DOBLARON LAS MANOS

Luego de un año de intenso litigio y después que fueron multados con cincuenta días de salarios mínimos por el incumplimiento de la sentencia dictada en el expediente 468-S-3 por la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco a cargo de la magistrada Juana Inés Castillo, el rector de la Universidad Popular de la Chontalpa, Querubín Fernández Quintana y su llamado Colegio Académico doblaron las manos por lo que tendrán que cumplir con cada uno de los puntos del resolutivo a la brevedad posible, con ello se sienta otro antecedente de que nadie debe estar por encima de las leyes.

Como se recordará el miércoles 22 de julio de este año, el Ojo Visor, que en todo está, inició una serie de denuncias contra funcionarios de esa institución que como parte del cobro de facturas de los clanes ahí incrustados, que han utilizado el poder no sólo para robar y saquear a la Universidad Popular de la Chontalpa durante los años 2013 y 2014, han pretendido  someter  por la fuerza a quiénes no piensan y actúan como ellos, abusando de los cargos conferidos, y usando el tráfico de influencia, se ensañaron en contra de varios profesores que eran sinodales de una alumna en un examen profesional; a ellos los corrieron arbitrariamente de la institución, alegando un plagio que jamás existió, porque tienen registrado el derecho de autor  y a la alumna la condenaron alevosamente a no presentar durante tres años su examen profesional para titularse, por lo que se vieron obligados a recurrir ante la autoridad competente para exigir justicia, la cual por fin llegó, pese a la resistencia del rector Querubín Fernández Quintana y su Colegio Académico, que se negaban en forma sistemática a dar cumplimiento  al resolutivo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo por lo que  fueron multados con 50   

días de salario mínimo, y cuando la afectada ya había solicitado el pasado 24 de septiembre al mismo tribunal una nueva multa de 50 salarios por seguir en desacato a la vez que se pedía darle vista al superior jerárquico en este caso al secretario de Educación para que exigiera el cumplimiento de la sentencia, al verse perdido el rector, porque incluso, por ese desacato pudieron  haberlo destituido del cargo, dobló las manos y notificaron a las partes, de que la Universidad cumplirá en todas sus partes la sentencia dictada por la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco que le dio la razón jurídica a la alumna y a los maestros despedidos.     

Como se denunció cono toda oportunidad el “clan” conformado por el ex-rector José Luis Hernández Lazo, Benjamín Alberto Cocóm Cantú, Ulises Palma González, Manuel María Vera Rosales, Asunción Almeida Frías, Víctor Manuel Villegas Cornelio, Acacia Valdovinos Magaña, Javier Alberto Trujeque de la Cruz, Javes Moya, Abel Valenzuela, Ignacio Romero, Javier Ramos, Charito Aldana, Gloria Bolio y  Carolina Leue, conspiraron contra una alumna y maestros y los acusaron sin motivo y fundamento alguno, por el simple hecho de que estos los señalaron de ser los depredadores de la UPCH, de ser los responsables de haber hundido en el estiércol a la Institución de Educación Superior y del saqueo financiero a la Universidad en el 2013 y parte del 2014. 

Este “clan” que solo ha servido para envilecer a la educación y a la misma institución se ensañaron en contra de la alumna Shadia Fernanda Gorra Cabrera y de los profesores Olivia Maygualida Rodríguez Angulo y José Francisco Hernández de la Cruz, al confabularse para castigar a la alumna y para destituir a los profesores que ya se veían oponiendo a sus trapacerías

El “clan” Lazo, Cocóm, Palma, Vera, Almeida, Villegas, Valdovinos, Trujeque y demás, mancharon conjuntamente el nombre del Colegio Académico y utilizaron todo su poder, como máximo órgano de la Universidad, con el apoyo del líder del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la Universidad Popular de la Chontalpa, Manuel Enrique Uc López, con la complicidad de Limbergh de la Cruz Santana, para correr injustificadamente a los profesores y sancionar por tres años a la alumna, situación que se les revirtió con el resolutivo de la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco  que dictó sentencia definitiva el 9 de julio de este año a favor de Shadia Fernanda para que le fijarán  a la brevedad la fecha de su examen, pero que no fue acatado por el rector de la Universidad cayendo en rebeldía, pero además demostrando, que a pesar de existir una carrera de derecho dentro de esa institución, son capaces de violar los propios ordenamientos legales, creyendo que los afectados se iban a quedar cruzados de brazos, pero no fue así, ya que tampoco cayeron en las trampas que le querían tender,  por lo que prosiguieron en su justa demanda, hasta que por fin, el rector Querubín Fernández dio reculativa por lo que cumplirán en cada una de sus partes la sentencia emitida por ese tribunal.

