Para sentar un precedente de alto nivel de que con la ley no se juega, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por conducto del Décimo Tribunal de Distrito ordenó la destitución de su cargo y su enjuiciamiento ante las autoridades penales del presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje Tabasco, Javier Vargas Ramón, y de otros funcionarios públicos, al mismo tiempo que ordeno el mismo procedimiento en contra del presidente municipal de Jalpa de Méndez, Domingo García Vargas y su cuerpo de regidores, aunque este procedimiento es más tardado, porque forzosamente tendrá que intervenir el Congreso del Estado, y aunque el secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda Zubieta trató de evitar el golpe sosteniendo que pagará, es un hecho que aunque cumpla con el pago, hay un delito que perseguir, porque se contravino una disposición legal y se tendrá que ir. El Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Decimo –Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó por incumplimiento de pagos a tres trabajadores la separación del cargo del alcalde de Jalpa de Méndez, Domingo García Vargas, de los 10 regidores y los directores de Programación, Finanzas y Jurídico, por lo que se advierte que en caso de no pagar de manera inmediata el Congreso local podría nombrar un concejo municipal ante la inminente desaparición de poderes. desde luego que esto ha levantado una seria controversia, porque mientras el abogado defensor de los trabajadores Carlos Mario Estrada Sánchez que conoce perfectamente de la cuestión laboral sostiene que ante el incumplimiento de la sentencia de la autoridad laboral, en el incidente de enejecución de sentencia (6/2014) la Suprema Corte determina la destitución de todos los miembros del Cabildo del ayuntamiento de Jalpa de Méndez, ordenando que queden separados, y ordena que queden inmediatamente separados de su cargos, por lo que se les debe de aplicar la sanción del artículo 107, fracción XVI del Pacto Federal que consiste en que el Cabildo quede inmediatamente separados de su cargo. Ante este hecho el secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda salió al paso para sostener que el alcalde de Jalpa de Méndez, Domingo García Vargas, no se encuentra destituido por el dictamen de la SCJN, sino que se halla en plenitud de funciones legales y ha expresado su voluntad de cumplir en sus términos el laudo pendiente que inició el 15 de diciembre de 2009, y que el Gobierno del Estado y municipios reafirman su voluntad de dar cumplimiento a las resoluciones que dicten los tribunales en materia de laudos laborales. “En el marco del Estado de Derecho y de las disponibilidades financieras anuales, el Ejecutivo estatal y los municipios reafirman su voluntad de dar cumplimiento a las resoluciones que dicten los tribunales”, aseveró Ojeda Zubieta al ofrecer un pronunciamiento sobre el caso de ese municipio. Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señalara que se encuentra en análisis el incidente de inejecución de sentencia contra el ayuntamiento de Jalpa de Méndez por no cumplir con la reinstalación de tres ex trabajadores y el pago respectivo de salarios caídos, aseguró, que las autoridades de la demarcación están en la mejor voluntad de sujetarse a las resoluciones correspondientes y cumplirlas, por lo que antes de que el citado incidente fuera remitido a la SCJN, la autoridad municipal puso a disposición del Tribunal de Conciliación y Arbitraje un cheque para dar cumplimiento parcial al laudo correspondiente a un millón 564 mil 772 pesos, en beneficio de uno de los tres ex trabajadores afectados y que el ayuntamiento de Jalpa de Méndez programará el resto del pago a través del Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2015, que le corresponderá aprobar a su respectivo cabildo. De la misma manera, en relación al mismo problema del ayuntamiento de Jalpa de Méndez, el Décimo Tribunal ordenó la separación del cargo del presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Tabasco, Javier Vargas Ramón, de la magistrada de Entidades Públicas del mismo tribunal, Yuridia Gómez Quintana y del magistrado de los trabajadores, Andrés Pérez Morales, porque violentaron una disposición legal. En el expediente 533/2013, fecha del auto 24-09-2014, y con fecha de publicación 25/09/2014, en la síntesis textualmente dice: “PRIMERO. En el caso de que aun los ejerzan, quedan inmediatamente separados de sus cargos Javier Santiago Vargas Ramón, Magistrado Presidente, Yuridia Gómez Quintana, Magistrada Presidenta de las Entidades Públicas y Andrés Pérez Morales, Magistrado Presidente de los Trabajadores, todos ellos, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Tabasco, por haber incumplido la sentencia de amparo de veintiocho de agosto de dos mil trece, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz”. “SEGUNDO. Consígnese a las personas mencionadas en el punto resolutivo que antecede, directamente ante el Juez de Distrito en el estado de Tabasco”, esto hasta donde se entiende, se les debe iniciar un proceso penal a los integrantes del Tribunal laboral por haber violado un amparo directo, por lo que hay que estar pendientes del rumbo que tomen las cosas. Desde el inicio de la presente administración, pese al llamado del Gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez de que todos los funcionarios de su administración estatal deben regirse por la ley