Pese a que el Juez Primero de Distrito del Poder Judicial de la Federación, otorgó el pasado 23 de mayo un plazo de 15 al Fiscal del Ministerio Público Especializado en Abigeato, Pedro Hernández Méndez, con sede en el municipio de Balancan, para que entregara en el rancho San Gerónimo, Jonuta, las 208 reses a su propietario Julio Cesar Lezama, que de manera ilegal sustrajo con agentes ministeriales en abril de 2021 para llevárselo a otro lugar, ni el fiscal, ni su superior jerárquico, el Fiscal General, Nicolás Bautista Ovando cumplieron la orden, ni respondieron al juez federal, por lo que entraron en desacato y deben der multados.
La Fiscalía General del Estado que es la responsable de la impartición de la justicia en Tabasco, en vez de ceñirse al ordenamiento constitucional y cumplir con el mandato judicial de entregar las reses decomisadas ilegalmente, lejos de cumplir con la Ley de Amparo, ha decidido violarla flagrantemente para sentar un mal precedente en Tabasco de que el órgano impartidor de justicia, en la que deben tener confianza los tabasqueños, es la primera que viola las disposiciones legales, como una norma que el propio gobierno de la Cuarta Transformación ha venido estableciendo, que para ellos, la ley no es la ley, lo que lamentablemente va conduciendo a la entidad y al país a una anarquía pues los que gobiernan son los primeros que no respetan la ley, pero no debe ser así, hay que combatirla, porque todos, funcionarios y ciudadanos deben respetar la Constitución General de la República y las leyes que de ella han emanado.
Desde hace dos años, cuando el Fiscal del Ministerio Público Especializado en Abigeato de la zona de los ríos asentado en Balancán, Pedro Hernández Méndez, junto con un grupo de ministeriales sustrajo en forma ilegal y arbitraria 208 semovientes del rancho San Gerónimo, enclavado en la comunidad de Alto Amatitán, Jonuta, a petición de Manuel Ordorica Alamina-nieto de la funcionaria de Petróleos Mexicanos, Norma Argaiz Zurita, e hijo de la tercera regidora de Morena del ayuntamiento de Emiliano Zapata, Catalina Alamina Argaiz-quien interpuso una demanda penal argumentando que el ingeniero Julio César Lezama se los había robado, este se vio obligado a recurrir a la justicia federal para demostrar con todas las pruebas en la mano, -aretes, fotos, facturas-de que el ganado sustraído es de su completa propiedad y no se lo robó a nadie, por lo que ganó el amparo, el propio Fiscal General de Justicia en el Estado, Nicolás Bautista Ovando, en vez de reconocer que cometieron un garrafal cesando en forma inmediata al fiscal de abigeato Pedro Hernández para fincarle responsabilidades penales y proceder devolver el ganado incautado, dio su propia anuencia, dio luz verde, para que el fiscal recurriera a todas las chicanadas jurídicas, habidas y por haber para no devolver los semovientes, demostrando con ello que existe tráfico de influencias, tráfico de poder, y que la justicia en Tabasco no existe, donde se pretende imponer la ley del más fuerte, lo que ha propiciado una intensa lucha legal por parte de la familia Lezama Zubieta para recuperar sus semovientes que forma parte del patrimonio familiar, que no pararan hasta lograrlo, así tengan que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se cumpla con las disposiciones legales y sean cesados tanto el Fiscal General, Nicolás Bautista Ovando, como el Fiscal del Ministerio Público Especializado en Abigeato, Pedro Hernández Méndez, que se nota que solo obedeció órdenes superiores, pues hasta la fecha, a pesar de la gravedad del asunto, no ha sido suspendido, amonestado o sancionado.
