miércoles, 27 de noviembre de 2024

EL RECUENTO DE LOS DAÑOS

 


Luego de los hechos violentos perpetrados en el antro Dbar ubicado en Tabasco 2000 con el saldo de muertos y heridos ya conocidos, que conmocionó a la sociedad tabasqueña, y cuya difusión le dio la vuelta al país y al mundo en cuestión de minutos, las autoridades estatales deben hacer un recuento de los daños para restablecer los mecanismos a seguir que le permita a la ciudadanía seguir confiando en sus autoridades de que en este saldo sangriento no habrá impunidad, y que se hacen todos los esfuerzos por restablecer la paz y la seguridad en la entidad.

Está visto que muchos de los actuales funcionarios de gobierno, no saben trabajar bajo presión o bajo un hecho inédito, sean cual sean las circunstancias, y que eso los llevó a cometer errores de cálculos, que finalmente fueron usados por los detractores para lanzarse en contra Javier May Rodríguez para intentar evidenciar de que encabeza un gobierno incompetente, que no sabe como enfrentar a la delincuencia organizada que sigue causando estragos entre la población, cuando en realidad, el gobernador ha dado muestras, porque lo ha dejado en claro en muchas ocasiones que uno de sus principales objetivos es restablecer la calma y la tranquilidad en la entidad, pidiéndole a la ciudadanía que le tengan confianza, y por ello ha echado mano de las herramientas que tiene a su alcance, como el hecho de que militares se hayan hecho cargo de la fiscalía y que se les haya nombrado como directores de Seguridad Pública en once municipios, en varios de los cuales hay focos rojos, como también ha logrado conjuntar a todas las áreas que tienen que ver con la seguridad con la finalidad de trabajar en forma conjunta para disminuir los índices delictivos en Tabasco, pero esta es una lucha que no se ganará en semanas o meses (apenas lleva dos meses en el cargo), por lo enraizado que está este problema, debido al contubernio que existió en el sexenio pasado, entre autoridades y delincuentes que coexistieron, que se confabularon para conservar sus intereses perversos y cuya luna de miel terminó en un enfrentamiento y que ha traído como consecuencias resultados catastróficos para la entidad, un daño colateral para la ciudadanía, porque ahora no nada más se asesinan entre ellos (han tocado a la población), porque eso fue la falsa narrativa del nefasto gobierno anterior para justificar los hechos cotidianos de ajustes de cuentas, de que dos bandas delincuenciales integrados por puros criollos se habían divido y luchaban entre ellos, negando la presencia del cartel de las cuatro letras (el actual secretario de seguridad lo negaba), que se peleaban la plaza, que no había problema porque se estaban asesinando entre ellos, pero con los lamentables hechos de sangre del antro Dbar queda muy claro que no solamente se están asesinando entre ellos, sino que el daño colateral es que han tocado, han asesinado a personas inocentes, y eso debe encender los focos rojos de las autoridades porque ya elevaron su nivel de violencia.

Quienes están creyendo que el gobierno estatal reducirá este flagelo criminal en tres, cuatro o cinco meses, se están equivocando porque no conocen, no saben que tan enraizado está el problema, pero esa falsa percepción de que el gobierno debe acabar con esta delincuencia en el corto plazo (al menos es lo que exigen), es lo que ha llevado a los detractores del gobernador, que los tiene en la oposición, que eso es normal, y mas delicado en su mismo partido, que es lo anormal, cada vez que se presenta un hecho delictivo, se lanzan de lleno en contra de Javier May para tratar de evidenciarlo de que encabeza un gobierno ineficiente, cuando es imposible que en dos meses que lleva como responsable de la administración pública pueda solucionar el problema de la inseguridad, que ciertamente ha crecido, que es un claro reto de los delincuentes hacia su gobierno, porque es indudable que si en el pasado hubo confabulación, también es real que se combinan los actos delincuenciales con la política, porque hay interesados, porque todo indica de que quienes se regodearon en el pasado, creyéndose dueños de Tabasco, son los mas interesados, en que al gobernador le vaya mal, en que su gobierno naufrague como producto de la violencia de la delincuencia organizada, para que ellos se erijan en salvadores del estado, cuando es del dominio público, los arreglos oscuros que realizaron con un grupo delincuencial que es lo que tiene en jaque al estado.

Por toda esta mezcla de delincuencia con la política, que es la que está causando estragos entre la sociedad tabasqueña, es que el gobernador debe de tomar una decisión seria, bien pensada, pero que a su vez, también muy delicada, porque hay inmiscuidos personajes de su mismo partido, para acotar la inseguridad. 

El gobernador debe de dar un manotazo con todas sus fuerzas, o un golpe de timón para frenar lo que está sucediendo, porque todo es una mezcla, si ya reconocieron de donde vino el mal, y el fiscal general del estado, José Barjas Mejía, por fin ha dejado en claro, ha reconocido que son dos grupos delictivos que se siguen peleando la plaza, según él, lo que queda de La Barredora, (ni tan lo que queda, deben quedar bastantes por los estragos que causan), y el grupo de las cuatro letras, al que no quiso llamar por su nombre, pero que ahora han tocado a personas inocentes, que nada tienen que ver en sus conflictos, por lo que ya no es tanto el pleito de la plaza, sino que esto adquiere otras características mas delicadas, porque el asesinar civiles es un reto mas para el propio gobierno estatal, entonces hay que comenzar a sacar las ordenes de aprehensión, si ya saben quienes son, para que caigan los que tengan que caer, para sentar un precedente, de qué aquí sin hay gobierno, y que se está actuando de acuerdo a la ley, aunque se tenga que pasar por encima de esos intereses políticos que como se han visto, dejaron en la inmundicia y la inseguridad el estado, y que ahora costará mucho trabajo recomponer.   

Las autoridades estatales, deben hacer un real recuento de daños, para ver donde estuvieron las fallas al momento de informar a la ciudadanía por este lamentable hecho de sangre en el antro de Dbar, que si de por sí, ya había causado conmoción entre la población tabasqueña, quizás por las prisas de informar a la ciudadanía para que tuviera una mejor noción de lo que había pasado se convoca a una precipitada rueda de prensa a las ocho de la mañana, donde dos horas después se realiza y ante la ausencia del fiscal general que no estaba en la ciudad, y que regresó precipitadamente por la tarde, el vicefiscal de delitos comunes, Melquiades Miranda Díaz, asume el papel de informar y quizás en el afán de deslindar a las propias autoridades de ese hecho de sangre, y avalado por la mesa de seguridad que fue lo más delicado, sostuvo que de manera preliminar, que los asesinatos de los seis jóvenes perpetrado en el antro no se estaba relacionado con la delincuencia organizada, cuando a esa hora los videos sobre este hecho violento donde se ven a cinco sujetos salir de adentro del inmueble corriendo y disparando, era una clara evidencia de que se trataba de delincuencia organizada, que habían asesinado a mansalva a personas que nada tienen que ver con sus actividades delictivas. Traspasar esta barrera de no meterse con la ciudadanía es un claro reto para las autoridades estatales.

Quizás si el vicefiscal Melquiades Miranda, le hubiese echado un ojo al código penal federal y al código penal del estado, habría comprendido o entendido mejor como se constituye la delincuencia organizada, porque ahí claramente se especifica que cuando tres o más personas se reúnen para realizar un acto delincuencial, ya es considerado como delincuencia organizada, y esa tremenda pifia de don Melquiades al tratar de deslindar que no trataba de delincuencia, es decir, que no era autoría de ninguno de los dos grupos delincuenciales que están en disputa, esto exacerbó los ánimos de los internautas que en redes sociales se lanzaron en contra de las autoridades estatales, amén que la noticia corrió como reguero de pólvora, que hasta el diario El País lo destacó en su portada.

