No obstante de que el juez primero de distrito propinó un serio y brutal revés jurídico el pasado viernes (12 de abril) a la Junta de Coordinación Política del Congreso local, encabezado por el perredista, Rafael Abner Balboa Sánchez, al exigirle que de “manera inmediata” reintegre como titular del Organo Superior de Fiscalización a Francisco Rullán Silva, y no sé hizo, ayer domingo decidió otra “chicanada jurídica” que le saldrá contraproducente al entablar dos demandas penales contra Rullán por los presuntos delitos de: ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad y encubrimiento por favorecimiento en pandilla, relacionado con los ejercicios fiscales, 2007 y 2009. A pesar de la brutal pifia jurídica que cometió el Congreso local evidenciado por un Juez de Distrito, después de que el pasado viernes 5 de abril, la Junta de Coordinación Política, en su mayoría perredista, teniendo en contra a la fracción priista, del verde ecologista y del PAN, aprobó suspender temporalmente de su cargo al fiscal del Organo Superior de Fiscalización, Francisco Rullán Silva, mientras se le investiga por presuntos actos de corrupción, el presidente de la misma, Rafael Abner Balboa Sánchez no quiere dar su brazo a torcer, por lo que ayer domingo, Moisés Sánchez Chávez, director jurídico de la Cámara de Diputados, fue el encargado de interponer la querella ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) con lo que se inicia un nuevo litigio en contra del ex-titular del OSFE, por lo que habría que checar jurídicamente hasta donde el Procurador de Justicia, Fernando Valenzuela Pernas está en posibilidades de actuar o por el contrario estaría imposibilitado, ya que como se recordará, en su calidad de diputado integrante de la 60 legislatura local votó para que Rullán fuera reelecto para seguir en el cargo hasta el 2016. Esta nueva demanda penal lleva la clara intención de darle otro giro a las cosas, de no dejar regresar al cargo a Francisco Rullán Silva, si es dable con una orden de aprehensión al vapor, pero también es claro que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Rafael Abner Balboa Sánchez (el señor peluquín) ya entrampó al propio Congreso local, especialmente a la Junta de Coordinación, pues al separar del cargo de manera indebida al ex-fiscal, toda la legislatura se convirtió en múltiple violador de la ley al aplicar una norma derogada, pero eso no bastó ni interesó, porque el pasado viernes, después de que fue notifica la Junta por el Juez de Distrito de que tenían que reinstalar inmediatamente a Rullán, Nesho, como todo Necio, incurrió en una más de las irregularidades al violar la Ley de Amparo, ya que en vez de convocar a los legisladores integrantes de la Junta de Coordinación para dar cumplimiento al ordenamiento judicial no lo hizo y se esfumó, al igual que lo hicieron todos los legisladores, perredistas, quienes el viernes 5 de abril festejaban la caída de Rullán, pero éste viernes 12 escondieron la cabeza en la arena como el avestruz y el Congreso parecía un sepulcro. Después de su destitución, el ex-fiscal, al buscar la protección de la justicia federal logro lo que quería en el juicio de amparo número 847/2013, pues el Juez Primero de Distrito le concedió la suspensión de los actos reclamados, para los siguientes efectos: “ 1) Que las autoridades responsables en ejercicio de sus funciones suspendan los efectos de la medida preventiva o cautelar decretada en contra del quejoso, Francisco José Rullán Silva, consistente en la suspensión temporal preventiva como fiscal superior y titular del órgano superior de fiscalización del estado de Tabasco, y se le permita continuar en el cargo como lo venía haciendo desde el momento en que fue ratificado por el Congreso del estado de Tabasco, a través del decreto número 035, publicado el uno de diciembre de dos mil diez, ello en virtud de que el artículo 147 de la ley de amparo, establece que cuando se otorgue la suspensión del acto, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, lo que implica una restitución en la suspensión provisional o definitiva aun y cuando sea de manera temporal, en el cargo que venía desempeñando. Sin que ello implique que la autoridad pueda continuar investigando las conductas que estima irregulares. 2) Sin paralizar el procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en su contra, las responsables deberán de abstenerse de dictar la resolución definitiva correspondiente. 3) Lo anterior conlleva además que el funcionario público continúe percibiendo su salario y todas las prestaciones y demás beneficios inherentes al cargo que desempeñaba, es decir como titular del órgano superior de fiscalización del estado, cuya reincorporación jurídica y material debe realizarse de inmediato. 