HOSTIGADOS

  Después del plantón que realizaron en plaza de armas durante tres días  el pasado mes de abril para exigir un incremento al raquítico salario de 2 mil 500 pesos quincenales que venían devengando y de recibir la propuesta de entregarles 3 mil pesos mensuales a manera de compensación, los abogados defensores de oficio adscritos al Instituto de la Defensoría pública del Estado de Tabasco han proseguido en su lucha para que les nivelen los salarios, pese al hostigamiento permanente del director de la misma, Atilo Díaz Sosa. Los defensores de oficio que buscan por todos los medios hacerse escuchar por la primera autoridad del estado, pues aducen que desde la secretaría de Gobierno y de dos de las subsecretarías (de Desarrollo Político y del Trabajo) que intervinieron para frenar el plantón del mes de abril les han puesto una serie de trabas y argumentos legaloides para intentar echar abajo la petición que vienen realizando, respecto al incremento salarial, sin que les den una explicación fehaciente sobre el porqué de la negativa de atender éste asunto de manera urgente, y sin la más mínima posibilidad de que el próximo año pudiera haber un replanteamiento salarial, ya que el actual no se le puede considerar como decoroso o justo, dado la alta carestía de la vida y porque tampoco es equitativo con las arduas actividades laborales que diariamente desempeñan, además que no está acorde a las responsabilidades que conciernen al cargo de defensor de oficio. Los abogados sostienen que consiente de la situación económica que se vive en Tabasco,  desde el inició de su manifestación dejaron en claro que en tanto se actualiza el estado con la implementación del nuevo sistema acusatorio adversal (juicios orales), previstos en los artículos 17 y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla la homologación salarial, de tal manera que las percepciones no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público, ellos están solicitando un complemento salarial para ganar mensualmente 15 mil pesos o más, distribuidos en dos quincenas, y no el raquítico salario de cinco mil pesos mensuales, más los 3 mil mensuales que les ofrecieron y que están cobrando bajo protesta que hacen un total de ocho mil pesos mensuales, por lo que no se les puede condenar con argumentos legaloides a que de acuerdo a la calendarización,  será hasta el mes de marzo de 2016 cuando se adecue el Sistema Procesal Penal Acusatorio del estado, cuando también se les incremente el salario, ya que en un acto de buena fe política y sabiendo que los defensores de oficio han sido desdeñados por otros gobiernos, reduciéndolos a su mínima expresión, cuando vienen realizando una tarea fundamental en defensa del ciudadano común que no puede pagarse un abogado, se les debe de mejorar sus percepciones salariales. Desde el gobierno de Andrés Granier Melo, cuando se redujo casi a la nada a la dirección de la Defensoría de Oficio, dándoles de baja a muchos abogados secretarias (60 por ciento de todo el personal) y a los que se quedaron les quitaron las compensaciones para dejar el salario pelón,  por  aquello de la reingeniería administrativa y financiera, hasta el actual gobierno que se transformó en Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Tabasco, los defensores y defensoras de oficio percibían cinco mil pesos mensuales, (2 mil 500 pesos  quincenales), mientras que las secretarias cuatro mil 600 pesos mensuales (dos mil 300 pesos quincenales), y fue a partir del plantón del mes de abril que les autorizaron tres mil pesos mensuales en una especie de compensación para hacer un total de ocho mil pesos para los defensores, mientras que a las secretarias solamente le incrementaron quinientos pesos para hacer un total de cinco mil cien pesos mensuales, cuando lo idóneo o lo que ellos están pidiendo es que los defensores logren un salario mensual de 15 mil pesos, mientras que las secretarias alcancen un salario de 7 mil 500 pesos mensuales, que es contrastante con los salarios que perciben,  un agente del Ministerio Público gana 17 mil pesos mensuales, un secretario judicial del Tribunal Superior de Justicia, 15 mil pesos mensuales, mientras que un actuario judicial del mismo Tribunal gana mensualmente 13 mil pesos. Por eso prosiguen en su lucha. Por medio de un escrito que está en poder del Ojo Visor, que en todo está, los abogados defensores que luchan por obtener un mejor salario, denuncian que existe hostigamiento laboral en varias modalidades por parte del director del Instituto de la Defensoría Pública, Atilo Díaz Sosa y del coordinador de defensores, Julio Cesar Zurita Gamas,  quienes les han realizados descuentos salariales indebidos, y han creado un grupo de defensores a quienes considera de confianza, mismos a quienes les