FRENA CORTE ANTIDEMOCRACIA PRESIDENCIAL

 

Por considerar que existieron claras violaciones al proceso legislativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió anular la totalidad de la primera parte de la reforma electoral llamado plan “B” del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien sin duda en sus mañaneras lanzará denuestos e improperios en contra de los ministros por haber echado abajo la citada reforma. 

Fue el ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, quien presentó su proyecto en el que argumentó que en la aprobación de la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se violaron los artículos 71 y 72 de la Constitución Mexicana, esto es, que el Congreso federal se “saltó” un procedimiento legislativo ordinario, con lo que se transgredió el principio de deliberación democrática, a lo que se sumó la ministra Margarita Ríos Farjat al señalar que “estoy en el sentido del proyecto” al abrir la ronda de discusión del Pleno, dejando en claro que: “esta Suprema Corte está para servir a la sociedad haciendo cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen”. “Como sucede con cualquier árbitro, nuestras decisiones gustarán a algunos y disgustarán a otros, celebro que eso sea posible porque da cuenta del fortalecido pluralismo de nuestra nación”, precisó.

En tanto que el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca en su razonamiento dijo que: “coincido con la propuesta”, dado que se dejaron de observar numerosas formalidades procedimentales, “en la Corte estamos llamados a garantizar el carácter representativo y democrático del orden legislativo”, remarcó.

Así, uno a uno, porque en total votaron nueve por la invalidez de la primera parte del plan “B” del presidente, el ministro Luis María Aguilar Morales, también se pronunció por la invalidez, “porque se actualizan diversas violaciones al proceso legislativo al vulnerar los artículos 71 y 72 de la Constitución, dado que no se observó el reglamento del Congreso. “Yo estoy de acuerdo con la propuesta de declarar la invalidez total del decreto impugnado porque se cuentan acreditadas múltiples irregularidades al procedimiento legislativo”, sostuvo.

 anotó.

Hasta el ministro Arturo Saldívar, quien durante el tiempo que presidió la presidencia de la Corte se había mostrado como un incondicional del presidente de la República, al razonar su voto, dijo que sí existieron violaciones al procedimiento legislativo que afectaron de manera terminante la deliberación de las normas que se están presentando, “en el caso concreto que estamos analizando me parece que sí existieron violaciones al procedimiento legislativo que afectaron gravemente y de manera determinante la deliberación democrática de las normas que se están impugnando”, refirió.

La postura de Saldívar al votar en contra de la primera parte del llamado plan “B” causó sorpresa, toda vez que siendo incondicional del inquilino de Palacio Nacional se creía que votaría en contra de la propuesta de Pérez Dayan, pero finalmente rectificó sumándose a los demás ministros, como sabiendo que la historia lo va a juzgar 

De la misma forma, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, también se sumó a favor del sentido del proyecto de invalidez, pues  “no se debe deliberar sobre aquello que no se conoce”, por lo que es evidente de que los legisladores no tuvieron tiempo para familiarizarse con la misma, ni menos aún para formarse una opinión informada que les permita participar en la deliberación parlamentaria, “en consecuencia, al encontrar que en el procedimiento legislativo se constataron dos vicios con un efecto invalidante, mi voto será por la propuesta de invalidez”, remarcó.

Los  ministros Jorge Pardo, Javier Laynez Potisek y la presidenta de la Corte,  Norma,  se sumaron al proyecto de invalidez que obtuvo como resultado que nueve votos fueran a favor de la anulación  y dos en contra, de las magistradas, Yasmín Esquivel-la plagiaria y de Loretta Ortiz.

Para que mejor se entienda este asunto, aquí les va: en el proyecto de invalidez el ministro Pérez Dayan establece que el Congreso Federal se saltó un procedimiento legislativo ordinario, con lo que se transgredió el principio de deliberación democrática, es decir,  Morena y sus aliados,  el PT y Partido Verde aprobaron las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en forma apresurada, sin que leyeran, ni conocieran de su contenido, violando con ello,  los artículos 71 y 72 de la Constitución General de la República. “La iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”, precisa en su proyecto de Pérez Dayán.

la anulación, y es que con la aprobación de ambas leyes se le daba vara alta al gobierno como a los servidores públicos a contratar publicidad en los medios de comunicación, sin que fueran supervisados, sin que tuvieran que rendirle cuentas a nadie, como también los servidores públicos podrían realizar labor de proselitismo sin renunciar a su cargos, sin que esto constituyera un delito a como está previsto en la legislación que quisieron sustituir, es decir, dos de las quejas, dos de las impugnaciones o procedimientos que siempre cuestionó López Obrador en su calidad de dirigente opositor al gobierno en turno, es que los acusaba de realizar proselitismo político para favorecer a los candidatos de su partido, como el utilizar en forma encubierta los recursos públicos con la misma finalidad, lo que los ponía en desventaja como oposición, pues bien, en un cambio de 180 grados por que ahora son gobierno,  esas impugnaciones que antes hacía AMLO es lo que se introdujo en las leyes de la primera parte de su reforma electoral que de haber quedad en firme y no fuera invalidado por la Corte, estaríamos viendo a los funcionarios de Morena realizar abiertamente proselitismo a favor de los candidatos de Morena, como estarían utilizando carretadas de dinero público para apoyar a esos mismos candidatos, sin que nadie les exigiera cuenta; así de fácil, el presidente de la República quería manga ancha para usar el dinero público y posicionar a los candidatos de su partido, algo que no podrán hacer abiertamente sus funcionarios públicos, so pena de ser castigados, aunque en forma encubierta sigan utilizando el dinero público para promocionarse como en el caso de la corcholatas presidenciales que nadie sabe de dónde sacan tanto dinero para promocionarse públicamente, utilizando espectaculares, bardas, trípticos, publicidad en medios de comunicación y redes sociales.