Acusados burdamente de plagiar un examen profesional el Colegio Académico, lejos de ser llamado a cuenta por el rector, decidió protegerlos para supuestamente no perder la credibilidad que ya traían, pero resulta que finalmente fueron hecho pedazos, quedaron en completa evidencia pues la monografía “Tecnología Para la Remediación de Suelos Contaminados por Hidrocarburos del Petróleo en el Sureste Mexicano” está debidamente registrado y certificado por los autores que son los maestros despedidos injustificadamente ante el Registro Público del Derecho de Autor, por lo que ahora estos, una vez que sean reincorporados a sus actividades académicas, sabrán si entablan una demanda por daño moral contra todos los integrantes del Colegio Académico que actuaron en pandilla y se dedicaron a desprestigiarlos en la redes sociales para ponerlos en evidencia ante la misma comunidad estudiantil.

El “clan” incrustado dentro de la UPCH violó y atropelló los derechos de la alumna Shadia Fernanda Gorra y los profesores Maygualida Rodríguez y  Francisco Hernández de la Cruz, sus sinodales, acusándolos de plagio, conspiración y de cometer faltas graves dentro de la Universidad  utilizando al  Colegio Académico, formado por integrantes de ese grupo faccioso,  dictaminando que había plagio en una monografía elaborada por la alumna, sin acreditar los derechos de autor, y que por ese simple hecho  Shadia Fernanda Gorra Cabrera debía ser sancionada con tres años sin derecho a examen profesional, mientras que  los académicos que venían señalando las corruptelas de José Luis, Cocóm e integrantes de su gavilla, fueron sancionados con su destitución inmediata,  con trapacerías operó el Colegio Académico de la Universidad Popular de la Chontalpa, pese a que los maestros demostraron que ellos poseen registrados los derechos de autor desde 2012 que le fue cedida a la alumna para que pudiera realizar su tesis titulado “remediación de suelos contaminados por hidrocarburos del petróleo en el sureste mexicano” mismo que había sido aprobado el 20 de mayo de 2014 y firmado por Ulises Palma González y enviado bajo el MEMO/DESICA-DAA/016/14 a Asunción Almeida Frías director de Servicios Escolares, para presentar su examen profesional.

Después de la arbitrariedad del anterior rector José Luis Hernández Lazo y el “famoso” Colegio Académico,  la joven al igual que los maestros recurrieron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que después de un año fallo a favor de ellos,  señalando  el abuso de autoridad de los integrantes del Colegio Académico de la UPCH y dejando sin efecto alguno la cacareada “tercera reunión extraordinaria de 2014” celebrada el 25 de junio de ese mismo año que fue montada para sancionar por tres años a la alumna y para correr de la Universidad a los maestros que eran sus sinodales, bajo argumentos falsos y falaces que ya se cayeron por su propio peso. El tribunal dejó sin efecto el MEMO/DESICA/EXTRAORDINARIO/007 de fecha 27 de junio de 2014 en donde sancionan a Shadia Fernanda y los maestros, y estableciendo que los mismos maestros corridos, deben ser restituidos para que sean los sinodales de la joven.

La restitución laboral de los maestros y los derechos de la alumna para presentar su examen profesional, se da justo en el momento, en que el rector es acusado de patrocinar a un “francotirador” del periodismo que se ha dedicado a denostar a las autoridades estatales, cobrando como asesor en la Universidad Popular de la Chontalpa, donde ya fungió como jefe de prensa y se vio envuelto en líos de justicia por sus adicciones y de donde se llevó cámaras fotográficas y para filmar que jamás regreso, siendo protegido por el ex-rector Zárate. ¿Sabrá a quien patrocina Querubín Fernández?, debe saberlo, en todo caso actúa con conocimiento de causa, alimentando a un detractor del sistema gobernante, al que le debe lealtad, sobre todo porque le dieron la oportunidad de ser rector.   

                                       OJITOS 

El gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez recibió ayer  martes en la Quinta Grijalva a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezada por el comisionado del organismo, Felipe González, encuentro en el que  participaron funcionarios de las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), se revisaron temas relacionados con la situación general de los derechos humanos en Tabasco, la política migratoria en la Frontera Sur, y la protección de los derechos de los   migrantes en su paso por el estado.

La misión que también sostendrá una reunión con representantes de Organizaciones No Gubernamentales en el hogar-refugio para personas migrantes “La 72”, ubicado en el municipio de Tenosique, está conformada por E. Déborah Benchoam y Álvaro Botero Navarro, integrantes de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

Por el Gobierno de la República estuvieron Mariana Franco González, subdirectora de Atención a Defensores, de la Segob; Guillermo Eduardo Díaz Ordaz Rigada, jefe de Departamento de Casos II, de la Cancillería mexicana, y el delegado del Instituto Nacional de Migración, Eduardo Silvestre Hernández Dighero.

En el encuentro de carácter privado acompañaron al jefe del Ejecutivo los secretarios de Gobierno, César Raúl Ojeda Zubieta, y de Seguridad Pública, Sergio Ricardo Martínez Luis, así como el coordinador general de Asuntos Jurídicos, Juan José Peralta Fócil, de igual manera el Fiscal General del Estado (FGE), Fernando Valenzuela Pernas; el vicefiscal de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas de esta institución, Juan Sibaja Contreras, y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jesús Manuel Argáez de los Santos. Interesante encuentro que debió servir para despejar dudas.