Si los propios funcionarios públicos de la dependencia que sea, en este caso de procuración de justicia, con la inseguridad que se viven, cometen pifias, en lugar de ayudar con sus declaraciones, perjudican a las misma autoridades, pues le dan mas elementos a los adversarios, a los detractores, a los opositores para que cuestionen a las propias autoridades estatales, intentando crear un falso panorama de que no pueden con el paquete de la inseguridad, de que este es un gobierno fallido encabezado por Javier May, porque creen que si el gobernador pierde, ellos ganan, pero en realidad todos pierden, porque la violencia seguirá desbordada, de allí que hay que sumarse, de allí que hay que hacer causa común con el propio mandatario estatal, hay que darle tiempo, dos meses no es suficiente, para que los cuerpos de seguridad integrados a su propio gobierno, comiencen a dar mejores resultados capturando a los verdaderos cabecillas de estos grupos delincuenciales.

También es claro, que se debe revisar la actuación del Secretario de Seguridad Pública, que sirvió al anterior gobierno, y a quien el gobernador May le dio el beneficio de la duda para que siguiera en su gobierno, tomando en consideración que ya estaba adentrado en el tema de la seguridad, y que sabría implementar sus estrategias para para la prevención del delito por parte de la delincuencia, pero parece que tiene la pólvora mojada, o no ha querido arriesgarse su carrera militar en esta lucha contra la delincuencia, lo cierto es que la percepción ciudadana en la calle, es que el Víctor Hugo Chávez Martínez, muy a pesar de que la delincuencia que lo quiere fuera, que quiere que se vaya de la secretaría, no ha dado el ancho, y tal parece que no lo dará, que ya dio todo lo que tenía que dar por lo que es necesario su relevo a partir del próximo año.

                                                  OJITOS  

Al rendir por tercera vez protesta como secretario general a nivel nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), 

el legislador federal, Pedro Haces, destacó que en estos doce años su organización se ha convertido en una alternativa sindical pues “nosotros no tenemos la usanza de extorsionar a los empresarios y chingarse las cuotas sindicales como en otros tiempos”. Hemos dejado lejos las viejas prácticas corporativas del charrismo sindical, ahora hacemos valer el sindicalismo”.

El evento de toma de protesta de Pedro Haces realizado el pasado martes en el teatro Metropolitan de la ciudad de México, reunió ha destacadas figuras del ámbito político y sindical del país, diputados federales, Senadores y gobernadores como los del PAN, Teresa Jiménez, Aguascalientes; Libia García Guanajuato; y Mauricio Kuri de Querétaro, a quienes agradeció su presencia ante la diversidad política, pues él es integrante de Morena 

En su discurso, Haces sostuvo su compromiso de modernizar el sindicalismo mexicano, fortaleciendo los derechos laborales y las condiciones de trabajo, y fomentar una cultura de transparencia y justicia dentro de los sindicatos, por lo que su gestión será clave para avanzar hacia un sindicalismo moderno que proteja de manera efectiva a los trabajadores, a la vez que impulse el crecimiento económico del país.

Ahhí mismo, Pedro Haces anunció que; “quiero anunciar que como buen revolucionario de la modernidad sindical este será mi último periodo en esta central obrera… No pretendo estar postrado en una silla, los jóvenes tienen que llegar a dirigir a los trabajadores de México. Trabajaré inalcanzablemente los próximos seis años”, en beneficio de sus agremiados

A la toma de protesta de su dirigente nacional que se realizó en la ciudad de México, acudieron el ingeniero Gustavo Ernesto López González, secretario de infraestructura peninsular de la CATEM, y el doctor Juvenal Reyes Marrufo, secretario general en Quintana Roo, quienes fueron reconocidos por el dirigente nacional, Pedro Haces, por el trabajo que vienen realizando en la península y en la región sureste para fortalecer a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México.

   

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