Desde inicios de este año, insistimos en señalar que los consejeros electorales integrantes del consejo estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco no eran garantes de transparencia, equidad, e imparcialidad y que el proceso electoral que estaban preparando con “los pies” llevaría al estado a un conflicto poselectoral con los partidos políticos, mismo que terminaría en los tribunales electorales donde se le daría la razón jurídica a quienes lo tuvieron.
Desde la conformación de las juntas distritales y municipales advertimos que los consejeros electorales habían actuado en forma alevosa al no escoger a las personas más idóneas para el desarrollo del proceso electoral en cada uno de los municipios, y que no habían metido la barredora al interior del Instituto sino que habían reciclado a mapaches electorales y gente de dudosa reputación que habían servido a los gobiernos priistas, y que ni siquiera algún miembro de la autoridad estatal reparó en que estos desechos del pasado, deberían ser desechados-válgame la redundancia- para que el organismo electoral tuviera una total credibilidad ante la ciudadanía que mantenía los ojos abiertos y estaba expectante de todo el desarrollo de la jornada electoral.
Poco a poco, los consejeros electorales, quienes presumen que son masters y hasta doctores en derecho electoral (nomas han servido para hacer el ridículo), fueron cayendo en el descrédito ante la ciudadanía, por los constantes yerros, errores, desaciertos, que por ignorancia, por actuar alevosamente a conveniencia o por seguir indicaciones de alguien, fueron cometiendo, pero que no quisieron reconocer, ya la actitud soberbia y déspota que adoptaron durante todo el proceso electoral que finalmente está contribuyendo a fraguar su salida del órgano electoral, por ignorantes y violadores de la ley electoral.
Desde que intentaron incrementarse su salario en forma escandalosa en más de 25 mil pesos de un solo golpe, que fue frenado porque la opinión pública se le fue encima, pasando por las constantes violaciones de la ley al no respetar la paridad y equidad de género que le fue rectificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haciendo que todos los partidos modificaran su lista de candidatos a alcaldes para darle cabida a más mujeres, entre otras muchas irregularidades, los consejeros electorales fueron cavando su tumba y matando poco a poco pero en forma precipitada a la gallinita de los huevos de oro de donde de amamantarían durante siete años unos, y otros cuatro años, que sería sumamente valiosos para salir de pobres, porque algunos de los siete consejeros, hasta antes de ser nombrados se encontraban desempleados y es por eso que en el corto tiempo planearon como llenarse las alforjas en el primero año de trabajo, al grado que se atrevieron a adjudicarse un bono millonario que hasta la presente fecha se han negado a transparentar ante la opinión pública, cerrándole los accesos a la prensa y recriminándole a algunos reporteros sus conductas de cuestionarlos, porque los consejeros querían una prensa a modo a la que han maltratado y en consecuencia se han sacado sus trapitos sucios al sol, para ser exhibidos como voraces depredadores del presupuesto público.
La reciente anulación del triunfo electoral como alcalde electo de Centro del perredista Gerardo Gaudiano por parte del Tribunal Estatal Electoral no hizo más que abrir la caja de pandora en torno a las irregularidades que cometió el órgano electoral y que en gran medida ha afectado al partido que gobierna la entidad, que por ser la afectada, no ha salido a las calles a mostrar su inconformidad en contra del fallo del tribunal electoral, sino que decidieron acudir a la siguiente instancia que es la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para revertir dicha anulación.
A todos les queda muy claro que Gerardo Gaudiano ganó por más de 12 mil 700 votos la elección constitucional de Centro, y que por encima de algunas irregularidades e inconsistencia se debió privilegiar el voto de la ciudadanía que acudió a hacer efectivo su sufragio, pero resulta que el órgano rector, el órgano electoral que debió cuidar meticulosamente todo el procedimiento de ley, incurrió en irregularidades que los contrarios supieron encontrar y enredar durante los conteos de votos para que se constituyera en delitos, con lo cual se demuestra que no solamente la Junta Municipal, sino el consejo estatal del Instituto Electoral conformado por los siete consejeros electorales, al pecar de soberbios y arrogantes cayeron en irregularidades jurídicas que ahora tienen contra la pared a Gerardo Gaudiano, porque en el dictamen del TET no se argumenta o se dice que el candidato perredistas o su mismo partido el PRD hubiera incurrido en fraude, en ilegalidades o irregularidades, sino que se señala a la autoridad electoral (la junta municipal) de haber provocado todas esas ilegalidades, pero si el órgano rector es el consejo estatal electoral, luego entonces tanto los siete consejeros electorales como el secretario Ejecutivo, son los responsables directos de esta anulación, por lo que es indudable que deben de ser removidos, porque en todo caso, si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmará el acuerdo del TET en el sentido de anular la elección de la alcaldía de Centro, este organismo electoral ya no es, ni será confiable para realizar las elecciones extraordinarias.
Los consejeros electorales integrantes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, se tienen que ir, ya no son confiables, han demostrado su voracidad por el dinero fácil, pero ya dejaron mucho que desear con el desaseado proceso electoral que realizaron, de tal manera que los mismos partidos políticos deben exigirle al Instituto Nacional Electoral que realice la remoción o purga de todos ellos porque, ya no son (no lo fueron), garantes de trasparencia, imparcialidad y equidad, y al contrario propiciaron que el Tribunal Electoral de Tabasco, los señalara como los verdaderos responsables de la anulación del triunfo que había obtenido en las urnas Gerardo Gaudiano Rovirosa.
