La Comisión Orgánica Instructora del Congreso local aprobó ayer lunes un Acuerdo por el que da inicio al procedimiento para la declaración de procedencia solicitada por la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco (TET), Jorge Montaño Ventura, por su presunta participación en el fraude cometido contra las arcas públicas del Instituto Electoral, por la compra “inflada” de un viejo inmueble en desuso que sería utilizado para sus oficinas centrales, pero que finalmente no se ha utilizado por el peligro que representa para habitarlo.
El documento que fue aprobado con cuatro votos a favor y uno en contra, fue leído por el diputado presidente de la Comisión Orgánica Instructora, José del Carmen Herrera Sánchez, quien explicó que ahora la Junta de Coordinación Política deberá proponer al pleno del Congreso a cuatro diputados de la Comisión Instructora para formar la Sección Instructora, lo cual deberá ser avalado por mayoría absoluta, a efectos de que se continúe con el trámite del procedimiento para resolver sobre la solicitud de declaración de procedencia.
Ante los legisladores integrantes de dicha Comisión que se reunieron en la sala de Juntas de la presidencia, Rafael Acosta León, Ana Karen Mollinedo Zurita, Tito Campos Piedra y Esther Alicia Dagdug Lutzow, el diputado presidente sostuvo que el Congreso del Estado si es competente para conocer y resolver de la solicitud de declaración de procedencia presentada por el fiscal del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Investigación de la FGE, en contra del magistrado electoral, Jorge Montaño Ventura, a quien se le atribuye la comisión del delito de Ejercicio Indebido de Servicio Público, previsto y sancionado por el artículo 235, fracción III, en relación con el último párrafo del mismo, en concordancia con el numeral 232 del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco, ilícito que se dice cometido en agravio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco (IEPCT), mismo que es un delito del orden común, perseguible y sancionable por las autoridades locales.
De igual forma el legislador dijo que es facultad de la Comisión Orgánica Instructora de la Cámara de Diputados local, conocer y resolver la solicitud de declaración de procedencia presentada por el Fiscal del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Dirección General de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco.
El Acuerdo avalado y aprobado por los legisladores integrantes de la Comisión Orgánica Instructora precisa que si bien Jorge Montaño Ventura fue nombrado magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco por la Cámara de Senadores, no existe disposición constitucional o legal que establezca expresamente que cuando se le atribuya alguna responsabilidad deba ser facultad del Congreso de la Unión conocer y resolver sobre las solicitudes de declaración de procedencia formuladas en contra de los magistrados electorales, mucho menos tratándose de delitos del fuero común, como ocurre en este caso.
En el Acuerdo se indica que la intervención del Senado de la República en el mecanismo de designación de los magistrados de los tribunales electorales locales (de los estados), no constituyen a estos en servidores públicos del orden federal o ajenos a la jurisdicción local, por lo que no pueden ser eximidos de las responsabilidades que tuvieran en su condición de servidores públicos al servicio de los estados de la Federación. Solo la legisladora Esther Alicia Dagdug Lutzow se declaró en desacuerdo con ese documento, al considerar que existe una ambigüedad en la legislación local con respecto a la norma general en relación con el nombramiento de los magistrados electorales de los estados.
En pocas palabras, a Jorge Montaño Ventura, si bien tiene derecho a defenderse como gato boca arriba, le quedan pocos días como magistrado electoral, ya que una vez que el Congreso local haya agotado todos los términos de ley, someterá al pleno el dictamen de desafuero, que sin duda será votado en sentido positivo para dejarlo sin protección constitucional, para que inmediatamente sea detenido por las autoridades competentes para hacerle compañía a los dos ex-consejeros electorales, (Gustavo y Héctor) y responda por sus actos fraudulentos.
No hay para donde hacerse, Jorge Montaño a pesar de que ha externado públicamente a los medios de comunicación que no tiene miedo de ir a la cárcel, que hará frente a las acusaciones, incluso con prácticas legaloides dilatorias, comienza a vivir una prolongada agonía porque se le agota el tiempo en que puede permanecer en libertad, ya que el pleno del Congreso local finalmente votará en el pleno el dictamen para el desafuero y a partir de ahí será otra historia.
Incluso ayer, una vez que se conoció que la Comisión Orgánica Instructora del Congreso local había votado un acuerdo para proceder en los términos legales a conocer de su probable responsabilidad en los hechos que se le imputan con las pruebas que presentó la Fiscalía, ya no dio la cara a los medios de comunicación, se escondió, guardó silencio, porque ya se le complicó su panorama legal, ya sabe que será desaforado por la actual legislatura y que no tocará tablita a menos que decida evadirse de la acción de la justicia, pero si lo hace le fincarán otras agravantes, y se le complicarán las cosas, además que a estas alturas ya se debe estar ejerciendo una vigilancia discreta sobre su persona para evitar que se evada.
