DESALOJADOS

Para que los locatarios del mercado “Pino Suárez” desalojaran el viejo inmueble para su demolición y la nueva construcción y se pasaran al mercado provisional en la colonia Casa Blanca, las autoridades estatales y municipales, utilizaron toda la paciencia, el diálogo y la negociación para convencerlos en su reubicación, incluso, aceptando las garantías que exigían, por lo que también se ha ido retrasando los trabajos de reconstrucción

Justo ayer, cuando la empresa Construcciones y edificaciones M y G llegó con su maquinaria para iniciar la demolición, un nuevo problema se presentó, pues los vendedores ambulantes asentados en los alrededores de ese centro de abasto, se plantaron en las avenidas Pino Suárez y Bastar Zozaya para impedir que se iniciaran los trabajos de demolición del viejo mercado “Pino Suárez”, por lo que tuvieron que intervenir elementos de la Secretaría de Seguridad Publica y de la Fiscalía estatal para desalojar a estos ambulantes, que sin tener la razón, estaba obstruyendo los inicios de una obra de interés social que beneficiará a más de 500 mil personas del municipio de Centro.

Desde el año pasado cuando las autoridades estatales dieron a conocer, que el gobierno federal vía la Secretaría de Hacienda ya sabía autorizado un presupuesto de cerca de 350 millones de pesos para construir un nuevo mercado “Pino Suárez”, en el mismo inmueble donde está el viejo edificio, por lo que se tendría que reubicar a los locatarios, diversos intereses creados al interior de ese centro, comenzaron a moverse, agitando las aguas para impedir la reubicación de los locatarios que estaba programado que se realizaría en noviembre del año pasado, pero debido a la oposición de los propios locatarios que argumentaron una serie de trabas, primero que no conocían la maqueta del proyecto, después que no gozaban de garantías para la devolución de sus locales, en donde intereses políticos confluyeron para enrarecer el ambiente, las autoridades estatales, por conducto del secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, iniciaron una serie de reuniones con las dirigencias de los locatarios para convencerlos de la conveniencia de la construcción de un nuevo mercado, reiterándoles que tenían plenas garantías de que al concluirse la construcción del nuevo mercado “Pino Suárez” se les respetaría sus espacios y en la misma sintonía el alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa se reunión en varias ocasiones con los líderes de los locatarios para externarles que era necesario la reubicación para demoler el edificio y su posterior regreso al nuevo centro de abasto.

A la postura reacia de los dirigentes de locatarios que eran movidos por intereses políticos creados desde sexenios anteriores y cuando los agoreros del desastre vaticinaban que la construcción del nuevo mercado se vendría abajo y que el presupuesto asignado se le tendría que reintegrar a la federación, el gobernador del estado, Arturo Núñez hizo un atento llamado a los locatarios para que mostraran su buena disposición para trasladarse al mercado provisional en Casa Blanca, porque de ninguna manera se perdería el presupuesto asignado y que la construcción del nuevo edificio se realizaría, porque es una obra de interés social para toda la población villahermosina y sus alrededores.

Cuando los agoreros creían que la sangre llegaría al rio y que los locatarios serían desalojados con la fuerza pública o en su defecto se les cancelaría la concesión porque el ayuntamiento de Centro es el legítimo propietario del mercado “Pino Suárez” con toda la paciencia del mundo las autoridades estatales lograron conciliar, lograron acuerdos sustanciales con los dirigentes de las 14 uniones asentadas en el lugar, en donde se vio la mano del secretario de Gobierno, Gustavo Rosario, que siguiendo las indicaciones del gobernador Arturo Núñez, mantuvo el dialogo permanente hasta que logró destrabar el conflicto, logrando que finalmente aceptaran la reubicación en Casa Blanca, con un calendario definido para ello, en donde el ayuntamiento de Centro también tuvo participación, al dar las garantías que requerían para ser reubicados.

Cuando toda esa Odisea parecía superarse, los vendedores ambulantes que durante años se han apostado en los alrededores del viejo mercado “Pino Suarez” y que se niegan a abandonar la zona, pese a que el ayuntamiento de Centro les ha ofrecido otros espacios para que comercialicen sus productos, ayer pretendieron obstaculizar el inicio de la demolición del viejo mercado por lo que ya no quedo otro camino, pese a que se dialogó con ellos para que depusieran su actitud, se tuvo que utilizar la fuerza pública para desalojarlos, porque es un delito obstruir el inicio de una obra de interés general para toda la población de Villahermosa.

Que hoy se quejarán, que hoy pondrán el grito en el cielo de que fueron desalojados por la fuerza, con violencia, de las avenidas Pino Suárez y Bastar Zozaya que serán cercadas para delimitar el lugar de demolición, eso será un hecho, podrán quejarse ante los medios de comunicación, pero antes del desalojo se dialogó para que depusieran su actitud y al seguir de tercos, obstruyendo el inicio de la demolición, ¿qué otra cosa querían que hiciera la autoridad¿, más que hacer valer el Estado de Derecho, porque para eso está la autoridad, para hacer valer la ley.

