La suspensión por dos meses del cargo de director General de la Policía Estatal de Caminos (PEC) aplicada a Sergio Gilberto Guerra Pérez por parte de la Secretaría de la Contraloría del gobierno estatal al acreditarse una falta administrativa menor en la prestación de un servicio público, luego de que él mismo reveló públicamente de que había entregado licencias gratuitas, contraviniendo las disposiciones del Jefe del Ejecutivo que había determinado cancelar las condonaciones de cobros a licencias o infracciones que otras administraciones hicieron, como siempre, ha levantado opiniones a favor y en contra de la decisión tomada, lo que indica que hay personas que nada les embona y que están empecinados en verle el lado malo a la administración nuñista como parte de una descalificación permanente. La Contraloría dio a conocer que la sanción que se aplica a Sergio Guerra encuadra en las fracciones I y XXI del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, que a la letra dice: Artículo 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales. I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. XXI. Abstenerse de cualquier conducta que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público. En la suspensión o castigo de dos meses que la Contraloría aplica a Sergio Gilberto Guerra, bien vale la pena analizar varias aristas del asunto, que algunas personas no alcanzan a ver o aunque lo vean, siempre actuarán por sistema, descalificando de manera permanente al gobierno nuñista para intentar evidenciarlo ante la población, incluso, comparando este asunto con el encarcelamiento de la ex-directora de Atención al Público de la Dirección General de la Policía Estatal, Rosa Mélida López Villanueva, que aunque pareciera igual, no lo es, ya que tiene connotaciones diferentes, y por lo mismo hay quienes de manera sesgada pedían cárcel para Guerra, bajo el supuesto de que lo estaban protegiendo, pero ya se vio que no fue así, que no gozó de tal protección. Aunque el castigo pareciera menor, de puro trámite (según los agoreros del desastre) la sanción aplicada a Sergio Gilberto Guerra Pérez, no es cosa menor, lleva jiribilla, tiene un trasfondo político, ya que a pesar de que el sancionado ha sido colaborador cercano del gobernador con quien ha trabajado en otras instancias de gobierno federal, Arturo Núñez dejó en libertad a la propia Contralora para que en base a las disposiciones legales le fincará las responsabilidades correspondientes a su amigo Guerra tomando en consideración las atenuantes que se presentaron en descargo de lo que hizo, mandando un claro y contundente mensaje a todos los funcionarios de su gobierno, que no encubrirá a nadie, que no tolerará actos ilegales, así sea su amigo, y que no le temblará la mano para hacer valer su autoridad y para separar del cargo a quienes no cumplan con las disposiciones legales, incluso con esos omisos funcionarios que han dejado mucho que desear o que han evidenciado que son desleales, porque la omisión también es un delito que causa daño. Si en realidad se hubiera querido proteger a Guerra ¿acaso no hubiera bastado una llamada en corto del gobernador a la Contralora para dejar sin efecto la sanción administrativa?, pero no fue así, porque respetuoso de las disposiciones legales, aunque Sergio es su amigo, dejó que se aplicara, en un claro mensaje para la población de que no hay intocables en su gabinete y desde luego para los funcionarios que saben leer políticamente. La suspensión de dos meses del cargo de Sergio Guerra, que a juicio del Ojo Visor, que en todo está, hay altas probabilidades de que ya no regrese a su función, como siempre levantó conjeturas a diestra y siniestra, incluso en el “análisis” que algunos realizan, mas basados en las vísceras que en el contexto real, sostienen que con ese castigo lo protegieron ya que debería estar en la cárcel igual que Rosa Mélida López Villanueva, porque se trata de los mismos delitos, lo que demuestra que es un sesgo informativo o el desconocimiento de la forma en que sucedieron los hechos, porque a pesar de aparentemente son casos similares, ya que se trata de la entrega de licencias gratuitas, las connotaciones son diferentes. Durante la campaña política de 2012 rumbo a la gubernatura y otros cargos de elección popular, integrantes del entonces partido opositor, PRD, fueron informados que había una casa de seguridad priista en la colonia Las Gaviotas hasta donde llegaron y encontraron, licencias vencidas, tarjetas dirigidas a Rosa Mélida, copias de credenciales de