El pasado veintidós de febrero en este espacio dimos a conocer que el ex-presidente municipal de Teapa, Héctor Raúl Cabrera Pascacio, había sido demandado penalmente por el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, a la vez que se judicializó su caso ante el Juez de Control de la región nueve, y que en ambas instancias de procuración de justicia en vez de que se favorezca el interés superior de la menor afectada, prevalece el tráfico de poder y el marcado interés en favorecer al ex-funcionario público para que pague la menor cantidad de la pensión alimenticia que adeudaba.
En este asunto de incumplimiento de deberes, que ahora el Senado de la República le ha puesto marcado interés al modificar la legislación para que toda aquella persona que no cumpla con la pensión alimenticia sea inhabilitada para participar por un cargo de elección popular, hay marcado interés por parte de la Fiscal y del perito responsable de cuantificar el adeudo de la Fiscalía General de Justicia, pues del monto reclamado, un primer peritaje arrojó la cantidad de 120 mil pesos a pagar, pero una vez que se movieron las influencias a favor de Héctor Raúl, en donde también tiene metidas las manos su hermano Williams Cabrera, Fiscal Especializado en la Búsqueda de Personas Desaparecidas y Desaparición Forzada, al pedir-Héctor- que se realizara un nuevo peritaje la cantidad bajó a 90 mil pesos, pero como el denunciado con todo el alevoso apoyo de la fiscal y del perito, no estuvo de acuerdo volvió a solicitar otro peritaje, por lo que la cantidad que debía se redujo de 120 mil que inicialmente el mismo perito había establecido, lo bajó a 25 mil pesos, pero para reducir el monto adeudado y favorecer a Héctor Raúl Pascacio, quien a toda costa quiere demostrar que ha cumplido, cuando precisamente fue demandado por no cumplir con las disposiciones que estableció el juez tercero de lo familiar cuando se divorció, el perito manipuló en forma alevosa toda la información, ya que los documentos que había agregado a su expediente el ex-alcalde de Teapa para demostrar que estaba pagando corresponde a años atrás que no le están demandando, obviamente que si se suma al monto reclamado tiene que bajar, aunque un segundo perito-particular-que la defensa de la ofendida tuvo que solicitar para que diera su propia estimación, ha confirmado que el adeudo de Cabrera Pascacio supera los ciento veinte mil pesos, pero aun así el tráfico de influencias en la Fiscalía cada día es más burda y perversa para que la justicia camine a la inversa.
Para que vea usted lector que tan pronta y expedita se aplica la ley en la Fiscalía General de Justicia, y que no existe tráfico de influencia, lea esta joya, el perito emite su nuevo dictamen bajando el monto de la pensión reclamada a 25 mil pesos el pasado jueves 23 de febrero, al día siguiente o sea el viernes, Héctor el denunciado Raúl Cabrera Pascacio paga esa cantidad, y el mismo día para mostrar su total “eficacia” y con una rapidez asombrosa la fiscal que debe de proteger el interés superior de la menor afectada, solicitó el archivo de la carpeta por haberse reparado el daño, pero el juez no cayó en el juego de la fiscal que es evidente que estaba siguiendo indicaciones superiores, y no acepta la solicitud de archivo del expediente, porque independientemente de que se haya reparado o no el daño, que es pagar la pensión alimenticia, hay una conducta que se tiene que sancionar, ya que está debidamente acreditado que el ex-alcalde de Teapa no cumplió en tiempo y forma con el pago de la pensión alimenticia de su pequeña hija a como se estableció en el convenio de divorcio ante el juez tercero de lo familiar, por lo cual fue demandado penalmente-CI-CPJVHSA-1943/2022- y se judicializó su asunto ante el Juez de Control de la región nueve, y solamente así se vio obligado a depositar la cantidad establecida por el perito de la Fiscalía General de Justicia que en tres veces modificó la cantidad económica demandada, para reducirla sustancialmente y con ello afectar a la menor que debe recibir su manutención mensualmente.
Es un hecho inusual en la Fiscalía General de Justicia, que un perito dictamine un día, y al otro día la parte afectada pague la cantidad adecuada, por eso cuando hablamos de una impartición de justicia pronta y expedita, es por este tipo de asuntos, en donde se ve el interés de una de las partes, a costa de lo que sea, en proteger a otras de las partes, en este caso el demandante. La rapidez con la que actuó la fiscal, es impresionante, al notificar en menos de 24 horas a la parte demandada para que cubra el monto establecido por el perito y al mismo tiempo solicite el archivo del expediente, cuando su obligación es proteger el interés superior de la menor y no del denunciante.
Este asunto tiene otras aristas, porque ahora se verá la actuación del juez, ya que hay una conducta que sancionar, Héctor Raúl Cabrera Pascacio dejó de cumplir con sus obligaciones de pensión alimenticia y tuvo que ser demandado penalmente y judicializado su caso para que pudiera cumplir con la ayuda de la Fiscalía General de Justicia, cuyo perito bajó en tres ocasiones en monto del adeudo de la pensión pues de 120 mil pesos que el mismo perito estableció, al solicitar el demandado un nuevo peritaje bajó a 90 mil y al no quedar satisfecho Cabrera Pascacio volvió a solicitar otro peritaje que fue reducido aún más, por el mismo perito que está entrampado en su maraña, quedando en 25 mil pesos el monto que inmediatamente fue cubierto, por lo que es seguro que la parte representante de la menor no está de acuerdo y recurrirá a la justicia federal para hacer valer el derecho, pues un peritaje particular establece el monto real a pagar. De veras que es detestable regatearle la pensión a un hijo o una hija, argumentando que no se tiene dinero, ni entradas económicas, cuando ese mismo padre se da una vida ostentosa recorriendo diversos países.
