JUEZA DE DISTRITO ACTUA POR CONSIGNA

OJO VISOR 

Jacinto López Cruz

Jaclop62@hotmail.com

En abril de dos mil veintiuno, la familia Lezama Zubieta sufrió uno de los peores atracos en su hato ganadero perpetrado por la propia Fiscalía General de Justicia, que en ese entonces estaba a cargo del ahora diputado federal, Jaime Lastra Bastar,  ya que por conducto del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para el Combate al Abigeato, con sede en el municipio de Balancán, se introdujo al rancho de esta familia enclavado en el municipio de Jonuta, de donde sustrajo 267 semovientes bovinos de alto registro, argumentando que se trataba del golpe mas grande que se haya dado al abigeato en Tabasco.

El ilegal aseguramiento del hato ganadero por parte de la fiscalía  del Ministerio Público, argumentando que era un golpe al abigeato, se vino abajo cuando el propietario de las reses Julio César Lezama Zubieta, a quien ya se le había abierto un proceso penal por el mismo delito se vio obligado a solicitar la protección de la justicia federal logrando ganar  un amparo que dejaba sin efecto los dichos de la fiscalía, y la obligaba a  devolver los semovientes bovinos sustraídos de su rancho a su verdadero propietario, quien presentó ante el respectivo Juez de Distrito toda la documentación que desmentía un posible  abigeato, sino que se trataba de una patraña, realizada al mas alto nivel del gobierno Adancista, y cuya farsa prosiguió el gobernador interino Carlos Manuel Merino, pues el Fiscal General, Nicolás Bautista, hizo hasta lo imposible para no entregarle su hato ganadero a la familia Lezama Zubieta.

Durante cerca de cinco años esta familia ha venido luchando ante los tribunales federales para que la Fiscalía General de Justicia por conducto de la Fiscalía para el Combate al Abigeato, que entregó el ganado de alto registro a una tercera persona (Manuel Ordorica Alamina) como depositario al demandar penalmente que le habían sustraído o robado ese ganado, que ya quedó plenamente comprobado que no existió ningún robo, sino que todo una patraña orquestado desde la fiscalía para favorecerlo, dado que sus familiares, su mamá que formaba parte del grupo Adancista y su abuela que era funcionaria de Petróleos Mexicanos, muy influyentes,  fue que ese gobierno decidió favorecerlo, violando la propia ley.

El caso  de la familia Lezama Zubieta, reconocido como el episodio de abigeato más grave en la historia ganadera de México, cometido por la propia autoridad, por la propia Fiscalía General de Justicia del gobierno Adancista, y que este gobierno donde se pregona la justicia debe enmendar, enfrenta hoy un peligro tan preocupante como el despojo original, como es la actuación de la nueva titular del Juzgado Primero de Distrito en Villahermosa, Sandra Adriana Carbajal Díaz, que dada su incipiente carrera judicial que es producto de la elección del mes de  junio, de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocidos como los funcionarios del acordeón, cuya finalidad según los opositores al gobierno, es impartir justicia bajo consigna, o por indicaciones superiores.

Esta jueza del acordeón,  en su primera intervención en el expediente judicial (el amparo) amenaza con convertir cinco años de lucha en un cochinero, en una simulación judicial inadmisible, pues pretende revertir todo lo actuado para cerrar este caso, sin que se haga justicia, sin que se devuelva a sus dueño original todas las redes, más sus crías que se ha procreado en todos estos años, y que de acuerdo al especialista en genética que obra en el expediente de amparo, hasta la fecha deben ser más de mil reses, que no se ha devuelto en su totalidad  a su dueño original, y que mandata el mismo amparo otorgado en diciembre de 2021.

