La semana pasada, con bombo y platillo, la mayoría de los legisladores perredistas del Congreso local celebraban la reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, que presuntamente quitaba completamente la protección de oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública al ex mandatario, Andrés Granier Melo y al ex secretario de Gobierno, Rafael Miguel González Lastra, en un hecho notable de venganza política relacionado con la anterior administración y no como falsamente se dijo que es un reclamo ciudadano del cual ellos estaban haciendo eco. El odio, la fobia y el rencor que la mayoría de los legisladores perredistas sienten en contra de todo lo que huele a la administración del ex-gobernador Andrés Rafael Granier Melo, a quien todos los días lo siguen tundiendo con sus comentarios de que es el más grande ladrón de Tabasco, que ciertamente dejó quebrada financieramente a la entidad, pero del que no han podido aportar una sola prueba de lo presuntamente robado para meterlo a la cárcel, los llevó a legislar a contracorriente para quitarle la protección policiaca, como una especie de venganza o vendetta política, sin reparar o darse cuenta que el daño mayor no se lo harían al ex-gobernador y al ex-secretario de Gobierno, sino que más bien esa reforma de la 61 legislatura será aplicada a quienes ahora están en funciones, una vez que dejen sus cargos. Pese a que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Rafael Abner Balboa Sánchez (Míster Peluquín) jura y perjura que la Ley de Seguridad Pública aprobada la semana pasada por el pleno no se hizo al vapor, que fue consensuada con todas las fracciones parlamentarias y que por eso fue votada por mayoría, en la práctica política la 61 legislatura requiere con urgencia de verdaderos expertos en todas las ramas del derecho porque adolecen de conocimientos jurídicos que hasta el abogado más novato del estado se horrorizaría de las caballadas que declaran, o de las aprobaciones que supuestamente van direccionados en un sentido, pero que en la realidad causa un efecto contrario a lo que quieren, porque de otra forma no se entendería la reforma que realizaron la semana pasada. La Ley de Seguridad Pública del Estado de Tabasco aprobada por la 60 legislatura casi al final de la administración granierista, y que fue reformada la semana pasada por la mayoría de los diputados que integran la 61 legislatura establece entre otras cosas que se les otorgará protección personal hasta por dos años únicamente a ex servidores públicos que hayan desempeñado el cargo de Procurador General de Justicia, Secretario de Seguridad Pública, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Subprocuradores de Justicia y Director de Averiguaciones Previas, modificando los artículos 74, 75 y 75 bis por lo que se elimina la protección personal para quien haya sido Gobernador y Secretario de Gobierno, a familiares de funcionarios y la vigilancia de sus propiedades, y hasta ahí los legisladores perredistas dieron como un hecho que una vez que sea publicado en el periódico oficial del estado las reformas a la citada ley, desde luego que con la venia del gobernador Arturo Núñez, inmediatamente se quedará sin protección policiaca el ex-gobernador Granier y sus ex-secretarios de Gobierno, Rafael Miguel González Lastra y Humberto Mayans Canabal, actual Senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Pero hay algo que hará que se les quite la alegría a los legisladores perredistas ávidos de sed de venganza en contra del ex-gobernador, creyendo que ya lo pasaron a perjudicar y esa es, la no retroactividad de la ley, no hay vuelta de hoja. La Constitución General de la República, que es la máxima ley de este país con toda claridad establece en su artículo 14.- “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, esto que quiere decir en buen castellano, que las leyes no son retroactivas en perjuicio de cualquier persona, por lo tanto, la reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, que aprobó la 61 legislatura no podrá ser aplicado al ex-gobernador, Andrés Rafael Granier Melo, como tampoco a los subsecretarios de Gobierno y quienes hayan quedado en estado de indefensión por la citada reforma, porque, aun sin conceder, que la actual administración se decidiera a aplicar la ley reformada una vez que sea publicada en el diario oficial del estado, será echado abajo por los perjudicados, porque esa ley no puede ser aplicada en forma retroactiva, por lo que el gozo de los legisladores perredistas se irá al pozo. Al contrario, la actual ley reformada si será aplicada al actual gobernador del estado, Arturo Núñez, y al secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda (éste último en caso de que permanezca todo el sexenio en ese cargo), cuando ambos dejen sus cargos, de allí que se debe de analizarse a conciencia si finalmente se publica el decreto aprobado por el Congreso o el jefe del Ejecutivo lo veta, para que siga en vigencia la anterior Ley de Seguridad Pública, porque si el Congreso de mayoría perredista pretendía perjudicar a Granier en realidad el afectado será el hoy gobernador cuando deje el cargo, pues no tendrá la protección de las mismas autoridades. No es posible que nadie en el Congreso, se haya percato de que el artículo 14 de la Constitución General de la República limitaría la reforma que le hicieran a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tabasco y que en todo caso los perjudicados serán, el actual gobernador y secretario de Gobierno. La protección a funcionarios públicos y ex-funcionarios de alto nivel no debe verse como una voluntad caprichosa, como una inútil erogación presupuestal como una supuesta discriminación al crear ciudadanos de primera o de segunda, porque no es así, ya que hay quienes gobiernan y quienes son gobernados, de tal manera que los primeros por cuestiones inherentes a su función pública que desempeñaron requieren de escoltas o de protección policiaca, ya que ante las difíciles circunstancias que atraviesa el país por la incursión de la delincuencia organizada, de la cual Tabasco no se salva, en los años por venir, quienes tengan en sus manos la aplicación de la justicia y los mandos que integran el gabinete de seguridad tendrán que gozar de protección después que dejen sus funciones, porque el riesgo de ser agredidos seguirá latente, porque perjudicaron intereses nefastos. Los que no entiendan que el riesgo de quienes tienen en sus manos todo lo referente a seguridad, incluyendo al gobernador y el secretario de Gobierno, que después que se vayan requerirán de protección, es porque desconocen la actual realidad que se vive en la entidad. Ahí está el caso de Fernando Valenzuela Pernas, quien siendo legislador criticaba acremente al ex-gobernador Granier y a otros de sus funcionarios por el aparato de Seguridad que traían, y hoy es víctima de lo que en el pasado cuestionó, pues su vida ha cambiado, ya que a donde quiera que vaya es escoltado por camionetas por delante y por detrás, lo que indica que solo hasta que se vive el problema de la seguridad se dan cuenta de lo hondo que están las cosas.
OJITOS
El director del Tecnológico Superior de Macuspana, Luís Felipe Aguilar Romero, no sabe qué hacer, se encuentra entrampado, pues por una parte siente la presión de la subsecretaria de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación, Miriam Carolina Martínez López para que recontrate a Elías Félix Alvarez y Tilo Chico Pozo, pese a que perdieron el laudo laboral ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Tabasco, y por otra parte siente la presión de los profesores que han acordado parar las labores si estas personas que en el pasado como viles porros destruyeron las propias instalaciones regresan a laborar al plantel. Miriam amenaza con destituir a Aguilar Romero si no los recontrata y el personal amenaza con paralizar las clases y ahí está en entrampamiento no sabe qué hacer cuando las cosas son fáciles, Elías Félix y Tilo Chico fueron vencidos jurídicamente, el Tribunal le dio la razón al Instituto, por lo tanto, nada de recontratar, ya están fuera, si Luis Felipe cede a las presiones de la subsecretaria, pese a que es su jefa superior, también estaría violando la ley, porque de nada sirve que durante cerca de siete años el tecnológico litigó y ganó este asunto, para que con un golpe en la mesa los reinstalen, ¿dónde queda la ley?.
VISORCITO
Los buenos oficios políticos parece que por fin van floreciendo. A nadie le extrañe si hoy o mañana, Francisco Rullán Silva, da a conocer públicamente que deja la titularidad del Organo Superior de Fiscalización del Congreso del Estado por así convenir a sus intereses. Pese a que arrodilló al Congreso al lograr por medio de un amparo su reinstalación en el OSFE, después que la Junta de Coordinación lo había separado de su cargo, Francisco Rullán ha muestras de buena voluntad al mantener pláticas silenciosas con cabildeadores que han encontrado algunos puntos de acuerdo para que deje el cargo con un salvoconducto debajo del brazo, pese a lo que después de su partida se diga de él, porque será pura llamarada de petate, pues el acuerdo será respetado. En el lugar de Paco quedaría momentáneamente el fiscal especial, mencionado como el verdadero cobrador de la mafia.
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