jueves, 25 de julio de 2019

ATROPELLO A LA DEMOCRACIA

OJO VISOR
Jacinto López Cruz
Jaclop62@hotmail.com


Lo que está pasando en Baja California con la “ley Bonilla”, no es más que un ensayo de lo que podría pasar a nivel nacional para intentar prolongar el mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador denunció el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortes, al dar a conocer que desde la secretaría de Gobernación y la dirigencia nacional de Morena impulsaron la ampliación de mandato del próximo gobernador de aquel estado.
El Presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, dio a conocer que a través de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, desde el inicio del año buscaron una ampliación inconstitucional del periodo de gobierno en Baja California, para lo cual fue consultado para ver si Acción Nacional se prestaba a esa ilegalidad, pero como no se prestaron, se buscaron argucias legales distintas, porque se nota que el presidente de la República quería ayudar a su amigo Jaime Bonilla.
El dirigente nacional del PAN, dijo que,  el Tribunal local por dos ocasiones buscó ampliar el periodo. Es ahí donde Jaime Bonilla sobornó y presionó a los magistrados en lo local y sacó dos resoluciones donde extendía el mandato. Pero la Sala Superior, en congruencia y por unanimidad también en dos ocasiones, les rechazó sus intentos, “por si fuera poco, días antes del inicio de las campañas intentaron comprar y coaccionar a los diputados, incluidos algunos de mi partido, para lograr una reforma constitucional previa a la elección. Afortunadamente nos dimos cuenta y logramos pararla”, por lo que personalmente acudió a Baja California a hablar con los legisladores, y como algunos pensaban reelegirse como diputados, ese intento no prosperó.
Sin embargo, después de la elección para beneficiar retroactivamente y de forma directa a Bonilla, Morena con el aval del presidente López Obrador, presionó y corrompió nuevamente a los integrantes del Congreso del Estado de Baja California, ahora sí logrando que de manera sorpresiva y secreta votaran esta reforma.
La postura del dirigente nacional de Acción Nacional contrasta con las declaraciones de López Obrador que se excusó que nada tenía que ver en este conflicto y que todo quedaba en manos de los tribunales quienes decidirían sobre el periodo de Bonilla, aunque en realidad a como se toman las decisiones en Morena, cuyas ordenes bajan de manera vertical, cuando menos el presidente de la República debió estar enterado de lo que pasaba en Baja California y optó por dejar que corrieran las cosas, cuando la decisión de impulsar la candidatura de Bonilla la tuvo en sus manos.
La llamada “Ley Bonilla”, no es más que un exceso de poder que está demostrando anticipadamente quien en los próximos meses gobernará Baja California, pero no solamente se trata de un exceso de poder que indudablemente corrompió a los legisladores locales que aprobaron la modificación constitucional para alargar el periodo para gobernador de Bonilla, sino que  también es un burdo atropello a la vida democrática del país, y una flagrante violación a los ordenamientos legales, porque desde la óptica que se quiera ver,  no es posible que la población bajacaliforniana  haya votado por un candidato a gobernador por un periodo de dos años y que de manera extralegal y arcaica quiera alargar su periodo a cinco años, aunque para ello haya echado mano de lo que tanto se detesta en Morena, la corrupción, porque la compra de legisladores es un acto de corrupción, porque saben que están actuando de manera ilegal y aun así, decidieron darle para adelante a la ley Bonilla.
Si se permite este atropello a la democracia, esa democracia que llevó a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador y que tanto de enarboló durante su campaña política, sin duda sería uno de los mayores retrocesos, sería volver a lo arcaico a lo ilegal, pues se elegiría a un gobernante que al mantener el control del Congreso local o federal puede hacer y deshacer hasta modificar la ley para reelegirse, para ampliar su periodo constitucional, para permanecer en el cargo durante muchos años y convertirse en un dictador como ha pasado en varios países de Latinoamérica donde después de años de lucha se ha desterrado esas dictaduras.
Por eso no es descabellado pensar que lo de Baja California  puede tratarse de un ensayo que si cuaja, que si después de haber sido elegido por los electores por un periodo de dos años y arbitrariamente se prolonga a cinco años, ¿por qué no puede haber reelección en la presidencia de la República?, si finalmente se cuenta con mayoría en el Congreso Federal y en la Cámara de Senadores, podría modificarse la Constitución para una reelección presidencial, porque la tentación del poder es grande, y porque a pesar de que AMLO diga que firmará ante Notario Público un compromiso de que nada más estará en la presidencia de la República por seis años, ¿quién lo obligará a cumplir ese compromiso aunque sea ante un notario?, recordemos que durante la campaña presidencial de 2012 del entonces candidato del PRI a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, vino a Tabasco a promover el voto y para hacer mas creíble sus compromisos de campaña firmó ante un Notario Público un compromiso de que haría varios distribuidores viales en Villahermosa, que jamás cumplió y que nadie lo obligo a cumplir, por eso el firmar ante un notario un compromiso bajo los términos de que no habrá reelección o de que el periodo será de seis años no es ninguna garantía de que finalmente se cumplirá ese compromiso.
