas (SUTUNICH), y por el Movimiento Estudiantil Lekil Kuxlekal.
Durante el segundo paro, llevado a cabo del 5 de mayo al 5 de junio, Lekil Kuxlekal, planteó sus propias demandas a la par del SUTUNICH. Ambos, buscaron atención de las Secretarias General Gobierno y de Educación para solicitar el alto a las arbitrariedades y al déficit presupuestario, que constantemente marcó el ahora ex Rector y su equipo de mando.
A un mes de terminado el paro en su Sede Central, San Cristóbal de Las Casas y en las Unidades Académicas Multidisciplinarias de Yajalón y Valle de Tulijá, ocurrió lo que era inminente: La renuncia de Chacón Rojas, quien manifestó que “las cosas no pueden ser de otra manera”, y al que habrá que darle toda la razón, pues desde el pasado 1° de diciembre debió partir.
En la UNICH, fue indiferente a una Universidad que desconocía y a la que sólo asistía una vez por semana, en el mejor de los casos, o simplemente no se presentaba; pero que si le sirvió para beneficiar a su círculo cercano de amistades, y contratar a personal de confianza, profesores de asignatura/tiempo completo y técnicos académicos/administrativos, que estuvieran a su servicio.
Asimismo, menospreció dos ejes fundamentales del modelo intercultural de educación superior, Lengua Originaria y Vinculación con la Comunidad, al querer imponer otro modelo educativo con la consultoría de Carlos Trejo Sirvent (su primer Secretario Académico, y de quien se ignora a la fecha “su propuesta” por la que cobró más de noventa mil pesos).
En su renuncia, asevera que los problemas de la Universidad son de un modelo que “enfrenta injustificados estigmas y prejuicios, y que desarrolla sus actividades bajo limitaciones presupuestales”, menciona que se dejaron atrás “los objetivos institucionales”, y que se deterioró “la excelencia educativa”; verdad que no se le puede desmentir y que logró gracias a su indebido uso del poder, otorgado también a su personal de confianza, en las Secretarías Académica y Administrativa, la Dirección de Planeación y Coordinaciones de Unidades Académicas para despedir a compañeros y compañeras de manera injustificada, contratar a sus amistades y mantener a aviadores, hundiendo así a la institución.
Destaca en su renuncia que “el debate de las ideas y la confrontación de los pensamientos deben ser factores de construcción de nuevos senderos educativos, no de agresiones, ambiciones destructivas o narcisismos…”; precisamente lo que se negó a hacer, pues el diálogo jamás fue su prioridad, con lo que defraudó al Gobernador, a las autoridades educativas, a padres y madres de familia, a trabajadores, y peor aún, a las y los estudiantes que esperaban tener a un rector cercano sensible a sus necesidades e intereses. A cambio recibieron a un rector lejano, que siempre les mintió, y que protegió hasta su último minuto, al autodenominado “grupo académico” y a profesores como el médico Roque Galaz Vega, cuando desde diciembre de 2014 tuvo en sus manos la denuncia con evidencias de los actos de discriminación y violencia hacia estudiantes que provienen mayoritariamente de pueblos originarios, de la primera generación de Medicina con Enfoque Intercultural (MEI), misma que en mayo de 2015 desapareció.
Acto orquestado por la enfermera Anette Hartman, “Directora” de MEI; la Secretaria Académica, Enriqueta Fernández F. y Azarel Enríquez Ríos, directora de la División de Procesos Naturales, quienes obligaron a estudiantes a darse de baja temporal por “motivos personales”. Justo por “ambiciones destructivas”, el ex rector contrató a personal que se dedicó a la práctica de la violencia a través de distintas maneras como es el caso de Adrián Flores Velázquez y Elam Nafate Santiago, entre otros, que integran una lista de más de 80 contrataciones.
Aseveró Chacón Rojas en su carta de despedida “Me siento profundamente distinguido e infinitamente agradecido con todos aquellos y aquellas integrantes de la comunidad universitaria que confiaron en mi liderazgo y en mi gestión”, es decir, dio las gracias a su equipo operador que amenazaba a estudiantes y trabajadores, que se dedicaban al hostigamiento y al acoso, que se valían de mentiras para conseguir sus objetivos, además de su beneficio personal, y que cobraban con altas compensaciones y estímulos de fin de año.
Al haber manchado la historia de la UNICH, Chacón Rojas no solo debió ofrecer “una disculpa muy sincera a toda la comunidad estudiantil, alma y razón de ser de este proyecto universitario, porque injustamente han visto afectado su proceso de formación y el prestigio de su futura carta de presentación…”, sino disculparse particularmente con quienes integran el Lekil Kuxlejal y simpatizantes, por la represión que su “grupo académico” y su equipo de mando realizó cuando las y los estudiantes no asistieron a las clases/sesiones extramuros, a través de su reprobación, la usurpación de funciones docentes del SUTUNICH, con firmas de actas de calificaciones, y la persecución de estudiantes que levantaron la voz; y una grande disculpa por no tener la responsabilidad de presentarse ante la comunidad estudiantil durante su gestión.
Por último, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas puntualizó que desea que en este nuevo comienzo, el rector interino, privilegie la transparencia, la justicia y el respeto a la diferencia. Y se presenta con total disposición de trabajar con las nuevas autoridades designadas por Gobierno del Estado, a quien le reconocen su total interés y disponibilidad por contribuir a mantener la gobernabilidad y la misión formativa de estudiantes provenientes de contextos cultural y lingüísticamente diversos. ¿QUÉ SIGUE?: INMEDIATA AUDITORIA ACADÉMICA y ADMINISTRATIVA, debido a la infinidad de recursos desviados y continúo autoritarismo”.
VISORCITO
El coordinador parlamentario del PRI, en el Congreso local, Luis Rodrigo Martín Figueroa, aseguró que la manifestación que encabezaron los ex-candidatos a las alcaldías de Centro, Evaristo Hernández Cruz, Cárdenas Miguel Moheno Piñera y de Nacajuca, Rodrigo Rivera, frente a la Quinta Grijalva, fue hecha a título personal sin el aval del CEN ni del CDE del PRI, ya que las instrucciones del dirigente nacional, Cesar Camacho Quiroz, es de que se utilizarían los canales jurídicos electorales para manifestar su inconformidad por los resultados electorales que se obtuvieron el pasado siete de junio.
Al precisar que cada quien, en este sentido, es responsable de sus propios actos, dijo que “en su momento, el dirigente nacional dijo que no iba a ver ningún tipo de marchas por los resultados electorales que se obtuvieron. Ahí valdría la pena preguntarle a los candidatos de nuestros partidos ¿qué otras acciones van a tomar y si efectivamente el CEN no los ha recibido a cómo acusan”, porque todos los integrantes de un partido político nacional “nos debemos de regir por códigos de conducta y de ética. Se podría entender que ellos son libres de efectuar su manifestación y pedir que el IEPCT realice nuevas elecciones, pero también nos debemos de regir por códigos de conducta y de éticas. Pero ahí cada quien es responsable de sus actos”, ¿así o más claro?.
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