Si aun con las restricciones en la ley, los funcionarios públicos de Morena usan a discreción los recursos públicos para promocionarse como aspirantes a un cargo de elección popular como lo están haciendo los aspirantes presidenciales, ya se podrá imaginar usted lector, que hubieran pasado de aprobarse la primera parte de la reforma electoral, sin duda, los funcionarios tendrían a su disposición el dinero público para promocionar abiertamente y sin recato, como apoyarían  abiertamente a los candidatos de su partido, para que ganaran la elección constitucional.     

Con palabras precisas se puede decir, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha restablecido el Estado de Derecho en nuestro país como parte de uno de los tres poderes de la nación y con ello ha frenado el espíritu impositivo de un solo hombre, la actitud arcaica y retrógada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,  quien emulando a Luis XIV “El Estado soy yo” como parte del absolutismo francés, ha pretendido imponer su voluntad pues invocando al pueblo sostiene que “el presidente soy yo”, y por lo tanto “todo lo que ordeno se tiene que cumplir”, incluso el retornar al pasado, a ese pasado ominoso de los años 70´s cuando existía un solo partido de Estado, cuando solo ese partido ganaba las elecciones apabullando a los contrarios, pues el órgano electoral, que era el responsable de contabilizar los votos, estaba en las manos del gobierno que se convertía en juez y parte de un proceso electoral, pero ese pasado ominoso no tendrá razón de ser con la anulación del plan “B” que da paso al plan “C”.

Con su arcaica reforma electoral o plan “B” el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pretendía desmantelar al Instituto Nacional Electoral (INE), alegando que era exorbitante el presupuesto que tiene para realizar las elecciones y que por lo tanto tenía que aplicarse la falsa austeridad republicana, esa austeridad que invoca para la mayoría de la población, pero que no lo aplica en sus hijos que se dan vida de reyes, viajando por el mundo, hospedándose en los mejores hoteles, jugando al golf con sus amigos fifís, acudiendo a los centros de diversión más caros, a los partidos de beisbol a Estados Unidos, a los  restaurantes más caros, en fin, gozando de todos los privilegios que otorga la envestidura presidencial, nada alejado de lo que hacía  los hijos de los otros ex-presidentes. Para los hijos de AMLO no aplica la austeridad republicana.

En cuanto la Suprema Corte anuló la primera parte del llamado plan “B” de López Obrador, varios funcionarios de Morena, entre ellos el secretario de Gobernación,  Adán Augusto López, Hernández, abrogándose el derecho de ser los representantes del pueblo y que pueden hablar a nombre del pueblo, acusaron que los ministros de la Corte traicionaron al pueblo, cuando lo que hicieron fue hacer valer la ley, esa ley que es ninguneada desde la presidencia de la República por López Obrador cuando expresó en una de sus mañaneras que “no me vengan con  que la ley es la ley” en clara alusión a que podía pasar por encima de los ordenamientos legales en su calidad de presidente y que  no pasa nada.

Sin duda la acción de los ministros de la Corte al anular la primera parte del plan “B” irá más allá cuando les toque revisar la segunda parte de las reformas que fueron impugnadas, pero  que también fueron aprobadas al vapor por los legisladores de Morena que ni siquiera leyeron el dictamen, ya que la orden presidencial fue de que lo aprobarán de inmediato, sin realizarse ningún cambio, pues lo que se quería era desmantelar al INE para que el gobierno se hiciera cargo, de nueva cuenta, de las elecciones constitucionales para regresar a los años 70´s o 80´s donde de manera vertical el partido en el poder decidía quienes eran sus candidatos a los diferentes cargos de elección popular, así fuera un perfecto desconocido, y esos mismos ganaban sin contratiempo la elección constitucional porque el gobierno era juez y parte en el proceso electoral.

Por lo demás, ya se sabe lo que vendrá en las mañaneras, el presidente López Obrador cuestionará, fustigara, acusará de todo, hasta de ser traidores a los ministros de la Corte por anular su plan maestro para restaurar la antidemocracia en nuestro país, y por traicionar al pueblo de México, aunque si bien es presidente de todos los mexicanos, no puede abrogarse el derecho de hablar por el pueblo, porque de ese pueblo, hay una buena parte, por no decir que la mayoría de millones de mexicanos que piensan diferente a AMLO, que cuestionan a su gobierno, porque consideran que está haciendo las cosas más, porque está desmantelando las instituciones públicas que llevaron decenas de años en construirse y que por esa falsa transformación que encabeza está atentando en contra de las instituciones públicas.