APLICA VIOLENCIA DE GENERO EL IEPCT

 

OJO VISOR

Jacinto López Cruz

Jaclop62@hotmail.com

 

Luego de que en marzo de 2019 en forma arbitraria, violando sus derechos humanos y laborales, justo cuando estaba embarazada fuera despojada de su plaza de confianza (de base) en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y después de 28 meses de firmar contratos, Ana Karina Paz Tárano fue despedida otra vez en forma arbitraria del cargo de tesorera, por funcionarios del órgano electoral que cometieron violencia de género, sin que sean castigados dada la complicidad de la ex-presidenta, Maday Merino y del Secretario Ejecutivo, Armando Antonio Rodríguez, que encubrieron este hecho.

Mientras que hacia afuera estos soberbios funcionarios del Instituto Electoral se jactan de aplicar la ley de violencia política en razón de género a políticos y periodistas porque se dicen respetuosos de la ley, hacia adentro han mantenido un cochinero violando los derechos laborales y humanos de las trabajadoras a quienes por medio de la coacción y la violencia verbal las han obligado a renunciar a sus plazas, y aunque después de ser demandados han tenido que pagar las liquidaciones sin interesarles dañar el patrimonio y presupuesto del instituto, queda demostrado que los principales violadores de la ley de violencia política en razón de género nadie les gana.

Ana Karina Paz Tárano, después de haber sufrido vejaciones, amenazas verbales, malos tratos y discriminación, después de haber ejercido el cargo de tesorera, que es la responsable del manejo de los recursos públicos del órgano electoral decidió denunciarlos públicamente a la vez que presentó su demanda laboral, por lo que ya se celebró una audiencia a la cual no asistieron los representantes jurídicos del Instituto con lo que demuestran, que son intocables y que pueden violar las leyes a conveniencia, eso sí hacia afuera se muestran muy rectos, aunque la suciedad les carcoma las entrañas.        

Desde que en marzo de 2019 en forma ilegal le fue quitada su plaza de base, y a pesar de sufrir violencia de género al interior del instituto, trató por las buenas de que le regresaran su base, por lo que después de 28 meses de firmar contratos que les lo que le ofrecieron para apaciguarla, ahora que fue despedida decidió no quedarse callada y denunciar la evidente arbitrariedad y complicidad de la cual no se salvan algunos consejeros.

El 17 de diciembre de 2020 Ana Karina Paz Tárano envió un escrito al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, Armando Antonio Rodríguez Córdova para resolver su situación laboral y como respuesta solo encontró el silencio cómplice de la violencia que ejercieron en su contra: “Por este medio, quien suscribe, la C. Ana Karina Paz Tárano, solicito a Usted su respaldo para llevar a cabo las gestiones que corresponden para que de conforme al Oficio No. CG/572/2018 de fecha 31 de julio de 2018, signado por el Mtro. Miguel Armando Vélez Tellez, Contralor General en ese tiempo, se me reconozca la asignación de la categoría Auxiliar de Area con carácter de permanente, a partir del 1 de agosto siguiente de 2018. Plaza que antes ocupó la C. Lic. Azalea Galera Izquierdo, igual con adscripción a la Contraloría General.

Mi formal incorporación al personal de base en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco consta además en el documento original de nombramiento de personal alta con folio 328, de fecha 2 de agosto de 2018, así como en la Coordinación de Recursos Humanos que en sus archivos debe conservar los recibos de nómina originales expedidos por mis percepciones salariales; en la Póliza No. 23301-931561781, Certificado Individual de Seguro de Grupo Vida-Auto-Administrativo de fecha 09 de octubre de 2018; y en la hoja de afiliación al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco con cuenta 174884  (plaza de confianza) de fecha 20 de septiembre de 2018.

Documentos en mención de los que poseo copia original que me amparan, de los cuales anexo a este presente escrito las copias fotostáticas, como evidencia de mi adscripción.

Sin embargo, violando mis derechos humanos y laborales como funcionaria del Instituto, con 6 meses de un embarazo de alto riesgo, se me despojó de mi plaza mediante una hoja de movimientos de personal bajas con folio 323, sin que se me hubiese notificado de manera escrita, por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración, ni de la Coordinación de Recursos Humanos.

