A petición de las diferentes fracciones parlamentarias y una vez que fue aprobado por la Junta de Coordinación Política, hoy viernes por la tarde comparecerán en privado ante el Congreso del Estado, los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Sergio Ricardo Martínez Luis y de la Fiscalía General del Estado, Fernando Valenzuela Pernas para explicar a los legisladores sobre el trabajo que vienen realizando sus dependencias en relación a la seguridad y el combate a la delincuencia.
Tanto el secretario de Seguridad Pública como el Fiscal General del Estado, tendrán hasta 30 minutos para realizar una exposición, el primero de ellos, sobre el estado que guarda la seguridad pública en el estado, dado los altos índices delictivos por el que se queja la población, y no se ve la prevención del delito, y por lo cual los diputados pidieron su comparecencia, mientras que el segundo, abordará todo lo relacionado a la procuración de justicia y el combate a la delincuencia organizada en sus diferentes modalidades, como los secuestros, la extorsión y los robos. Después de la exposición de motivos de ambos funcionarios, los legisladores podrán hacer dos preguntas con réplicas y contra réplicas
En relación a estas comparecencias, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, José Antonio de la Vega Asmitia dijo que confía en que los funcionarios responderán las preguntas que se les hagan, “porque son gentes que conocen su área profundamente”, y que a su vez, los diputados estén a la altura de las circunstancias para cuestionar o preguntar sobre lo que realmente le interesa a la ciudadanía, “esperamos que pregunten sobre temas que le preocupan a la ciudadanía en este momento y que han expresado los diputados de las fracciones del PRI y del PVEM en la propia tribuna”, precisando que en la comparecencia tienen derecho de participar todos los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública.
Manifestó que aun cuando algún diputado del PRI no pueda asistir a la comparecencia por motivo alguno, tiene derecho a enviar sus preguntas, y adelantó que se acordaron dos preguntas por integrante de la comisión a cada uno de los funcionarios.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, José Antonio De La Vega Asmitia sostuvo que la idea de que comparezcan, el secretario de Seguridad Pública y el Fiscal General, es para que respondan las preguntas y resuelvan las inquietudes de los diputados de las diversas fracciones parlamentarias que pertenecen a la Comisión de Seguridad Pública.
Manifestó que desde el punto de vista legal, lo que a los diputados les compete es hacer y reformar leyes, y con ese espíritu legislativo consideró que será un intercambio fructífero, porque “aunque muchas estrategias de combate a la delincuencia no pueden darse a conocer públicamente, en corto con los diputados puede haber un intercambio de otro nivel”.
Esperemos que la comparecencia de Sergio Ricardo Martínez Luis y Fernando Valenzuela Pernas, satisfaga la preocupación de los legisladores locales que estuvieron exigiendo sus comparecencias y que estos sepan transmitirle a la población que se está haciendo en materia de seguridad para la prevención y combate de la delincuencia para reducir los índices y para que la misma ciudadanía se vaya tranquilizando de que efectivamente se está haciendo todo lo necesario para combatir este flagelo que no solamente lastima a la población tabasqueña, sino que es un problema que se vive en todo el país.
Ahora bien, esperemos que los legisladores efectivamente estén a la altura de las circunstancias y realicen preguntas claras y certeras que se encaminen a despejar las dudas del porque se siente que hay un alto índice delictivo y la apariencia de que los cuerpos de seguridad no están previendo esos delitos, al menos es el sentir de la población que ha sufrido un robo, un asalto o que ha sido o han pretendido extorsionarlo.
OJITOS
Ayer les comentaba que en la dirección de Asuntos Jurídicos de la SETAB, que encabeza el granierista Agustín García Mendoza, los resolutivos en contra de los maestros que no presentaron la Evaluación del desempeño docente, los están mal fundamentando para que no cause ejecutoria, ya que por debajo del agua los propios abogados ofrecen sus servicios para encuadrar y justificar el procedimiento para que no surta efectos legales por lo existe un enorme descontento entre los directores de preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria por esas prácticas corruptas que es tolerada por el propio secretario de Educación, que todo se le olvida, por eso estallan los problemas a cada rato.
El peor problema que se está presentando para quienes van a notificar, pese a saber que está mal encuadrado los ceses, es que están siendo encerrados o amenazados por los padres de familia que se han metido al conflicto para apoyar a los maestros que pretender ser destituidos, por lo que corren peligro, pero ni aun así, el director de Asuntos Jurídicos frena la corrupción que ha prohijado, pues todos los asuntos en litigio le ha puesto precio, si hay arreglo bajo el agua el maestro no es cesado.
Ya desde que fuera coordinador jurídico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco a donde fue enviado por su amigo Miguel Angel Romero Pérez en su calidad de consejero jurídico en el gobierno de Andrés Granier, Agustín García Mendoza ya daba muestras de corrupción pues realizó el contrato de compra-venta del viejo y derruido edificio que compró ese instituto y que ahora está en litigio porque se adquirió a un precio súper inflado.