Cuando el Senado de la República nombró a Jorge Montaño Ventura, como magistrado electoral, se vio como una gran burla a la legalidad, que los legisladores no hubieran reparado en todo el historial de acusaciones que pesaba sobre su persona a raíz de la compra-venta de un viejo edificio sobre valuado por encima de su verdadero precio, y se creyó que desde el Congreso de la Unión se le estaba brindando una completa impunidad, porque jamás se vio venir la consignación del expediente donde estaba involucrado como presunto responsable de un hecho delictivo, pero ahora la realidad es otra, se está procediendo a hacer justicia para sentar un precedente de que nadie debe jugar con la legalidad ni sentirse intocable si es que contraviene las normas jurídicas del estado.
OJITOS
Otra niña al pizarrón. Después de 35 años de militancia en el Partido Revolucionario Institucional, la legisladora local, Esther Alicia Dagdug Lutzow, anunció ayer la decisión de abandonar las filas del tricolor para aceptar la candidatura externa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a la diputación federal por el IV distrito electoral de Tabasco, donde existe el predominio del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ya que es considerado como un bastión amarillo.
La legisladora dijo sentirse decepcionada de la forma en que viene actuando la dirigencia de su ex-partido, luego de su fallido intento por ser candidata a diputada federal por el tercer distrito electoral que comprende los municipios de Comalcalco, Cunduacán y una parte de Cárdenas, incluso para ese fin, solicitó licencia al Congreso local que solo duró dos días, porque inmediatamente fue regresada porque no sería la candidata, ya que ese espacio estaba destinado para Gregorio Arias Pérez, quien es el candidato a diputado federal por el PRI, lo que fue observado como una burla para ella, porque se supone que había pedido licencia al Congreso porque sería candidata a diputada federal pero no fue así. Mayté tampoco pudo lograr la nominación a la alcaldía por Comalcalco, que se decidió un día antes en la ciudad de Palenque, Chiapas, y por eso la especulación de que renunció por ese motivo.
“No me veo más dentro del PRI porque no se está luchando por Tabasco se está luchando por intereses personales”, precisó la legisladora, pero dijo que en “el pasado proceso para diputados federales lo respeté, me discipline, mostré una vez más mi institucionalidad hasta el último momento, pero mi renuncia va más allá de…”, por lo que se comenta que mas allá de esas candidaturas, Mayté Dagdug abandona el barco tricolor, porque a cambio de su disciplina partidista le ofrecieron ser la coordinadora de la bancada del PRI al Congreso local que le disputó desde el inicio de la legislatura al actual dirigente de ese partido Erubiel Lorenzo Alonso, cargo que después recayó en Luis Rodrigo Marín para que finalmente quedará Carlos Mario de la Cruz, pero como se dio cuenta que tampoco le cumplirán el ofrecimiento mejor decidió caminar al Verde, aun sabiendo que como candidata a diputada federal por el cuarto distrito electoral no ganará.
VISORCITO
El gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez inauguró ayer lunes el Centro Estatal de Vacunología, considerado como el mejor del Sureste mexicano, que tendrá una capacidad de almacenamiento de dos millones 164 mil 683 vacunas anuales, cuyo costo fue de 14.5 millones de pesos.
La instalación nueva forma parte de la red de distribución que se entregará en este año, pues a finales del mes de marzo se entregarán el Centro Regional de Vacunología de Cárdenas, y en octubre el de Emiliano Zapata. Las tres unidades tendrán una inversión total de 36.1 millones de pesos.
Acompañado por la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López de Núñez y del secretario de Salud, Juan Antonio Filigrana, el mandatario estatal realizó un recorrido por las instalaciones, ubicadas en Ciudad Industrial, en la que le ofrecieron detalles sobre el resguardo y el manejo escrupuloso de los biológicos que corrió a cargo de Carlos Alberto Domínguez Luna, subdirector de Conservación y Mantenimiento de la Secretaría de Salud, quién precisó que las unidades tienen el objetivo de mejorar la capacidad y calidad de almacenamiento de dosis para prevenir 16 enfermedades, así como la distribución a las 17 jurisdicciones y formar un centro de capacitación en el Programa de Vacunación.
Domínguez Luna explicó que las vacunas que se almacenarán son BCG (tuberculosis miningea), hepatitis B, pentavalente, rotavirus, neumococo, SRP (sarampión, rubéola y paratoditis), influenza, VPH (Virus de Papiloma Humano), VHA (hepatitis A) y varicela, por lo que desde este centro se distribuirá los biológicos a las jurisdicciones sanitarias de acuerdo a sus necesidades y a un calendario establecido, y revisará y analizará el Sis
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