En apoyo a los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Centla, que ya entran a la tercera semana de mantener tomadas las instalaciones, exigiendo la renuncia del director general, Ramón Rodríguez Laynes por actos de corrupción dentro de la institución educativa, lugareños de diversas comunidades cerrarán hoy lunes la carretera costera Federal Villahermosa-Ciudad del Carmen como una medida de presión para que las autoridades competentes solucionen este conflicto. Con una total perdida de capacidad para dialogar con los alumno, tanto el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Emilio de Igartua Monteverde, como el director general del ITSC, Ramón Rodríguez, optaron por actuar de manera visceral, por lo que procedieron a interponer una demanda penal ante el Ministerio Público en contra de los estudiantes líderes del movimiento, mientras llamaron a restablecer las clases en otras escuelas que les prestaron, pero todo resultó un rotundo fracaso pues los alumnos radicalizaron su postura al grado de que se centraron en exigir que ruede la cabeza de Ramón Rodríguez Laynez como única condición para desalojar las instalaciones educativas para que se restablezcan las clases y posteriormente ir resolviendo los problemas, sobre todo la falta de laboratorios y los salones deteriorados. La falta de capacidad para establecer una mesa de diálogo por parte del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Emilio de Igartua, quien se ha convertido en el enemigo público número uno de la educación, lo llevó a radicalizar su postura, amenazando a los alumnos con correrlos de la instalación y abrirles procesos penales, el mismo procedimiento mafioso que ha utilizado en otras Universidad y Tecnológicos para amedrentar a los alumnos en donde ha habido problemas, pero que finalmente no le ha servido, pues en el caso del ITSC, los alumnos están decididos a jugársela hasta el final exigiendo como unica condición la renuncia de Ramón Rodríguez, quien también como en los viejos tiempos de su incursión en la política volvió a sacar “el Fua”, de la soberbia y arrogancia, lanzando amenazas pos doquier contra los alumnos, de que hagan lo que hagan, él no se va, porque fue el gobernador quien lo puso en el cargo y por eso lo va a sostener contra marea y viento, su dicho es sumamente tendencioso, porque si bien es cierto, es el gobernador quién firma los nombramientos de los directores generales de los tecnológicos porque así lo establece la normatividad, en otras instituciones de ese nivel cuando se han presentado problemas internos, se ha optado por darle la salida al director para restablecer la calma y eso es lo que debe de pasar en Centla, donde por cuestiones de negocios oscuros, Emilio de Igartua está decido, cuesta lo que cueste, a sostener en el cargo a Ramón Rodríguez, que ya es insostenible. Esta es la tercera semana que los alumnos mantienen paralizadas las actividades académicas del Instituto Tecnológico Superior de Centla al tener tomadas las instalaciones; en esta institución de nivel superior no se había presentado este tipo de problemas desde su fundación, pues siempre estuvo dedicada a la enseñanza-aprendizaje a los alumnos, pero cuando se hizo a un lado el grado académico para entregárselo a un político ahí se trastocó, fue un grave error haberle dado a Ramón Rodríguez la dirección general, pues es un desconocedor de la cuestión académica, ya que toda su vida ha estado dedicado a la política, por lo que sin duda con el paso de los meses un conflicto iba a estallar, porque proclive a actuar violentamente, con soberbia, los alumnos no iban a aguantar por mucho tiempo sus desplantes, y ahí está el resultado de las cosas. Como este problema no se ha solucionado, ahora lugareños de diversas comunidades en auxilio de los estudiantes, que tampoco quitarán el dedo del renglón hasta que renuncie o lo renuncien a Rodríguez Laynez, han circulado la versión de que hoy lunes cerrarán la carretera costera federal para exigir una solución al conflicto, aunque en la radicalización, los estudiantes no exigen otra cosa más que renuncie Rodríguez Laynes. Emilio de Igartua perdió tota capacidad de diálogo, cuando sesgadamente, sin haberse hecho una revisión a fondo de lo que pasa en ese tecnológico, negó cualquier acto de corrupción que enardeció a los estudiantes, pero además, como hay antecedentes de que en otros tecnológicos se han firmado minutas de acuerdo que han resultado un verdadero engaño por parte del subsecretario ya nadie le cree, por eso, los estudiantes también cortaron el diálogo y la única condición es que renuncie Ramón Rodríguez Laynes. No se puede sostener lo insostenible, y no se puede luchar contra una comunidad universitaria cuando ya no quieren a su director, por lo que se tiene que buscar una solución urgente. OJITOS Desde 1989 cuando la extinta organización periodística “Unión de Periodistas Democráticos” (UPD) que a nivel nacional encabezó Eduardo Valle mejor conocido como El Búho Valle y aquí en Tabasco lo dirigió Sergio Antonio Reyes Ramos, ahora dedicado de tiempo completo a la abogacía, nos pronunciamos en contra de los delitos de difamación y calumnia contemplado en el Código Penal del estado, porque era una ley coercitiva, que reprimía la libertad de expresión y que era usado a modo por los gobiernos para intentar acallar las voces críticas. Aquí en el estado, gobernaba Salvador Neme Castillo, a quien la UPD le exigió derogar los artículos del Código Penal que coartaban la libertad de expresión de los periodistas, algunos de los cuales, en aquellos tiempos del nemismo, estuvieron a punto de ir a la cárcel porque fueron demandados por los presuntos delitos de difamación y calumnia, por lo que tuvimos que realizar marchas y plantones para evitar las consignaciones, y se logró, aunque como está contemplado en la ley, siempre se amagó con hacer uso de ella, porque no había para donde hacer, ya que los delitos de difamación y calumnia se constituyen ante “hechos ciertos o falsos”. Neme nada hizo para que se derogaran los delitos de difamación y calumnia, menos Manuel Gurría bautizado como El Tío Nelo; Roberto Madrazo lo quiso aplicar en ciertos casos de periodistas, a Manuel Andrade no le interesó en lo más mínimo, y en 2007 cuando a nivel federal se hicieron las adecuaciones al código para desaparecer estos delitos y fortalecer lo del daño moral, al gobierno de Andrés Granier, no quiso, o se le pasó por alto realizar las adecuaciones pertinentes. Más de 30 o 35 años ha pasado desde la instauración de los delitos de difamación y calumnias hasta que el pasado viernes en un evento que se realizó en el Palacio de Gobierno, en donde se dieron cita representantes de los diversos medios de comunicación del estado, el gobernador Arturo Núñez, firmó una iniciativa para derogar el Título Noveno del Código Penal estatal referente a los delitos contra la buena fama, para que estos sean sancionados por la vía civil, lo que permitirá al Estado tutelar adecuadamente la protección al ejercicio de la actividad periodística en la entidad y fortalecer el derecho a la libertad de expresión. Es claro que en esta decisión gubernamental, como siempre suelen suceder, los eternos inconformes, los llamados “críticos” sexenales que en el pasado guardaron absoluto silencio, quien sabe porque, o si se sabe, pero sobre eso no voy a abundar, saldrán a denostar, saldrán a desgarrarse las vestiduras al decir que no permitirán que del terreno penal pase al terreno civil la “probable” persecución contra periodistas al constituirse el delito de daño moral, cuando lo que realmente está haciendo el Ejecutivo es adecuar la normatividad estatal a la federal paras que vayan acordes una vez que se implemente en todo el país los juicios orales. En el evento el mandatario afirmó que en todo sistema que se precie de ser democrático, la tipificación de los delitos de calumnia y difamación, como conductas penalmente sancionables, representa algo desproporcionado porque inhibe el pleno derecho a la libertad de expresión y lejos de promover una práctica sana del periodismo, representa un mecanismo que amedrenta su libre práctica, por lo que con esta acción se atienden también, las recomendaciones emitidas en la materia, por organismos internacionales defensores de las garantías individuales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a los gobiernos Federal y de las entidades. Dijo que la propuesta de despenalización de la difamación y la calumnia está orientada a eliminar elementos que antaño se utilizaron desde el poder para inhibir la libertad de expresión, pero además establece que cuando este tipo de conductas causen algún daño, sean reguladas en el Código Civil del Estado, tal como ya se hace en el ámbito federal y en 24 entidades federativas. Tabasco al igual que otros siete estados estaba a la zaga en esta adecuación que a nivel federal se realizó en 2007. Por su parte, la coordinadora de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado, Dolores Gutiérrez Zurita, puntualizó que la iniciativa de decreto ayudará a dejar atrás los tiempos del autoritarismo y acabará con cualquier tipo de censura en la actividad periodística, informativa o de opinión. “Las libertades de expresión y de imprenta son esenciales en toda democracia. La crítica es un componente fundamental de la transparencia, el control del ejercicio del poder y para propiciar el avance democrático”, remarcó. Dejo en claro que Tabasco tiene un gobernador comprometido con la democracia y la libertad de expresión, “Arturo Núñez es un convencido de que tanto en la actividad ciudadana como en la periodística se debe respetar la diversidad, la pluralidad de opiniones, pero también la dignidad humana y la estabilidad de las instituciones”, por lo que este gobierno valora la existencia de una prensa libre para la construcción de la vida democrática. Por su parte, el coordinador de Asuntos Jurídicos, Juan José Peralta Fócil, mencionó que este proceso es para que nunca más ningún tabasqueño comparezca ante una barandilla del ministerio público, como probable responsable por lo que piense o lo que diga, “estoy seguro que esto va en beneficio de la democracia tabasqueña y servirá para seguir impulsando a Tabasco, para volver a reencontrar la senda del desarrollo”. La despenalización de los delitos de calumnia y difamación propuesta por el jefe del Ejecutivo también incluye reformas al Código Civil de Tabasco para incluir diversas disposiciones, entre ellas, la ampliación del concepto de daño moral y la adición de hipótesis normativas para efectos de la reparación de esta afectación, pero en esta iniciativa, también se establece la protección, de igual forma, a la actividad periodística, informativa y de opinión, para que quienes se dedican a este noble oficio expresen una crítica ya sea literaria, artística, histórica, científica, deportiva o profesional y no exista obligación de reparación del daño moral.
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