Ante la actitud intransigente de los representantes de partidos políticos opositores al Partido de la Revolución Democrática que acusaron públicamente que en el caso concreto del municipio muchos paquetes electorales fueron abandonados o que carecía de firmas de quien lo entregaba o de quien lo recibía, el secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Roberto Félix López a manera de advertencia, amenaza o intimidación, sentenció que se le pueden fincar responsabilidades penales y administrativas a los funcionarios de casilla.
Cuando capacitaron a los representantes de casilla, si bien les recomendaron que la tarea que realizarían era delicada y que por lo mismo se requería de todo su empeño para sacar adelante el proceso electoral, jamás se les advirtió que el no firmar la entrega del paquete electoral o dejarlo abandonado por alguna circunstancia, cualquiera que fuera el motivo, se les volvería un grave problema ya que les iniciaría un proceso penal o algunas otra sanción de tipo administrativo, porque con las declaraciones de Roberto Félix López, lo que está haciendo es inhibir la participación ciudadana para el siguiente proceso electoral, porque el funcionario de casilla acepta realizar el trabajo electoral como parte de sus deberes ciudadanos y no porque les estén pagando, pero cuando se amenaza de que hay cárcel de por medio ya se puede ir el Instituto Electoral con su música a otra parte, porque si de por sí, hay ciudadanos que aceptan participar, se les capacita y posteriormente no se presentan a hacerse cargo de la casilla, ya se pueden imaginar si con este tipo de amenazas habrá quienes quieran participar.
Si bien ser representante de casilla conlleva es una responsabilidad de parte del ciudadano que acepte ser funcionario y su faena concluye al entregar su paquete electoral ante los representantes del Instituto, ahora resulta que los partidos políticos que están impugnando la elección de alcalde de Centro y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, los quieren agarrar de rehenes, por eso, expresiones como la del secretario Ejecutivo, está fuera de tono, porque es una clara amenaza, pero esto hará que para el proceso electoral de 2018, muchos ciudadanos que salgan insaculados se negarán a ser funcionarios para evitarse, precisamente que los quieran demandar penalmente.
Tanto para los que entregaron el material electoral sin firmar los recibos respectivos, como para los que abandonaron los paquetes electorales, se les podrá aplicar sanciones penales o administrativas, declaró el funcionario electoral, por lo que pedirá a la dirección de Organización Electoral un informe de cómo se dio la recepción de los paquetes electorales en los centros de acopio y traslado donde se recibía de manos de los funcionarios de casillas las paqueterías electorales tanto local y federal.
Derivado de la denuncia pública por parte del representante del PVEM, Martin Darío Cazares Vázquez, sobre la entrega fantasma de más de 100 paquetes electorales de la elección de presidente municipal de Centro, que también carecían de firmas, Roberto Félix dijo que los partidos deben de hacer las denuncias formales para que se investigue el caso, y remarcó:“la boleta es un instrumento de orden público, eso indica que la boleta electoral no puede abandonarse, no puede sustraerse, porque prácticamente es un delito electoral si llegará hacerse alguna manipulación de ella o dejarlas abandonadas”, indicando que el presidente de casilla tiene responsabilidad exclusiva que determina la ley, como entregar el día de la jornada electoral el paquete al consejo o a la autoridad correspondiente, “es decir que el presidente tiene esa responsabilidad y no se delega a ninguna otra persona”. Con declaraciones tan estúpidas solo se demuestra que la mayor culpa del probable desaseo electoral, que no fraude, es responsabilidad del propio Instituto.
OJITOS
El gobernador Arturo Núñez Jiménez adelantó una iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial de Tabasco basada en la nueva forma de concebir los derechos humanos y su protección, que busca además incrementar la calidad profesional y asegurar la honestidad en la prestación del servicio público de administración de justicia.
Al inaugurar el Cuadragésimo Segundo Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), el mandatario estatal indicó que la iniciativa, que desde el Poder Ejecutivo se trabaja de manera conjunta con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), fortalecerá el control del poder del Estado Democrático de Derecho mediante la configuración de la garantía judicial de la supremacía constitucional.
Acompañado de los presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, y de la FMOPDH, Juan José Ríos Estavillo, Núñez Jiménez dijo que esta tarea involucrará el esfuerzo de todas las autoridades en lo general y de los jueces federales y locales en lo particular, e incidirá en el mejoramiento de la administración de la justicia ordinaria a cargo del Poder Judicial y reforzará de manera sustancial sus funciones y atribuciones.