Desde su posición de director de Asuntos jurídicos, Agustín García Mendoza por ser amigo del Miguel Ángel romero Pérez, ex-consejero jurídico del gobierno Granierista, está encubriendo el desvió de recursos económicos realizados por ex-funcionarios de la SETAB (reteniendo documentación) como el ingeniero Mario Carrillo Díaz, ex-coordinador de Administración de la SETAB; a la licenciada María Eugenia Hernández Calles, ex -directora de Recursos Humanos, quien se decía sobrina de Tere Calles de Granier, pero realmente no guardan ningún parentesco, y la ex-titular de la SETAB, la maestra Beatriz Luque Greene, todos ellos por el desvío de más de 50 millones de pesos que no entregaron al ISSSTE e ISSET como producto de las aportaciones o cuotas de los trabajadores de la Secretaría de Educación de Tabasco.
Agustín García, junto con otros funcionarios de la SETAB que formaron parte del granierato, son los que obstaculizan la buena intención de este gobierno de que en materia educativa todo se realice con transparencia. Son los que están obstaculizando el buen funcionamiento de esa dependencia.
Pese a que cobra 56 mil pesos mensuales de salario por arriba del tope del tabulador oficial de salarios autorizado por el gobierno del estado de 46 mil pesos, no para sus actos de corrupción, pues quiere resolver de por vida su patrimonio familiar.
VISORCITO
En relación al ahora diputado plurinominal Martín Palacios, fuereño que llegó a Tabasco hace cinco años como comisionado del Partido del Trabajo, pero sin un peso en la bolsa y que ahora se da vida de rey, recibí un correo electrónico que textualmente dice: “Soy una mujer tabasqueña que busca justicia. Junto con un grupo de petistas mujeres y hombres, seguimos buscando que la dirigencia de nuestro partido cumpla con lo que el estatuto del PT y las leyes de Tabasco y del País ordenan. Hemos sido pacientes, prudentes y tolerantes, sin embargo nos hemos encontrado con una gran cerrazón o complicidad de los órganos inter partidarios. Por eso nos dirigimos a ustedes, esperando cumplan con su misión de informar con la verdad.
En Tabasco el PT nombró desde el 2011 un comisionado político cuya misión era organizar los trabajos para que los tabasqueños eligiéramos una dirigencia estatal, cosa que nunca hizo. En su lugar, se dedicó a robarse el dinero que el partido recibió como prerrogativas sin rendir las cuentas de ese dinero al que la ley lo obliga.
Además se dedicó a formar una serie de asociaciones civiles de vivienda, de educación y de transporte. A cada miembro le pedía una cooperación, disponiendo indebidamente de dinero que no era suyo. En el caso de la asociación de transporte, el compromiso desde hace dos años, era entregar las unidades debidamente emplacadas, cosa que tampoco ha hecho. Ni dinero, ni taxis.
Del dinero que recibió del IEPCT, que fueron más de 35 millones de pesos en cuatro años, dispuso para la compra de casas, vehículo y parrandas. Prueba de ello es el accidente que sufrió en el mes de junio de 2015, donde en completo estado de ebriedad chocó y lesionó a varias personas que se transportaban en un vehículo público. De todo ello, le anexamos a usted las pruebas de lo aquí asentado.
Lo único que pretendemos es despertar su curiosidad para que investigue, compruebe y cumpla con la función a usted dada, que es la de informar a la opinión pública. Junto con este correo, recibirá usted tres más con información sobre este asunto”.
OJITOS DOBLES
Ayer en Tacotalpa, mientras funcionarios federales y municipales realizaban un evento, el colega Francisco Rojas mejor conocido como Pako Rojas fue amenazado de muerte delante de delegados federales y periodistas por Miguel Priego Solís hermano del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado.
Miguel Priego Solís es esposo de Ana Julia Hernández Milla, quien el pasado 15 de enero de este año fue nombrada directora de la Unidad de Apoyo Consultivo y de Análisis Técnico de la Secretaría de Gobierno, o sea, regresó a su época del orejeo como cuando trabajó con Javier Pavón en el gobierno de Andrés Granier.
Miguel Priego está molesto porque el año pasado, cuando Ana Julia fue nombrada titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a las pocas horas fue exhibida en traje de pozol (traje de Eva) en las redes sociales causando un gran escándalo, fotografías intimas tomada por su anterior pareja que en un arranque excesivo de celos se lo colgará varios años atrás en el ciber-espacio donde fue capturado y guardado hasta que otra vez salió a relucir, aunque la cesaron del cargo 24 horas después porque no tenía cédula profesional para ocupar la Junta.
Supuestamente Miguel acusa a Paco Rojas de haber subido a redes sociales las fotografías al desnudo de su “amada” y por eso ayer que acompañó a Ana Julia Hernández, quien llevaba la representación del gobierno a Tacotalpa sacó su odio a relucir y amenazó de muerte al comunicador que debe interponer su demanda ante la Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas para que se investigue y se deslinden responsabilidades. Vaya otro que se está hundiendo por el excesivo celo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario