El asesinato del periodista Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa, que alcanzó un repudio internacional, terminó por cimbrar a la estructura de la presidencia de la República, por lo que ayer el presidente Enrique Peña Nieto en un evento organizado en Los Pinos, anunció una serie de medidas para resguardar la integridad física de los periodistas y defensores de los derechos humanos en el país, que se vean amenazados en su integridad física, para garantizar la libertad de expresión.
Si bien el asesinato en Chihuahua de la periodista Miroslalav Breach perpetrado el pasado 23 de marzo frente a su hijo, alcanzó tintes de alarma, el asesinado del pasado lunes de Javier Valdez Cárdenas, fundador del semanario Ríodoce, corresponsal del diario nacional La Jornada, y de AFP, ocurrido en Culiacán, Sinaloa, ha sido un completo detonador, para que el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, saliera de su marasmo para dar a conocer varias medidas para salvaguardar la integridad física de los periodistas y defensores de los derechos humanos en el país, en la que expresó la consigna periodística “no se mata la verdad, matando periodistas”, pidiendo confianza en las instituciones para acabar con la impunidad y detener a los criminales.
Ahí en la residencia oficial de Los Pinos a donde fueron convocados los gobernadores el país para establecer una estrategia conjunta para proteger a los periodistas y los defensores de derechos humanos, así como integrantes del gabinete de seguridad, apenas iniciado su discurso, el presidente Peña Nieto escuchó las voces de los fotoreporteros, que exigieron menos discursos y más acciones de justicia para los colegas periodistas asesinados en el cumplimiento del deber, de ejercer el derecho a la libertad de expresión.
En su intervención, el presidente de la República sostuvo que los crímenes cometidos contra periodistas no quedarán en la impunidad, que los autores serán detenidos, anunciando la creación de protocolos homologados entre las entidades y la Federación para investigar y atender a las víctimas de delitos, retomando las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de organismos de la sociedad civil.
Se volvió a comprometer a como lo hizo el pasado 4 de mayo ante el Comité de Protección de Periodistas, que destinará más recursos al mecanismo de protección, fortaleciendo las capacidades institucionales de la fiscalía especializada y profundizará la coordinación con las fiscalías de los estados.
El presidente dijo que la crítica, el derecho de disentir y la libertad de prensa son pilares de las sociedades libres, por lo que, “lucharé hasta el último día de mi mandato para fortalecer las condiciones del ejercicio pleno del periodismo profesional, riguroso y valiente que México necesita”, por lo que de cara a los retos que representa el crimen organizado, México debe distinguirse por ser un país democrático y defender la libertad de expresión.
“Es claro que debemos ir más allá para que los periodistas puedan realizar su labor sin restricción y sin temor. Se establecerá una ruta común y una agenda en la que no hay tiempo que perder”, sostuvo el presidente.
Por su parte, el procurador general de la Republica, Raúl Cervantes, precisó que los ataques a periodistas son ataques a la democracia, y que partir de un análisis de carpetas de investigación han iniciado un procedimiento de revisión.
“Tenemos la obligación de trabajar de manera coordinada para llegar a autores materiales e intelectuales. Que ministerios públicos no revictimicen. Y se trabajará con fiscalías estatales para combatir la impunidad, añadió el Procurador.
En su intervención, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, se refirió al derecho de la libertad de expresión y condenó el asesinato de Javier Valdez y de cualquier otro trabajador de medio de comunicación caídos en el ejercicio de su labor.
“La delincuencia no puede acribillar a los periodistas sin que haya consecuencias”, remarcó.
“Asumimos compromisos para investigar con resultados evaluables”, con la creación u homologación de fiscalías en instancias estatales de libertad de expresión; mapas de riesgo a periodistas; dar cumplimiento cabal a la recomendación de derechos humanos para generar mecanismos de prevención, precisó Miguel Mancera.
Durante esta administración de Enrique Peña Nieto, en total se han asesinado a 35 periodistas, sin que hasta la fecha se hayan esclarecido, mucho menos detenidos a los autores materiales e intelectuales, por lo que el presidente de la Republica se comprometió a que se esclarecerán.
Ojalá que este anuncio presidencial no sea una llamarada de petate y que realmente se tenga el interés por parte de las instancias federales y estatales a no dejar en estado de indefensión a los periodistas, porque en la mayoría de los colegas asesinados, se ha conocido, que con antelación venían denunciando que recibían amenazas de muerte, pero sus denuncias o reclamos, fueron ignorados por las propias autoridades, sobre todo en las estatales en donde existe mayor indolencia, ya que también ha contribuido la mayoría de los gobiernos estatales y municipales a que prevalezca la impunidad ante los asesinatos cometidos.
Esperemos que el artero crimen del periodista Javier Valdez Cárdenas, sea el parteguas para despertar conciencias y para que el gobierno federal y gobiernos estatales dejen de lado la indolencia y no contribuya con su omisión a que más colegas sean asesinados con el afán de acallar la libertad de expresión.
