APROBARAN LEY

 Acostumbrados a negociar en lo oscurito con los gobiernos priistas el reparto de las concesiones del servicio de transporte público que se lo adjudicaron a hijos, yernos, nueras y familiares cercanos, algunos líderes de las uniones se resisten a perder sus canonjías y privilegios, y esa es una de las razones por la que se oponen a que el Congreso del Estado apruebe la nueva Ley de Transporte de Tabasco que servirá para regular las concesiones, para concesionarlos sin andarse escondiendo sino con licitaciones públicas, al igual que se busca que los usuarios gocen de un mejor servicio. Durante los sexenios priistas, como una norma, o como parte del corporativismo político existente  entre las uniones del servicio de transporte público (en sus diferentes modalidades) el Partido Revolucionario Institucional y el gobierno estatal, llegaron a acuerdos subterráneos para la repartición de las concesiones como cuota de poder, cuya mínima parte era entregado a los choferes con mayor antigüedad, y las demás eran repartidas entre el secretario, funcionarios públicos y los propios líderes, los que a su vez, se lo entregaban a hijos, sobrinos, nueras, yernos y toda su parentela, convirtiéndolo en un monopolio familiar, ante la denuncia de quienes se sentían con derecho pero que eran desplazados sin mayores esperanzas de lograr una concesión. Es normal que tratándose de intereses que vienen entrelazados desde el pasado un grupo de transportistas sientan que lo que ellos llaman su “patrimonio familiar” presuntamente se vea afectado por la nueva Ley de Transporte del Estado de Tabasco que el  gobierno de Arturo Núñez impulsó por conducto de su secretario de Comunicaciones y Transportes, José Antonio de la Vega, y que ahora está en el Congreso del estado,  para readecuar y reencauzar ese servicio público que se presta, para acabar con los monopolios de poder que los propios líderes de este sector encabezan, y para que se preste un mejor servicio a la ciudadanía, porque en el caso del servicio de taxis, Tabasco es uno de los únicos estados en donde el usuario tiene que adaptarse a las indicaciones del prestador de servicio, es decir, en vez que el usuario indique a donde deben llevarlo, son los choferes quienes dicen por dónde van, y nadie puede contradecirlos. También en el fondo, la oposición de algunos líderes transportistas apoyados por diputados del Revolucionario Institucional,  a que hoy martes se baje al pleno el dictamen de la Ley de Transporte para que sea aprobado, es que con este nuevo marco jurídico, el próximo año cuando inicie la renovación total de todas las concesiones del servicio público en sus diferentes modalidades, ya no podrán gozar de canonjías, ya no podrán  violentar los requisitos que en la misma se marcan para renovar las concesiones, de tal manera que tendrán que cumplir para no verse afectados, pues era muy dado que las renovaciones se realizaban sin seguir los lineamientos especificados en la ley que hoy se pretende derogar, para dar paso a la nueva bajo la cual se regulará las renovaciones. Si las cosas marchan a como se tiene programado,  hoy martes a las nueve de la mañana se realizará la sesión pública en el Congreso local, donde los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias fijarán sus posiciones en favor y en contra  para someter  al pleno la iniciativa de la Ley de Transporte del Estado de Tabasco propuesta por el Ejecutivo para su aprobación,  que será planchado por la fracción perredista que cuenta con mayoría con la oposición de los legisladores priistas, siendo además previsible, que el grupo de transportistas que se oponen al nuevo ordenamiento, realicen una manifestación frente al Congreso como medida de presión para que no se apruebe, pero la nueva ley, va porque va. Las renovaciones de las concesiones del transporte público en todas sus modalidades se realizará el próximo año bajo la nueva ley, en donde se contempla un determinado tiempo para el cambio de unidades, siendo marcada la concesión por diez años, tiempo en el cual deberá de renovarse o cancelarse, dependiendo de la forma como han operado los concesionarios y si cumple con todos los requisitos que se marcará, y esto es uno de los puntos donde los transportistas se oponen a la aprobación del nuevo ordenamiento, pretendiendo quitarle facultades al secretario de Comunicaciones y Transportes para otorgar o cancelar  las concesiones, ya que en el pasado eran los dirigentes de las uniones quienes bajo el agua marcaban los lineamientos a la propia secretaria, cuando por encima de esos acuerdos que se hacían en lo oscurito como parte del corporativismo político del gobierno priista y los transportistas, debe prevalecer la ley. No es cierto que la nueva Ley de Transporte busque cancelarle las concesiones a los viejos prestadores del servicio, sino que por el contrario busca darles mayor certidumbre jurídica pero a cambio tienen que ceñirse a la nueva ley, tienen que cumplir con los requisitos, quitándole facultades a los propios dirigentes de las uniones de buscar un acuerdo en lo oscurito para no entregar la documentación en regla. De la misma forma se busca acabar con el monopolio que los mismos dirigentes han fomentado al entregar las concesiones a sus hijos, nueras, yernos, hermanos, tíos, sobrinos,  y parientes cercanos, además que acumulaban las concesiones por medio de prestanombres por lo que hay quienes detentan