En la medida que se acerca el cambio de gobierno en la administración pública de Tabasco, en algunas dependencias, como la secretaría de Movilidad, poco a poco va saliendo a la opinión pública, varios de los actos de corrupción en los que han incurrido el propio secretario y sus cercanos colaboradores, que tienen en sus manos el otorgar nuevas concesiones para el servicio de transporte público, en donde de manera irregular, familiares de estos funcionarios lograron obtener concesiones en algunas uniones o cooperativas, sometiendo a sus directivos por medio de la presión, la coacción o el contubernio para permitir que los beneficiarios fueran aceptados como socios del transporte público.
No es novedad lo que ha estado pasando, es un secreto a voces que la Secretaría de Movilidad es una de las dependencias mas corruptas del actual gobierno que encabeza el gobernador florero Carlos Manjuel Merino, que ya se van en 19 días, donde se aplicaron las técnicas más gansteriles para la entrega de concesiones, siendo una parte de estas vendidas al mejor postor, sobre todo desde que llegó como titular Narciso Oropeza, mejor conocido como Chicho Oropeza, quien fue nombrado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, por lo que comenzó a tejer una serie de marañas para obtener recursos económicos de manera indebida, y aunque en muchos de los casos de corrupción en la que incurrieron los funcionarios denunciados ante la opinión pública no se aportaban pruebas fehacientes, en otros casos sí existen dichas pruebas que demuestra la forma irregular como han venido actuando, ateniéndose a que la nueva administración estatal les dará impunidad, que se podrán ir tranquilamente al concluir el sexenio sin que sean llamados a cuentas, tomando en cuenta que por aquello del combate a la corrupción y que desde el gobierno federal se ha alzado el pañuelo blanco argumentando que se acabó, al nuevo gobierno no le convendría contradecir que no es cierto que se haya acabado, y por eso el nuevo secretario de Movilidad está obligado a guardar silencio, a callar, y dejar las cosas a como están.
Sin embargo, el nuevo secretario de Movilidad, Rafael Elías Sánchez Cabrales, quien se ha venido reuniendo con dirigentes de las uniones de transportes y con los transportistas en general, se ha estado dando cuenta, se está enterando que hay muchas cosas podridas en la dependencia que encabezará a partir del mes de octubre, porque los mismos concesionarios lo han venido denunciando, porque además en la ciudadanía hay una creciente inconformidad de que varias de las nuevas medidas o reglas implementadas por esa dependencia con el supuesto argumento de mejorar el servicio público con la finalidad de beneficiar el usuario, como el famoso taxímetro o la aplicación para solicitar taxis, forman parte de una red de corrupción para beneficiar económicamente a unos cuantos “negociantes”, porque hasta los taxistas se inconformaron por la onerosa compra del parquímetro para medir las distancias de la persona que transportaba como la aplicación que obligadamente tenían que pagar y que benefició solamente a unas cuantas personas, es decir, dichas medidas no se implementaron con el objetivo de beneficiar a los usuarios y a los concesionarios, sino que se realizó para obtener ganancias económicas extras, en donde los funcionarios cercanos al secretario y él mismo fueron los beneficiarios.
Lo que a continuación les voy a describir, es una de las tantas trapacerías que ha realizado el propio secretario de Movilidad, Chicho Oropeza, para beneficiar a familiares, colaboradores cercanos y personas que nada tenían que ver con el transporte público y que de la noche a la mañana se convirtieron en concesionarios, utilizando la coacción o el contubernio para doblar a los dirigentes de las uniones o cooperativas, aunque en otros casos al no aceptar las propuestas les crearon otras organizaciones alternas y les entregaron concesiones avaladas por los funcionarios de la propia dependencia que están dejando un cochinero en Movilidad.
El año pasado el presidente de la Sociedad Cooperativa denominada “Auto-Transporte Público de Pasajeros de la Villa San Carlos”, S.C.L., solicitó a la Secretaría de Movilidad el incremento de sus unidades del servicio público por la creciente demanda del servicio, no sin antes sustentar el porque de su petición, la cual efectivamente fue atendida y le dijeron que no había problema para el incremento, pero con una condición, que permitiera el incremento de socios, que le diera de alta a tres personas, ajenas a la prestación del servicio, que funcionarios de la dependencia le indicarían y que con ello asunto arreglado porque todos quedarían contentos, pero no esperaban una respuesta negativa de parte del dirigente, porque no era justo que quienes no eran socios se beneficiaran, el resumen la autorización del incremento de unidades fue negada por la dependencia.
