CARCEL A EX-EDILES CORRUPTOS

Con la reprobación en Comisiones de seis cuentas públicas del ejercicio fiscal 2017 correspondiente a los municipios de Macuspana, Teapa, Centla, Cárdenas, Nacajuca y Paraíso, el Congreso del Estado conformado en su mayoría por legisladores de Morena, están dejando en claro que actuarán con seriedad en los ayuntamientos donde los ex-ediles cometieron actos de corrupción y que les espera la cárcel como una medida ante las trapacerías que cometieron. Para conocer del estado que guardan las cuentas públicas de los ayuntamientos, ayer sesionaron las Comisiones Ordinarias Inspectoras de Hacienda, segunda y tercera, y por mayoría de votos decidieron reprobar las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2017 de los ex-alcaldes, José Eduardo Rovirosa Ramírez, mejor conocido como Cuco (Macuspana); Jorge Armando Cano Gómez, conocido como “Lord Silla” (Teapa); Gabriela del Carmen López Sanlucas, conocida como “Lady Cachonda” (Centla)}; Rafael Acosta León (Cárdenas); Francisco López Alvarez, conocido como El Mero Mocho, y Bernardo Barradas Ruiz (Paraíso), por lo que una vez que fueron reprobadas en Comisiones deberán bajarlas al Pleno de Sesiones del Congreso para que se confirme la reprobación o vaya en el sentido inverso de su aprobación, pero en este caso, la postura de la mayoría de los legisladores de extracción morenistas es que se tiene que combatir los actos de corrupción de las entidades públicas por lo que sin duda serán reprobadas el próximo jueves en la sesión pública, para que posteriormente se proceda a las sanciones que puede ser del orden penal o administrativo o ambas al mismo tiempo dependiendo de la gravedad que cometieron. En términos generales a los seis ex-presidentes municipales no les cuadraron sus cuentas públicas, no pudieron comprobar la forma en que ejercieron o gastaron varios millones de pesos del erario municipal, al, que tomaron como caja chica, como el haber dejados obras inconclusas o completamente pagadas que quedaron a medio terminar o de plano no se realizaron, lo que indica que contravinieron todas las disposiciones legales, y que a pesar de que les dieron el tiempo necesario para justificar o resolver todo lo que tenían mal, y ni así pudieron realizar las solventaciones, por lo que ahora están en un grave problema, pues seguramente serán denunciados penalmente y se proceda en contra de ellos. A la mayoría de los ex-ediles del trienio 2016-2018 les dio por convertir en su caja chica a la administración municipal, disponiendo a sus anchas de los recursos públicos sin medida, ni comprobación y sin que la anterior legislatura que encabezó José Antonio de la Vega Asmitia como presidente de la Junta de Coordinación Política les pusiera un dique de contención para frenar sus ambiciones desmedidas de enriquecimiento público, quienes wen forma infame creyeron que la correlación de fuerzas en el estado no cambiarían por lo que no pararon en sus actos de corrupción creyéndose intocables, pero parece que ya están marcados por el destino para sentar un precedente de que en la administración pública ningún funcionario debe meterle las uñas al presupuesto público sin que reciba la sanción correspondiente, por lo cual se considera, que los seis ex-alcalde son carne de presidio, pues irán a prisión. En su ambición desmedida de meterle la mano al presupuesto público los seis ex-ediles propiciaron un rompimiento y enfrentamiento con regidores de sus cabildos que los cuestionaron por el mal uso que le estaban dando a los recursos públicos, pero les valió un soberano cacahuate mantener esa discrepancia con varios regidores por lo que siguieron disponiendo a sus anchas del dinero público. Todos recordarán como el ex-alcalde de Teapa, Jorge Armando Cano Gómez, porque le estaban exigiendo cuentas claras, ocasionó un zafarrancho en el interior del ayuntamiento y hasta levantó una silla para golpear al regidor Jorge Luis González Mayo, pero fue detenido en su intento, y posteriormente esto devino en su expulsión del Partido Verde Ecologista de México que lo llevó a la presidencia municipal, porque este partido precisó que prefería perder a un edil antes de encubrir o tolerar actos de corrupción, es decir, Cano Gómez desde que llegó a la presidencia ya iba en pos del dinero oficial que ahora está disfrutando en Puebla a donde se fue a vivir y donde tiene negocios. En el caso del ex-presidente municipal de Macuspana, José Eduardo Rovirosa Ramírez, todos saben que llegó quebrado al ayuntamiento y que prestó dinero para su campaña, por lo que desde el primer año comenzó con sus prácticas de corrupción, al grado que se enfrentó a la mitad de los regidores que le exigían cuentas claras y precisas por el mal manejo de los recursos públicos que venía realizando, al grado que les falsificó las firmas para entregar sus cuentas públicas al Organo Superior de Fiscalización del Estado pues los regidores síndicos de Hacienda de Egresos e Ingresos rompieron su relación con él y hasta lo demandaron penalmente por falsificación de firmas y documentos oficiales. Ante este pleito las autoridades estatales y el propio Congreso local ante quienes acudieron los regidores disidentes en busca de justicia, se toparon con pared y eso propició