NO ES ELECTORERO

Tras precisar que “son flagrantes las incoherencias en que incurren los que hoy se erigen en defensores de la transparencia, cuando antes no fueron capaces de castigar la corrupción de los gobernantes anteriores, cuya frivolidad y extravagancias los llevaron a atentar en contra del futuro sostenible de los tabasqueños”, el secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda Zubieta, salió al paso de las declaraciones del dirigente estatal del PRI, que cuestionó el anunció de las instalación de cámaras de vigilancia del programa Ciudadano Vigilante al calificarla de electorero y que debía hacerse una licitación pública.
Ojeda Zubieta fijo su posicionamiento en un comunicado de prensa, a la que tuvo acceso el Ojo Visor, que en todo está, en la que aseguró que un gobierno constitucional, en ningún momento puede renunciar a cumplir con sus deberes para procurar  y mejorar la seguridad y la protección de la población, y por ello siempre que se cumpla con la legalidad y el respeto a los derechos humano no tendrá restricción para ejercer sus obligaciones en aras de fortalecer la seguridad pública, allegándose del equipamiento, personal y medios necesarios para cumplir estas funciones, por lo que el anuncio de la instalación de un sistema de video-vigilancia como un mecanismo para reforzar la seguridad estatal, tanto en su vertiente de seguridad pública como de protección civil cuestionado por el dirigente estatal del PRI, no es más que una actitud mezquina y convenenciera de pretender poner a debate la pertinencia de que el Gobierno del Estado, en acatamiento a sus deberes constitucionales, extienda el alcance de las acciones de protección y seguridad a través de las ventajas que otorgan los modernos medios de las tecnologías de la comunicación e información. 
Sostuvo que la adquisición del equipo para  poner en marcha este sistema de video-vigilancia, se sujeta al marco jurídico estatal aplicable, y la fundamentación del procedimiento de adjudicación directa, es  coherente con la naturaleza delicada que reviste la problemática de seguridad pública que atiende la prevención de la violencia y el combate a la delincuencia, garantizando la confidencialidad en la provisión y operación de este sistema, ya que además el artículo 38, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, ordena que el titular del Ejecutivo podrá autorizar a la Secretaría de Administración el fincamiento de pedidos y las medidas de control que estime pertinentes, cuando se realicen con fines de seguridad, en tanto que la fracción X del numeral 39 de la misma norma, autoriza la excepción a la licitación pública cuando se trate de adquisiciones de equipos, bienes o servicios relacionados con la seguridad pública, procedimiento cuya modalidad de ejecución se encuentran detallada en los artículos 48, 49 y 50 del reglamento de la citada Ley. 
Preciso que las declaraciones del dirigente priista son claramente “incoherentes y falaces, propias de un estilo de discurso populista y maniqueo que insiste en enterrar su pasado y en negar la inteligencia de la sociedad civil”, ya que el desconocimiento del destino de  alrededor 130 mil millones de pesos, derivado del presupuesto de egresos de 2013 al 2015, ha sido aprobado por el Congreso estatal y aprobado por la fracción parlamentaria del PRI a la que pertenece el diputado Alonso Qué; por tanto, él mismo votó a favor del presupuesto de egresos, por lo que tuvo la oportunidad de conocer y juzgar la aplicación del presupuesto de egresos, a través de dos mecanismos propios de las facultades parlamentarias, como es el análisis y aprobación de la cuenta pública del Ejecutivo durante el año fiscal de 2013 y que si se queja de no saber existe negligencia en el cumplimiento en el cumplimiento de sus funciones legislativas, y que con ese discurso cierra los ojos a la realidad negando las inversiones que se han hecho en rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de escuelas, unidades deportivas, bibliotecas, becas y libros gratuitos; de hospitales, centros de salud, medicinas y equipamiento quirúrgico, rubros de servicios que fueron abandonados por la anterior administración, el rescate de la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura, así como el fomento a las actividades de la micro, pequeña y mediana empresa, que habían caído en la ruina en las dos últimas administraciones gubernamentales. 
Ojeda manifestó que resulta más falaz y mezquino cuando afirman que “tenemos los indicios” para juzgar a la actual administración y se les olvida, interesadamente, que en un solo año su último gobernante dispuso en efectivo de más de 12 mil millones de pesos extraídos presuntamente de recursos federales y que hubiera contratado, en condiciones desventajosas por cierto, un total de 5 mil 130 millones en deuda pública, dejando en condiciones de quiebra a las finanzas públicas locales y sin pagos, por más de 2 mil 320 millones de pesos, a cientos de proveedores y empresarios. 
Nosotros no decimos que “tenemos los indicios”, sino que junto con la sociedad tabasqueña, tenemos la absoluta certeza de que la hacienda pública estatal fue saqueada y convertida en botín de gobernantes extravagantes que despilfarraban recursos públicos y que pretendieron comprar impunidad, dando privilegios a los que hoy reclaman, y que callaron ante la evidente corrupción generalizada. 
