PREVARICATO EN SETAB

La remoción del director de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Educación de Tabasco, Agustín García, que debió darse a principios del mes de abril no se concretó, pese a todos los actos de corrupción que se le han descubierto, porque hábilmente el “flamante preparatoriano” Joel Pascual Aragón metió las manos para protegerlo y convencer a su jefe de que “era un mal necesario”, pese a que era un servil del ex-secretario Víctor Manuel López y del ex-subsecretario, Julio Ernesto Bocanegra, quienes pusieron de cabeza a esa dependencia, de nada le ha servido a Angel Solís las indicaciones de limpiar la casa, por lo que hasta ahora su desempeño ha sido completamente gris.

Sin embargo, todo este tiempo le servido a Agustín García para actuar arbitrariamente y hacer a su manera, ajustes, para tapar las múltiples anomalías que se han venido denunciando por parte de profesores afectados que suman docenas, además de que supuestamente está realizando “supuestamente” operación limpieza en la lista de contratos del personal proveniente de Macuspana, más no de otros municipios, como en el caso de todo el personal que la diputada María Estela de la Fuente ha recomendado, a quienes les dieron contratos, pero son personas que están operando electoral para que la legisladora alcance su sueño dorado de ser la presidenta municipal de su natal Huimanguillo en el 2018.

Agustín García, confabulado con Damaris Gallegos, quien fuese denunciada por tener a su esposo de aviador en una secundaria, tal como lo detectó la Auditoria Superior de la Federación, prosiguen con sus actos de corrupción dentro de la SETAB, ahora con mayor fuerza, porque tienen un nuevo protector, al preparatoriano chiapaneco Joel Pascual, pues tan solo “para taparle el ojo al macho”, fue cambiada del área jurídica a la dirección de Recursos Humanos, desde donde opera todo, incluso, es la que decide que peticiones de solicitudes de transparencia pueden ser atendidas y a cuales les aplica las prácticas dilatorias, porque el titular de transparencia que es un “borrachito” es un títere en sus manos.

Desde la llegada de Angel Solís Carballo, que no ha avanzado gran cosa, a como lo dejo entrampado el ahora operador de Morena Víctor López, lejos de desarticularse a todo este grupo que ha corrompido a la SETAB en contra de la clase trabajadora, el primer escalón que logro mantener a flote a Agustín García fue el de proponer al propio Secretario que los contratos a la base trabajadora tengan una duración de tres meses para no generar antigüedad, pero si genera ambigüedad, ya que los mantienen en la incertidumbre, con inseguridad en la renovación de su contrato y eso les resta eficiencia y eficacia en el desempeño de sus labores, ya que dentro del equipo de trabajo que el flamante Secretario -quien sueña ser diputado federal- trajo un esquirol, que en corto tiempo ya fue ubicado que no llego a servir todos vienen a servir sino que buscan apuntalarse como buitres desesperado que van sobre la carroña para para poder favorecer sus bolsillos, como es el caso del secretario particular el “flamante preparatoriano” Joel Pascual Aragón, a quien hoy sirve de rodillas el propio Agustín y que junto con Damaris operan toda la información que no llega completa a Angel Solís porque lo tienen cooptado para que no conozca la realidad de los problemas de la SETAB que siguen creciendo y que ahora con los despidos injustificados que no los sustentan jurídicamente se están recrudeciendo porque varios de los despedidos han optado por la demanda laboral, aunque eso tiene sin cuidado a Agustín García porque presuntamente hay la complicidad de otra funcionaria, cuyo hermano es el presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El director de Asuntos Jurídicos de la SETAB, lejos de solucionarse los problemas legales los oculta, de tal manera que los expedientes que engrosan dicha área está conformando una bomba de tiempo que muy pronto puede explotar, y es que se ha descubierto que una de las razones de que todos los expedientes perdidos de la Secretaria de Educación están “protegidas”, sencillamente porque la hermana del actual Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Tabasco, José Alfredo Celorio Méndez de nombre Leticia de Jesús Celorio es la secretaria de Agustín García, y se menciona que una sobrina del mismo Agustín está en el Tribunal de lo Contencioso, por tanto, desde ahí se vislumbra que la clase trabajadora esta indefensa, por ese contubernio, por lo que ambas instituciones podrían estar en un “conflictos de intereses”, lo que las autoridades de nuestro estado debieran iniciar el procedimiento de investigación que puede dar como resultado que exista Prevaricato, que en palabras simples es la acción que el impartidor de justicia deja de cumplir cuando existe conflictos de intereses, ya que en ambos casos, el Magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, José Alfredo Celorio tiene vínculos directos de hermanazgo con una empleada bajo las ordenes de García Mendoza, y de lo cual se filtra que han “dejado caer” los expedientes bajo la protección del mismo TCA de Tabasco que debiera haber renunciado a todos los casos por esa parentela y no lo hizo, de tal manera que al declararse incompetente para conocer de las demandas las ha turnado al Tribual de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores del estado de Tabasco a cargo de José Irving Madrigal, y todos se han quedado callados en una clara confabulación.

Las autoridades competentes del estado deben de intervenir para verificar la realidad de las cosas del estado, puesto que el conflicto de intereses se entiende como “un conflicto entre las obligaciones públicas y los intereses privados de un servidor público, cuando estos intereses pueden tener la capacidad para influir inapropiadamente en el desempeño de sus actividades como servidor público. Todo conflicto de intereses puede llevar a actos de corrupción, dichos actos están contemplados en el Código Penal en México en el Capítulo IX Artículo 221 que cataloga al tráfico de influencia como delito.

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el artículo 8, fracción XII, segundo párrafo, señala las obligaciones que tienen los servidores públicos en el ejercicio de su responsabilidad, en el caso particular de conflictos de intereses. Aunque en los hechos pareciera que se trata de un derecho positivo no vigente, al ser violada esta disposición por los obligados y por los órganos gubernamentales que tienen la responsabilidad de inhibir y sancionar las prácticas corruptas, se controvierte el orden jurídico.

En Tabasco el Capítulo IX Tráfico de Influencia Artículo 241 dice lo siguiente. Comete el delito de tráfico de influencia, el servidor público que: I. Por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión; II. Por sí, o por interpósita persona indebidamente solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto material del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia la primera fracción del artículo 240. Al que cometa el delito de tráfico de influencia, se le impondrá pena de dos a seis años de prisión y multa de doscientos a trescientos días multa.

Prevaricación en el código penal de Tabasco • Artículo 268. Se aplicará prisión de dos a ocho años y multa de doscientos a cuatrocientos días multa al servidor público que: I. Dicte una sentencia definitiva que viole algún precepto terminante de la ley, o que sea contraria a las actuaciones legalmente practicadas en el juicio o al veredicto de un jurado; II. Ponga injustificadamente en libertad a un detenido; III. Permita fuera de los casos previstos por la ley, la salida temporal de las personas que estén privadas de la libertad, o IV. Sin causa fundada, no cumpla una disposición de su superior competente y que le haya sido legalmente notificada.

Capitulo II Denegación de Justicia Artículo 271. Se aplicará prisión de uno a cinco años y multa de cien a trescientos días multa al servidor público que: I. Se abstenga, sin tener impedimento legal, de conocer un negocio que le corresponda; II. Omita dictar, dentro del plazo legal, una sentencia definitiva o cualquier otra resolución de fondo o de trámite; III. Retarde o entorpezca la administración de justicia; o IV. Bajo el pretexto de oscuridad o silencio de la ley, o bajo cualquier otro pretexto, se niegue injustificadamente a despachar, dentro del plazo legal, un negocio pendiente ante él.

Las autoridades competentes tienen la responsabilidad de verificar si existe el delito de prevaricato entre la SETAB y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Ojitos 

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, José Antonio de la Vega Asmitia, dio a conocer que el proyecto Sistema Estatal Anticorrupción podría salir en un período extraordinario de sesiones. Señaló que el objetivo es que esté antes del 17 julio; fecha límite para que entre en funcionamiento dicha normatividad.

Indicó que las bancadas se han estado reuniendo para analizar y agilizar este trabajo, pero sin cometer errores, a como pasó en varios estados que se “aceleraron y ahora tiene impugnaciones en su sistemas anticorrupción”.

Aseguró que este es un proceso de armonización compleja y técnica en el que no quieren equivocarnos, como ya les pasó a dos entidades, explicando que de no presentarse las iniciativas respectivas antes del 15 de mayo que culmina este primer periodo ordinario de sesiones, se convocará a un periodo extraordinario.

“Y es que en caso de que no se pudiera concluir la reforma constitucional el 15 de mayo, el grupo de trabajo encargado de ello seguirá avanzando para sacar un dictamen consensuado en un periodo extraordinario de sesiones que pudiera tener efecto a finales de mayo o principios de junio”, precisó.

Sostuvo que actualmente se analiza una iniciativa prototipo enviada por la Secretaría de Gobernación a todos los estados, a fin de aplicar un óptimo proceso de armonización y evitar impugnaciones. “Hay cierta libertad de configuración, pero no podemos ir en contra de la Constitución o de las leyes generales; por tanto, queremos hacerlo bien para no ser impugnados”.

El también coordinador parlamentario del PRD en el Congreso local, explicó que se trata de una reforma constitucional que conlleva crear y reformar leyes en materia de Anticorrupción y de Justicia Administrativa, así como crear el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa –que sustituirá al actual Tribunal de lo Contencioso Administrativo– y una nueva Fiscalía Anticorrupción.

Y agregó: Se creará una nueva Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas o se reformará la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; se adecuará la Ley de Fiscalización Superior del Estado y la Ley Orgánica del Congreso –esta última en materia de facultades del OSFE–, y se deberá nombrar un Consejo Ciudadano”.

Visorcito

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena, fue víctima de la delincuencia el pasado sábado 29 de abril, ya que sujetos desconocidos ingresaron a las instalaciones rompiendo una de las protecciones de las ventanas y sustrajeron un equipo de cómputo que contenía información relacionada a las actividades del partido, por lo que el dirigente estatal, Adán Augusto López Hernández, confirmó que se interpuso una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra quien o quienes resulten responsables de estos actos delictivos.