que el ex-alcalde se sintiera “súper Cuco” para hacer y deshacer con los recursos públicos del ayuntamiento de Macuspana. Ante los actos de corrupción de “súper Cuco” solamente reaccionó el Partido Revolucionario Institucional que contrario a su costumbre de ser tolerante con sus militantes en su calidad de funcionarios públicos, la Comisión de Justicia Partidaria lo expulsó del tricolor porque dijo no podía ser cómplice de los actos de corrupción de “súper Cuco”, ahora tendrá que enfrentar a la justicia, y existen muchas posibilidades de que sea encarcelado por el exagerado saqueo y para sentar un precedente entre los actuales alcaldes de que no se permitirá la corrupción. En el caso de Rafael Acosta León ex-alcalde de Cárdena fue la misma historia, mantuvo un permanente enfrentamiento con cinco regidores quienes lo acusaron de no rendir cuentas claras y que estaba cometiendo actos de corrupción. Lo mismo sucedió con Francisco López Alvarez, ex-alcalde de Nacajuca, quien pretendió expulsar a dos regidores panistas porque tampoco rendía cuentas claras, al grado que tuvo que intervenir la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional pues bajo sus siglas ganó la presidencia, pero al final vino el rompimiento por su necedad de pretender imponerse a la fuerza para hacer negocios a la sombra del poder, por lo que se convierte en carne de presidio. Ni que decir de la ex-alcaldesa de Centla, Gabriela López Sanlucas que también mantuvo un enfrentamiento con cinco regidores que le exigían que transparentara el uso de los recursos públicos a lo que se negó, permitiendo que su hijo-Samy-y su esposo-Oscar- realizaran negocios turbios con recursos del ayuntamiento, por lo que ahora vivirá el calvario de haberle metido los dientes al presupuesto público lo cual está documentado. Lo mismo sucedió con Bernardo Barradas Ruiz ex-alcalde de Paraíso, su enfrentamiento con algunos regidores y la mala utilización de los recursos públicos que tampoco pudo comprobar lo tienen en la picota, con su cuenta pública 2017 reprobada en Comisiones, amén que su desobediencia a la ley al no pagar a tiempo un laudo millonario obligó a principios de 2018 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a renunciarlo como ´presidente municipal, siendo sustituido por un Concejo Municipal. En cuanto a la reprobación de las tres cuentas públicas de Centla, Macuspana y Teapa, la presidente de la Segunda Comisión Inspectora de Hacienda, la legisladora Patricia Hernández Calderón dijo que se hizo un trabajo responsable en la revisión de las cuentas públicas, sin ningún tipo de línea para la aprobación o reprobación de las mismas, pues el compromiso es con los tabasqueños, que son al final de cuentas los que mandan, rechazando que haya existido revancha política o algo parecido en estos trabajos. La misma Comisión aprobó las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2017 de los municipios de Balancán, Emiliano Zapata, Jalapa, Jonuta, Tacotalpa y Tenosique. La Tercera Comisión Inspectora de Hacienda que reprobó las cuentas públicas del ejercicdo fiscal 2017 de los ayuntamientos de Cárdenas, Nacajuca y Paraíso, tambien aprobó las cuentas públicas de Comalcalco, Centro, Cunduacan, Jalpa de Méndez y Huimanguillo. En relación a este tema, la presidenta de esta Comisión, Katia Ornelas Gil, indicó que es necesario ir más allá de una sola reprobación de cuentas públicas, pues se tiene que abatir las viejas prácticas que conllevaron a la corrupción y desvíos de recursos públicos. Sostuvo que estos trabajos de fiscalización se hicieron de manera profesional dejando a un lado cualquier intensión de revanchismo, porque “Tabasco nos necesita a todos, por eso en la revisión de cuentas públicas no se vieron colores partidista". En cuanto a la primera Comisión Inspectora de Hacienda del Congreso del Estado, por unanimidad aprobaron la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 del Poder Ejecutivo, con lo que se acaba con la especulación de que sería reprobado, por lo que el jueves bajará al pleno para ser votado al igual que las demás cuentas públicas. La misma Comisión, aprobó las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2017 de los poderes Legislativo, Judicial, Fiscalía General del Estado (FGE), además de los órganos desconcertados como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEyPCT), Tribunal Electoral de Tabasco, Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP). Posiblemente para evitar suspicacias, golpes por debajo de la mesa o para curarse en salud, Los legisladores integrantes de la fracción parlamentaria de Morena, responsabilizaron al Órgano Superior de Fiscalización (OSFE) de entregar un informe técnico de la cuenta pública del Poder Ejecutivo de 2017 a modo, que no permitió reprobar ese ejercicio. Expresaron que la muestra revisada fue de alrededor de 7 mil 900 millones de pesos, de los que quedaron sin solventar 59 millones de pesos, es dedcir quedó sin solventar menos del uno por ciento de la muestra auditada, por lo no se podía emitir un dictamen en sentido reprobatorio. "De haberlo hecho seria violatorio de la ley e impugnado", reconoció la presidenta de la Junta de Coordinación Política y coordinadora de Morena, Beatriz Milland Pérez.