Después de que agentes ministeriales, actuando sin orden judicial, siguiendo las indicaciones del entonces Fiscal General,  Jaime Lastra, y después ratificado por Nicolas Bautista, que entró en relevo como titular del órgano impartidor de justicia, que en vez de actuar judicialmente, se actuó en forma política para favorecer a la mama y abuela de Manuel Ordorica, que junto   y en compañía directa del denunciante Manuel Ordorica Alamina, quien junto con los judiciales sustrajeron ilegalmente  267 semovientes bovinos del rancho San Gerónimo, en Jonuta, la sentencia de amparo 352/2021 ordenó de forma firme, irrevocable y sin posibilidad de interpretación, la restitución total del hato ganado con sus crías a la familia Lezama Zubieta.

Sin embargo, la Fiscalía de Abigeato nunca cumplió. Sólo devolvió 90 animales. Otros 134 fueron declarados “muertos” sin evidencia verificable y más de mil reses producto del desarrollo del hato siguen desaparecidas, y esto es lo que exige esta familia,  que la Juez Primero de Distrito, que ahora, en vez   de apoyar al que buscó la protección de la justicia federal, pretenda beneficiar a la parte demandada, dándole carpetazo a este delicado asunto, actuando en forma irregular, como si fuera una ignorante del derecho, pero más bien, debe estar actuando por consigna, lo que también es sumamente delicado. 

Hay una serie de irregularidades, que seguramente no es por ignorancia de la jueza Sandra Adriana Carbajal a lo que representa un amparo que lo está llevando a irse de lado de lo que marca la ley, lleva a irse de lado, pues lejos de proteger los derechos  de la victima pues lo mínimo  que  merece es una autoridad judicial que proteja la ejecutoria federal, no que la relativice.

Sin embargo, en su primera actuación, la jueza Sandra Adriana Carbajal Díaz ha mostrado una preocupante inclinación a validar, sin escrutinio independiente, la versión del propio funcionario responsable del aseguramiento ilegítimo, el Fiscal de Ministerio Público especializado en abigeato, siendo alarmante que la jueza anunció que examinará el cumplimiento de la sentencia basándose exclusivamente en los documentos de la autoridad señalada como infractora y en las manifestaciones del custodio ministerial que ya admitió la muerte de más de la mitad del hato ganadero que se llevó la propia fiscalía, y que le fue entregado en forma irregular, en forma ilegítima para su custodia, y que simplemente diga ya se murió la mitad, y la autoridad, sin un estudio verificable de por hecho que así fue y ahora pretenda cerrar el caso-

El mensaje que envía la jueza del acordeón, Sandra Adriana Carbajal Díaz, que así valida los dichos de los partidos de oposición, que los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte electos por votación, actuarán por consigna, por ordenes superiores, es devastador, pues pese a todas las pruebas aportadas por Julio César Lezama, a quien la fiscalía le violó todos su derechos, la palabra de quienes ejecutaron el despojo pesa más que la sentencia federal, más que las pruebas de la víctima y, lo que es peor, más que el sentido elemental de justicia.

Pese a que el 26 de septiembre de 2025 Lezama Zubieta presentó pruebas contundentes, verificables y técnicas que demuestran que la sentencia está lejos de cumplirse, la jueza Carbajal Díaz ha omitido valorarlas adecuadamente, tal vez si se tomara la molestia de leer los tres tomos del amparo, encontraría todas las pruebas que favorecen a la víctima para la devolución de su hato ganadero, pero esta  omisión no es menor: pone en riesgo el cumplimiento mismo de la ejecutoria, abre la puerta a una revictimización inadmisible y viola principios fundamentales como la legalidad, la seguridad jurídica y el acceso efectivo a la justicia.

El país ha visto muchas veces cómo el poder local presiona, distorsiona y contamina procesos, pero pocas veces ha sido tan evidente como ahora, cuando una jueza federal parece dispuesta a dar por cumplida una sentencia basándose en un reporte parcial, contradictorio y respaldado por un perito (Pedro Víctor Obrador Olán) cuya actuación ha sido señalada por falta de rigor, inconsistencias y evidente sesgo, haciendo a un lado al perito especializado  de la víctima, que en tiempo y forma presentó ante la autoridad federal.