Precisó que con este instrumento se construirá el complemento de la reforma que en materia de derechos humanos logró Tabasco en 2013, a través de la postulación de las garantías jurisdiccionales y políticas que permiten hacer valer la supremacía de la Constitución del Estado, donde se establecen derechos fundamentales y la división de poderes, introduciendo a la vez cambios orientados a mejorar la administración de justicia para hacer prevalecer las leyes en los conflictos entre particulares.
En el auditorio del Campus Bicentenario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), sede del foro que congrega a titulares de los organismos de derechos humanos de las 32 entidades del país, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González destacó que aunque en México la armonización normativa representa una asignatura pendiente, Tabasco ya llevó a cabo una reforma constitucional local que incorporó a su Carta Magna un catálogo amplio de derechos fundamentales.
El ombudsman nacional llamó a quienes tienen pendiente este reto a acelerar la adecuación normativa, pero logrando, indicó, que lo previsto por las normas internacionales se considere en los ordenamientos jurídicos internos, tanto federales como estatales y municipales, y que lo previsto a nivel estatal y municipal sea acorde con la normativa federal.
A cuatro años de la reforma constitucional lograda en México en esta materia, la de 2011, apuntó que “no es posible que aún subsistan normas que sean contrarias a este tema fundamental, o que obstaculicen o condicionen injustificadamente la vigencia plena de los mismos”, y advirtió que la omisión, indiferencia y falta de respuesta en que, en ocasiones, pueden incurrir algunas autoridades, ha propiciado el alejamiento y desconfianza de la sociedad en las instituciones.
Por su parte, el gobernador Arturo Núñez reafirmó que su régimen parte del reconocimiento, protección y promoción de los derechos humanos, porque representa una garantía esencial desde el punto de vista de la equidad y la justicia social, de allí que el amplio catálogo introducido en la Constitución local honre el término humano que caracteriza su ejercicio, sin soslayar los referidos a los menores extranjeros no acompañados, en cuya tutela, recalcó, el Sistema DIF de la entidad efectúa una labor fundamental.
Aseveró que Tabasco es una entidad que ha buscado colocarse a la vanguardia, previendo incluso el surgimiento de nuevos derechos, como el de acceso a las nuevas tecnologías de la información, y enfatizó que aquí la primacía de los derechos humanos, el imperio de la ley, la construcción de ciudadanía, la participación de la sociedad civil organizada, el combate al delito y una adecuada impartición de justicia, son elementos que se asumen y son impulsados de forma integral.
Frente a los actores fundamentales en el gran empeño civilizatorio que significa la vigencia plena de los derechos humanos, el gobernador refrendó que los tabasqueños, más allá de las diferencias legítimas propias del pluralismo, “estamos empeñados en consolidar un Estado de Derecho y en edificar un país de leyes”.
El titular de la FMOPDH, Juan José Ríos, expresó que si en México pretendemos que la democracia se convierta en un instrumento efectivo para la construcción de una sociedad más justa y que tome en serio la ley, es necesario radicalizar la lucha por la legalidad y democratizar los sistemas de justicia para empujarlos a que cumplan su función de gobierno o su función de Estado.
Jesús Manuel Argáez de los Santos, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), dijo que en el espacio de reflexión que concluirá este viernes, se revisarán cuatro reclamos permanentes de la sociedad, relacionados con los derechos a la seguridad, la salud, una educación de calidad y un desarrollo sustentable.
En la apertura de la primera de dos jornadas de trabajo, la Federación Mexicana de Organismos Públicos entregó a la CNDH un reconocimiento por sus 25 años de labor. Atestiguaron los presidentes del TSJ, Jorge Javier Priego Solís; y de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Neyda Beatriz García Martínez; el secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda Zubieta, y el fiscal Fernando Valenzuela Pernas.
También acudieron María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) de la Secretaría de Gobernación, y Leticia Bonifaz Alfonso, directora de Estudios de Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
VISORCITO
Por cierto, la coordinador parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, dijo que el proceso de desafuero que se le sigue al magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco (TET), Jorge Montaño Ventura, no está sujeto a “negociación”.
Dijo que este procedimiento en nada tiene que ver con las impugnaciones que se pudieran presentar en contra de su partido derivadas de la jornada electoral, rechazando las afirmaciones de la legisladora del PVEM, Esther Ali
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