Ante esta arbitrariedad sostuve un diálogo verbal con el Lic. Roberto Félix López (q.e.p.d.) quien fungía como Secretario Ejecutivo en ese tiempo, manifestándole mi situación en la irregular remoción de mi plaza de confianza y en estado de gestación.

Le expuse que no presentaría demanda legal aun cuando por ley me correspondía, principalmente por lealtad a esta noble institución. No ha sido mi intención dañar la imagen, aun menos porque una de sus líneas de acción ha sido el “movimiento de combatir a la violencia política y laboral de género” de la que fue vulnerada mi persona.

Solicité por los motivos expuestos que no se procediera la emisión de distinto oficios de denuncia por parte de la Contraloría General contra de la Dirección Ejecutiva de Administración; teniendo que firmar para ello una renuncia bajo coerción de fecha 28 de marzo de 2019, situación que me puso en una amenaza de aborto, consignada en la nota de evolución de especialidades del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (anexa también al presente escrito) con fechada el 14 de mayo de 2019.

Cabe mencionar que fueron violados mis derechos humanos y laborales al despojarme de la plaza permanente, sin tener en cuenta el antecedente de mi historial contractual eventual precedente, incluso de anteriores procesos electorales y la calificación de mi desempeño en el área de adscripción.

El Instituto solo me ofreció como un presunto resarcimiento de daño la contratación otra vez de manera eventual, contando a partir del 1 de abril del año 2019 a la fecha, con promesas de ser considerada para reincorporarme a mi plaza de confianza, que han sido engaños y falsas esperanzas, cuando el trabajo que he desempeñado en las distintas áreas del instituto ha sido de un expediente limpio, aportando con el ejercicio profesional universitario en el grado de Licenciatura en Administración.

Apelo a su carácter justo en defensa de quienes como usted tenemos una trayectoria pulcra y nos hemos comprometidos con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Solo solicito lo que conforme a derecho me corresponde, no más pero tampoco menos en la situación de incertidumbre en la que estoy en este momento, confió en que se reivindiquen mi estatus, mi actitud como valor humano ha sido de conciliar y aportar mis conocimientos a este organismo. Quedó a su disposición en lo que tenga a bien requerirme para el propósito aquí expuesto”, como respuesta obtuvo el silencio cómplice.

El seis de enero de 2021 Ana Karina Paz Tárano envió  un escrito a la consejera electoral María Elvia Magaña, titular de la Comisión de Género para pedirle su intervención por la violencia política y laboral de género que había sufrido en estado de gravidez y otra vez encontró el silencio sepulcral que evidencia la complicidad: , “por este medio, quien suscribe, la C. Ana Karina Paz Tárano, adjunto a Usted copia de mi expediente laboral con documentación soporte, que ampara la “violencia política y laboral de género” que sufrí en estado de gravidez, violando mis derechos humanos y laborales, al despojarme de mi plaza permanente y que para resarcirme el daño; me ofrecieron contratación eventual a partir del 1 de abril del año 2019 a la fecha. Lo anterior para su conocimiento y lo conducente, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida”.

El 2 de agosto presentó una queja ante el Organo Interno de Control (Contraloría) a cargo de Gabriela Tello Maglioni que a la letra dice: “….vengo a presentar una queja ante este Organo Interno de Control que usted preside por las siguientes situaciones:

Primero.- Que invocando el acuerdo de racionalidad, austeridad, y disciplina presupuestaria  número CE/2021/17 el C. LCPyF. Juan Manuel Segura Guzmán, Director Ejecutivo de Administración del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, mediante oficio D.E.A. 166/2021 y en un contexto poco claro del documento, sin fundamento legal sin una sintaxis en el orden de ideas y alejado de mis responsabilidades asignadas en el manejo de valores del Instituto, así como dela protección de mis derechos laborales y humanos, me establece de forma violenta al final del documento entregue los valores asignados a mi responsabilidad sin el debido cumplimiento de los procesos de entrega recepción y con la violación a mis derechos humanos correspondientes.

