Con la aprobación de la iniciativa de Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tabasco y sus Municipios que ayer dio entrada el Congreso local y que sin duda lo aprobará, los ciudadanos de la entidad tendrán más y mejores elementos jurídicos para exigir una indemnización económica a los tres niveles de gobierno, ayuntamientos y organismos autónomos cuando sus funcionarios ocasionen un daño o perjuicio por su actividad administrativa irregular a cualquier persona.
Durante muchos años existió una férrea resistencia por parte de varias legislaturas y desde luego de los gobiernos estatales a no legislar para crear la ley reglamentaria sobre la Responsabilidad Patrimonial que aun estando establecida en la Constitución del estado, hacía difícil que cualquier ciudadano que había sido afectado en su persona o patrimonio por un servidor pública pudiera reclamar y ganar por la vía civil una indemnización económica como una especie de reparación por los daños ocasionados.
Y puede que haya sido entendible, pero no debió ser permisible que siete legislaturas hayan pasado, si contamos desde el 2002 cuando esta ley fue aprobada por el Congreso Federal, y no quisieron, ni pretendieron legislar sobre la materia a pesar de que en legislaturas diferentes varios legisladores locales presentaron sus iniciativas de ley y los hicieron a un lado, porque eso representaría una fuga importante de recursos económicos de cualquiera de los niveles de gobierno, dado que los servidores públicos son proclives a cometer ilícitos o irregularidades sin ser castigados, y al ser demandados tendrían que indemnizar económicamente al demandante.
Y en esta LXIV legislatura tampoco se hubiese aprobado esta Ley de Responsabilidad Patrimonial a pesar de que la legisladora priista Soraya Pérez ya había presentado el año pasado una iniciativa, que sin duda quedaría en el limbo, sino fuera porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso al Congreso local contra la pared, luego de que el ciudadano Antonio Sánchez Domínguez que promovió el amparo indirecto 1110/2018-ll-11 ante el Juzgado Primero de Distrito el 11 de julio de 2018 por la omisión de los diputados para legislar y aprobar esa ley, ganó en todas las instancias y por eso esta legislatura fue conminada a cumplir con una disposición legal, que en caso de poner resistencia para no cumplir, los estaría poniendo al borde del abismo pues todos los legisladores podrían ser removidos por la Corte para llamar a sus suplentes a asumir el cargo y cumplir con dicha disposición.
También merece una atención especial el abogado Rafael Sánchez Sánchez, quien promovió el amparo indirecto del ciudadano Antonio Sánchez Domínguez y estuvo pendiente de todo el litigio porque desde luego que hubo resistencia de la legislatura pasada que encabezó Beatriz Milland y de la actual que se defendieron y se fueron hasta la última instancia para echar abajo ese amparo que los perjudicaba, llegando el asunto hasta la Corte donde se ratificó la decisión asumida del Juez Primero de Distrito de amparar el quejo y de establecer los tiempos para el cumplimiento de legislar para aprobar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tabasco y sus Municipios que se quiere adjudicar el gobernador Carlos Manuel Merino como uno de sus logros al enviar su iniciativa al Congreso que ayer miércoles le dio entrada, porque dice que su mayor compromiso es con Tabasco y los tabasqueños a los cuales les está procurando siempre su bienestar, cuando debió actuar con prudencia y humildad, al reconocer que le tuvieron que ganar al actual Congreso local un amparo indirecto mediante el cual están obligados a aprobar la Ley de Responsabilidad Administrativa del Estado de Tabasco y sus Municipios, que tendrán que aprobar en unos días para inmediatamente darle vista al Juez Primero de Distrito con sede en Villahermosa de que ya cumplieron con el mandato.
Se imaginan ustedes mis lectores, si en las precarias condiciones en que se encuentran las finanzas públicas estatales, con préstamos bancarios a pagar por más de tres mil millones de pesos, y las arcas de los ayuntamientos vacías cuyos alcaldes están solicitando al Congreso les permita contraer deuda pública por medio de empréstitos bancarios, si les convenía presentar y aprobar esta Ley de Responsabilidad Patrimonial, que los sangrará económicamente.
Como no estaban dispuestos los legisladores locales a aprobar esa ley, es por lo que mostraron resistencia y buscaron la nulidad del amparo, pero no pudieron hacer más cosas, por lo que prácticamente el juzgador los conminó a presentar una iniciativa y aprobarla para que Tabasco cuente con esa nueva ley.
Los legisladores también debían reconocer públicamente que si fuera por ello esa Ley de Responsabilidad Administrativa no sería aprobada, porque la diputada priista Soraya Pérez había presentado una iniciativa el año pasado que prácticamente tenían en la congeladora y que gracias a este amparo indirecto la población contará con otra herramienta para que cuando sean agraviados por servidores público con su conducta irregular, los demandan para exigir una indemnización económica.
OJITOS
Después del “engallamiento” en Sonora, del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien promovió la Revocación de Mandato ahora tendrá que enfrentarse a las consecuencias de sus actos.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una denuncia por corrupción, peculado, cohecho, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias, por la utilización de recursos en actividades ajenas al interés público, en beneficio de particulares y del partido político Morena.
El dirigente nacional del partido del Sol Azteca, Jesús Zambrano, señaló que dentro de los denunciados están incluidos el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; el gobernador de Tabasco, Carlos Merino Campos; el de Sonora, Alfonso Durazo; el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, entre otros, "para que investigue a fondo, que no le tiemble la mano, así sea el presidente de la República, así sea el secretario de Gobernación, el titular gobernante de la Guardia Nacional, el gobernador de Sonora, el de Tabasco y los líderes de Morena, tanto nacional como estatales, los que son denunciados en estos hechos, la ley debe cumplirse por todos, y aquí en este caso concreto, el secretario de la Función Pública está obligado a responder con su responsabilidad".
Igualmente, el PRD dio a conocer que se presentó ante el INE una denuncia similar, para que la Comisión de Quejas y Denuncias investigue presuntos delitos electorales.
Por su parte, el representante de ese partido ante el órgano electoral, Ángel Ávila, apuntó que el dirigente nacional de Morena usó el avión de la Guardia Nacional para realizar actividades político-electorales, "Mario Delgado utilizó un avión del gobierno para realizar actividades político-electorales. Hoy estamos viendo que en materia electoral de Revocación de Mandato, hubo una doble ilegalidad, primero, porque los funcionarios públicos no pueden promover la Revocación de Mandato, eso está en la Ley de Revocación de Mandato y está en las resoluciones, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como de resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral, entonces los funcionarios no pueden promover la Revocación de Mandato; y en segundo lugar, decir que en la utilización de recursos públicos, es al mismo tiempo, una violación penal-electoral que se tiene que investigar, es peculado, es desvío de recursos".
VISORCITO
El diputado local, Fabian Granier Calles pidió expulsión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para los legisladores que voten a favor de la reforma Eléctrica propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
El pasado lunes, con el voto en contra de la oposición, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobó la opinión en sentido favorable a la propuesta de Reforma Eléctrica del Ejecutivo Federal y a la iniciativa de la priista Carolina Viggiano para reconocer en la Constitución el derecho a la energía eléctrica. “No tengo datos de quién podría sumarse a la reforma eléctrica del presidente, no tengo idea, pero de ser así, sería meritorio la expulsión” preciso Granier Calles.
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