elector y listas de personas beneficiadas con cientos de licencias para favorecer en forma específica a un candidato a un cargo de elección popular, por lo que se presentó la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia como una acción ilícita, como una acción de coacción, cohecho, tráfico del voto electoral, amén del respectivo daño a las arcas públicas estatales, es decir, la acción que realizó López Villanueva al entregar licencias de manejo y permisos, independientemente del daño al patrimonio económico del gobierno, conllevaba otro ilícito como el entregarlo para un fin específico, que era el, tráfico de influencia para la promoción del voto a favor de un candidato a un cargo de elección popular y en esa casa de seguridad encontraron las pruebas fehacientes, mientras que en el caso de Sergio Guerra la Contraloría encontró que si bien no aplicó la normatividad para el cobro de las licencias, se trató de un acto de buena con lo cual no obtuvo beneficio propio, pero no por eso lo eximieron de responsabilidades por eso la suspensión de dos meses en su cargo. OJITOS Luego de la divulgación de que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) de Tabasco está copado por una pandilla de ex-funcionarios granieristas que se han dedicado a cuestionar al gobierno nuñista, un asiduo lector, de quien desde luego me reservo sus generales me envió lo siguiente: “créame don Jacinto que lo que usted escribió es la verdad, creo que usted es uno los periodistas más serio y respetado en el estado, por eso me atrevo a redactarle lo siguiente: El señor Enrique Pons fue un mapache en las elecciones, compró el voto de los más necesitados e ignorantes con bicicletas, molinos y dinero, gracias a dios no le funcionó. El mismo emitió su voto de castigo contra Alí, siendo el militante o sea es un traidor. No sé con qué calidad moral se siente para señalar públicamente y férreamente a la nueva administración desde su programucho. Es compadre y tapadera de Marcela González, que es dueña de dos departamentos de lujo y de una residencia que hizo con dinero del pueblo en la que vive con su novia Fátima que trabaja en el ayuntamiento de Teapa. En donde se da vida de rica. Cerró su restaurante tierra y fuego en donde realizaban sus juntas y ahora le cambio el nombre por las asadas, pero cuando trabajaba en el Congreso se auto compraba el suministro de alimentos a su restaurante cobrando el platillo en 80 pesos y otros precios exorbitantes. De Alejandra Salas, ella llegó al ITAIP por orden de Miguel y Enrique, aunque en un inicio la intención era que trabajara en Finanzas a lo que ella se negó, anticipando que si no ganaba el PRI esto iba a ser una cacería de brujas, el puesto que ella tiene no se lo merecía había alguien más que sí, pero por ser compadres del hijo de Felicitas se lo dieron a ella. @alesalasf en twitter. Ha sido cómplice en llevar y traer información así como su marido que en un momento llegó a decir que el defendería a su gobernador hasta gratis, ¡¡que cinismo!!. De Miguel Romero, por sus manos pasaron todos los documentos necesarios e inventados para realizar el saqueo, sabe de propiedades, terrenos, ranchos más que nadie, siempre fue el asesor y la mano derecha de Granier. Las ultimas tranzas las hicieron en la venta del terreno que se le vendió a Altozano, fueron millones los que lograron quedarse. Ahora quieren poner tierra de por medio ya que ven que la situación está difícil para ello y buscan nada más y nada menos un puesto de defensores voluntarios de Derechos Humanos en la ONU con sede en París, que sobraditos están. Ahora hasta altruistas salieron. Lo más triste es que para ellos lo que hacen está bien, y se creen tan chingones que creen nada les va a pasar. Esta es una pandilla bien organizada y en donde viven es un refugio de ex-lamebotas de Granier, y esa bomba nadie la sabe es en el fraccionamiento Real del Valle en la carretera Río Viejo en donde mucho funcionarios de Granier llegaron a comprar casas y hasta de contado cuando la más económica cuesta millón y medio de pesos, pero ahí el terrateniente es don Miguel con la casa y el terreno más grande hasta compró un área común. Eso es un nido de ratas”, hasta ahí parte del comunicado, no cabe duda que como escribía hace muchos años mi amigo el extinto periodista Juan Alejandro Hernández en su columna “Verduguillo” a palos salen las hicoteas y hay gente que ya le comienza a sacar sus trapitos al sol a Miguel Romero y su compadre Enrique Pons Franco.
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