Luego de que la familia Lezama Zubieta ganará un amparo y el Juez Primero de Distrito ordenara la devolución de las reses a la Fiscalía General de Justicia de Tabasco, este órgano impartidor de justicia en vez de acatar el ordenamiento legal inició una serie de tácticas dilatorias o chicanadas jurídicas para no devolver los semovientes que se presume el depositario judicial Manuel Ordorica Alamina ya vendió la mayoría, como el producto-las crías- que en dos años tuvieron las vacas, desde que había que regularizar el ganado ante las autoridades competentes para el traslado, hasta el embarramiento que quisieron hacerle a la fiscalía de Campeche para que se metiera al pleito, argumentando que como los semovientes estaban en un rancho de ese estado, esa fiscalía debería entregarlo, pero el fiscal campechano nada tonto se zafó del asunto al argumentarle al juez que si bien el ganado estaba en territorio campechano por tratarse de un litigio en contra de la fiscalía tabasqueña esta es la que debe solucionar el problema.
Como se recordará, el pasado 23 de marzo, de nueva cuenta la Fiscalía General del Estado de Tabasco fue apercibida por el Juez Primero de Distrito del Poder Judicial de la Federación para que por conducto del Fiscal del Ministerio Público Especializado en Abigeato de Balancan, Pedro Hernández Méndez, entregara a su propietario Julio César Lezama Zubieta en un plazo de 15, en el rancho San Gerónimo de Jonuta, las 208 reses que de manera ilegal y arbitraria fue asegurado por la propia dependencia en el mes de abril de 2021, dejando en claro que si no cumplen con esas disposiciones legales se harán acreedores a las sanciones que marca la Ley de Amparo.
Ya pasaron los 15 días que el Juez Primero de Distrito le dio a la Fiscalía General para que entregará los semovientes directamente en el rancho San Gerónimo de donde lo sustrajo, y esta vez, ni el Fiscal del Ministerio Público Especializado en Abigeato, Pedro Hernández, ni su superior jerárquico, Nicolás Bautista Ovando, le informaron al juez del porque no pudieron entregar el ganado, guardaron un sepulcral silencio, cayendo en un completo desacato en contra de la autoridad judicial, violaron la Ley de Amparo por lo que es seguro que serán sancionados, serán multados, por no obedecer el ordenamiento legal, ya que el juzgador les había advertido que sería sancionados, si no cumplía con el resolutivo judicial de la siguiente manera: “por lo anterior, se le concede un término prudente de quince días contados a partir de que quede notificado del presente proveído, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado dentro del término señalado, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238 y 258 de la Ley de Amparo; y, además se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización; con independencia de que podrá incurrir en el delito previsto en el artículo 267, de la Ley de Amparo”, y pese a la advertencia del Juez Primero de Distrito de que puede ordenar se les inicie un procedimiento penal por violar la Ley de Amparo, tanto a Pedro Hernández, como a Nicolás Bautista, se les hizo fácil, ni siquiera contestarle al juez, lo que es un completo desacatado por lo que serán multados, por lo que hay que observar si esa multa la pagaran de su dinero o echaran mano de los recursos públicos para pagarlo.
La Fiscalía General del Estado de Tabasco está entrampada, no encuentra la forma para devolver las reses, pues el fiscal permitió al depositario judicial o sea Manuel Ordorica Alamina, dispusiera a su antojo de los animales, vendiéndolo a diestra y siniestra, esa es la verdadera razón, pues de las 208 reses no les queda en existencia ni el cincuenta por ciento, por lo que existe un contubernio entre la autoridad con quien se dijo robado, pero que ha resultado ser el ladrón, y es ahí donde está el problema central, que más temprano que tarde tendrá que ser resuelto, porque si este problema de abigeo, siguiendo toda la secuencia del proceso llega a manos de los ministros de la Suprema Corte, estos se van a pronunciar por la destitución del Fiscal General, Nicolás Bautista, y del fiscal de abigeato, Pedro Hernández, para que sean sometidos a proceso penal, por lo que en la tardanza está el peligro, y no como lo quieren ver en los altos mandos de la Fiscalía que están apostando a que pase el tiempo para que se diluya este conflicto con el sexenio que se va, pero el sentido común del
Fiscal General, Nicolás Bautista le debe de indicar que antes de que concluya esta administración estatal debe de haber solucionado el problema para que pueda seguir su periodo y no le cause problemas a la nueva administración, ya que de lo contrario, no tendrá mañana.