han dado autorización para para litigar asuntos particulares ante las agencias del Ministerio Público del fuero común, juzgados penales de primera instancia, juzgados de paz y mixtos, así como ante las salas penales del Tribunal Superior de Justicia, como es el caso de Adolfo Zapata Cruz, quien ante la tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia del estado compareció el pasado 22 de abril a protestar el cargo de defensor particular de la sentenciada Silvia Martínez Briceño, correspondiente al Toca 219/2013-III, y del mismo modo compareció el 28 de mayo de este año, a las diez de la mañana, al desahogo de la audiencia de vista. De igual manera, denunciaron que el licenciado Andrés Vasconcelos Alcudia se encuentra actuando como defensor particular ante la tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia, mientras que se desempeña como defensor de oficio en la agencia del Ministerio Público Especializada en Adolescentes, y Adolfo Zapata hace lo propio en las agencias séptima y octava del Ministerio Público Investigador . Pero para no variar, el mismo director del Instituto de la Defensoría Pública, Atilo Díaz Sosa también realiza actividades de abogado postulante cuando desde el mes de febrero de este año protestó el cargo, lo que le impide hacer defensas particulares,  como las que viene realizando en  colaboración con los abogados Miguel Rodríguez López y Arisaí Cabrera Pérez, en el expediente 38/2013, que se instruye en el juzgado segundo de paz del distrito judicial de Centro, a favor de Juan Castañeda Panguera y Jonathan Sarracino Sarracino, por el delito de portación de armas prohibidas cometido en agravio de la sociedad, en el que actualmente se dictó un proveído del 10 de junio de 2013 que le fue notificado a Atilo Díaz en la calle 3, número 7 de la colonia el recreo de Villahermosa, a pesar de que está prohibido por la ley que en su calidad de funcionario público de ese instituto litigue de manera particular. Los abogados defensores de oficio han recurrido a un amparo (número 1616/2013) ante la justicia federal al serles negado el derecho de petición que hicieron hace más de dos meses, en donde al contestar al juez primero de distrito que requiere un informe a la secretaría de Gobierno, esta dependencia acepta en su informe justificado que es cierto lo expuesto por los quejosos “del acto que reclama en su demanda de garantías respecto a esta autoridad administrativa, que se recibió el 16 de mayo del presente año, en la oficialía de partes de la secretaria de Gobierno el mismo día de su elaboración….”, en el mismo sentido se pronunció la subsecretaría  de Delegaciones Políticas  y Participación Ciudadana y la subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político, mientras que la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del gobierno estatal completamente perdida, en franca contradicción sostuvo que : “no es cierto el acto reclamado…..”, por lo que se deduce que no hay coordinación.                                                  OJITOS          Ante la conformación de un bloque por parte del ex -alcalde de Centro, Evaristo Hernández Cruz, el ex- dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Félix Eladio Sarracino Acuña, y el ex-secretario general del PRI, Pedro Gutiérrez para sacar de entre ellos un candidato a la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional que se enfrente al coordinador parlamentario del tricolor en el Congreso local, Erubiel Alonso Que, quien busca la misma posición, éste dijo no tenerles miedo “yo celebro mucho que ellos platiquen, igual yo he platicado con ellos de manera individual y aquí el PRI va a salir fortalecido”, precisó. Precisó que sus aspiraciones no es por el cargo nada más “Yo lo que quiero es un PRI ganador, exitoso”, que triunfe en las elecciones intermedias, ya que están obligados a recuperar el Congreso local,  la mayoría de las presidencias municipales y las diputaciones federales, por lo que no tiene sentido descalificar a nadie en este proceso interno, “no voy a descalificar nunca a nadie y respeto la decisión de Evaristo Hernández Cruz, Félix Eladio Sarracino y Pedro Gutiérrez de armar un bloque para sacar un candidato de unidad”, aunque Erubiel confió en que serán los consejeros políticos los que decidirán quién será el nuevo dirigente estatal de su partido. En realidad, es difícil que a estas alturas del proceso de elección del PRI, pueda darse una candidatura de unidad, porque los mismos priistas se han encargado de dinamitarla, aunque como ronda el fantasma de las impugnaciones ante los tribunales electorales, se dice que en México se hace hasta lo imposible para que se nomine a una sola fórmula y se evite mayores rupturas al interior del tricolor en la entidad. Ya veremos dijo un ciego.