Ahora solamente falta esperar la judicialización del caso, porque, suponiendo sin conceder, que este reparado el daño de pensión alimenticia, se tiene que sancionar la conducta omisa que se cometió y de esa parte, no debe escaparse Héctor Raúl Cabrera Pascacio, al menos que el Poder Judicial también se practique el tráfico de influencias.
OJITOS
Si creíamos que se había visto lo peor de este gobierno, pues fíjese que no, el hecho grotesco en donde murieron calcinados 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, y más de 30 heridos que estaban en resguardo de la estación del Instituto Nacional de Migración, dejan ver la forma cruel e inhumana como se conducen en esta institución que pertenece al gobierno federal y donde ahora se echan la bolita dos de las corcholatas favoritas del presidente de la República, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quienes son los responsables del Instituto Nacional de Migración, y que saldrán manchados de este escandalo caso que ya estremece al mundo.
La forma inhumana como elementos del Instituto Nacional de Migración dejaron morir a los migrantes, es lo que causa repugnancia e indignación, porque no es posible que viendo el incendio que se propagaba al interior de las celdas de detención, y viendo la conducta de los elementos que estaban en esa estación, y que se paseaban de un lado para otro mientras los migrantes gritaban que les abrieran los candados de las celdas porque todo de estaba incendiando, habla de un trato cruel, perverso e inhumano de cómo se han venido conduciendo los elementos de esa institución y que ahora salta a la vista de la opinión pública.
Un video que causó la indignación del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien argumentó que no debió darse a conocer a la opinión pública por parte del gobierno de Chihuahua, porque puede entorpecer las investigaciones, muestra toda la crueldad de los elementos del Instituto Nacional de Migración como dejaron morir a los migrantes, como estos gritaban que les abrieran los candados de las rejas para que pudieran salir pero estos elementos, tal vez apanicados, que se veía que iban y venían de un lado para otro, no se inmutaron, jamás abrieron los candados y dejaron morir en forma cruel, perversa e inhumana a estos extranjeros cuyo único delito era llegar al vecino país del norte, Estados Unidos, para buscar una mejor vida, pues en sus países se respira miseria.
El presidente de la República que cuestionó en repetidas ocasiones la muerte de los infantes de la guardería ABC ocurrido en 2009 en Hermosillo, Sonora, durante el gobierno de Felipe Calderón, donde según su decir no se hizo justicia, sino se encubrió a los responsables, ahora ya tiene su propio infierno con lo acontecido en Tijuana el pasado lunes, y aunque como es su costumbre en sus mañaneras, trate de tirar la responsabilidad para otro lado echándole la culpa a los migrantes de que fueron los que provocaron el incendio, no puede evadir la responsabilidad de los funcionarios de la Cuarta Transformación que en realidad es una Transformación de Cuarta, que son responsables del tema migratorio y de brindar seguridad a quienes traspasan las fronteras mexicanas para internarse hacia el vecino país del norte.
La muerte de los migrantes en ciudad Juárez que prácticamente de calcinaron, no es un simple hecho de sangre, sino más bien se trata de un crimen de Estado, que evidencia el pésimo migratorio que tiene el gobierno federal para atender este terrible problema de personas de diferentes países, sobre todo centroamericanos, que se ven en la necesidad de desplazarse hacia el país del norte en busca de mejores oportunidades de vida de la que carecen en sus países de origen.
Las denigrables muertes de cerca de 39 o 40 migrantes, es una responsabilidad compartida el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y el canciller Marcelo Ebrard Cassaubon, el primero, porque legalmente el Instituto Nacional de Migración es su responsabilidad, y el segundo, porque como canciller tenía la responsabilidad del programa migratorio del gobierno federal.
Ayer López Hernández para intentar deslindar su responsabilidad dio a conocer que era a Marcelo Ebrard al que le correspondía este hecho por ser un acuerdo interno del gobierno federal, mientras el canciller respondió que ante este hecho lamentable dejaba para otro día cualquier asunto político, pero en realidad ninguno de los dos pueden evadir su responsabilidad sobre esta terrible tragedia que tendrá repercusiones para el gobierno federal aun cuando anuncien que todos los responsables de la estación migratoria ya están a disposición de la Fiscalía General de la República.
En todos los gobiernos, siempre han existido funcionarios incompetentes, incapaces que se han visto envuelto en escándalos, pero la Cuarta ha rebasado a todos esos gobiernos, pues una y otra vez sus funcionarios cometen errores, está metidos hasta el cuello en la corrupción y no pasa nada.
Ya verá que a pesar de la exigencia de los partidos políticos opositores, ni siquiera el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño será destituido, porque este gobierno indolente, a pesar de que se les demuestre que viven en el error prefieren enterrar la cabeza en la arena como lo hace el avestruz aparentando que no pasa nada, cuando 39 migrantes murieron calcinados a consecuencia de la mala política migratoria que aplica el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Una raya más al tigre, otra brutal negligencia criminal que ha consternado al mundo, que los terminará enterrando políticamente. Ya verán.
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