Peor que la delincuencia organizada que azota a una buena parte del país, los legisladores federales de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Acción Nacional (PAN), como verdaderos vándalos se “apandillaron” ayer en el Congreso de la Unión para intentar coartar de tajo una de las grandes libertades, como es el derecho a la libre manifestación en las calles, en un esfuerzo desesperado por impedir que crezca en toda la República Mexicana, las marchas y manifestaciones que exigen la renuncia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por su incapacidad por resolver el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Mientras la tensión crece en el país, y poco a poco las manifestaciones y marchas en las calles de miles de personas y estudiantes que exigen la aparición con vida de los normalistas y la renuncia de Peña Nieto está logrando el consenso nacional, ayer en un desesperado esfuerzo, por mayoría calificada, el PRI, PAN y PVEM, aprobaron una reforma a los artículos 11 y 73 de la Constitución para que el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipios expidan leyes en materia de movilidad universal que permitiría a la autoridad “impedir la libre manifestación en las calles”. En un intento total de autoritarismo, al más viejo estilo priistas, en mancuerna los legisladores del PRI y el PAN desempolvaron la minuta que fue aprobada desde el pasado mes de abril en la Comisión de Puntos Constitucionales, lo que generó en el Pleno de la Cámara de Diputados Federal el rechazo y la crítica abierta de los diputados de los partidos Movimiento Ciudadano (PMC), del Trabajo (PT) y de la Revolución Democrática (PRD), quienes advirtieron que el texto que elaboró el panista Marcos Aguilar Vega criminalizará la protesta social, en momentos, en que mayor cuidado debería tener la autoridad para garantizar la libre expresión y manifestación de los ciudadanos. Los diputados que respaldaron el contenido de la iniciativa adicionaron el artículo 11 de la Constitución, al sostener que el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad. Y se remitieron al artículo 73 de la misma Constitución que tiene que ver con la restauración y preservación del equilibrio ecológico para otorgar facultades, a los gobiernos, federal, estatales y municipales, de legislar en materia de movilidad universal. Sin embargo pese a la oposición del PMC, PT y PRD, fueron aprobadas dichas modificaciones con lo que pretender coartar la libre manifestación por las calles. La actitud de los legisladores federales, serviles del gobierno federal , no es más que una acción desesperada para intentar parar las marchas, las manifestaciones y los mítines que se vienen realizando en Guerrero, Distrito Federal, y otros estados del país que exigen la renuncia del presidente como el mayor de los requisitos para que se restablezca el verdadero Estado de Derecho, porque a raíz de las desapariciones de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa a manos de policías municipales de Iguala, que lo entregaron a miembros de la delincuencia organizada, el gobierno federal solamente da bandazos y no le encuentran la cuadratura al círculo, porque no pueden comprobar que los estudiantes están vivos o muertos, porque todas las posibles pruebas que han venido presentando, se han caído por su propio pesos, y bajo estas circunstancias erráticas, la ciudadanía, pero especialmente los padres de los estudiantes no creen en el gobierno federal, porque aducen que les ha ocultado información que el pueblo de México necesita conocer. Mientras que la delincuencia organizada, actúa al margen de la ley, los diputados federales envestidos en la ley, en la representación popular que le confirieron sus electores, y por el que están obligados a palpar el clamor popular y legislar en beneficio de la población, ahora resulta que se “apandillaron” para atentar en contra de la misma ciudadanía, coartando una de las libertades más sagradas, por lo que esto tendrá serias repercusiones en los días por venir. Como si fueran nietos del dictador Porfirio Díaz, los legisladores federales de la forma más vil quieren ponerle un bozal o una mordaza al pueblo mexicano, quieren maniatarlos de pies y manos para evitar que salgan a manifestarse a las plazas públicas por las arbitrariedades que cometen las autoridades, pretenden volver a la época de la dictadura cuando nadie alzaba la voz o se manifestaba porque era inmediatamente reprimidos. Los diputados federales del PRI, PAN y PVEM, ultraconservadores, muchos de ellos nietos de la dictadura porfirista, podrán coartar la libertad de manifestarse públicamente en las calles, podrán intentar maniatar a la población de pies y manos con la modificación que realizaron a la Constitución de la República, pero no podrán acallar las conciencias de miles de personas que seguirán exigiendo que regresen vivos a los estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, y por supuesto exigiendo la renuncia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Nunca como ahora, en la historia moderna del país, se había visto que la figura presidencial fuera tan vilipendiada, tan denostada, por la población y nunca como ahora crece el clamor de que renuncie, de que se vaya, por su evidente incapacidad para dirigir los destinos de la nación ante este hecho de sangre que ha conmocionado a la opinión pública internacional que también exigen con marchas y manifestaciones que los estudiantes aparezcan, ¿qué harán los legisladores federales para que a nivel internacional paren las manifestaciones de repudio en contra de la desaparición de los Normalistas y por supuesto en contra de la figura presidencial?. Es una aberración legislativa que en este momento que crece la tensión social en el país los legisladores serviles del poder presidencial adopten una postura contraria a la población que solamente exigen que haya justicia, que no se vuelva a presentar otro hecho trágico como el de Guerrero, pero ni el mismo gobierno federal puede garantizar que no se presente otro hecho de esa naturaleza, porque desde el inicio de su gobierno Peña Nieto desdeñó el poder de la delincuencia organizada y pretendió que se ocultaran los números rojos haciendo un pacto con muchos medios de comunicación, escrito, radiofónico y televisivo, que si bien sirvió para quitar de las primeras planas y los noticieros los hechos sangrientos y se dijo que el combate frontal avanzaba y ganaba el Estado mexicano, pero la realidad superó la ficción peñistas, fue una falsedad que se avanzaba en el combate a la delincuencia porque los hechos ahí están. Al presidente de la República le llevó dos años en despertar y reconocer que el mundo rosa que había pintado para que los inversionistas extranjeros trajeran sus capitales económicos al país porque era seguro para invertir, se vino abajo, fue una falacia y apenas la semana pasada reconoció que la delincuencia organizada ha permeado hasta los municipios más recónditos de nuestro México. No es coartando la libertad de manifestarse por las calles de la ciudadanía, ni dejando en manos de los gobiernos estatales y municipales su aplicación, como los legisladores federales, nietos del porfiriato, podrán parar la exigencia de que renuncie el presidente de la Republica, que también en el extranjero se va convirtiendo en una exigencia, en un clamor, ante la evidente incapacidad para resolver la desaparición de los 43 estudiantes y para contener a la delincuencia que ha rebasado en mucho al Estado mexicano. Ni conculcando todos los derechos ciudadanos, ni volviéndose en contra de la población que les dio el voto para convertirse en diputados federales, es como los actuales legisladores del PRI, PAN y PVEM, lograran contener a la población que está harta de tantos engaños, que está hastiada de tanta injusticia, de ver como la política mata al derecho, y por eso se manifiestan públicamente como un escape de sus emociones, que mal momento para intentar maniatar de pies y manos a la ciudadanía, que se ve como un brutal arrodillamiento del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo federal. Los legisladores federales ya dieron un brutal paso para que se restablezca el autoritarismo en el país, en los estados y municipios, por lo que si se originan baños de sangre en contra de la población, los responsables tienen nombres y apellidos, son los nietos del porfiriato, retrógadas hasta las medulas, y serviles ante el poder presidencial. OJITOS Otro que no canta mal las rancheras y que fue acusado en la plaza pública por el dirigente nacional del Morena, Andrés Manuel López Obrador, de enriquecerse impunemente, es el alcalde de Nacajuca, el profesor de extracción indígena que resultó ladino, Pedro Landero López, quien ordenó a la policía municipal reprimir la manifestación de ex-trabajadores quienes apostados en el inmueble de la presidencia exigían el pago de los laudos que ya le ganaron a esa administración municipal. Los ex-trabajadores que llevaban dos semanas de estar apostados en el interior y exterior de la presidencia municipal, en demanda del pago del laudo laboral 123/2009, al que se niega Pedro Landero a darle una solución supuestamente por la falta de recursos económicos, fueron violentamente desalojados y golpeados por policías que portaban armas de grueso calibre. Bueno, ese es el nuevo estilo de un alcalde perredista, la represión como forma de resolver un conflicto laboral. VISORCITO Producto del saneamiento de las finanzas locales, realizada en dos años, debido a las irregularidades hechas en el sexenio pasado, la actual administración que encabeza el mandatario estatal Arturo Núñez Jiménez, tiene credibilidad crediticia nacional, aseguró el secretario de Administración y Finanzas, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, por ello el gobierno nuñista cuenta con una base sólida en la situación financiera para emprender un 2015 con alentadoras metas para consolidar dicha administración. Durante su comparecencia de ayer en el Congreso local, Lamoyi Bocanegra aseguró que en tan solo dos años, Tabasco ya con una sólida posición financiera, además de una hacienda estatal con mayor transparencia y menos deuda, con un mayor presupuesto, mejor focalizado y más ordenado; además de mayores ingresos y menores impuestos, que se cuenta con las bases necesarias para iniciar el segundo tercio del actual sexenio con mejores expectativa de desarrollo, que las que se tuvo al recibir la actual administración. “La actual administración recibió en enero del 2013 una hacienda pública muy comprometida y sin margen alguno de maniobra; una hacienda pública en caída libre y a pesar de ello el estado no colapsó financieramente, en primer lugar se tomaron las medidas pertinentes para asegurar un manera responsable y transparente de los recursos públicos de los tabasqueños”, precisó. Insistió que en los primeros días del año pasado se aseguró la liquides financiera del estado, “a la fecha, del día de hoy, la liquidez y el flujo financiero de la hacienda pública tabasqueña están asegurados”, y que incluso, se ha podido saldar las deudas comprometidas con proveedores en el sexenio anterior. Lamoyi Bocanegra, a pesar de todos los obstáculos logró con éxito el saneamiento de las finanzas estatales, evitando un colapso durante el primer año de gobierno.
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