FOCOS ROJOS EN SEGURIDAD

OJO VISOR

Jacinto López Cruz

Jaclop62@hotmail.com

La masacre en contra de ciudadanos perpetrada en Minatitlán, Veracruz, y que conmocionó a la opinión pública del país y el extranjero, debe acelerar el despliegue de la Guardia Nacional, en la que el gobierno de la República tiene cifrada sus esperanzas para poder bajar los índices delictivos en el país, como un claro mensaje de confianza de que si se podrá combatir a la alta delincuencia, porque en la medida que avanzan los meses, en vez de disminuir los índices delictivos más se incrementan, lo cual resulta preocupante.

Al gobierno federal y en especial al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien comienzan a reclamarle en forma airada de que no está haciendo nada en materia de seguridad, debe de reaccionar de inmediato para tomar medidas drásticas que permitan mandar mensajes de tranquilidad a la población mexicana, de que se actuará en lo inmediato, de que habrán resultados concretos porque no es cosa menor lo que sucedió en el vecino estado de Veracruz, en un municipio que colinda con Tabasco, es un hecho dantesco, es una masacre de gente inocente que debe de encender los focos rojos en nuestro estado, para que se despliegue todas las medidas de seguridad con la finalidad de evitar que se presente un hecho de esta naturaleza, que es impredecible, por la forma sorpresiva en que actúan los delincuentes, pero precisamente por eso, todas las “antenas” deben estar bien paradas para detectar cual acción criminal que pudiera presentar, aunque no somos ajenos a los ajustes de cuentas que no ha parado por toda la entidad.

El Estado Mexicano como tal está obligado a como lo marca la Constitución General de la República, a ser garante de la seguridad, la paz, y la  tranquilidad de los ciudadanos mexicanos y por esa razón, se espera que haya una reacción inmediata del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ante un hecho dantesco de esta naturaleza, y con justificado temor, líderes de opinión y ciudadanos lo critican con dureza, que habiendo un gobierno federal de Morena, un gobernador de Morena, y un presidente municipal (Minatitlán) del mismo partido, muestren su incapacidad para brindar seguridad a la población, y se presenten escenas espeluznantes de una barbarie que no debió presentarse, y que causó conmoción a nivel nacional e internacional.

No se trata de sumarnos a la campaña del odio o de denostación en contra del presidente de la República, que cierto, lleva unos meses al frente de la Nación como para que los resultados en materia de seguridad se vean con claridad, pero una cosa si ha quedado en claro, que los delincuentes no entienden de abrazos sino de balazos por eso se han incrementado los índices delictivos y bajo esas circunstancias, esperemos que Andrés Manuel López Obrador fije una postura firme y decidida, mientras se despliega la Guardia Nacional por todo el país, en la que se tienen cifradas las esperanzas de que combatirá a la delincuencia para bajar los índices delictivos,  para que la población recobre la credibilidad en las instituciones públicas una vez que vean buenos resultados, porque después de lo que sucedió este fin se semana, en Minatitlán, Veracruz, deben tomarse de inmediato decisiones firmes sobre lo que se hará en materia de seguridad para evitar que en lo sucesivo se presenten más hechos delictivos de esta naturaleza que a cualquier ciudadano le pone los pelos de punta, porque ya no se podrán hacer reuniones sociales, o solo bajo la consabida zozobra de que algo delicado puede pasar, pues en cualquier momento, sin deberlas o temerlas pueden ser acatados por grupos delictivos.

Ya no es el momento de echarle culpas al pasado, de que todo quedó descompuesto, putrefacto, sino que ya es hora de actuar como autoridad, de demostrar que se tiene una visión clara sobre la radiografía delictiva que existe en todo el país, porque el tiempo apremia, porque mientras se dice que se implementarán estrategias de seguridad para bajar los índices delictivos, los grupos delincuenciales siguen retando al Estado Mexicano, quieren debilitarlo, quieren verlo en ruinas, y eso no se debe permitir, por eso el presidente de la República debe enfocar sus baterías en torno a lo que se hará a la voz de ya para que en un tiempo perentorio comiencen a  verse los buenos resultados que permitan que la población mexicana recobre la tranquilidad.

En el mismo tenor, lo que sucedió en Minatlitlán, es un aviso para las autoridades de Tabasco, también emanado de Morena, para que enciendan los focos rojos y se trabaje a toda intensidad en el programa de seguridad para qué  comience a verse resultados en los índices delincuenciales como secuestro, robos, asaltos, extorsión y todo lo que tiene que ver con la alta delincuencia, como las ejecuciones que cotidianamente se presentan, como el hecho de sangre que ayer se perpetró en Comalcalco, donde dos mujeres fueron “rafagueadas” mientras estaban a bordo de una camioneta y dos infantes que estaban en el mismo vehículo sobrevivieron al ataque. 

Mientras se concreta el robustecimiento de la Guardia Nacional, en la que el gobierno federal y estatal tienen cifradas sus esperanzas de que logrará bajar los índices delictivos-ojalá que así sea-, algo se tiene que hacer en materia de seguridad para comenzar a bajar esos índices delincuenciales que están golpeando al gobierno federal y al estatal, porque pareciera que la delincuencia va delante de las acciones de gobierno.

Por cierto, desde otra perspectiva independientemente de la implementación de la Guardia Nacional por todo el país, a la par se tienen que depurar los otros cuerpos policiacos que están muy contaminados o infiltrados, porque la guardia por si misma, no tendrá todos los alcances para combatir a fondo la delincuencia, que no vaya a pasar lo mismo con la Gendarmería creada en el gobierno de Felipe Calderón, que se vendió como la panacea para combatir la delincuencia pero a los estados que llegaron se toparon con pared, que los mismos cuerpos policiacos protegían a los delincuentes, por lo que la Gendarmería se fue degradando al no dar buenos resultados, ojalá que la Guardia Nacional si cumpla con los objetivos de su creación, porque la población exige una haya seguridad.

                                      OJITOS  

 El vicecoordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Mario Ramos Hernández, puso el dedo en la llaga al denunciar que el grupo de logística del Congreso local se ha tomado atribuciones o alguien se las confirió de manera extralegal, ya que están permitiendo el acceso de las personas al parlamento, quienes tienen la necesidad de realizar algún trámite o van en busca del legislador de su distrito para plantearles algún problema y que los puedan ayudar. 

Dijo que los elementos de logística del Congreso actúan en forma prepotente, están muy alzados, “se pone su chícharo, su traje y no hay kriptonita que los pueda vencer", por lo que al impedir el paso de las personas impiden que tengan contacto con los legisladores, a quienes llegan a solicitar ayuda.

Precisó que problema lo tratará en tribuna, porque no sabe si hay una orden de alguien para que actúen de esta manera, cerrándole el paso a las personas cuando la Cámara de Diputados debe tener acceso libre o si el personal de logística está actuando por su propia cuenta.

¿Qué será lo que pasa en el Congreso?, ¿basado en que ordenamiento legal impiden el paso de los ciudadanos, si el recinto legislativo es de todos’, ¿acaso hay legisladores que ahora si se molestan que sus electores lleguen hasta sus curules a solicitarles apoyo, cuando en campaña les prometieron las perlas de la virgen y que no le fallarían porque tendrían atención?.

A la ciudadanía no se les debe impedir el paso al recinto legislativo porque sería una ilegalidad de quien lo haya ordenado, esperemos que no sea una jalada más de la presidenta de la Junta de Coordinación Política que tiene la piel sensible, que no le gusta que la llenen de sudor, ni de que se le acerquen los ciudadanos, porque esto sería ir en contra de los principios ideológicos del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, aunque a estas alturas ya no se extrañaría que la orden provenga de Beatriz Milland, que está escasa de sentido común y de sensibilidad política.

                                         VISORCITO 

EL Poder Judicial continúa el programa de formación de su personal y robusteció la capacitación sobre el sistema de justicia penal acusatorio adversarial, a instancias del presidente de la institución, Enrique Priego Oropeza, al impartir el curso de actualización sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal, que estuvo a cargo de Víctor Manuel Nava Casarrubias, juez de ejecución de sanciones penales de Guerrero.

Nava Casarrubias es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, especialista en justicia para adolescentes y el sistema penal acusatorio y oral, aseveró que uno de los temas que cobran mayor relevancia actualmente es la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, que debe ir en igualdad de circunstancias que los de una víctima u ofendido, y que estos deben ser garantizados por el Estado mexicano, ya que, de lo contrario, las autoridades pueden incurrir en responsabilidades.

Antes jueces penales, magistrados del Tribunal Superior de Justicia y consejeros de la Judicatura con quienes compartió sus conocimientos en la Centro de Especialización Judicial, el doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y el Estado refirió que el sistema de ejecución de sentencias busca reconocer la naturaleza de las personas privadas de la libertad en su condición humana, y por ello el Estado se convierte en garante de sus derechos, los cuales debe hacer valer y atenderlos.

Víctor Manuel Nava sostuvo que los jueces de ejecución deben especializarse en este tema y conocer como mínimo diez de los tratados internaciones que hacen referencia a las personas privadas de la libertad, entre ellos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, y el Conjunto de Principios para las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.

Asimismo, deben tener conocimiento del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de Libertad (conocidas también como Reglas de Tokio) y las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok).

El maestro en Derecho Penal y Sistema Acusatorio Adversarial por el Instituto Internacional del Derecho y el Estado, y en Ejecución de Penas y Derecho Penitenciario por las universidades de Barcelona y para la Cooperación Internacional, de Costa Rica, comentó que existe la complejidad de que cualquier persona privada de la libertad puede hacer valer cualquier derecho que contengan estos tratados internacionales que marcan requisitos mínimos de vida en el internamiento, lo que ha llegado a plasmarse en una resolución de juez de ejecución, e incluso en apelaciones en segunda instancia y en amparos.