Segundo.- Mediante escrito de fecha 30 de julio de 2021dirigido al LCPyF Juan Manuel Segura Guzmán, solicite la definición de mi situación laboral ya que el LCP David Roberto Marín Isidro, Coordinador de Recursos Financieros del Instituto y jefe inmediato, en constante acoso laboral y por no prestarme a sus intereses personales, me había manifestado en reiteradas ocasiones que me iba a correr y que pondría en mi lugar a otra persona a modo.

No omito manifestar que el LCP David Roberto Marín Isidro, ha colocado en este Proceso Electoral Local 2020-2021 a familiares directos de primera línea en la nómina y les ha modificado la categoría de forma discrecional para un mayor beneficio de forma personal las liquidaciones y finiquitos, todo esto violentando el Manual de Normas Presupuestarias y Administración Para el Control del Ejercicio Presupuestal y causando daño al patrimonio del Instituto Electoral.

De igual forma manifiesto que fue evidente y por todos conocido que se contrató personal eventual con distintas categorías, las cuales nunca asistieron a trabajar (aviadores), al menos algunos detectables en la Coordinación de Recursos Financieros en donde estaban adscritos, incluyendo en el último mes de julio del término del proceso electoral a la C. Elizabeth Ruiz Martínez (adscrita a la Coordinación de Recursos Financieros), hermana de la esposa del LCP David Roberto Marín Isidro (cuñada) y a su hija la C. Denisse Marín Isidro (adscrita en Secretaria Ejecutiva), todo esto en complicidad del LCPyF Juan Manuel Segura Guzmán.

Tercero.- La presente queja va en razón de la discriminación que me han hecho, ya que esta se configura cuando una persona no puede ser tratada o pueda disfrutar de los Derechos Humanos o de otros derechos legales en condiciones de igualdad con otras personas, debido a una política presupuestal injustificada, que se establece en las condiciones laborales de e hecho no de derecho del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en donde laboralmente si tu no perteneces a los clanes familiares de los CC. LCP. David Roberto Marín Isidro y el LCPyF. Juan Manuel Segura Guzmán, de los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva y demás funcionarios, no puedes tener derechos laborales y en condiciones de igualdad como los familiares de los antes mencionados.

No omito manifestar, que en este despido injustificado del cual soy objeto, me establecen que yo soy trabajadora eventual del Proceso Electoral Local 2020-2021cuando no es así, ya que me encuentro laborando desde el 01 de agosto del año 2018 y que tenía una plaza de confianza, la cual me fue removida en marzo de 2019 sin causa justificada estando embarazada y desde entonces a la fecha tengo 28 meses firmando contratos ininterrumpidos de trabajo, hechos que constan en documentos originales bajo mi poder y en mi expediente único en la Coordinación de Recursos Humanos, sin embargo, por segunda ocasión vuelven a violentar mis derechos humanos y laborales.

Así mismo manifiesto también, que han conocido de mi situación laboral desde el extinto Maestro Roberto Félix López, hasta el actual Secretario Ejecutivo de este instituto, de forma verbal y por escrito. Donde le he solicitado que se me reconozcan mis derechos laborales y que se me regrese mi plaza. A lo que me han manifestado siempre de forma imperativa: “Que yo Demande” aunque causen ellos, los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva un daño patrimonial al Instituto por la omisión de atender de fondo las situaciones laborales de los empleados del Instituto, no olvidando que esta administración es quien mas Laudos laborales ha tenido que pagar por sus imprudencias y falta de una política correcta de atención a los RECURSOS HUMANOS Y SUS DERECHOD LABORALES.

ULTIMO.- Por todo lo anterior, y con el debido respeto, solicito me tenga por presentada esta queja, y sea corroborado lo aquí manifestado conforme a las nóminas, expedientes de personal y contratos que obran en la Coordinación de Recursos Humanos del instituto que son prueba plena de lo que manifiesto”, nuevamente el silencio de la Contralora Gabriela Tello que evidencia su complicidad, porque si eso hicieron con una trabajadora (tesorera) que no han hecho con otras trabajadoras de menor categoría.