4) Que además la suspensión se concede para que las autoridades señaladas como responsables se abstengan de realizar cualquier acto de registro o inscripción de la medida temporal preventiva en su expediente personal o en algún libro o página oficial relativa a la publicación de los servidores públicos sancionados. En virtud de lo anterior, la separación temporal que la junta de coordinación política ordenó el pasado 5 de abril, queda sin efectos y por lo tanto, debe restituírsele en el cargo, por lo que a partir de esta fecha Francisco José Rullan Silva, volverá a ser el fiscal superior”. Hasta ahí la parte medular de la resolución, que se ha quedado sin cumplir por parte de la Junta de Coordinación Política que ha decidido desatar a todos los demonios con la finalidad de que Rullán no sea restituido en su cargo, lo cual los sigue exhibiendo en sus brutalidades jurídicas. El pasado lunes 8 en este espacio con el título “Lo legal de lo ilegal”, el Ojo Visor, que en todo está, con toda precisión advirtió que los legisladores perredistas que integran el Congreso local invocando la legalidad habían cometido una ilegalidad en la suspensión de Rullán y que serían exhibido como principales violadores de la ley al utilizar un ordenamiento jurídico derogado para suspenderlo y que con un amparo se vendría abajo y así sucedió, el Juez Primero de Distrito les dio de palos, pero desacataron el ordenamiento jurídico y si creen que porque son legisladores no pueden ser sancionados pues que equivocados están. A tres días de que un Juez de Distrito les propinara un severo revés jurídico el Congreso del estado, decidió denunciar a Rullán Silva y a otros ex-funcionarios, por tres presuntos delitos: abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento por favorecimiento en pandilla, derivadas de varias cuentas públicas municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2007 y 2008, documentos entregados por el nuevo fiscal, Carlos Ramón Castro, el verdadero cobrador de la mafia que presumiblemente quiere curarse en salud, las cuales quedaron asentadas en las Averiguaciones Previas DGI-87/2013 y DGI-88/2013. Estas nuevas denuncias desatarán todos los demonios, porque durante el periodo 2007-2009, fungieron como alcaldes algunos perredistas hoy morenistas, Javier May Rodríguez y Freddy Martínez Colomé, a quienes les reprobaron sus cuentas públicas; Evaristo Hernández (priista) quien también le fue reprobada su cuenta pública, al igual que Antonio Priego Jiménez, quien posteriormente fue encarcelado y obtuvo su libertad, de donde se deriva la demanda interpuesta por el ex-alcalde perredista de Jalapa, Luis Deyá Oropeza (el pavo) en contra de Rullán Silva cuyo amparo se resolverá hoy lunes mediante una audiencia en el juzgado de distrito. En su inevitable caída de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Rafael Abner Balboa Sánchez por indicaciones de su nuevo jefe el diputado federal, Juan Manuel Fócil Pérez, decidió revivir en la demanda penal contra Rullán Silva los expedientes de las cuentas públicas de los ex-alcaldes morenos Javier May y Fredy Martínez, pues la consigna también es acabar con todo lo que huela a Morena y Andrés Manuel López Obrador, al fin y al cabo que, el fin justifica los medios, y si la idea es meter a la cárcel a Rullán evidenciando a los ex-alcaldes morenos, entonces todo tendría su razón de ser, por eso tampoco le ha importado si el nuevo fiscal, que vaya que conoce bien a Nesho Balboa, porque lo visitó varias veces cuando fue alcalde de Teapa, fue el principal operador para tapar todos los actos de corrupción que se cometió en el gobierno madracista; en su desesperación por justificar su ineptitud Nesho utiliza al verdadero cobrador de la mafia.
OJITOS
El jueves y viernes fue tapizada la secretaria de Seguridad Pública de panfletos que exigen la salida de altos mandos, que desde la pasada administración hicieron cera y pabilo de la vigilancia policiaca en toda la capital del estado y que son corresponsables de que la delincuencia se siga incrementado y actuando con impunidad. La acción en sí, no es contra el general Audomaro Martínez Zapata, pero le exigen, destituir de sus cargos a Lenín de la Rosa, que durante el granierato se jactaba de ser compadre del ex-gobernador y que por eso lo había designado subsecretario, de Alcides Sánchez García, Jorge Sánchez Castellanos (La Araña), Guillermo Calderón Palomeque, Alonso Jiménez y Luis Cabrera, entre otros que posteriormente daré sus nombres. Todos ellos, durante las pasadas elecciones operaron en contra del ahora gobernador Núñez para que no ganara, y al cambio de gobierno se esperaba que todos fueran removidos de sus cargos, porque están ligados a la corrupción que prevaleció en dicha secretaria, pero nada de eso ha pasado. Por esa razón, los mandos medios y toda la tropa están inconformes porque nada ha pasado, estos sujetos los siguen tratando con la punta del pie y tienen copado al propio general que no acierta a coordinar sus acciones para el mejpr combate a la delincuencia. Es probable que hoy haya una manifestación, aunque los arriba señalados se reunieron para planear la desactivación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario