En la recta final para la validación de los consejeros electorales de Tabasco que en su sesión de hoy debe aprobar el Instituto Nacional Electoral (INE), una vez que la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales dio a conocer públicamente el pasado sábado los nombres de los casi ungidos, en las redes sociales se comenzó a denunciar, que al menos dos de ellas, falsearon su información personal, lo que puede dar pie para que se caigan sus nombramientos y en su lugar sean asignadas otras personas. La primera en ser denunciada y cuestionada en redes sociales fue Luisa Fernanda Viveros, quien ya había sido designada por la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales del INE que encabeza el consejero nacional, Marco Baños, como consejera presidenta por un término de siete años, pero al exhibirse documentación oficial donde el representante propietario del PRI ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco la acredita con fecha 3 de julio de 2012 como representante suplente de ese partido en uno de los distritos de Comalcalco, prácticamente se viene al suelo su nombramiento por falsear información vital para el desempeño de sus actividades electorales. Es más, hay quienes sugieren que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe dar vista al Ministerio Público Federal para que investigue a Luisa Fernanda por falsedad en sus declaraciones, porque jamás debió omitir que fue representante suplente del PRI en el proceso electoral que se desarrolló en 2012. Después de esto tampoco debe seguir siendo la subcoordinadora jurídica del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tabasco (ITAIP). Ayer mismo en un Twitts el consejero nacional del INE Marco Baños dejó en claro que no conocía el origen priista de la presunta consejera presidente, María Fernanda Viveros, por lo que sería sustituida durante la sesión del consejo nacional. Casi en idénticas circunstancias se encuentra la recién electa consejera por seis años, Claudia del Carmen Jiménez López, quien de igual manera omitió información personal, de sumo interés para el Instituto Nacional Electoral para tomar una determinación, ya que si bien ella no aparece como funcionaria de algún partido político, su cónyuge sí milita y actualmente es funcionario del Partido Acción Nacional en el municipio de Centro, responsable de la reafiliación de los panistas y por lo tanto, por el hecho de que sean esposos se violan los principios constitucionales de la democracia, independencia, imparcialidad y objetividad, a los que está obligado a observar y cuidar el Instituto Nacional Electoral. Claudia del Carmen Jiménez López, al igual que María Fernanda Viveros, falsearon su información entregada al INE, porque tampoco informa que Edy Jesús Juárez Canales, quien es su esposo, es actualmente funcionario del PAN en el municipio de Centro, como responsable de la reafiliación, además de que fue candidato suplente a regidor plurinominal por el mismo municipio de acuerdo a un resolutivo del Tribunal Electoral de Tabasco. Es claro que al ser Claudia del Carmen Jiménez esposa de Edy Jesús Juárez, funcionario panista, es obvio que al ser consejera electoral lo ayudaría en todo lo que pudiera dentro de la estructura electoral, vulnerando o violando los principios constitucionales de la democracia, no tendría independencia porque está vinculada al PAN, no tendría objetividad, porque su criterio estaría viciado de origen, y no propiciaría la imparcialidad porque vive con un personaje importante en la estructura de un partido político (PAN) por lo que también hoy durante la sesión del INE no debe ser aprobado su nombramiento. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales SX-JDC-1218/2012 y SX-JDC-1364/2012 (acumulados) interpuestos ante el Tribunal Electoral de Tabasco se le ordena al instituto electoral la sustitución de candidatos a Regidores de representación proporcional municipio de Centro, por lo que entran a la contienda electoral de 2012, Jesús Núñez Hurtado como propietario, y Edy Jesús Juárez Canales, como suplente. Con lo que se demuestra con pruebas irrefutables que el esposo de Claudia del Carmen Jiménez, fue candidato del PAN y actualmente es funcionario, lo que la imposibilita para que el INE apruebe su nombramiento como consejera por seis años. En la recta final, al decidir hoy el Consejo General del INE la aprobación de los consejeros electorales de varios estados del país, entre estos el de Tabasco, los consejeros federales sabrán si respetan la Constitución Política y la Ley Electoral, haciendo preservar los principios constitucionales de la democracia. En la cancha de los consejeros federales está la decisión final sobre los consejeros electorales de Tabasco. Hay quienes se preguntan en dónde están los cabildeadores oficiales que les permitiera establecer un filtro para que no pasaran nombres para consejeros electorales que ahora se están poniendo a la luz pública su pasado, por lo cual no deben ser validados hoy en el cargo. ¿Se durmieron o que fue lo que realmente paso?, porque todo indica que los hilos conductores quedaron sueltos, a como están sueltos muchas cosas. OJITOS Al encabezar la conmemoración del 58 aniversario de la Asociación Tabasqueña de Periodistas (ATP), el gobernador Arturo Núñez Jiménez afirmó que la despenalización de los delitos de calumnia y difamación, una propuesta contenida en una iniciativa que recientemente envió al Congreso del Estado, además de garantizar el respeto a la libertad de expresión, erradicará cualquier riesgo por inhibir la crítica social. El mandatario dejó claro que la iniciativa de decreto sometida a la consideración de los diputados integrantes de la LXI Legislatura, pone de manifiesto el compromiso del gobierno del cambio en el tema de la libertad de expresión. “En el Gobierno del Estado, por convicción y mandato constitucional, somos respetuosos de la libertad de expresión”, puntualizó, y dijo que a ese propósito obedece el interés de promover una serie de adecuaciones a los códigos Penal y Civil de Tabasco para, entre otros asuntos, despenalizar la calumnia y difamación y regularlos en el orden civil. En el evento en el que estuvo acompañado por la presidenta de la ATP, Gloria Karina López de Dios, socios de la agrupación y la coordinadora general de Comunicación Social y Relaciones Públicas del estado, Dolores Gutiérrez Zurita, Núñez Jiménez sostuvo que esta medida ayudará “a que no haya sombra de duda respecto del propósito que anima al gobierno del cambio en el tema de la libertad de expresión”. Recalcó que la iniciativa toma en cuenta las recomendaciones de organismos internacionales protectores de derechos humanos, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitida a los gobiernos de las entidades federativas, con el fin de suprimir de los códigos penales los delitos de difamación y calumnia. Núñez Jiménez confió en que los diputados integrantes de la LXI Legislatura sacarán adelante esta propuesta que busca que ninguna persona, periodista o comunicador, sea procesado penalmente por sus opiniones, pensamientos o informaciones. Explicó que la protección de la vida privada y los derechos de terceros quedarán protegidos a través de promociones por la vía civil, lo que evitará cualquier tipo de coerción a la libertad de expresión. Por su parte, Gloria Karina López señaló que a lo largo de medio siglo de vida, la ATP se ha caracterizado por la mística de la profesionalización, lo que promueve a través de foros y conferencias totalmente gratuitos y sin afán de lucro. La periodista destacó que el festejo de un aniversario más de la asociación llega en el marco de un ambiente de unidad y compañerismo, enarbolado siempre por el ideal de la solidaridad gremial, “que debe estar por encima de cualquier interés particular”. “La unidad es premisa en cualquier organización y en la aspiración común del periodista por ser mejor”, concluyó. Atestiguaron la festividad la diputada Neyda Beatriz García Martínez, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local; el secretario de Desarrollo Económico y Turismo, David Gustavo Rodríguez Rosario; Ana Arana, integrante de la Fundación Mexicana de Periodismo de Investigación; Julio Martín Pretelín Gómez, director general de Información de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, y los delegados de la ATP en los municipios de Macuspana, Emiliano Zapata, Tenosique, Balancán, Teapa, Tacotalpa y Jalapa, entre otros. VISORCITO En breve también se darán a conocer los nombres de los magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco que serán nombrados por el Senado de la República, ya se habla de la repartición del pastel, entre el PRD, PRI y PAN, un magistrado propuesto por cada partido político. En el caso del PRI ya se rumora que uno de los consejeros electorales que hoy dejarán su cargo, para buscar impunidad se dedicó a cabildear en el altiplano con algunos Senadores para lograr ser postulado como magistrado del Tribunal Electoral. Se dice, que el hasta hoy consejero electoral, uno de los involucrados en el robo del siglo al propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco al participar en la compra fraudulenta del viejo edificio que supuestamente sería la sede oficial y que fue sobrevaluado, por lo que andan volando más de 14 millones de pesos, ya buscó protección y que como cuota del PRi negociado en la ciudad de México ya se aceptó que sea magistrado, lo que de ser cierto sería una total aberración, porque no es posible que alguien involucrado e indiciado en la Procuraduría General de Justicia sea nombrado funcionario del Poder Judicial, ¿no estarán informados los Senadores del pasado de ese consejero electoral?. No se vale que en aras de la repartición del pastel entre los tres partidos políticos con mayor presencia en Tabasco, se pretenda vulnerar el Estado de derecho, por eso es urgente que la Procuraduría General de Justicia de una vez determine la responsabilidad de los aún consejeros electorales y los que tengan que ir a la cárcel por el robo, porque eso fue lo que hicieron a las arcas del propio Instituto electoral, pues que paguen por lo que hicieron, porque a más de tres años de la fechoría no se determina la responsabilidad de los presuntos involucrados, y todavía nos salgan con su domingo siete, de que hay premio para uno de esos consejeros electorales involucrados en la compra de un edificio que hasta la presente fecha no se ha podido ocupar, ni se ocupará porque no sirve para ser habitado so pena de que se presente una desgracia.
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