En este contexto, la actuación de la jueza Carbajal no es solo preocupante, es peligrosa, ya que lo que está en juego, no es un expediente, sino el último dique para contener una impunidad institucional que ya devastó a una familia, destruyó una actividad productiva y dejó en el abandono a más de diez hogares que dependían del rancho

El país necesita jueces que hagan valer la ley, no que la diluyan.  Jueces que protejan a las víctimas, no que les pidan paciencia mientras las irregularidades se normalizan. Jueces que apliquen la sentencia, no que la debiliten con criterios de conveniencia, por lo que la jueza Primero de Distrito, Sandra Adriana Carbajal Díaz tiene en sus manos la oportunidad, y la obligación constitucional, de evitar que este caso se convierta en uno de los mayores fracasos judiciales recientes.

El pasado 15 de diciembre de 2021, mediante el juicio de amparo 352/2021-II-11, el quejoso Julio César Lezama Zubieta logró la protección de la justicia federal, conminando al Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía para el Combate al Abigeato, Pedro Hernández Méndez, la devolución de todo el hato ganadero que le fue incautado, y a partir de entonces la Fiscalía General a cargo de Nicolas Bautista Ovando, que ni siquiera abrió una carpeta de investigación en contra del grupo criminal La Barredora que comandaba el ex-secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, actuando en forma soberbia, comenzó a realizar una serie de chicanadas jurídicas para impedir la devolución de los semovientes bovinos de alto registro, hasta que fueron conminados varias veces por el Juez de Distrito que llevaba la causa, que no los quiso multar, a entregar las reses pero solo entregaron  90  de 267 animales que se llevaron, argumentando de palabras, sin pruebas fehacientes, que las otras estaban muertas, pero suponiendo sin conceder que así fuera, la Fiscalía General estaba obligada a resarcir el daño que había provocado, pero hasta ahora se niega a hacerlo.

Bajo estas circunstancias, la nueva jueza Primero de Distrito, comenzó a realizar sus diligencias, por lo que en autos de fecha 11 de septiembre de este año, fíjense lo que realizó: de manera contradictoria e indebida,  declara no cumplida la sentencia de amparo, pero simultáneamente afirma que “se tienen por recibidos 208 semovientes de los 267 ordenados en la sentencia del 15 de diciembre de 2021”, cuando hay testimonios que obran en el expediente de tres tomos, donde están todas las actuaciones, y las pruebas contundentes que nada mas se entregaron 90 reses, por lo que esa afirmación equivale a declarar cumplimiento parcialmente dicha entrega, situación que no es jurídicamente, tanto por la naturaleza del amparo concedido que exige cumplimiento íntegro, como por los criterios vinculantes emitidos por el propio Tribunal Colegiado de Circuito que ratificó en todas sus partes dicho amparo para que se cumpliera al pie de la letra.  

Pero eso no es todo, notifica a las partes y los exhorta a que tienen tres días hábiles para responder, Julio César Lezama responde en tiempo y forma mostrando su inconformidad, y pese a que el documento fue recibido, tiene sello, fecha y hora de la entrega, la jueza Primero de Distrito que se ve que está actuando por consigna, aunque también puede ser por ignorancia, pues seguramente no se ha documentado, no ha leído, ninguna foja de los tres tomos del amparo concedido, dice que no presentó su inconformidad, por lo que alevosamente quiere cerrar el caso, ante lo cual Julio se ve obligado a presentar su recurso de inconformidad por la actitud facciosa y sesgada de la juzgadora mismo que ha sido turnado  al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa para que realice lo conducente que puede ser el relevo de la jueza en este caso para que se le turne a otro juez y proseguir con las diligencias de rigor para hacer cumplir en toda su extensión la ley de amparo.

                                              OJITOS

Purga en la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno estatal, les pidieron sus renuncias a los titulares  de Recursos Financieros, y de Recursos Humanos,  y al subdirector de Presupuesto. Con fecha 30 de noviembre deben dejar sus cargos. Todavía cobraran aguinaldos.