y observar cada una de las disposiciones legales, en los hechos, pareciera que el deporte favorito de muchos funcionarios públicos, incluyendo algunos secretarios y presidentes municipales son las constantes violaciones a las leyes y pese a las quejas ciudadanas, nadie, pero nadie ha reconvenido a esos funcionarios para que se ciñan al imperio de la ley. La resolución de la Suprema Corte, pese al sesgo o interpretaciones que algunos le quieran dar, es que sí se cometieron violaciones a las leyes, por eso lanzo esa resolución, de tal manera que y la ignorancia, mala fe, dolo o hasta perversiones para no cumplir con las disposiciones legales no los exime y los debe de eximir de responsabilidades, el dictamen se tiene que acatar, por lo esto, sin lugar a dudas, es un golpe mortal, tanto para el alcalde de Jalpa de Méndez, Domingo García Vargas, que pese a que pague, ya cometió una violación que tiene que ser sancionado, como para el todavía presidente del Tribunal laboral, Javier Vargas Ramón, que también lucha por mantenerse en el cargo pese a la resolución judicial de la máxima autoridad del país que debe de cumplirse a cabalidad, tiene que dejar su cargo porque violó un amparo directo que debió acatar a plenitud, pero no lo hizo y eso tiene su castigo. Este resolutivo de la Suprema Corte debe ser un avisado para las demás autoridades que se pasan por el arco del triunfo las resoluciones legales, porque el camino está trazado y otros casos que no se cumplan podrán llegar al máximo organismo de nuestro país que está sentando un precedente al hacer que se respete la ley y la respeten como el más alto impartidor de justicia en nuestro país. Así que señores pongan su barba a remojar, sino quieren ser señalados como violadores de las leyes. OJITOS En este conflicto de intereses que se vive en este momento por el incumplimiento de algunas autoridades municipales a las resoluciones de los tribunales laborales que dio la pauta para la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sentar un precedente de que con la ley no se debe de jugar porque se recibe un castigo, donde se asegura que la mano que movió la cuna contra Vargas Ramón, fue un subsecretario de Gobierno que desde hace años tiene intereses laborales que desde su despacho se ventilaban, las autoridades locales deben ahondar sobre el asunto, incluso, el mismo Organo Superior de Fiscalización (OSFE) del Congreso del Estado está obligado a verificar donde quedaron los recursos económicos producto de los salarios caídos que deberían de salvaguardarse hasta la conclusión del litigio laboral. Cuando un trabajador es despedido de alguna instancia de gobierno por cualquiera de las circunstancias que se presenten, y este se ve obligado a acudir ante el Tribunal laboral para exigir su reinstalación y el pago de sus salarios caídos, inmediatamente la plaza queda congelada, no se le puede dar a otro trabajador, hasta en tanto no se concluya el litigio y la dependencia púbica sea obligada a la reinstalación y a pagar los salarios o por el contrario, sea absuelta de cualquier responsabilidad administrativa con el ex-trabajador demandante. Durante el tiempo que la plaza permanece congelada, porque existe un litigio laboral de por medio, los ayuntamientos, dependencias de gobierno, incluso el mismo Congreso del Estado, están obligados a salvaguardar los recursos económicos como producto del salario de esa plaza que se debe de concentrar en una cuenta bancaria, mismo que podría ser utilizado para pagarle al trabajador sus salarios caídos en caso de reinstalación o para liquidarlo conforme a la ley laboral, pero ese dinero, así pasen tres, seis o nueve años, mientras dure el litigio, no debería ser ocupado o destinado para otra cosa, porque en caso de hacerlo se corre el riesgo de fincar responsabilidades penales a quienes lo hayan utilizado. Por eso llama la atención, que ahora que la autoridades laborales ordenaron pagar y reinstalar a los trabajadores que ganaron sus respectivos laudos en contra de alcaldías como Centla, Nacajuca, Jalpa de Méndez, Cárdenas y Macuspana entre otros, los alcaldes digan públicamente que no tiene dinero para pagar , cuando ahí debería estar el dinero de las plazas congeladas que no se le puede autorizar a ningún otro trabajador hasta que finalice el litigio laboral, por lo que también las autoridades estatales están obligados a iniciar una investigación , porque si no hay dinero en fondo, es porque se dispuso de manera ilegal y hay responsables que deberán pagar así se tenga que investigar hacia atrás, desde el momento del despido. VISORCITO Llora como una una mogina lo que como “hombre” no ha sabido defender el sedicente dirigente del Partido Nueva Alianza, Juan Jacinto Bautista, quien al sentirse acorralado por el daño que le causó a la directora del Instituto Estatal de las Mujeres, Leticia Romero, que ya le demostró que tiene más pantalones que él, ahora busca el perdón. Desde que se metió a despotricar en contra de Leticia Romero, porque creyó que así afectaba al secretario de Educación, Rodolfo Lara, ciertamente cuñado de la titular del IEM, Juan Jacinto no midió las consecuencias de sus actos, por lo que los delitos de difamación y calumnia están constituidos y tendrá que pagar las consecuencias de sus actos. Es claro que perdón para él no habrá, porque causó un daño de manera intencional y deliberada.
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