Si bien es cierto que los vendedores ambulantes tienen derecho a ganarse la vida honradamente y que por tolerancia durante años permanecieron a las afueras del viejo mercado y que por eso, ahora pretenden “por la fuerza” que se les reubique en los alrededores del mercado provisional en la colonia Casa Blanca, cuando las autoridades estatales y municipales han externado que no lo harán, deben de entablar un diálogo con las autoridades del ayuntamiento de Centro, pero con buena voluntad para lograr un buen acuerdo, porque ya se les ofreció el CENMA para ser reubicados y rechazaron la oferta, que no les interesa porque argumentan que ahí no venderían nada, pero es que están con la obsesión de que debe ser reubicados en Casa Blanca, pero eso no se dará por más que presionen, entonces el camino que les queda, después de lo sucedido ayer, es entrar en negociaciones con el ayuntamiento de Centro para buscar un lugar donde sean reubicados para puedan seguir expendiendo sus productos.

Ojitos

El gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez declaró ayer el cierre oficial de nueve cárceles municipales en Tabasco, precisando que la medida conlleva el objetivo de acabar con la reclusión irregular, proteger los derechos humanos de personas procesadas y sentenciadas, y garantizarles servicios básicos de alojamiento en condiciones de vida dignas y seguras.

Esta disposición, que involucra a prisiones que contaban con una población menor a 50 internos y presentaban rezagos acumulados por más de tres décadas, convierte a Tabasco en el primer estado del país en dar cumplimiento a la recomendación general número 28, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a todas las entidades, remarcó la tercera visitadora general de ese organismo, Ruth Villanueva Castilleja.

La enviada del ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, subrayó el interés y disposición del gobierno tabasqueño para rescatar la esencia de las garantías fundamentales, y construir un sistema penitenciario que los resguarde al tiempo que abone a la prevención y reinserción social de quienes purgan condenas.

“Aquí se cumplen los preceptos constitucionales, no con eventos ni ocurrencias, sino con un trabajo que muestra el camino para lograr un régimen penitenciario sobre la base de los derechos humanos, alcanzar una efectiva reinserción social y evitar la reincidencia delictiva”, dijo Villanueva Castilleja ante alcaldes e integrantes del grupo local de Coordinación en Materia de Seguridad.

A su vez, el gobernador Núñez Jiménez remarcó que el cierre de las cárceles de Teapa, Jalapa, Emiliano Zapata, Jonuta, Nacajuca, Jalpa de Méndez, Paraíso, Balancán y de La Venta en Huimanguillo, forma parte del Programa Integral de Seguridad Pública 2016-2018, que implicó la reubicación de 296 internos hacia otros penales.

Adelantó que como parte de dicho programa, se aplicarán recursos del empréstito autorizado por el Congreso local en el mejoramiento de centros de reclusión que, entre otras obras, considera la construcción de un módulo de mediana seguridad en el Centro de Reinserción Social de Villahermosa (Creset), para el internamiento de personas que compurguen penas por secuestro.

Arturo Núñez resaltó la importancia de que el régimen penitenciario contenga condiciones mínimas, tanto en instalaciones físicas como en reglas internas de convivencia, porque ello ayudará a acabar con la impunidad y evitar que las cárceles se conviertan en escuelas del delito o en fuente permanente de reincidencia.

En la ceremonia realizada en el salón José Gorostiza de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal dejó en claro, que también cuidando los derechos humanos de los victimarios, se protegen los de posibles víctimas futuras que podrían surgir de la atención inadecuada de un reclusorio.

“Si impedimos la impunidad y la reincidencia, avanzamos en la reducción del delito y en la defensa de garantías fundamentales”, puntualizó en el evento en donde entregó a las autoridades municipales, las llaves de las instalaciones cerradas, de modo que en un futuro inmediato podrán utilizarlas en tareas de interés o beneficio local.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, explicó que este cierre da paso a la regionalización de las prisiones, por lo que en Tabasco operarán centros de reinserción social (Ceresos) en Villahermosa, Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco, Macuspana y Tenosique, además de penitenciarías regionales en Tacotalpa, Cunduacán y Centla.

Con la medida, Tabasco acata la recomendación 28 de la CNDH sobre la reclusión irregular en las cárceles municipales y distritales de la República Mexicana, para que las personas que estén sujetas a proceso o compurgando una pena, lo hagan en términos integrales de seguridad, readaptación y reinserción social, dijo. Comentó que como parte del Programa Integral de Seguridad, también se prevé el fortalecimiento del Protocolo Cárcel Segura, para reducir riesgos derivados de la existencia de objetos o sustancias no permitidas dentro de los penales.

De igual manera, el secretario de Seguridad Pública, Jorge Alberto Aguirre Carbajal, detalló que para la reubicación de internos, trasladaron a 60 reos a la prisión de Tacotalpa, 55 al Centro de Reinserción Social de Tenosique, tres a Macuspana, 40 al Cereso de Huimanguillo y otros 138 al penal de Comalcalco.

Visorcito

El alcalde de Comalcalco, Javier May, quien ayer estuvo por el Congreso local para conocer cómo va su solicitud de empréstito de más de 90 millones de pesos para la compra de luminaria en su municipio, dijo que lo den por muerto para la candidatura a la gubernatura, pues apoyará al candidato que designe su partido, como tampoco buscara la reelección como edil. El tiempo lo dirá.