más de 14 concesiones, por lo que la nueva ley lo regulará y tomara como patrimonio solamente cinco concesiones, quienes se salgan del marco legal serán sancionados. A grandes rasgos se avizora que los intereses del pasado buscan imponerse a la aplicación del nuevo ordenamiento legal porque se han conducido de manera desordenada, y si hay líderes que se oponen a la nueva Ley de Transporte que hoy debe aprobar el Congreso local, es porque se verán afectados en sus intereses, ya que monopolizaron para su beneficio las concesiones, mientras que hay trabajadores del volante que llevan muchos años trabajando y ni una sola concesión han logrado. Entonces sí existen temores fundados a que puedan ser perjudicados y por eso hasta desplegados periodísticos han pagado en un intento de evitar que el Congreso del Estado apruebe el nuevo ordenamiento que los perjudicará por monopolizadores de ese servicio público que será regulado a partir de que la nueva ley sea publicado en el diario oficial del estado previa aprobación de los legisladores.                                               OJITOS     El gobernador Arturo Núñez Jiménez aprobó 17 programas sectoriales y especiales derivados del Plan Estatal de Desarrollo (PLED) 2013-2018, que darán una ruta definida al segundo bienio de la gestión sexenal, durante el cual habrá de iniciar el proceso de consolidación y se sentarán bases para revertir rezagos acumulados durante años y proyectar a Tabasco hacia mejores estadios de desarrollo.   Precisó que un financiamiento apropiado será elemento clave para el cumplimiento de 195 objetivos, 336 estrategias y mil 440 líneas de acción contenidos en 11 programas sectoriales y seis especiales, de allí que mantenga gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicos (SHCP), a fin de que a Tabasco se le retribuya lo mucho que ha perdido por el cambio de criterios en la distribución de participaciones fiscales a las entidades federativas. En la segunda asamblea plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Copladet) que se realizó en Palacio de Gobierno, el Ejecutivo estatal reconoció la disposición del gobierno federal para atender de manera diferenciada la situación presupuestal que vive Tabasco y compensarlo a través de la vertiente fiscal de la reforma energética, el Fondo de Extracción de Hidrocarburos y de un nuevo impuesto para la extracción y exploración de hidrocarburos, entre otras negociaciones, que será compensatorio para poder pasar a la segunda etapa del sexenio, que será la de consolidación a partir del mejoramiento y saneamiento de las finanzas públicas, implementado durante los dos primeros años de gobierno para superar la crisis y cuyo objetivo principal “estamos cumpliendo”. Arturo Núñez resaltó que durante el primer bienio del sexenio se han obtenido avances en el manejo responsable y adecuado de las finanzas, transparencia presupuestal y calidad crediticia, una situación que incluso es reconocida por cuatro agencias especializadas en la materia, todas de talla internacional, como Moody’s, Fitch Ratings, Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y ARegional. Ante integrantes del gabinete estatal, delegados federales, alcaldes, dirigentes de cámaras empresariales, líderes de sectores productivos, presidentes de colegios de profesionistas, diputados federales y senadores, e integrantes de la sociedad civil, Núñez Jiménez garantizó que su gobierno privilegiará la correcta aplicación de los recursos públicos, con una visión que no sólo considere el aspecto de honestidad, sino también un manejo eficiente y eficaz.    Dejó en claro que esta condición continuará sobre una presupuestación basado en resultados y evaluación de desempeños, “para que la población no sólo sepa que los recursos se aplican de manera honorable, correcta, sin corrupción”, sino que también conozca su impacto en los diversos sectores de la sociedad y en las actividades económicas para los que son asignados. Acompañado de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera, y los presidentes del Congreso del Estado por el mes de octubre, Uriel Rivera Ramón, y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jorge Javier Priego Solís (a quien el jefe del Ejecutivo delegó la clausura de la asamblea plenaria), Arturo Núñez firmó el Libro de Actas que dio fe y certeza a cada uno de los actos realizados en la segunda reunión del órgano deliberativo. El gobernador dio a conocer que los programas sectoriales están relacionados con la Construcción de Ciudadanía y Buen Gobierno; Seguridad Pública; Procuración de Justicia; Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero; Desarrollo Económico; Salud; Educación; Desarrollo Social; Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental; Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, y Desarrollo Integral de Comunicaciones, Transportes y Puertos. En tanto que los seis especiales corresponden a los rubros de Población, Turismo, Cultura Física y Deporte, Atención Integral de las Mujeres, Manejo del Agua y Vivienda. Afirmó que con estos proyectos, que además tendrán un seguimiento puntual de evaluación, se da continuidad a una segunda fase del proceso de planeación, una tarea, abundó, que es permanente y que pasa además por la programación, concreción de acciones a través de la presupuestación, y la ejecución de las obras, servicios, y acciones de las políticas públicas de gobierno.