Por el bien de la democracia, por el bien de Baja California y por el bien del país, es de esperarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le enmiende la plana a los corrompidos legisladores que integran el  Congreso local de ese estado, una vez que los terceros interesados interpongan una controversia constitucional, para echar abajo la “ley Bonilla” que es un retroceso a lo arcaico y la imposición.
Que Bonilla no actuó solo, eso queda claro, al menos en esta ilegalidad ha contado con el aval de la dirigencia nacional de Morena que en forma inverosímil trata de validar este retroceso democrático que demuestra el hambre de poder del gobernador electo, que no se conforma con dos años de gobierno, sino quiere cinco, sin entender que la norma constitucional se debe de respetar por encima de todas las cosas y no prohijar la corrupción que con tanta vehemencia combate el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿acaso será que los actos de corrupción y sobornos solo se ven en los bueyes de mi compadre, pero si lo comete un funcionario de gobierno de la cuarta Transformación es virtud pura?.
                                                   OJITOS
El Presidente de la Comisión de Transporte del Congreso Local, José Concepción García González, manifestó que la Policía Estatal de Caminos, ha confirmado que realiza entre dos y tres operativos semanales a taxistas irregulares y motociclistas que continúan sin cumplir las normas mínimas de seguridad para estar circulando.
Dijo que durante la reunión con autoridades de la Policía Estatal de Caminos (PEC), se presentó el calendario de operativos que se están realizando para regular tanto el uso de motocicletas como de unidades irregulares de taxis, “se está trabajando de la mano con la PEC, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Movilidad; en el caso de la Comisión de Transporte, estamos dando seguimiento a estos operativos para confirmar que sí se está trabajando en el tema”.
Indicó que las autoridades han confirmado que se realizan entre dos o tres operativos por semana, y hasta el momento se ha hecho hincapié en que la mayoría de los motociclistas continúan sin usar el casco y los chalecos de seguridad obligatorios. Hay que destacar que eso es algo que debe utilizarse, por estar de por medio la vida misma del motociclista”, expresó.
Inclusive-argumentó- se han detenido unidades donde van más de dos personas a bordo de motocicletas, lo que representa un riesgo latente para los mismos usuarios de estas unidades, dejando en claro que la iniciativa del gobernador Adán Augusto López Hernández, para regular el uso de la motocicleta, ya fue aprobado en comisiones unidas y sólo se espera que se baje al pleno de sesiones para aprobarlo, pero mientras tanto, paralelo a esto los operativos conjuntos que las autoridades están aplicando se han detenido taxis irregularidades, dado que hay operadores que no cumplen las normas de operatividad, como el uso obligatorio del clima; además de detectar las unidades llamada “pirata”
                                              VISORCITO
Después de dos años y seis meses de haberse cambiado al mercado provisional de la colonia Casa Blanca, a donde fueron reubicados para dar paso a la construcción de un nuevo inmueble que inicio su construcción el 13 de febrero de 2017, por fin a finales de agosto de este año, los locatarios regresarán al nuevo mercado “José María Pino Suárez”, anunció el presidente municipal de Centro, Evaristo Hernández Cruz.
El alcalde dio a conocer que el “Pino Suárez” estará libre de vendedores ambulantes a quien no se les permitirá que regresen a sus alrededores, sino se les reubicará en otra parte, toda vez que se ha hecho una buena inversión en remodelar las calles aledañas del nuevo mercado como al sistema de drenaje y agua potable, por lo que acorde para que la zona luzca es necesario mantenerlos libres de ambulantes que si hacen el intento de regresar, serán retirados.
El nuevo mercado “José María Pino Suárez” que pudo ser la obra cumbre o la gran obra que hubiera dejado el ex-gobernador Arturo Núñez, la dejo inconclusa cuando el compromiso hecho con los locatarios fue que se iniciaría en febrero de 2017 y se concluiría en siete meses, es decir, había el compromiso de que en agosto de ese mismo año sería entregado completamente nuevo, pues se derribó el viejo edificio, pero ni esa entrega pudo realizar bien Núñez por la mediocridad e incapacidad del entonces titular de SOTOP, que fue dejando correr el tiempo sin que la obra avanzara, por lo que se pospuso varias veces su entrega hasta que llegó la conclusión del mandato de Arturo Núñez y en lo oscurito a finales de diciembre de 2018, entrego la obra inconclusa al alcalde de Centro, quien para que la zona estuviera  acorde, decidió remodelar y readecuar el sistema de drenaje, agua y energía eléctrica de las calles aledañas al mercado “Pino Suárez”.
Núñez con esta única obra del mercado que tuvo una inversión millonaria inicial de 380 millones y que se elevó a 430 millones de pesos pudo haber pasado a la historia de haber construid una magna obra, aunque fuera única, pero como siempre los errores, y la incapacidad de sus funcionarios que se especializaron en el saqueo, trastocaron el anuncio de haberlo construido en siete meses el Pino Suárez, ya que no se hizo de acuerdo al plan acordado de siete meses, sino que se dieron  cuatro periodos más, de agosto de 2017 paso a 30 de septiembre de 2018, posteriormente se dio otra fecha, 30 de noviembre, después 20 de diciembre y finalmente el 30 de diciembre, ya en la postrimería de irse para no volver. En lo oscurito e inconclusa, y con un repudio a cuestas, Núñez en solitario con el alcalde de Centro develó la placa de construcción, pero inconcluso, por lo que han pasado siete meses del presente gobierno y todavía faltan dos meses más, para que por fin en agosto, los locatarios puedan regresar al nuevo mercado “Pino Suárez”.
   


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