No obstante del desaseado proceso electoral que realizaron en el municipio de Centro, el secretario Ejecutivo, Roberto Félix López, en una más de sus “caballadas”, como si ese órgano electoral no fuera el árbitro de la contienda se atrevió a declarar que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le devolvería el triunfo a Gerardo Gaudiano porque el Tribunal Electoral de Tabasco había actuado mal. Ver para creer, “no me ayudes compadre”. Roberto pertenece al grupo de los focilistas y ha sido un estorbo en ese órgano electoral.
OJITOS
Hay cosas que no se pueden ocultar o tapar con un dedo, porque más temprano que tarde salen a relucir. Transcribo textualmente una denuncia relacionada con las anomalías encubiertas que se sigue dando al interior de la Universidad Popular de la Chontalpa, donde la simulación para aparentar que las cosas se están haciendo bien cuando están mal, es el pan de cada día.
“La razón de mi comentario es la de expresar a su medio y que se pudiera dar a conocer otro gran problema de muchos que la UPCH es víctima.
Actualmente la universidad cuenta con 493 profesores según el plan de desarrollo institucional promovido por el actual rector, médico Querubín Fernández. De ese total de profesores 397 son profesores de asignatura y escasamente solo 32 son PTC.Según el estatuto académico en la sección de ingreso, promoción y permanencia; existen categorías laborales para los profesores, en la cual se establece que solo existen profesores de carrera asociados y titular. La categoría depende del grado académico y del tiempo de estar laborando en la institución, y además; el estatuto establece que la promoción de un profesor está sometida a una convocatoria la cual todos los profesores pueden participar incluyendo externos.
Pero eso solo está en papel, la mayoría de las promociones de profesores están condicionadas por el sindicato y en la realidad, solo existen tres categorías de profesores que maneja el departamento de recursos humanos:Profesor sindicalizado ya sea de horas-semana-mes y/o profesor sindicalizado de tiempo completo que ni siquiera son titulares de las materias representativas de su formación. Profesor de nómina sin sindicato y profesor de lista de raya.
Cabe mencionar que los más perjudicados son los profesores de lista de raya, los cuales son los 397 con los que cuenta en el plan de desarrollo. Los profesores denominados como lista de raya son profesores que se ven obligados a firmar un documento el cual funciona como contrato con una carga horaria mínima de 20 horas en la mayoría de los casos, pero por "abajo de la mesa" podría decirse se le pueden asignar más horas, inclusive igualar a los profesores de tiempo completo, pero con la desventaja de que son personal que no goza de ninguna prestación, apoyo, seguro médico; y que aun así laboran igual o mayor tiempo que los escasos profesores sindicalizados que si gozan de ese beneficio.
Estamos viendo la gran simulación que las autoridades de nuestra institución realizan frente a las autoridades educativas del estado e instituciones evaluadoras como ANUIES y CIEES. Los cuales detectaron esas anomalías y mas pero las autoridades las maquillan enviando informes alterados.
También se ha observado y eso todo el personal lo sabe, la inequidad en la remuneración salarial. Profesores sindicalizados gozan de bonos durante las largas vacaciones que goza la institución, pero a los de lista de raya solo se les paga ciertas quincenas y no gozan con ningún bono para poder sostenerse en las vacaciones, tome en cuenta que al tener más de 20 horas un profesor de lista de raya, no tiene tiempo de tener otro trabajo por el cual pueda tener ingresos extras. Así que viven del aire en esas vacaciones.
Por otro lado, existe en la universidad un periodo a la cual se le llama ciclo corto; los cuales son periodos oficialmente de un mes durante las vacaciones en los cuales los alumnos que deseen adelantar materias o recursar alguna que hayan reprobado lo pueden solicitar. El problema de esto radica en que la misma institución promueve la corrupción por parte de los profesores hacia los alumnos y autoriza materias que no pueden ser llevadas en ciclo corto debido al contenido teórico práctico, aun así se autorizan y el pago que se les da a los profesores que imparten ese curso es miserable y escaso. Nuevamente, los de lista de raya se ven afectados en su ingreso. Solo perciben 2700 pesos por 4 semanas de clases, siendo esas clases de 5 horas diarias en la mañana y tarde, motivo por el cual en la necesidad de aumentar la percepción económica los profesores cobran a los alumnos por calificaciones aprobatorias, no todos pero es bien sabido quien realiza esas prácticas durante ese periodo.
Aunado a eso, las autoridades no invierten en la compra de materiales, equipos y reactivos para los laboratorios de QFB y Química Petrolera, siendo fundamentales para el aprendizaje poniendo como eterno pretexto la falta de presupuesto, cuando es bien conocido que se gastan todo en cosas innecesarias como viajes del personal de alto rango, doble percepción por parte de personal que funge como profesor y como administrativo, el mal manejo del departamento de recursos materiales que inflan facturas”. Hasta ahí la denuncia que nos llega del interior de la UPCH
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