Han quedado registrados en averiguaciones previas, juzgados penales y ante  la opinión pública, los casos de ex secretarios de finanzas, educación, salud y de obras públicas, que incrementaron su riqueza patrimonial; de algunos que montaron negocios, comercializadoras y constructoras al amparo del poder; y de otros más que entregaron contratos, rentas y concesiones a sus familiares y amigos. 
A tal grado ascendió la descomposición de la moral política en el pasado reciente, que ante el desfalco perpetrado, el erario no pudo sostener el funcionamiento de servicios públicos básicos, lo que llevó al colapso a los hospitales públicos, que sufrieron el desabasto de medicinas y la paralización de equipos especializados para ultrasonidos y tomografías, que fue causa de envío por parte del gobierno federal de un subsecretario de Salud que señaló la gravedad de los hechos, situación que fue atendida de manera urgente por el presidente de la República Enrique Peña Nieto; también dejó sin potabilizar con cloro la provisión del agua a la población; e inconclusos diversos edificios públicos, el más señalado fue el Centro Gerontológico. 
Quienes gobernaron en el pasado inmediato, no tenían rubor para confesar sus extravagancias y admitir que tenían un guardarropa con más de 400 zapatos, 400 pantalones, 1000 camisas y 300 trajes comprados en exclusivas tiendas de Los Ángeles y Nueva York, en los Estados Unidos; en tanto que un ex secretario de finanzas contaba con una colección autos carísimos, entre los que destacaban las marcas Ferrari y Porsche, amén de apostar grandes sumas en las mesas de juego de Las Vegas, al nivel de los más grandes millonarios del mundo, con cargo por supuesto, a los tabasqueños.  No tienen carácter de “indicios” sino de pruebas documentadas, las compras a sobreprecios exorbitantes de lujosos alimentos, golosinas y bebidas que se consumían diariamente en la casa de gobierno. 
Tampoco escapa a la memoria colectiva las secuelas de los hechos de corrupción e impunidad alcanzados en regímenes anteriores, en los que la hacienda pública fue saqueada para sostener proyectos presidenciales fallidos; para comprar campañas de publicidad que vendían un ficticio estado de “cosas requetebuenas” en nuestra entidad; y de aquél gobernante que prometió dejar a Tabasco a salvo de las inundaciones y cuyo programa de inversión de mil 286 millones de pesos, demostró en 2007 su inutilidad ante la severa contingencia de lluvias que puso debajo del agua al centro histórico y a las zonas conurbanas de Villahermosa. 
Nosotros no hablamos de “indicios”, sino de hechos jurídicamente sancionados de ilegalidad, tráfico de influencias y nepotismo, en los que se incurrió hace dos sexenios, cuando se autorizó la entrega de patentes notariales a amigos y familiares, noticia que fue escándalo nacional cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo desautorizó y dejó sin efectos el funcionamiento de numerosas notarías. 
Cuando se habla de la “peor crisis de seguridad” en los últimos quince años, quieren enterrar en el pasado flagrantes irregularidades en el funcionamiento de los cuerpos policiales y de los altos mandos de procuración de justicia, con hechos que pusieron en las penumbras al cumplimiento del Estado de Derecho en Tabasco.  A la memoria colectiva no se le olvida que un comando de sicarios vinculados a un titular de seguridad pública, todavía recluido en un penal de alta seguridad en Jalisco, en 2007 atentó en plena luz del día en contra de su sucesor en el cargo, un general de carrera; y que durante ese período, la Secretaría de Seguridad Pública, fue operada conforme a los intereses de una facción denominada “La Hermandad”, que dominaba a la institución por encima de los canales de legalidad y autoridad, y con plena complacencia del gobernante en turno”.
                                              OJITOS  
El dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, a petición del candidato de su partido a la alcaldía de Balancán, exigió investigar al candidato del PRD a la alcaldía de Balancán, Mario Bocanegra Cruz, por posibles nexos ilegales, aun cuando afirmó que es su hermano Marlon Bocanegra Cruz, el que presuntamente está involucrado en venta ilegal de ganado y de narcóticos en la zona, por esa razón, tanto el dirigente estatal, como el secretario general del PRD, Candelario Pérez Alvarado y José Rueda Hernández, urgieron a que se investigue a fondo este asunto, porque no se vale difamar impunemente.
Emplazaron a la dirigencia estatal blanquiazul a presentar pruebas de la acusación mediática que han hecho en contra del candidato perredista a la alcaldía de Balancán, Mario Bocanegra Cruz, porque el que acusa está obligado a probar sus señalamientos,  ya que si se trata de un hermano del candidato, éste no tiene por qué  responder por su consanguíneo, pero lo  que pasa, es que el candidato panista Milton Lastra va muy abajo en las preferencias ciudadanas en ese municipio y por eso quieren descarrilar a Mario.
 “Si tiene pruebas de lo que aseguran que las presente y hagan la denuncia