La forma inescrupulosa como actúan los funcionarios de Movilidad encabezados por el secretario Chicho Oropeza, los llevó a establecer contactos con algunos de los socios a quienes convencieron de que obtendrían otras concesiones si lograran quitar al presidente de la cooperativa, por lo que con fecha 20 de julio del año pasado, José Alberto Jiménez Palomeque, Julio César Félix Antonio y Víctor Manuel Chávez Félix, se impusieron de manera ilegal como, presidente, secretario y tesorero respectivamente, mediante dos ilegales convocatorias para realizar una Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Cooperativa denominada “Auto-Transporte Público de Pasajeros de la Villa San Carlos”, S.C.L, en la misma fecha, con solo seis socios, asamblea que no reunió los requisitos establecidos en las bases constitutivas, ni en la Ley de Sociedades Cooperativas, la cual fue protocolizada en la póliza número 3670, pasada ante la fe del Lic. Carlos Alberto Gómez Díaz Duran, Corredor Público número 2, con adscripción en Villahermosa, Tabasco.
Aquí viene lo bueno de la suciedad como operan los funcionarios de Movilidad. En dicha asamblea realizada bajo el agua se acordó de manera ilegal la admisión de las ciudadanas Isabel Cristina del Águila Sánchez, esposa del primo hermano del Secretario de Movilidad, y Flor María Torres Mondragón, como socias de la sociedad, así como Carlos Manuel Salvador Montero, “oferta” que se le había hecho al dirigente legal, pero que rechazó, porque hacerlo sería dañar a los propios socios.
Con lo que no contaban los funcionarios de la Secretaría de Movilidad, es que los socios se darían cuenta de la turbia maniobra, por lo que en el mes de septiembre del año pasado (2023), se presentó escrito de demanda de Juicio Ordinario Civil de Nulidad de Asamblea General Extraordinaria, ante el Juzgado Civil de Primera Instancia del Décimo Noveno Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad Pemex, Macuspana, donde se radicó el expediente 526/2023 contra la espuria asamblea, y en contra de Isabel Cristina del Águila Sánchez y Flor María Torres Mondragón y Carlos Manuel Salvador Montero, que no son socios.
El 26 de septiembre del 2023 se dictó auto de inicio en el Juzgado Civil de
Ciudad Pemex, donde en el párrafo de Medidas Cautelares, se acordó lo siguiente: “DECIMO…
c) Se gire oficio al encargado de la Secretaria de Movilidad del Estado de Tabasco, para los efectos de que cancele y/o detenga toda solicitud de cambio de directiva de la sociedad Cooperativa denominada Auto Transportes Públicos de Pasajeros de la Villa San Carlos, S.C.L”; por lo que mediante oficio 3326 de fecha 11 de octubre del año pasado, se le notificó a la citada dependencia según consta con el sello de recibido de la misma fecha la orden del juez, para que cancele y/o detenga todo solicitud de cambio de directiva de la Sociedad Cooperativa “Auto Transportes Públicos de Pasajeros de la Villa San Carlos, S.C.L, en especial para que los demandados José Alberto Jiménez Palomeque, Julio Cesar Félix Antonio y Víctor Manuel Chávez Félix no pudieran realizar ningún trámite hasta que no se resuelva el juicio.
Sin embargo, haciendo caso omiso a lo indicado por el juez de la causa, con fecha 30 de octubre, la Secretaria de Movilidad del Estado de Tabasco, emitió el oficio número SM/0242/2023, folio 4507/2023, donde le notifica a José Alberto Jiménez Palomeque, que técnicamente es factible otorgar a empresa Auto Transporte Público de Pasajeros de La Villa San Carlos", S.C.L., con número de permiso 1169, la (fase I) del incremento de dieciséis (16) unidades tipo Van de modelos recientes en la ruta foránea de primera clase, villa Benito-Juárez-Monte Largo-Villahermosa (por el Portón) y viceversa, para la prestación del servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros, esto a pesar de que estaba vigente las Medidas Cautelares, otorgado por el Juzgado Civil de Primera Instancia con sede en Ciudad Pemex, Macuspana.