Ojitos
De acuerdo al informe más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Tabasco ha avanzado durante los últimos años en el combate a las carencias de la población, pues sólo en 2014 más de 70 mil tabasqueños salieron de la pobreza extrema con respecto a 2012.
El documento publicado el 28 de marzo de este año, destaca que el estado logró avances significativos en cuatro de los seis indicadores de carencia social, al conseguir reducciones en rezago educativo, mejorar el acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, y en calidad y espacios de la vivienda.
En la misma información se establece que en materia de rezago educativo, entre 2014 y 2015, la entidad redujo 0.47 por ciento los índices en el grupo de tres a 15 años de edad, y de manera acumulada en el periodo 2010-2015 el porcentaje suma 2.45 puntos, es decir, 17 mil 300 individuos.
Respecto al rubro de carencia de acceso a servicios de salud, el estado mejoró en 8.76 por ciento, que equivale a 314 mil 900 habitantes con cobertura hasta el año 2015, con lo que se alcanza el 90.6 correspondiente a dos millones 167 mil 300 personas con algún esquema de servicio.
En cuanto a la falta de acceso a seguridad social, el Coneval señala que el esfuerzo de la política social se enfocó al grupo de población que no está económicamente activa; de tal manera, los 431 mil 600 habitantes sin seguridad social en 2010, se redujeron a 370 mil 900 en el 2015, es decir una disminución de 60 mil 700 ciudadanos.
Y en el grupo de la tercera edad o mayores de 65 años, el descenso en el mismo periodo fue de 16 mil 900 individuos, que equivalen al 24.15 por ciento del sector.
Así también, el informe del Coneval (que puede ser consultado en su página oficial), dice que en el indicador de carencia de calidad y espacios de la vivienda, al término del 2015 Tabasco mejoró en los cuatro componentes de este rubro: pisos de tierra, hacinamiento, y techos y muros de materiales endebles.
En tal sentido, el número de habitantes en tales condiciones se redujo en 15.06 por ciento entre 2010 y el 2015, que corresponde a 322 mil 300 tabasqueños.
La mejora más importante fue la disminución del hacinamiento, en 6.28 por ciento, seguido de muros endebles en 5.6 por ciento, equivalentes a 131 mil 500 y 122 mil 700 habitantes, respectivamente, que salieron de esta categoría.
En torno a la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, el Consejo menciona que Tabasco registró una reducción entre 2010 y 2015 de los componentes de drenaje, que se contrajo del 6 al 4.5 por ciento; y en electricidad, la disminución pasó del 1 al 0.8 por ciento en 2012, al 0.4 por ciento en 2014, y al 0.2 en 2015. Asimismo, el índice de personas sin agua entubada subió de 20.6 a 23.6.
En este rubro, el Gobierno de Tabasco trabaja para ordenar el crecimiento de asentamientos humanos irregulares, la operación permanente de pozos y equipos de bombeo, y gestionar recursos federales para obras que amplíen la cobertura, aspectos que han sido determinantes en el incremento del índice en este último componente de la carencia en los accesos a los servicios básicos en la vivienda.
Así también, para seguir garantizando y ampliar estos servicios, por medio de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) se han firmado convenios con la CONAGUA, Secretaría de Desarrollo Social y CDI, a fin de aumentar la cobertura, mejorar la eficiencia y mantener la infraestructura, invirtiendo en agua potable 280.6 millones de pesos en 49 proyectos e incorporando a 115 mil 820 nuevos usuarios.
Visorcito
El Director Jurídico del Congreso del Estado, Joel Alberto García González, informó que existen dos denuncias penales y un procedimiento administrativo desde el mes de marzo del 2013 en contra de Francisco Rullán, cuando este fungía como titular del Órgano Superior de Fiscalización (OSF).
Comentó que dicho procedimientos se iniciaron ante el incumplimiento de los procesos resarcitorios de las cuentas públicas 2007 y 2008. “Cuando Francisco Rullán Silva era titular del OSFE, y al haber incurrido en una serie de irregularidades en el ejercicio de sus funciones, al no cumplir con su obligación de llevar a cabo los procedimientos resarcitorios al calificar cuentas públicas, en contra de los servidores públicos que afectaron las haciendas públicas municipales; se inició en marzo de 2013, un procedimiento de responsabilidades a partir de un punto de acuerdo que generó el propio Congreso”, señaló.
Dijo que en su momento, Rullán Silva fue citado a comparecer ante la Junta de Coordinación Política, donde ofreció pruebas ante señalamientos en su contra, pero alegó que la Jucopo no era competente para fincarle alguna responsabilidad. “Posteriormente, el 5 de abril la Junta de Coordinación Política emite un acuerdo donde hizo el análisis de los planteamientos que formuló por escrito Rullán Silva, se dijo que había competencia por parte del Congreso para fincarle, en su momento, las responsabilidades que procediera”, agregó.
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