En sus cuentas de redes sociales, la abogada Marianela Lezama, dio a conocer que: “La Fiscalía General de Justicia de Tabasco le sigue faltando el respeto a la autoridad federal, y haciendo caso omiso al mandato constitucional que ordenó devolver nuestros semovientes ilícitamente sustraídos de nuestro rancho en Jonuta.
La familia Lezama Zubieta continua firme en su cometido y no descansaremos hasta recuperar el patrimonio que ilegítimamente nos fue arrebatado y hacer que la justicia sea servida”. A estas alturas ya debieron haber notificado al juez del nuevo desacatado en que incurre la Fiscalía General de Justicia, que con esta acción se pone en entredicho pues en vez de impartir justicia, se dedica a cometer injusticias.
Paralelo a este problema con la Fiscalía, también se ha sumado el Poder Judicial del Estado, pues la Juez Mixta de Primera Instancia del Décimo Tercer Distrito Judicial de Jonuta, que después de haber dictaminado en el juicio especial de desahucio-expediente 424/2021-que Julio César Lezama entabló en contra de Manuel Ordorica, al que le rentaba una parte del rancho San Gerónimo, que tenía la razón pues el demandado de pagar la renta y abandonó el inmueble está abandonado desde que se robó las reses, la jueza se ha negado en forma sistemática a devolverle el predio a Julio Cesar, argumentando que el demandado apeló la resolución.
El juicio entre alegatos y prueba se llevó un año, tiempo en el cual compareció el demandado, quien aceptó que la parte que tenía arrendada lo había dejado abandonado a raíz del problema, por lo que la juez determinó que era factible devolver la propiedad a Julio César en 90 días el predio, pero de repente algo pasó, alguna orden recibió que comenzó a poner excusas, y utilizó la apelación que realizó Manuel Ordorica como una táctica dilatoria argumentando que la propiedad se entregará hasta que concluya el juicio, cuando abogados consultados han establecido que la ley de la materia-civil-deja en claro que un inmueble arrendado pero que queda abandonado es factible de ser entregado a su dueño y el juicio puede proseguir, pero la jueza se ha negado.
El pasado lunes por la tarde-noche, la parte del rancho arrendada a Manuel Ordorica que son setecientos cincuenta hectáreas, comenzó a arder y rápidamente el fuego se propagó, llegando a otros predios, ante este hecho, en forma urgente, Julio César Lezama le solicitó a la juez, la devolución del predio para poderse meter con sus trabajadores para intentar apagar el fuego en el terreno donde hay pastizales, y arboles maderables como tinto, cedro, y caoba, pero, en el juzgado simplemente le dijeron que no se podía, además de que la juez se encontraba enferma y no estaba llegando a laborar.
A la autoridad judicial, le valió un comino, no atender el requerimiento del quejoso para que se pudiera meter a su propiedad arrendada con la finalidad de intentar apagar el fuego. Tres días duro el fuego que afectó casi el 70 por ciento de la propiedad que luce quemada y que afectó a otras propiedades y que si no fuera por la ayuda de los habitantes de Rivera Alta, que realizaron guarda rayas y de dedicaron a apagar el fuego, las llamas todavía continuarían, porque a pesar del llamado que la familia Lezama Zubieta hizo a Protección Civil municipal y a Protección Civil del estado para que acudieran a apagar el fuego, jamás fueron escuchados, así es como actúa, el forma visceral y grotesca, el gobierno de La Cuarta cuando un ciudadano se les enfrenta en demanda de que se respeten sus derechos, pero ni por esa la familia Lezama Zubieta, se da por vencida, porque van para adelante, hasta que se les haga justicia.
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