En diciembre de 2023 los socios observaron que en la carretera a la villa Benito Juárez Macuspana, circularon varias unidades tipo Van, de transporte público de pasajeros, con los colores y logotipo de la Cooperativa “Auto Transportes Públicos de Pasajeros de la Villa San Carlos, S.C.L., con números económicos a partir del 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50, sin placas de circulación, manejado por persona extrañas a esa cooperativa, por lo que comenzaron a investigar y se enteraron que los demandados ante el Juzgado Civil de ciudad d Pemex, vociferaban que estaban listos para poner a circular 16 unidades tipo Van en el mes de enero de 2024, porque la Secretaría de Movilidad les había autorizado un incremento, a pesar de existir una medida cautelar vigente otorgado por el Juez Civil de Primera Instancia.
Dichas concesiones fueron otorgadas ilegalmente en la fase I por el secretario de Movilidad, Chicho Oropeza, toda vez que con ello estaba beneficiando a Isabel Cristina del Aguila Sánchez esposa de Alfredo Oropeza Priego don domicilio en Jalapa, Tabasco, señora que fue incluida como socia de la Cooperativa “Auto Transportes Públicos de Pasajeros de la Villa San Carlos, S.C.L, con lo que el funcionario público estaría cometiendo el delito de nepotismo, al beneficiar a un familiar directo.
En la ilegal acta de sesión que los socios cooperativistas tienen impugnado ante el Juez Civil De Primera Instancia del Décimo Noveno Distrito Judicial Del Estado, con sede en Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco, no se cumple con el dictamen técnico correspondiente y los requisitos señalados en la Ley de Movilidad y su reglamento y mucho menos se establece haber publicado en la convocatoria la ampliación de los incrementos para que otros socios y concesionarios de villa Benito Juárez y ciudad Pemex, Macuspana, hayan sido invitados a dicha ampliación del servicio público, lo que es una completa ilegalidad ya que si en el mes de mayo de 2023, el Presidente del Consejo de Administración José Isabel Salvador Feria, ya había solicitado el incremento de 10 unidades para cubrir la demanda del servicio público, la cual se le negó por las causas arriba expuestas, porque querían embarcarlo en un acto de corrupción al cual se negó, resulta extraño que cinco meses después, cuando Isabel Cristina del Águila Sánchez, esposa de Alfredo Oropeza Priego, primo hermano de Chicho Oropeza es incluida como socia por la espuria dirigencia de la Cooperativa “Auto Transportes Públicos de Pasajeros de la Villa San Carlos, S.C.L, en julio de 2023 se les incremente 16 unidades, haciendo el estudio técnico el ingeniero, Eduardo Hernández Rodríguez quien es el encargado de manipular el estudio técnico con el visto bueno del secretario pues el documento donde se incrementan las concesiones tiene estampada la firma de Chicho, cuando la Ley de Movilidad del Estado de Tabasco prohíbe que participen en los otorgamientos de concesiones o permisos, los familiares de los titulares ya que se comete el delito de tráfico de influencias, nepotismo y otros ilícitos.
Derivado de estas irregularidades, la dirigencia de los socios de la cooperativa presentó demanda ordinaria administrativa, en contra de la Secretaría de Movilidad y el titular de la misma, por la ilegal e infundada resolución administrativa emitida con fecha 30 de octubre del dos mil veintitrés (2023), mediante el oficio número SM/0242/2023, suscrito Narciso T. Oropeza Andrade (Chicho Oropeza), en su calidad de titular de la Secretaría de Movilidad, que determina técnicamente factible otorgar 16 concesiones a la espuria dirigencia de la cooperativa que opera la ruta villa Benito Juárez-Monte Largo-Villahermosa, (por el portón) y viceversa, para la prestación del servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros, así como todos los puntos y determinaciones contenidos en dicho oficio impugnado.
La demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco radicado con el número de expediente 052/2024-S2, sigue su curso y ya fue emplazada la Secretaría de Movilidad ya fue emplazada, pero a pesar de que está impugnada, a Chicho Oropeza le vale sorbete, por no decir que le vale madre las autoridades, ordenando seguir con la fase dos, que es otorgar las placas para que las 16 unidades ilegales ya puedan circular, a pesar que saben que están realizando una ilegalidad.
¿será que Chicho Oropeza está confiado que desde el Senado de la República, Adán Augusto López Hernández, conminará al gobernador electo, Javier May, para que en caso que se descubran sus actos de corrupción en Semovi no se proceda legalmente en su contra?. Ya veremos dijo un ciego, mientras lo llevaban jalando.
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